La fragilidad parlamentaria y la dificultad para alcanzar acuerdos políticos no constituyen por sí mismas una amenaza para la seguridad nacional, pero sí pueden generar inseguridad institucional, económica y social cuando se traducen en bloqueo legislativo, prórrogas presupuestarias, incertidumbre regulatoria o dificultades para ejecutar reformas consideradas estratégicas.
En España, la actual legislatura ofrece ejemplos de esa tensión: el Gobierno ha tenido dificultades para sacar adelante algunas de sus principales iniciativas y continúa gestionando con presupuestos prorrogados, mientras proyectos como la reforma de la Ley del Suelo han quedado bloqueados y otros, como la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, finalmente lograron convertirse en ley tras una compleja tramitación parlamentaria.
La Sala de Análisis Estratégico de Delta13News trabaja en esta ocasión sobre la base de este trabajo, “Boletín Fedea no. 27. Seguimiento de las reformas del Plan de Recuperación y otras medidas estructurales, 2023T2 a 2025T1.”, de FEDEA, Estudios sobre la Economía Española.
La estabilidad política suele asociarse a la capacidad de un Estado para tomar decisiones, aprobar presupuestos, desarrollar reformas y mantener una estrategia coherente a medio y largo plazo. En una democracia parlamentaria, sin embargo, un Gobierno sin mayoría absoluta no implica necesariamente inestabilidad. La negociación, los pactos y las alianzas forman parte del funcionamiento ordinario de un sistema parlamentario.
El problema aparece cuando la fragmentación política dificulta de forma persistente la adopción de decisiones esenciales. En ese escenario, la inseguridad deja de ser exclusivamente una percepción política y puede trasladarse a ámbitos concretos de la economía, los servicios públicos, la planificación empresarial o la capacidad del Estado para responder ante determinadas contingencias.
La situación presupuestaria constituye uno de los ejemplos más claros. España afronta 2026 con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados, una situación que obliga al Ejecutivo a recurrir a modificaciones y reales decretos para adaptar determinadas partidas a las necesidades del ejercicio. En junio de 2026, el Congreso convalidó el Real Decreto-ley 13/2026 para actualizar las entregas a cuenta a comunidades autónomas y entidades locales precisamente en el contexto de la prórroga presupuestaria.
La falta de unas nuevas cuentas públicas no significa que el Estado quede paralizado. La legislación española permite la prórroga de los presupuestos anteriores, y el Gobierno puede adoptar determinadas modificaciones presupuestarias. Pero la prórroga reduce el margen para introducir nuevas prioridades políticas mediante el instrumento presupuestario ordinario.
El problema se hizo visible también a finales de 2025. El Gobierno presentó sus objetivos de estabilidad y el límite de gasto no financiero para 2026, fijado inicialmente en 216.177 millones de euros, pero el Congreso rechazó el acuerdo en noviembre y volvió a rechazar una nueva propuesta en diciembre.
El episodio refleja una de las principales dificultades de una legislatura con apoyos parlamentarios cambiantes: el Ejecutivo puede gobernar, pero no necesariamente puede legislar con la misma facilidad.
Esa diferencia resulta esencial. Gobernar mediante decretos, prórrogas presupuestarias o modificaciones administrativas permite mantener en funcionamiento el aparato del Estado. Aprobar grandes reformas estructurales requiere, en cambio, construir mayorías suficientes en el Congreso y, en determinados casos, también superar el trámite del Senado.
La consecuencia puede ser una creciente sensación de incertidumbre. Para ciudadanos y empresas, la cuestión no es únicamente qué partido gobierna, sino si las reglas económicas, fiscales, laborales, urbanísticas o regulatorias pueden mantenerse suficientemente estables durante varios años.
El sector empresarial es especialmente sensible a esta variable. Las inversiones importantes requieren previsiones sobre impuestos, regulación, energía, suelo, infraestructuras y costes laborales. Una modificación normativa puede no impedir una inversión, pero una sucesión de cambios, retrasos o decisiones contradictorias puede elevar el riesgo percibido.
No obstante, conviene evitar una relación automática entre inestabilidad parlamentaria y deterioro económico. La economía española puede crecer y atraer inversión incluso en un contexto político complejo. La incertidumbre es solamente uno de los factores que influyen en las decisiones empresariales, junto con los tipos de interés, la demanda, la productividad, los costes energéticos, la situación internacional o la disponibilidad de trabajadores.
La vivienda, atrapada entre la política y la seguridad jurídica
Uno de los ámbitos en los que la incertidumbre legislativa tiene una traducción especialmente tangible es el mercado de la vivienda.
