La asignación de agentes federales para proteger a representantes políticos en Sinaloa ha reavivado en México el debate sobre la distribución de los recursos públicos destinados a seguridad. El estado, uno de los territorios más afectados por la violencia vinculada al crimen organizado, afronta una situación especialmente compleja, por lo que la utilización de efectivos para garantizar la seguridad de cargos públicos ha generado críticas de sectores que reclaman una mayor atención a la protección de la población.
La controversia se centra en los dispositivos de protección cercana destinados a determinados legisladores y figuras políticas. Estos esquemas implican el despliegue de personal de seguridad para acompañamiento, vigilancia y protección de los beneficiarios, una tarea que puede requerir recursos humanos y materiales significativos en territorios donde las fuerzas federales afrontan simultáneamente amenazas relacionadas con organizaciones criminales y violencia armada.
Las críticas proceden principalmente de sectores civiles y empresariales, que cuestionan que determinados representantes políticos puedan disponer de una protección reforzada mientras ciudadanos, empresarios y otros colectivos expuestos a la delincuencia deben afrontar sus riesgos con recursos de seguridad mucho más limitados. El debate plantea así una cuestión de fondo: qué criterios deben determinar quién recibe protección pública y cómo se distribuyen los efectivos disponibles en los territorios con mayores índices de violencia.
Sinaloa constituye un escenario especialmente sensible para esta discusión. La violencia asociada a las disputas entre organizaciones delictivas ha incrementado la presión sobre las instituciones de seguridad y ha obligado a reforzar los operativos federales en diferentes zonas del estado. En este contexto, cualquier decisión que implique destinar agentes a la protección individual de políticos puede ser interpretada como una cuestión de prioridades operativas, especialmente cuando las autoridades deben atender simultáneamente amenazas contra la población, empresas, infraestructuras y funcionarios públicos.
La polémica no cuestiona necesariamente el derecho de los cargos públicos amenazados a disponer de protección, sino la proporcionalidad y transparencia de los criterios empleados para asignarla. El desafío para las autoridades mexicanas pasa por garantizar la seguridad de quienes se encuentren realmente en situación de riesgo sin generar una percepción de privilegio respecto al resto de la ciudadanía. En un estado sometido a una elevada presión de seguridad como Sinaloa, la controversia vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de establecer evaluaciones objetivas del riesgo y mecanismos transparentes para justificar la asignación de escoltas y recursos federales.
La polémica está servida
El debate nace, de un tiempo reciente a esta parte, del caso de Elizabeth Montoya Ojeda, diputada local de Movimiento Ciudadano. El pasado 2 de julio, la entonces diputada con licencia María Teresa Guerra Ochoa denunció que agentes de la Policía Estatal asignados a Montoya estaban siendo utilizados para proteger también al marido de la legisladora durante una reunión en un bar de Culiacán.
La controversia aumentó cuando se conoció que Montoya disponía de seis escoltas tras el atentado que sufrió el 28 de enero de este año, en el que también resultó herido el exalcalde de Culiacán Sergio Torres Félix. La propia Montoya defendió que la protección se extendiera a su marido y a sus hijas, alegando que la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas había autorizado esa extensión.
Posteriormente, el 9 de julio, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que investigaba administrativamente a dos de los escoltas por su presunta utilización para brindar seguridad al marido de la diputada. Sin embargo, las autoridades mantuvieron el esquema de protección de Montoya, compuesto por seis agentes.
En mayo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el entonces gobernador con licencia Rubén Rocha Moya disponía de protección tras una evaluación de riesgo; posteriormente aclaró que su escolta era estatal, no federal.
