Introducción
Durante la última década, Ecuador ha experimentado un deterioro acelerado de su seguridad pública hasta situarse en niveles sin precedentes. Lo que solía ser considerado un país relativamente pacífico en comparación con sus vecinos andinos se transformó, en apenas unos años, en uno de los escenarios de criminalidad más compleja y violenta de la región. Este cambio no fue repentino, pero sí explosivo: una combinación de factores externos —reacomodos del narcotráfico en Colombia y Perú, expansión de carteles mexicanos hacia el sur, rutas marítimas cada vez más codiciadas— e internos —crisis política, debilidad institucional, corrupción y un sistema penitenciario colapsado— dio lugar a una tormenta perfecta.
A partir de 2018–2019, Ecuador dejó de ser únicamente un corredor para convertirse en un espacio de asentamiento estratégico. Grupos locales, antes bandas de alcance limitado, comenzaron a articularse con organizaciones criminales transnacionales, recibiendo financiamiento, armas y entrenamiento. Esa “profesionalización” delictiva coincidió, además, con la fragmentación del control estatal dentro de las cárceles, donde los líderes criminales encontraron el ambiente ideal para organizarse, reclutar, ordenar asesinatos y coordinar envíos internacionales. En cuestión de meses, las prisiones dejaron de ser recintos de custodia para convertirse en centros de mando.
La violencia alcanzó un nuevo nivel cuando las pugnas internas entre estas organizaciones se desbordaron hacia las calles. La rivalidad por territorios y rutas provocó masacres carcelarias de una brutalidad sin precedente —decenas y luego cientos de muertos en enfrentamientos armados dentro de centros penitenciarios— mientras, al mismo tiempo, la criminalidad urbana escalaba a ritmos inesperados. Los homicidios pasaron de cifras moderadas a tasas que duplicaban y triplicaban los registrados años atrás. Barrios enteros quedaron atrapados en dinámicas de extorsión, cobro de “vacunas”, secuestros exprés y ataques con explosivos. El crimen dejó de ser un fenómeno marginal para convertirse en una amenaza cotidiana y transversal.
El punto de quiebre llegó con los asesinatos políticos y atentados de alto perfil, que evidenciaron que los grupos delictivos ya no solo disputaban territorios o rutas, sino que también buscaban incidir directamente en la estructura del Estado. El magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023 —a plena luz del día, con un operativo ejecutado de manera profesional— estremeció al país y dejó claro que la criminalidad ecuatoriana tiene recursos, planificación, inteligencia operativa y capacidad de infiltración.
No fue un hecho aislado: alcaldes, concejales, fiscales, policías y autoridades locales fueron asesinados en distintos puntos del país antes y después de aquel ataque. Cada muerte revelaba el mismo patrón: las organizaciones criminales estaban no solo dispuestas, sino cada vez más decididas, a influir por medio de la violencia en decisiones políticas, contratos municipales y políticas de seguridad.
A este escenario se sumó un clima de incertidumbre política y polarización. Cambios constantes de autoridades, crisis entre poderes del Estado, tensión entre fuerzas políticas y acusaciones cruzadas de corrupción impidieron que el país estableciera una estrategia coherente y sostenida contra el crimen organizado. Cada gobierno llegó con una visión distinta, cada ministro de defensa o interior con planes no siempre coordinados, y cada emergencia se respondió con medidas coyunturales que solo lograban impactos fugaces. Mientras tanto, los grupos criminales aprovecharon los vacíos institucionales para expandir su influencia: controlaron barrios periféricos, penetraron municipios costeros clave, utilizaron los puertos como plataformas logísticas y consolidaron redes de lavado de dinero que involucraron a sectores empresariales, transportistas, autoridades locales e incluso operadores judiciales.
Ecuador se encontró, en muy poco tiempo, bajo un nuevo paradigma: el de un Estado que aún no ha sido capturado, pero que enfrenta un desafío real de erosión institucional; un país donde los homicidios ya no son un síntoma, sino una herramienta estratégica de grupos que buscan poder económico y político; una sociedad que vive entre la esperanza de recuperar el control y el miedo de ver cómo la violencia se convierte en parte permanente de su vida cotidiana.
Esta guerra —porque a estas alturas es, en efecto, una guerra contra estructuras criminales que actúan como ejércitos— no surgió de la nada ni es resultado exclusivo de las decisiones de un solo gobierno. Es la acumulación de años de desatención, improvisación, penetración del crimen organizado y mutaciones internas del narco sistema regional. Y para entender por qué las respuestas adoptadas estos años no han tenido los resultados esperados —o por qué sus efectos han sido apenas temporales— es necesario analizar no solo las acciones ejecutadas, sino también los antecedentes que han configurado el escenario actual.
Antecedentes: cómo llegó Ecuador hasta aquí
Antes de analizar los factores que nos darían un resumen sobre los antecedentes conviene enmarcar el fenómeno como un proceso acumulativo: durante los años 2018–2023 Ecuador pasó de ser en gran medida un corredor regional a convertirse como se ha referido antes en un espacio de asentamiento estratégico para las redes del narcotráfico y las estructuras criminales que entraron en la disputa del territorio, las rutas y el favor del poder político. Esa transformación no fue sólo un cambio en intensidad (más violencia) sino en naturaleza: la criminalidad dejó de ser predominantemente local y oportunista para articular cadenas logísticas, financieras y políticas transnacionales que requieren una respuesta multisectorial.
