El Gobierno ha abierto un profundo enfrentamiento institucional con las asociaciones de jueces y fiscales tras presentar en mayo la Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, conocida como reforma Bolaños. El proyecto modifica aspectos clave: acceso a la carrera judicial y fiscal, el nuevo estatuto del Ministerio Fiscal y la estabilización de jueces y fiscales sustitutos
En concreto, la reforma introduce cambios como la implantación de pruebas escritas anónimas en los procesos de oposición, nuevas pruebas prácticas para los aspirantes, mayor protagonismo del cuarto turno (personas con experiencia jurídica) y un proceso de regularización extraordinaria de jueces y fiscales interinos. Además, se crea un sistema de becas con el salario mínimo durante cuatro años, así como un centro público de preparación para opositores.
En cuanto al Ministerio Fiscal, se modifica el estatuto para amplificar las competencias de instrucción penal en manos de los fiscales, y se establece que el mandato del fiscal general tendrá una duración fija, desvinculada de los cambios legislativos.
La presentación del proyecto ha sido seguida por una oleada de rechazo dentro del sector. El miércoles 11 de junio se produjo un paro simbólico de 10 minutos, representando al menos el 70 % del cuerpo judicial y fiscal, en sedes judiciales de Madrid, Murcia, Valladolid, Córdoba, Melilla y otras ciudades
Frente al Tribunal Supremo, jueces de alto perfil, fiscales de la Audiencia Nacional y Anticorrupción, funcionarios y abogados exigieron la retirada de la reforma, denunciando una amenaza a la independencia judicial y acusando al Ejecutivo de buscar una justicia “más maleable”. La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, expresó su respaldo a las protestas y reclamó públicamente el cese de presiones e interferencias políticas que socavan la labor judicial.
Las asociaciones convocantes —APM, AJFV, Foro Judicial Independiente, AF y APIF— calificaron las reformas de “altamente perjudiciales” para los principios de mérito, capacidad y transparencia. Incluso advierten de la posibilidad de convocar una huelga indefinida si no se produce un retroceso gubernamental. De momento, se han convocado tres días de huelga, el 1, 2 y 3 de julio próximos.
El ministro Félix Bolaños reaccionó a las críticas mostrando respeto por la protesta, pero ratificó que las reformas son indispensables para la justicia del siglo XXI. Recordó precedentes de reformas significativas que generaron recelo —como las leyes del Poder Judicial (1985), la Ley de Enjuiciamiento Civil (2000) o la de Violencia de Género (2004)—, y aseguró que “en unos años será un gran consenso”. Además, detalló que la reforma incluirá 1.500 nuevas plazas en tres años y regularizará jueces sustitutos, “el 80 % mujeres”, apoyado en criterios de mérito y capacidad.
En el plano político, la ley fue defendida en el Congreso por el Ejecutivo y sus socios, y recibió el apoyo mayoritario a pesar del rechazo de PP y Vox, que la acusaron de “colonizar la justicia”. Finalmente, el Congreso rechazó sus enmiendas de totalidad por 177 votos a favor frente a 170 en contra.
El choque evidencia una profunda crisis de confianza institucional y una percepción de que la reforma podría orientarse hacia una mayor injerencia política en la justicia. Las voces críticas advierten que la autorización a fiscales para instruir causas y una posible agilización del acceso comprometen la separación de poderes, algo que, según asociaciones y la propia CGPJ, es ingenuo subestimar.
La reforma Bolaños representa, según defiende su promotor, una «reforma ambiciosa con vocación transformadora, buscando promocionar la igualdad de oportunidades, combatir el abandono del sistema judicial y modernizar el acceso a estas profesiones».
No obstante, su alcance ha generado una oposición histórica, con la mayor movilización del sector hasta la fecha y amenazas de huelga, lo que enfrenta al Gobierno con uno de los pilares del Estado. El futuro de esta reforma dependerá de la capacidad de diálogo, ajustes y concesiones que se logren en las próximas semanas, en un momento en que la credibilidad del sistema judicial está en el centro del debate democrático.
