Un informe elaborado por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y remitido a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, apunta a una posible participación activa de agentes marroquíes en la organización de los movimientos que desembocaron en el asalto a la frontera española. El documento, según la información publicada por El Español y secundada por varios medios, sostiene que la llegada masiva no habría respondido únicamente a un fenómeno migratorio espontáneo, sino que habría existido un determinado grado de planificación y coordinación en el lado marroquí.
El informe, elaborado a partir del análisis de imágenes y de la información recopilada por unidades policiales especializadas, desliza que gendarmes marroquíes habrían participado en la dirección de los movimientos de las personas que se dirigieron hacia la frontera de Ceuta durante los días 30 y 31 de julio. Según las conclusiones conocidas, algunos de estos agentes habrían actuado bajo las instrucciones de personas vestidas de paisano, en una actuación que, de confirmarse, habría tenido como objetivo desbordar el sistema de control fronterizo español.
La hipótesis que recoge el documento adquiere especial relevancia porque situaría a miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes no solamente como responsables del control de los movimientos migratorios en territorio marroquí, sino como posibles facilitadores o coordinadores de una operación destinada a provocar una presión extraordinaria sobre la frontera española. El informe llega incluso a plantear que la finalidad de estas actuaciones podría haber sido distinta de la estrictamente migratoria.
La investigación judicial se encuentra todavía en una fase inicial. La magistrada María Tardón abrió diligencias después de recibir una denuncia en la que se planteaba que la entrada masiva podía responder a una acción concertada y solicitó información a la Policía Nacional para determinar cómo se produjo el episodio y si detrás de los acontecimientos podía existir una organización criminal o una estructura coordinada.
El contenido del informe ha provocado, además, una reacción inmediata en el Ministerio del Interior. El titular del departamento, Fernando Grande-Marlaska, ha remitido una carta al director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, en la que reclama explicaciones sobre la existencia del documento y sobre el conocimiento que tenía la dirección policial de sus conclusiones.
Marlaska habría expresado especialmente su sorpresa y malestar por haber conocido el contenido del informe a través de las informaciones publicadas en los medios de comunicación y no por los canales internos del Ministerio. El ministro quiere saber desde cuándo disponía la Policía de esa información, quién conocía su contenido y por qué no fue trasladada previamente a la cúpula del departamento.
La cuestión que plantea Marlaska trasciende, por tanto, el ámbito estrictamente policial. El ministro considera que una información que apunta a una eventual participación de agentes de otro país en una operación capaz de provocar el colapso de la frontera española podría tener implicaciones para la seguridad nacional y para las relaciones exteriores de España. Por ello, reclama conocer si los datos recogidos en el informe han sido comunicados a los organismos competentes en materia de seguridad y defensa.
La carta dirigida a Pardo también pone sobre la mesa una cuestión de coordinación institucional: hasta qué punto una unidad policial puede trasladar directamente a un órgano judicial información de semejante alcance sin que sus conclusiones sean conocidas previamente por los responsables políticos y operativos de Interior. El ministro habría reclamado al director general que aclare las circunstancias en las que se elaboró y remitió el informe a la Audiencia Nacional.
La controversia se produce, además, en un momento especialmente delicado para las relaciones entre España y Marruecos. La cooperación de Rabat resulta fundamental para la política migratoria española y para el control de las fronteras de Ceuta y Melilla. El Gobierno español ha mantenido oficialmente que no dispone de indicios que permitan atribuir directamente a las autoridades marroquíes la organización de la entrada masiva y ha señalado a las redes de tráfico de personas y a las mafias como uno de los elementos centrales para explicar los movimientos migratorios.
El nuevo informe policial introduce, sin embargo, una hipótesis diferente que deberá ser sometida al análisis de la juez Tardón. Su contenido no constituye por sí mismo una prueba judicial de que Marruecos, o miembros de sus fuerzas de seguridad, ordenaran o dirigieran el asalto. Se trata de una valoración policial incorporada a unas diligencias que todavía se encuentran bajo investigación y cuyas conclusiones deberán ser contrastadas con el resto de pruebas.
La magistrada deberá determinar ahora el alcance de esas afirmaciones y, especialmente, si existen elementos objetivos que permitan establecer una conexión entre la actuación de determinados agentes marroquíes y la organización de la entrada masiva. También tendrá que esclarecer si los acontecimientos pueden encajar en alguno de los delitos que inicialmente motivaron la apertura de las diligencias.
La polémica afecta igualmente a la cadena de información dentro del propio Ministerio del Interior. Si se confirma que una unidad especializada disponía de indicios sobre una posible intervención de agentes marroquíes y que estos fueron trasladados directamente al órgano judicial sin conocimiento previo de los máximos responsables del departamento, se abriría un debate sobre los protocolos de comunicación de información sensible dentro de la Policía Nacional.
Mientras la juez Tardón continúa con sus pesquisas, el Gobierno deberá afrontar también las consecuencias políticas y diplomáticas que podría tener la confirmación de las hipótesis recogidas en el informe. Una eventual participación de miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes en la organización de una entrada masiva en territorio español supondría un escenario de enorme gravedad por sus implicaciones sobre el control de las fronteras, la seguridad nacional y la relación bilateral con Rabat.
Por ahora, no obstante, ninguna de estas hipótesis puede darse por acreditada. La principal incógnita que deberá despejar la investigación judicial es si la presencia y actuación de agentes marroquíes durante el episodio respondió a las funciones ordinarias de control de la frontera, si existió una actuación deliberadamente permisiva o facilitadora o si, como apunta el informe policial, hubo una verdadera coordinación destinada a generar una presión extraordinaria sobre la frontera española.