Las cifras lo ilustran crudamente: entre 2020 y 2023 la tasa de homicidios se disparó (varios análisis y agencias registran aumentos de varios múltiplos en cortos periodos), y las muertes en motines y masacres carcelarias superaron ya los centenares en pocos años.
Evolución de las bandas y penetración transnacional
- De bandas locales a actores con proyección regional
Las organizaciones que históricamente operaban en Ecuador (p. ej. grupos con orígenes locales en las costas y en la sierra) han experimentado un proceso de “profesionalización” y reconexión. Es decir: ya no son sólo estructuras de extorsión o robo local; se convirtieron en eslabones integrados en cadenas de producción, transporte y salida de drogas hacia mercados de alto valor. Ese salto se explicó por dos factores clave: la demanda internacional (que hace atractiva la inversión en rutas alternativas) y la presión en países vecinos (Colombia, Perú e incluso Bolivia), que desplazó flujos y fuerza a los intermediarios ecuatorianos.
2. Influencia de carteles y diversificación de relaciones
Reportes de organismos e investigaciones abiertas evidencian que carteles mexicanos (y otras redes transnacionales) han aumentado su presencia en la región, ofreciendo financiamiento, logística y modelos de organización a bandas locales. Esto no siempre significa una subordinación total: en muchos casos hay alianzas flexibles, contratos mercantiles y conflictos por reparto de rutas. La entrada de estos actores externos aumenta la capacidad bélica (armamento mejorado), la sofisticación logística (uso de contenedores, rutas marítimas y falsas empresas) y los incentivos para controlar puertos y nodos económicos.
3. Fragmentación y ciclos de violencia
Un patrón que se ha repetido en Ecuador (y en otros países que vivieron expansión del narco) es el siguiente: un golpe operativo (captura o muerte de un líder) no debilita automáticamente la red; suele fragmentarla. La fragmentación genera células más pequeñas, más violentas y competidoras, que recurren a la violencia pública para imponerse y controlar mercados (extorsión, “vacunas”, cobro de rutas). Esa fragmentación dificulta la investigación porque ya no hay un solo “cuerpo” a perseguir, sino una poliarquía criminal que opera con estructuras informales. Informes recientes apuntan a este fenómeno como explicación parcial de la escalada homicida existente.
Ejemplo ilustrativo: Los “Choneros” (y otros grupos costeros) históricamente controlaron rutas en Manabí; tras golpes o reacomodos, surgieron facciones rivales y nuevos actores (por ejemplo, bandas identificadas en procesos judiciales como “Los Lobos” u otros grupos), algunos con lazos con actores extranjeros. El resultado fue una disputa abierta por puertos y territorios costeros, con consecuencias letales.
La explosión dentro de las cárceles: el epicentro de mando y violencia
- Por qué las prisiones se convirtieron en centros de comando
Las prisiones ecuatorianas pasaron a funcionar, en muchos casos, como cuarteles de mando. Se siguen dando en Ecuador tres condiciones que otros países modificaron y estas tres razones han facilitado la situación: hacinamiento estructural, corrupción y control efectivo por parte de jefes criminales que organizaban sus acciones desde dentro. Cuando la capacidad del Estado para garantizar orden y cadena de custodia falla, las cárceles se transforman en nodos logísticos —lugar donde se dirigen asesinatos, se planifican envíos y se administran finanzas ilícitas. Entre 2021 y años posteriores las masacres carcelarias se multiplicaron, con cientos de víctimas en episodios simultáneos o encadenados.
2. Dinámicas operativas dentro de las penitenciarías
El control interno de las prisiones suele articularse mediante redes de privilegios: acceso a teléfonos, drogas, armas blancas y, en muchas otras ocasiones, a armas de fuego. Además, la existencia de “líneas” jerárquicas —jefes de bloque, operadores, custodios cómplices— permite que quienes están recluidos mantengan relación directa con células externas. La transferencia de órdenes (asesinatos selectivos, ajustes de cuentas, cobros) desde adentro a la vía pública ha sido constatada en múltiples investigaciones. La presencia de comunicaciones móviles y operadores externos hace que la prisión deje de ser un freno y se convierte en un amplificador.
3. El efecto político y social de las masacres
Las masacres carcelarias no son sólo números; tienen un efecto performativo: muestran capacidad de violencia y la impunidad operativa del crimen, erosionan la confianza ciudadana y obligan al Estado a respuestas drásticas (estados de excepción, militarización de penales…), que por regla general suelen profundizar el ciclo mucho más si no van acompañadas de reformas estructurales. Las muertes masivas generan además efectos colaterales: crisis institucionales, cambios de gobierno en prisiones, juicios exprés y, en ocasiones, represalias en la calle. Entre 2021 y 2023, la acumulación de motines y muertes en prisiones fue un detonante directo de la percepción de “guerra”.
Ejemplo ilustrativo: los episodios de julio de 2021 (y otros posteriores) en penitenciarías como Litoral y Latacunga mostraron simultaneidad y coordinación entre grupos enfrentados, y evidenciaron la capacidad de perpetrar masacres instalando el temor en el sistema político y en la población. Los muertos en dichos episodios (y en los recurrentes motines siguientes) se cuentan ya por centenares en el periodo 2021–2023.