La reforma de la Ley del Suelo impulsada por el Gobierno pretendía modificar determinados aspectos relacionados con la nulidad de los instrumentos de planeamiento urbanístico. El objetivo declarado era evitar que defectos formales en un plan urbanístico provocaran su anulación completa y desencadenaran una denominada “nulidad en cascada” sobre los actos posteriores.
El proyecto fue retirado por el Gobierno el 23 de mayo de 2024, antes de que comenzara su debate de totalidad, ante la falta de apoyos parlamentarios. El propio Diario de Sesiones del Congreso recoge expresamente que el Ejecutivo decidió retirar la iniciativa.
La cuestión no es menor. La seguridad jurídica del urbanismo tiene consecuencias directas sobre la construcción de viviendas, la planificación de barrios, las infraestructuras y la inversión inmobiliaria.
Cuando un plan urbanístico puede quedar anulado después de años de tramitación, los proyectos vinculados a él pueden entrar en una situación de incertidumbre. Una ciudad puede necesitar vivienda y, sin embargo, tener suelo urbanizable cuya transformación queda paralizada durante años por problemas jurídicos o administrativos.
El debate sobre la reforma del suelo, por tanto, trasciende la confrontación entre Gobierno y oposición. Afecta a un problema estructural que diferentes expertos vienen señalando desde hace tiempo: la necesidad de conciliar el control judicial de la legalidad urbanística con una mayor seguridad jurídica para las administraciones y los operadores privados.
La salud pública como ejemplo de una reforma que sí llegó a puerto
La creación de la Agencia Estatal de Salud Pública ofrece, por el contrario, un ejemplo de cómo una iniciativa puede sobrevivir a la fragmentación parlamentaria mediante negociación y modificaciones.
La primera versión del proyecto fue rechazada por el Congreso el 20 de marzo de 2025. El Gobierno volvió a presentar posteriormente una nueva iniciativa, que fue tramitada con carácter urgente.
Esta segunda oportunidad permitió que el proyecto avanzara. El Congreso lo aprobó, el Senado introdujo modificaciones y finalmente las Cortes Generales concluyeron su tramitación en julio de 2025. La Ley 7/2025, de 28 de julio, creó formalmente la Agencia Estatal de Salud Pública.
El caso demuestra que bloqueo no significa necesariamente fracaso definitivo. Una mayoría parlamentaria difícil puede obligar a modificar el calendario, negociar contenidos o reformular una iniciativa hasta conseguir los votos necesarios.
En este sentido, la inestabilidad puede tener incluso un efecto positivo cuando obliga a alcanzar acuerdos más amplios. El problema surge cuando la negociación no consigue producir resultados y las reformas se acumulan durante años.
La inseguridad institucional y la confianza ciudadana
Existe además una dimensión menos cuantificable: la confianza en las instituciones.
Una sucesión de votaciones fallidas, cambios de posición, acuerdos de última hora o proyectos retirados puede alimentar entre los ciudadanos la percepción de que el sistema político es incapaz de resolver problemas cotidianos.
La desafección puede manifestarse de distintas maneras: menor confianza en los partidos, aumento de la polarización, rechazo de las instituciones o percepción de que las decisiones políticas responden más a la supervivencia parlamentaria que al interés general.
Sin embargo, tampoco debe confundirse conflicto político con deterioro democrático. El debate intenso, las votaciones adversas al Gobierno y la existencia de oposición parlamentaria son elementos normales de una democracia.
La cuestión relevante es si las instituciones continúan funcionando y si las diferentes fuerzas políticas son capaces de llegar a acuerdos cuando existen intereses estratégicos compartidos.
Fiscalidad, empresas y la incertidumbre regulatoria
El terreno tributario constituye otro foco potencial de inseguridad. Los cambios fiscales afectan directamente a las decisiones de empresas y ciudadanos, especialmente cuando se producen en un contexto de debate político permanente.
Entre las medidas que han generado controversia se encuentran la fiscalidad de determinados sectores, las modificaciones del Impuesto sobre Sociedades y los cambios que afectan al ahorro y a las rentas del capital.
En este punto, el debate sobre la “progresividad” fiscal aplicada a las empresas enfrenta dos posiciones. Sus defensores sostienen que quienes tienen mayor capacidad económica deben realizar una mayor contribución; sus críticos consideran que gravar más a las empresas de mayor tamaño puede reducir incentivos a crecer, invertir o generar empleo.
El mismo conflicto aparece en materia de información empresarial y sostenibilidad. La aplicación de las nuevas obligaciones europeas de reporting ESG y diligencia debida ha provocado un debate sobre el equilibrio entre transparencia, responsabilidad empresarial y costes regulatorios.
