El Informe de la Fase 4 de Colombia, elaborado por el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales, señala que Colombia debe abordar «urgentemente las deficiencias persistentes en su marco para combatir el cohecho internacional». El informe también expresa preocupación por el «progresivo desapego» del país hacia sus obligaciones en virtud de la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales.
Colombia ha logrado su segunda sanción administrativa contra una persona jurídica por cohecho internacional, pero nunca se ha intentado enjuiciar a una persona física y los niveles de detección son bajos. Los mecanismos de asistencia judicial recíproca están «descoordinados y subutilizados», y los riesgos para la independencia de las investigaciones y los procesos judiciales siguen sin abordarse, denuncia la OCDE.
El Grupo de Trabajo también está «profundamente preocupado» por la «prolongada falta de protección de los denunciantes, así como por la considerable compartimentación de los organismos responsables de la detección, la investigación y el enjuiciamiento del cohecho internacional».
Además de los aspectos destacados, el informe detalla otras áreas para mejorar la eficacia de Colombia en la prevención, detección y sanción del delito de cohecho internacional. Las recomendaciones del Grupo de Trabajo incluyen reanudar la colaboración con el Grupo de Trabajo sobre el Soborno y su labor, incluso en lo que respecta a la aplicación de las normas sobre soborno internacional, y fortalecer la coordinación entre los organismos clave responsables del cohecho internacional, incluida la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Sociedades.
También aconseja garantizar que se puedan abrir investigaciones sobre la base de solicitudes de asistencia jurídica mutua y compartir información de manera proactiva a nivel interno para garantizar que todas las posibles denuncias derivadas de la asistencia jurídica mutua puedan investigarse adecuadamente; implementar urgentemente un marco integral de protección de denunciantes y garantizar la independencia de las investigaciones y los procesos penales.
Con todo, el Informe también señala avances positivos en Colombia que podrían contribuir a la lucha contra el soborno internacional. Bancóldex ha implementado plenamente todas las recomendaciones pendientes de las Fases 2 y 3. Colombia también ha establecido un sistema de verificación del cumplimiento de la normativa antilavado de dinero y sanciones contra las entidades del sector privado que no implementen estas medidas preventivas, lo que aumenta la probabilidad de que las entidades informantes presenten informes de actividades sospechosas con diligencia y podría incrementar la detección del soborno internacional.
El Informe forma parte de la cuarta fase de monitoreo del Grupo de Trabajo, iniciada en 2016. Esta fase examina los desafíos específicos y los logros positivos del país evaluado. También explora cuestiones como la detección, la aplicación de la ley, la responsabilidad corporativa y la cooperación internacional, así como los asuntos pendientes de informes anteriores. Colombia informará al Grupo de Trabajo dentro de dos años (es decir, en diciembre de 2027) sobre la implementación de todas las recomendaciones y sus esfuerzos de aplicación, y presentará un informe adicional en diciembre de 2026 con un plan de acción para implementar cinco recomendaciones de alta prioridad.
Creado en 1994, el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Cohecho es responsable de supervisar la implementación y el cumplimiento de la Convención Anticohecho de la OCDE, la Recomendación Anticohecho y los instrumentos asociados, utilizando un sólido mecanismo de monitoreo de revisión por pares.