Salto a la vía pública y diversificación del delito
- Estrategias para controlar territorios y economías locales
Con la consolidación de redes y el mando desde prisiones, los grupos criminales ampliaron su acción sobre la calle: control de mercados, extorsión de comerciantes, cobro en tourism hotspots, secuestros y asesinatos selectivos de autoridades y opositores. La estrategia no es sólo criminal sino también territorial y económica: establecer “rentas” ilegales que reemplazan o parasitan economías formales. Esto lleva a la captura parcial de municipios y barrios —control social mediante violencia y “protección” (vacunas)— y a la cooptación de sectores (transporte, pesca, logística portuaria).
2. Atentados y asesinatos de alto perfil: cuando la violencia ataca la política
El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023 fue un hito: demostró que la violencia podía alcanzar objetivos de gran visibilidad y que los criminales estaban dispuestos a usarla para incidir en el tablero político. No fue un hecho aislado: alcaldes, concejales, fiscales y policías habían sido atacados antes y lo fueron también después, mostrando una pauta de presión sobre el sistema público. Estas acciones cumplen varias funciones: eliminan personajes incómodos, disuaden denuncias, y establecen un código de “costo” político para quienes se enfrentan al crimen. Las sentencias y procesos posteriores han permitido identificar autores materiales y vínculos con bandas como “Los Lobos”, pero las preguntas sobre autoría intelectual y redes de protección siguen vigentes.
3. Diversificación criminal: más allá del narcotráfico
Si bien la base económica del conflicto sigue siendo el narcotráfico, los grupos diversificaron sus actividades: minería ilegal (en zonas amazónicas), contrabando, tráfico de combustibles, robo de combustibles y mercancías, extorsión y tráfico de personas. Esa diversificación genera resiliencia económica frente a decomisos puntuales y multiplica los puntos de contacto con actores legales (empresas de transporte, portuarias, actores municipales), facilitando la corrupción y la red de protección.
Ejemplo ilustrativo: ataques masivos en playas turísticas y homicidios en bares o celebraciones (como el tiroteo en Chanduy) han mostrado que la violencia puede afectar tanto zonas rurales productivas como polos urbanos y turísticos, dañando la economía local y generando desplazamientos y pérdida de inversión. Los datos de homicidios 2022–2023 muestran incrementos dramáticos que confirman la extensión territorial del fenómeno.
Por todo esto y realizando una síntesis analítica podemos resumir el cómo interactúan los tres factores analizados.
Interdependencia: la penetración transnacional (punto 1), alimenta la capacidad material y logística; el control carcelario (punto 2), aporta mando y continuidad operativa; y la expansión a la vía pública (punto 3), implica la capacidad de monetizar y reproducir poder. Ninguno de los tres factores actúa en aislamiento: atacas uno y los otros —si no están abordados— compensan la pérdida.
Retroalimentación negativa: las respuestas represivas sin reforma institucional tienden a producir fragmentación (más actores), lo que aumenta la violencia en prisiones y en la calle. Por ello, operaciones puntuales sin inteligencia en seguridad pública, investigación financiera, reforma penitenciaria y prevención social producen efectos fugaces y siempre efímeros.
Las acciones que se iniciaron para atajar la delincuencia y los motivos de su adopción
Cuando el Estado ecuatoriano comprendió que la criminalidad ya no era un fenómeno aislado sino un entramado nacional y transnacional capaz de desafiar su autoridad, se vio obligado a poner en marcha un conjunto de acciones urgentes. Estas medidas, aunque heterogéneas, respondieron a una lógica común: evitar el colapso total del orden público y enviar señales de capacidad estatal ante una sociedad que exigía respuestas inmediatas.
Estas respuestas no fueron improvisadas, sino condicionadas por la presión pública, la estructura institucional del país, la disponibilidad operativa y las dinámicas criminales que ya estaban profundamente arraigadas.
A continuación, se desarrollan con detalle las principales acciones que se emprendieron y las razones por las cuales el Estado optó por ellas.
Militarización de la seguridad pública interna y estados de excepción: la respuesta inmediata al descontrol
La primera reacción del Estado ecuatoriano ante el auge de asesinatos políticos, extorsiones generalizadas, secuestros express, explosiones y masacres carcelarias fue el despliegue de las Fuerzas Armadas en las principales zonas urbanas y portuarias, acompañado de declaratorias de Estados de Excepción.
Acciones implementadas:
- Patrullajes militares en las ciudades con mayor índice violentos: Guayaquil, Durán, Esmeraldas, Machala y Manta.
- Control y seguridad de instalaciones estratégicas como puertos, refinerías y aeropuertos.
- Participación del Ejército en operativos conjuntos con la Policía Nacional.
- Intervención militar del sistema penitenciario.
- Restricción temporal de derechos constitucionales para facilitar detenciones y controles.
Motivos que justificaron estas acciones:
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- Necesidad de una respuesta rápida ante el colapso de orden público. Las instituciones civiles estaban desbordadas; la sociedad exigía una acción visible y contundente.
- Las Fuerzas Armadas eran la única institución con organización, movilidad y capacidad logística inmediata para llevarlas a efecto.
- El aumento de la violencia era vertiginoso y político-electoral. El asesinato de Fernando Villavicencio y ataques contra alcaldes, policías y funcionarios crearon un clima de ingobernabilidad que solo podía enfrentarse inicialmente con demostraciones de fuerza.
- El Ejecutivo buscaba recuperar la sensación de autoridad estatal, fundamental para evitar que municipios, barrios y sectores productivos empezaran a pactar abiertamente con las bandas.