La Unión Europea está revisando precisamente parte de este marco para reducir cargas administrativas. La discusión refleja un problema que trasciende a España: cómo garantizar la protección ambiental, social y laboral sin generar una burocracia que reduzca la competitividad europea.
La inflación y la llamada “progresividad en frío”
La fiscalidad introduce además otra forma de incertidumbre menos visible: la pérdida de poder adquisitivo asociada a la falta de actualización de determinados parámetros tributarios.
Cuando los salarios aumentan simplemente para compensar la inflación, pero los tramos del IRPF no se actualizan en la misma proporción, el contribuyente puede terminar pagando una mayor proporción de su renta sin que haya experimentado un incremento equivalente de su capacidad adquisitiva.
Es lo que se conoce como progresividad en frío.
El fenómeno no es exclusivo de España ni implica necesariamente una subida explícita de impuestos. Es, precisamente, una de sus características: el incremento de la recaudación puede producirse sin una modificación nominal de los tipos.
Por ello, la política fiscal se convierte también en un factor de percepción de seguridad económica. Los ciudadanos necesitan saber no solo cuánto ganan, sino cuánto conservarán después de impuestos y cómo cambiará su situación ante la inflación.
Seguridad nacional y capacidad de respuesta
La inestabilidad política tiene finalmente una dimensión relacionada con la seguridad nacional. Un Gobierno con dificultades para construir mayorías puede encontrar más obstáculos para aprobar presupuestos de defensa, reformas de inteligencia, inversiones en ciberseguridad o programas destinados a proteger infraestructuras críticas.
España afronta actualmente un escenario internacional especialmente exigente, marcado por la guerra de Ucrania, el incremento del gasto militar europeo, las amenazas híbridas, la ciberdelincuencia y la tensión geopolítica.
En estos ámbitos, la continuidad estratégica resulta especialmente importante. Un satélite, una fragata, un sistema de defensa aérea o una infraestructura energética no se planifican para una legislatura de cuatro años, sino para periodos mucho más largos.
Por ello, las políticas de defensa y seguridad requieren un grado de consenso superior al de otras áreas.
La existencia de gobiernos minoritarios no impide necesariamente esa continuidad. De hecho, España ha desarrollado tradicionalmente políticas de Estado en determinados ámbitos mediante acuerdos parlamentarios. El problema aparece cuando la polarización convierte cuestiones estratégicas en instrumentos de confrontación partidista.
Una estabilidad que no significa ausencia de conflicto
La principal conclusión es que la inestabilidad política debe analizarse con cautela. España continúa siendo una democracia consolidada, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, con instituciones capaces de mantener el funcionamiento ordinario del Estado incluso en circunstancias parlamentarias complejas.
Pero la actual legislatura sí evidencia las dificultades derivadas de una mayoría fragmentada. La falta de Presupuestos Generales del Estado actualizados, los rechazos parlamentarios a determinadas iniciativas y la necesidad de recurrir a acuerdos específicos para sacar adelante algunas medidas muestran que la capacidad de legislar y planificar a largo plazo está condicionada por la aritmética parlamentaria.
El dato más significativo es quizá el presupuestario. En 2026, el Estado continúa operando con las cuentas prorrogadas, mientras el Congreso ha tenido que aprobar medidas específicas para adaptar la financiación territorial.
Eso no significa que España esté paralizada. Pero sí introduce una diferencia entre gestionar el presente y planificar el futuro.
La inseguridad social derivada de la inestabilidad política no aparece, por tanto, necesariamente en forma de una amenaza visible. Puede manifestarse de manera mucho más silenciosa: una empresa que retrasa una inversión, una administración que aplaza una reforma, una vivienda cuya construcción espera una decisión urbanística, un proyecto de ley que permanece meses en una comisión o un ciudadano que desconoce cómo evolucionará su carga fiscal.
En una democracia, el desacuerdo político es inevitable y necesario. La verdadera amenaza para la estabilidad institucional aparece cuando el desacuerdo impide sistemáticamente adoptar decisiones sobre problemas que requieren soluciones a largo plazo.
España afronta en los próximos años retos que difícilmente pueden resolverse con medidas de corto recorrido: vivienda, productividad, envejecimiento demográfico, pensiones, transición energética, inmigración, defensa, digitalización y adaptación al cambio climático.
La cuestión no es, por tanto, si debe existir estabilidad política entendida como ausencia de conflicto. La cuestión es si el sistema político es capaz de transformar el conflicto en acuerdos y decisiones.
Porque la seguridad de un país no depende únicamente de sus policías, sus jueces, sus Fuerzas Armadas o sus servicios de inteligencia. También depende de algo menos visible: la capacidad de sus instituciones para tomar decisiones, mantener reglas previsibles y ofrecer a ciudadanos y empresas un horizonte razonablemente estable.
