El Congreso mexicano acaba de aprobar un paquete de más de 20 leyes relacionadas con seguridad pública, inteligencia, telecomunicaciones, Guardia Nacional y desaparición de personas. Su objetivo declarado por el Ejecutivo, que lidera como presidenta Claudia Sheinbaum, es fortalecer la estrategia nacional contra el crimen organizado mediante acceso ampliado a bases de datos y capacidades de inteligencia
Las iniciativas más relevantes aprobadas incluyen una nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y la reforma de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que consolida el nuevo enfoque sobre geolocalización y telecomunicaciones regulatoria.
La reforma en telecomunicaciones, específicamente el artículo 183 (antes el 190), otorga a entidades de seguridad como la Secretaría de Seguridad, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) e incluso la Guardia Nacional, la capacidad de solicitar en tiempo real la geolocalización de cualquier usuario móvil.
Aunque el Ejecutivo insiste en que cualquier geolocalización requerirá orden judicial, críticos como Ricardo Anaya, líder del PAN en el Senado, advierten que algunos artículos (como el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional) permitirían acceso sin autorización previa del Poder Judicial.
Además, el artículo 12 de la Ley de Inteligencia faculta al CNI para acceder a una amplia gama de registros (telefonía, biometría, vehiculares, bancarios, salud, fiscales), consolidando un sistema interconectado de bases de datos.
Como parte de las reformas, se impulsa la creación de una CURP biométrica (huellas dactilares y reconocimiento facial), obligatoria para trámites y servicios públicos y privados. La nueva Llave MX centralizará esta identidad digital, reemplazando parcialmente al INE, y será administrada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
La Plataforma Única de Identidad, diseñada para apoyar la búsqueda de personas desaparecidas mediante consulta del CURP, se activa únicamente en casos con carpeta de investigación, según defiende ATDT. En este contexto, Pepe Merino, director de la ATDT, asegura que no se puede interceptar ni geolocalizar teléfonos sin orden judicial, conforme al artículo 16 constitucional y el CNPP. Así, la utilización de la Plataforma Única estará restringida a procesos judiciales, enfatizando que no se busca vigilancia masiva sino investigación focalizada.
El PAN y otros opositores tachan estas normas como el establecimiento de un “gobierno espía”, señalando artículos que permitirían el acceso sin control judicial. Organizaciones como R3D y Artículo 19 denuncian un sistema de vigilancia sin contrapesos reales, con acceso a datos de telecomunicaciones, biometría y financieros. El riesgo va más allá de la privacidad, advierten colectivos que alertan sobre exclusión social (personas mayores o con discapacidad, población trans) y violación al derecho a la presunción de inocencia.
¿Dónde está el límite?
El uso de geolocalización para delitos graves (delincuencia organizada, secuestro, extorsión) ya había sido reconocido por resoluciones previas, como la SCJN en 2012. No obstante, la ampliación del acceso a información biométrica y el uso constante de datos personales coloca en tensión los principios de proporcionalidad, discreción judicial y protección de datos sensibles.
La supresión de contrapesos como mecanismos de vigilancia ciudadana, según quienes se oponen a estas novedades, pone en vulnerabilidad este sistema masivo de recolección de datos. La creación de una infraestructura de vigilancia profunda, sobre la base de la biometría, plataformas interconectadas y geolocalización institucionalizada, consideran que amenaza con ser aprovechada por futuros gobiernos con agendas menos democráticas. La tensión central sigue siendo cómo equilibrar la seguridad pública con los derechos individuales, y si las garantías actuales son suficientes para evitar abusos.