Reordenamiento del sistema penitenciario y traslado de líderes criminales
Con las cárceles convertidas en centros de comando de los grupos criminales, el Estado ordenó operaciones de intervención, traslado de cabecillas y control directo por parte de militares y policías especializados.
Acciones implementadas:
- Traslado de líderes y mandos medios de bandas como “Los Choneros, Los Lobos, Los Tiguerones, Los Lagartos y los R7”, entre otros.
- Ocupación militar temporal de centros penitenciarios clave.
- Realización de operativos de requisa masiva para decomisar armas, dispositivos de comunicación y explosivos.
- Intentos de reorganización interna con separación de facciones para evitar masacres.
Motivos que impulsaron estas acciones:
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- Era necesario cortar de inmediato la capacidad de dirección criminal desde las cárceles. La mayoría de extorsiones, secuestros y asesinatos por encargo se planificaban desde dentro.
- Las masacres carcelarias dañaban gravemente la legitimidad del Estado. Multitud de víctimas en Turi, Litoral, Cotopaxi y otras prisiones convertían cada mes en un recordatorio del vacío de autoridad estatal.
- El Gobierno debía mostrar una reacción en espacios donde la soberanía nacional estaba literalmente perdida.
- La presión internacional aumentaba, sobre todo desde países europeos cuyos cargamentos eran contaminados desde puertos controlados por facciones radicadas en prisiones.
Refuerzo policial focalizado: operativos especiales y recuperación de zonas críticas
La Policía Nacional, aunque debilitada por años de recorte presupuestario y politización, también desplegó estrategias específicas para contener el avance criminal.
Acciones implementadas:
- Creación de unidades tácticas especiales para zonas urbanas dominadas por bandas.
- Intensificación de operativos contra extorsión (“vacunas”) y microtráfico.
- Recuperación parcial de barrios y circuitos policiales abandonados.
- Incremento del control en ejes viales y en transporte de mercancías.
- Nuevas campañas de reclutamiento policial y formación acelerada.
Motivos de estas acciones:
- Era imprescindible recobrar la presencia policial en lugares donde el Estado había desaparecido.
- La ciudadanía pedía protección cercana, no solo militarización, especialmente en sectores comerciales y residenciales.
- El Estado buscaba restablecer la autoridad civil, pues la seguridad interna no podía recaer únicamente en las Fuerzas Armadas.
- Los operativos focalizados permiten atacar economías del crimen: extorsión, cobro de piso, microtráfico y control territorial.
Cooperación internacional operativa y técnica
Ante la dimensión transnacional del crimen organizado, Ecuador reforzó sus acuerdos internacionales.
Acciones implementadas:
- Ampliación de los convenios con Estados Unidos sobre interdicción marítima y aérea.
- Coordinación policial con Colombia para monitorear rutas desde Putumayo y Nariño.
- Nuevos programas de entrenamiento en investigación criminal, lavado de activos y crimen transnacional.
- Adquisición y modernización de radares, escáneres portuarios y sistemas de vigilancia.
Motivos determinantes:
- El narcotráfico que operaba en Ecuador no era local, sino vinculado a carteles poderosos como Sinaloa, CJNG o estructuras de Europa del Este.
- Ecuador carecía de capacidad tecnológica para controlar rutas marítimas, contenedores y sistemas de exportación.
- Los socios internacionales presionaron, particularmente EE. UU. y la UE, debido al incremento del tráfico hacia sus territorios.
- El Gobierno necesitaba respaldo externo para legitimar medidas internas y romper la sensación de aislamiento operativo.
Medidas legislativas y administrativas para facilitar la acción del Estado
El Congreso y el Ejecutivo impulsaron cambios legales para reforzar la capacidad de respuesta institucional al problema.
Acciones implementadas:
- Ajuste de marcos legales sobre terrorismo y delincuencia organizada.
- Endurecimiento temporal de penas y normas procesales.
- Aceleración de contratos para equipamiento y tecnología de seguridad.
- Declaración de organizaciones criminales como grupos terroristas.
Motivos que llevaron a estas decisiones:
- Las leyes vigentes eran insuficientes para enfrentar estructuras criminales con esas capacidades paramilitares.
- El terrorismo urbano —coches bomba, ataques a estaciones de TV, explosivos caseros— obligó a un marco legal más amplio.
- Era necesario facilitar la cooperación con otros países, que exigían definiciones legales más claras para el intercambio de información y apoyo táctico.
- La población exigía reformas rápidas, incluso si no eran estructurales.
Políticas económicas y sociales focalizadas (aunque limitadas)
Si bien no habían sido el centro del combate a la criminalidad, también se intentaron medidas sociales.
Acciones implementadas:
- Programas de empleo juvenil en zonas críticas.
- Iniciativas de prevención del reclutamiento por bandas.
- Refuerzo de educación en comunidades costeras y fronterizas.
- Subvenciones económicas para familias vulnerables.
Motivos de esta línea de acción:
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- La expansión de bandas se alimentaba en gran medida del desempleo estructural.
- Las organizaciones criminales reclutaban adolescentes, especialmente en Guayas, Esmeraldas y Manabí.
- Los gobiernos quisieron equilibrar la estrategia militar y policial con una dimensión social, aunque con recursos muy limitados.
Por qué las acciones emprendidas no han tenido éxito o han producido resultados fugaces
Aunque Ecuador reaccionó con rapidez, dentro de lo que cabe y por así decirlo, ante el avance del crimen organizado, los resultados visibles —disminución temporal de homicidios, detenciones masivas, operativos espectaculares, recuperación parcial de barrios y cárceles— fueron efímeros. En cuestión de semanas o meses, la violencia se reactivó con igual o mayor intensidad, demostrando que las medidas adoptadas atacaban los síntomas, pero no la estructura profunda y compleja del fenómeno.
Las razones son múltiples y convergen en un punto esencial: el crimen en Ecuador se consolidó antes de que el Estado reaccionara con la rapidez debida, habiendo ya para entonces colonizado instituciones, territorios, economías y hasta procesos electorales. Por eso, las respuestas inmediatas —aunque necesarias— carecieron de continuidad, profundidad y articulación estratégica.
A continuación, quisiera analizar y desarrollar un diagnóstico más crítico y punto por punto de las acciones que se realizaron.
La militarización fue una solución temporal sin capacidad estructural de sostener el control
El despliegue de militares tuvo impacto rápido en la percepción de seguridad, pero ese efecto se extinguió pronto porque la militarización nunca estuvo diseñada para reconstruir el Estado, sino para contener el caos inmediato que se estaba produciendo.
Limitaciones determinantes:
- Las Fuerzas Armadas no cuentan con formación para labores de seguridad ciudadana y pública, investigación o inteligencia criminal.
- La presencia militar depende del Estado de Excepción: no genera instituciones permanentes ni reformas sistémicas.
- Una vez que fue levantado el estado excepcional, las bandas volvieron a ocupar territorios.
- El modelo operativo fue reactivo, no proactivo: patrullajes visibles, pero sin desmantelar redes financieras ni de mando.
- Los grupos criminales aprendieron a adaptarse, evitando zonas militarizadas y replegándose hacia barrios periféricos o zonas rurales.
Resultado efímero:
El Estado recuperó temporalmente “el espacio”, pero nunca recuperó “el control”. La estructura criminal permaneció intacta.
El sistema penitenciario siguió siendo el corazón operativo del crimen
Aunque hubo intervenciones, traslados y requisas, no se produjo una reforma penitenciaria integral. Esto generó un efecto perverso: las bandas reorganizaron su liderazgo dentro de las nuevas prisiones o pabellones, replicando los mismos patrones de poder que ya tenían de donde les sacaron.
Razones del fracaso penitenciario:
- La corrupción estructural interna no fue desmantelada. Funcionarios, guías y directores fueron fácilmente cooptados o reemplazados por otros igualmente vulnerables.
- Inexistencia de un cuerpo profesional penitenciario, con formación especializada y carrera propia.
- Los traslados de cabecillas redistribuyeron el conflicto, extendiéndolo incluso a prisiones antes pacíficas.
- Inexistencia de: inhibidores de señal, vigilancia tecnológica integral, control de redes de familiares y abogados utilizados para dar órdenes.
- La construcción o adaptación de infraestructuras seguras, como ya han hecho muchos países de la región, quedó inconclusa o mal financiada.
Resultado:
Las cárceles, incluso muchas más que antes, siguieron funcionando como centros de operaciones, desde donde se ordenaban extorsiones, homicidios, secuestros y cobro de piso.
La Policía Nacional estaba debilitada, infiltrada y mal equipada
Las acciones policiales no lograron sostenerse porque la institución atravesaba una crisis profunda acumulada durante más de una década.
Problemas arrastrados:
- Presupuestos recortados durante años y salarios muy bajos.
- Desarticulación de unidades de investigación bajo decisiones políticas previas.
- Formación acelerada de nuevos agentes sin experiencia, ni supervisión o filtros adecuados.
- Equipos obsoletos o insuficientes e incluso de propiedad de los propios agentes.
- Falta de protocolos modernos de investigación criminal.
- Deterioro de la cadena de custodia y procesos judiciales mal sustentados.
- El factor crítico: infiltración criminal. Las bandas ya habían penetrado en unidades antinarcóticos, áreas de control de puertos, cuerpos de investigación e incluso jefaturas policiales regionales.
- La policía operaba, en muchos casos, sin capacidad real de investigación, lo que impedía atacar la estructura económica y logística del crimen.
Resultado:
Los operativos policiales eran numerosos, pero poco efectivos a nivel estratégico. Se golpeaba al “soldado” o al microtraficante, pero no a los cabecillas, líderes ni a las redes superiores.
La justicia ecuatoriana se convirtió en un cuello de botella y en una puerta giratoria
El sistema judicial se encontraba completamente colapsado e infiltrado lo que impidió que los esfuerzos policiales y militares llegaran a consolidarse.
Fallos estructurales:
- Jueces liberaban detenidos por fallas procesales o sobornos.
- La Fiscalía carecía de herramientas investigativas modernas.
- Los operadores de justicia eran amenazados por bandas con gran capacidad coercitiva.
- Procesos judiciales interminables que generaban impunidad.
- Dependencia excesiva de pruebas testimoniales en vez de evidencia técnica.
- Inexistencia de un sistema nacional robusto de testigos protegidos.
Resultado:
La “puerta giratoria” permitía que delincuentes peligrosos regresaran rápidamente a las calles o a las cárceles donde seguían operando con normalidad.
La cooperación internacional fue fragmentaria, tardía y desalineada con las necesidades del país
Aunque Ecuador firmó acuerdos con Estados Unidos y Colombia, estos mecanismos nunca fueron integrales, es decir, no abarcaron todos los componentes necesarios para enfrentar de manera completa y sostenida el crimen organizado. Fuero sí acuerdos útiles pero incompletos, centrados en ciertos aspectos y enfocados exclusivamente a lo militar y lo policial, pero sin un componente profundo de Inteligencia real o financiera y sin integrar tampoco el tema penitenciario.
Principales limitaciones:
- Los sistemas de radar seguían incompletos o mal ubicados.
- Los escáneres portuarios eran insuficientes y mal operados.
- La interdicción marítima se debilitaba por falta de logística local.
- No existió un programa sostenido de inteligencia real y financiera contra el lavado de activos.
- Ausencia de una agencia nacional que coordinara a todos los componentes de crimen transnacional.
Resultado:
La cooperación internacional ayudó, pero de forma muy incompleta por lo que no transformó la capacidad interna del Estado. Parte del problema es que Ecuador pedía “ayuda táctica”, es decir apoyo económico, cuando lo que necesitaba eran “reformas estratégicas de mayo calado”.
No existió una estrategia integral porque cada medida fue aislada y no partía de un plan nacional. Este es quizá el factor más grave.
Ecuador nunca tuvo un plan coordinado de Estado, sino respuestas de gobierno y así cada administración aplicó medidas parciales, dispersas, no articuladas, en nada coordinadas con el resto de actores implicados y por tanto pobres limitadas y sin visión de largo plazo.
Consecuencias:
- No hubo continuidad política.
- Los programas se interrumpieron con cada cambio de ministro.
- La criminalidad se adaptó a cada cambio más rápido que el Estado.
- El país no construyó una doctrina de seguridad pública propia y conjunta.
Resultado:
Las acciones generaban impacto mediático inmediato, pero no consolidaban capacidad estatal.
Las bandas criminales evolucionaron más rápido
Mientras en el Estado se debatían las reformas y acciones a desarrollar y sus instituciones y los actores a tomar parte en las mismas asimilaban las órdenes emanadas de un inexperto por años poder ejecutivo las organizaciones criminales:
- Establecían redes económicas propias.
- Controlaban puertos, barrios y microfracturas institucionales.
- Infiltraban municipios, obras públicas y programas sociales.
- Usaban sicarios adolescentes y estructuras flexibles.
- Innovaban en armamento, logística y métodos de extorsión digital.
Por todo ello, cualquier criminólogo que observe Ecuador verá que el país vivió una transición acelerada de delincuencia común a crimen organizado empresarial, algo para lo cual el Estado nunca se preparó y los constantes cambios de Gobiernos nunca quisieron tocar.
Ausencia de políticas sociales y económicas sostenidas
Las bandas estaban prosperando, claramente, allí donde el Estado no estaba presente. Y el Estado ecuatoriano estuvo ausente, por décadas, en muchas zonas donde el crimen se hizo fuerte: Esmeraldas rural, Costa sur, frontera norte, periferias de Guayaquil, Durán y Portoviejo.
Fallas de estos programas:
- Se diseñaron programas asistenciales no como alternativas reales al reclutamiento criminal.
- No se focalizaron en los territorios realmente críticos.
- Nunca se coordinaron con otras políticas de seguridad y justicia.
- No existió un seguimiento o evaluación real del impacto
- Las propias bandas criminales capturaron, sabotearon o coexistieron con esos programas.
Resultado:
- Los jóvenes siguieron viendo en las bandas: salario, protección, identidad, ascenso social y acceso a bienes que el Estado no les ofrecía.
- La disputa por el reclutamiento juvenil la ganó el crimen, no el Estado.
En síntesis, las acciones que Ecuador emprendió no tuvieron éxito porque nacieron de una combinación de improvisación política, ausencia de diagnóstico real y una implementación sin coordinación entre las instituciones clave. Las medidas se diseñaron más para generar apariencia de control que para confrontar las causas profundas del problema, lo que derivo en políticas desconectadas del terreno e incapaces de adaptarse a las dinámicas criminales cada vez más complejas. A todo ello se sumó la falta de recursos, la persistencia de estructuras corruptas que neutralizaron los esfuerzos operativos y la inexistencia de un liderazgo capaz de unificar a largo plazo. En conjunto, estos factores convirtieron cada iniciativa en un esfuerzo corto y fragmentado, vulnerable y condenado de antemano a la ineficacia.
Qué acciones se deben iniciar y sobre todo, consolidar en el tiempo
Con el conocimiento del país y mucho más de la región que alpina que lo limita me auguraría a proponer una hoja de ruta práctica y priorizada, debiendo claro está, entenderse cada punto como parte de un paquete coherente y nunca como simples medidas aisladas.
Reforzar capacidades de inteligencia e investigación criminal
- Crear unidades interinstitucionales permanentes (policía, fiscalía, aduanas, fuerzas armadas en funciones de apoyo) con bases de datos compartidas y protocolos claros para investigación de delitos complejos (lavado, redes de logística).
- Invertir en forenses, cadena de custodia y capacidades digitales para desmantelar estructuras financieras y logísticas.
Justificación: la represión sin investigación solo exonera la repetición. (Se ha observado que detenciones masivas no evolucionan en condenas efectivas).
Reforma penitenciaria integral
– Reducción del hacinamiento (alternativas a la prisión preventiva para delitos no violentos), mejora de infraestructura (estilo El Salvador) y profesionalización de guardias con control civil.
– Programas de corte logístico: control estricto de comunicaciones y flujos dentro de cárceles, y unidades especiales para investigar el control interno de bandas.
Justificación: las prisiones no pueden seguir siendo plataformas de mando. Los tiempos muestran que empresas criminales gobiernan espacios carcelarios cuando el Estado no interviene integralmente.
Fortalecimiento de la justicia y lucha contra la corrupción
- Fiscalías especializadas con recursos y protección para magistrados y fiscales
- Protocolos para protección de testigos
- Cooperación internacional (intercambio de información financiera y operativa).
- Sanciones administrativas y penales a servidores públicos corruptos que faciliten a bandas.
Justificación: sin castigo real, controlado y creíble no hay desincentivo real a la cooperación con el crimen.
Acciones sostenibles de prevención y reinserción
– Programas estatales en barrios críticos: empleo juvenil, formación técnica, espacios deportivos y culturales, acompañamiento psicosocial.
– Programas de reinserción real para presos con enfoque en reducción de reincidencia (formación laboral, seguimiento post-liberación).
Justificación: las medidas puramente coercitivas solo tratan síntomas mientras que la prevención reduce la oferta de mano de obra criminal.
Política de control de armas y bloqueo financiero
– Planes integrales contra tráfico de armas, fortalecimiento de controles en fronteras y aduanas.
– Unidades de inteligencia financiera para congelar activos y desenmarañar redes de lavado que sostienen a bandas.
Justificación: atacar recursos a las armas reduce la capacidad letal de las bandas mientras que el bloqueo financiero eliminaría su fuente de poder y corrupción. Sin cortar el flujo de armas y dinero, cualquier estrategia quedaría debilitada y el crimen mantendría su capacidad de regenerarse y expandirse.
Coordinación regional y acuerdos internacionales
– Acuerdos con países vecinos y potencias consumidoras para intercambio de inteligencia conjunta para multiplicar la eficacia.
– Control de rutas ya que el crimen transnacional usa rutas compartidas y se mueve en corredores regionales.
– Bloqueo regional para coordinar decomisos, frenar armas y lavado de dinero que quiera cruzar fronteras.
Justificación: es fundamental y de vital importancia en la región ya que el crimen usa rutas compartidas, aprovecha los vacíos de información y prevención y se mueve por las fronteras débiles que solo funcionan cuando actúan en conjunto. Las soluciones aisladas son siempre ineficaces.
Qué realidades de otros pueden servir como referencia para tenerlas presentes
En un contexto de criminalidad transnacional, ningún país puede afrontar solo la amenaza. Sin embargo, sí existen referentes regionales cuyos procesos, reformas y estrategias ofrecen lecciones prácticas para Ecuador.
No se trata de copiar modelos completos, cada contexto tiene su dinámica social, legal y política, y así Ecuador puede apoyarse en experiencias latinoamericanas que han mostrado resultados reales en la reducción de violencia, control territorial e inteligencia contra el crimen organizado.
De Colombia es clave tomar el modelo de inteligencia integrada, donde fuerzas militares, policía y fiscalía comparten información en tiempo real y operan bajo un mando articulado. Su éxito se explica por la continuidad política del sistema y por convertir la inteligencia en el centro de la estrategia, no en un complemento.
De Brasil, especialmente del estado de São Paulo, se puede tomar el control penitenciario profesionalizado, la clasificación estricta de reclusos, el aislamiento de líderes criminales y la trazabilidad completa de visitas, comunicaciones y movimientos internos. Esto redujo la capacidad de mando de organizaciones desde las cárceles, uno de los principales problemas actuales en Ecuador.
De Chile, el ejemplo útil es la gestión policial preventiva, basada en datos, patrullajes predictivos y profesionalización continua. Su éxito radica en la estabilidad institucional y en auditorías externas que limitan la corrupción dentro de las fuerzas.
De Uruguay, se puede extraer el modelo financiero de trazabilidad, que obliga a justificar movimientos de capital, limita el uso de efectivo y facilita identificar redes de lavado. La eficacia uruguaya responde a reglas claras, coordinación con bancos y supervisión técnica del Estado.
De Costa Rica vale tomar el enfoque de seguridad comunitaria y resolución local de conflictos, útil para reducir reclutamiento juvenil y presencia territorial de bandas. El país ha logrado estabilidad porque combina prevención, cohesión social y policía cercana con protocolos estrictos de transparencia.
De Panamá, se podría tomar varías modelos y entre ellos en primer lugar el control portuario y logística marítima, uno de los más eficaces de la región. Con este control ha logrado combinar tecnología, perfiles de riesgo, escáneres permanentes y cooperación internacional para detectar cargamentos ilícitos y frenar el comercio. Todo ello funciona porque se está operando bajo estándares portuarios globales, bajo supervisión técnica y protocolos que no dependen del vaivén político. También puede ofrecer un modelo de policía fronteriza muy especializada (SENAFRONT) capaz de controlar áreas selváticas y rutas fluviales con tácticas adaptadas al terreno, cuyo éxito radica en la amplia profesionalización de su personal.
En conclusión, todos estos casos muestran que no existe una receta única, pero sí componentes probados y si bien no existe un modelo perfecto sí se ven componentes exitosos que Ecuador puede adoptar y cuya combinación formaría un modelo ecuatoriano sólido, realista y adaptable, centrado en lo que realmente amenaza al país: territorio perdido, puertos infiltrados, policías debilitadas y criminales que operan como empresas transnacionales.
Escenarios probables si no se mantienen o no se completan nuevas medidas de seguridad
El futuro de la seguridad en Ecuador dependerá en gran medida no solo de las políticas adoptadas hoy, sino de su continuidad en el tiempo, especialmente en un país donde la alternancia política entre gobiernos de izquierda y derecha tiende a revertir decisiones estratégicas por razones ideológicas, no técnicas. La lucha contra el crimen organizado requiere planes de Estado, no programas de gobierno. Si esto no se logra, Ecuador podría encaminarse hacia escenarios cada vez más complejos. A continuación, se presentan los tres más probables.
Escenario 1: Continuidad interrumpida por el cambio de gobierno; resurgimiento del crimen a niveles previos.
Este es el escenario más probable, dado el historial político del país. Si un nuevo gobierno, sea de izquierda o de derecha, decide desmontar las medidas del anterior por motivos ideológicos, el crimen organizado recuperará rápidamente espacios perdidos.
Razones del riesgo:
- Los grupos criminales operan a largo plazo; los gobiernos, a corto plazo.
- Cada alternancia suele significar cambios en mandos policiales, prioridades, programas sociales y modelos penitenciarios.
- El crimen aprovecha las transiciones como “periodos de baja presión estatal”.
Consecuencias esperadas:
- Reaparición de masacres carcelarias en menos de 12–18 meses.
- Incremento en homicidios por disputas territoriales.
- Reactivación de rutas de narcotráfico en puertos clave (Guayaquil, Esmeraldas).
- Desgaste rápido de la moral policial por falta de coherencia política.
Situación final del país:
Un retorno al caos entre 2021 y 2023, con crecimiento acelerado de las bandas y debilitamiento de las fuerzas estatales.
Escenario 2: Mantenimiento parcial de políticas; estabilidad relativa, pero con criminalidad estructural.
En este escenario, el nuevo gobierno, independientemente de su tendencia, mantiene algunas medidas (control penitenciario, operativos en puertos), pero no adopta reformas profundas ni sostenidas como: modernización policial, inteligencia financiera, reforma judicial y depuración de instituciones corruptas.
Efectos en el corto y mediano plazo:
- La violencia se reduce, pero se estanca en niveles altos.
- Los homicidios se estabilizan, pero no caen significativamente.
- Las bandas se reorganizan internamente y se expanden en sectores económicos informales.
- Crece la corrupción en gobiernos locales y policías municipales.
Resultado probable:
Una criminalidad crónica, similar a la de Brasil en sus estados más violentos: tolerable para las élites y turistas, devastadora para barrios populares.
Escenario 3: Falta total de continuidad; captura del Estado por el crimen organizado
Es el peor escenario, pero no imposible. Si la alternancia política provoca un desmontaje sistemático de las políticas de seguridad, por ejemplo, liberación masiva de presos, retorno al control criminal de cárceles, relajación portuaria, desfinanciamiento policial, Ecuador podría enfrentar un riesgo serio de captura estatal.
Indicadores de que este escenario comienza:
- El gobierno no puede ingresar a ciertas prisiones sin negociar.
- Municipios gobernados por mafias locales.
- Sectores completos del comercio extorsionados sin capacidad de denuncia.
- Aumento de asesinatos de políticos, fiscales y periodistas.
- Expansión de carteles extranjeros en puertos y fronteras.
Consecuencias finales si no se corrige:
- Un Estado donde las mafias regulan la vida diaria en barrios enteros, similar a zonas críticas de México.
- Polarización extrema entre una izquierda y derecha incapaces de consensuar una política criminal común.
- Colapso de la confianza ciudadana y éxodo migratorio masivo por inseguridad.
En conclusión, a todo lo descrito en este análisis, podemos acabar afirmando que la evolución de la crisis de seguridad en Ecuador dependerá directamente de la capacidad del Estado para sostener, más allá de los ciclos políticos, una estrategia integral, técnica y coherente. Si las medidas se interrumpen por cambios de gobierno o por presión social inmediata, el aparato criminal recuperará rápidamente fuerza, aprovechando cualquier fisura entre administraciones. La alternancia política, sin acuerdos mínimos de Estado, se convertirá en un estímulo para que las organizaciones criminales esperen el siguiente giro electoral para reorganizarse.
Si, por el contrario, Ecuador consolida políticas permanentes de inteligencia, control penitenciario, cooperación regional y bloqueo financiero, es probable que se estabilice un escenario de reducción progresiva de violencia y debilitamiento de estructuras criminales. No será rápido ni lineal, pero permitiría recuperar espacios territoriales, disminuir la capacidad de corrupción y frenar el reclutamiento juvenil. La consistencia en las políticas es, en este escenario, más determinante que la intensidad inicial.
El escenario más negativo, y tristemente plausible si no se actúa con firmeza, es la consolidación de un modelo criminal híbrido, donde bandas locales operan con lógica paramilitar, controlan economías ilegales y penetran instituciones. En ese contexto, la violencia se vuelve estructural, la política queda condicionada por actores armados y la recuperación estatal se vuelve cada vez más costosa. La diferencia entre estos futuros no depende solo de recursos, sino de voluntad política y continuidad estratégica: sin ellas, el crimen organizado siempre terminará ganando tiempo y territorio.
Vicente Reig Basset es Coronel de la Guardia Civil (Retirado), DSE. Fue Jefe de la Comandancias de Huesca y Las Palmas de Gran Canaria, Director de Seguridad de Mapfre en México, Jefe de los POMLT en Afganistán y Director Proyecto de la UE de Lucha al Narcotráfico en Bolivia.
Vicente Reig
