La actual Ley Orgánica 4/2015, conocida popularmente como “ley mordaza”, entró en vigor el 1 de julio de 2015, y en sus diez años en vigor ha generado más de 400.000 sanciones, críticas por vulnerar derechos civiles y un intenso debate político. Partidos del bloque de investidura —PSOE, Sumar, EH Bildu, ERC, PNV y Junts— reactivaron el pasado mes de junio su voluntad de reforma, con el objetivo de modificar hasta 36 de los 54 artículos originales. El fin es ajustar aspectos polémicos como el uso de pelotas de goma, insultos a agentes y devoluciones en caliente.
Los principales ámbitos en discusión arrancan con la prohibición de pelotas de goma. Varios partidos (Junts, Podemos, BNG, ERC) exigen su eliminación total para evitar lesiones graves. Luego están las sanciones por ofensas a la autoridad y desobediencia, donde se busca aliviar o redefinir las multas por insultar o resistirse a agentes.
El apartado de las devoluciones en caliente también está en el foco de la reforma. La polémica medida de expulsión inmediata de inmigrantes al cruzar irregularmente, criticada por grupos de derechos humanos, sigue siendo objeto de fuerte reprobación.
Aunque se logró un pacto preliminar en 2023, las negociaciones se frustraron en marzo de ese año por falta de consenso en puntos clave como pelotas de goma. Ahora, los mismos partidos retoman las negociaciones con intención de cerrar márgenes y aprobar la reforma lo antes posible.
El PSOE, pese a apuntar avances gracias a un acuerdo alcanzado con EH Bildu en octubre, admite que todavía hay obstáculos que superar. ERC, Bildu y Junts presionan para imponer reformas más ambiciosas, especialmente en lo relativo a pelotas de goma. Por su parte, el PP, Vox y Cs rechazan la reforma actual, acusando al Gobierno de debilitar la ley; a veces denominan el borrador como la «ley Otegi de inseguridad ciudadana«.
No solo los algunos partidos urgen una reforma de esta ley. El Ayuntamiento de Fraga, en Aragón, por ejemplo, ha exigido reformas urgentes para sancionar con mayor contundencia actos incívicos, aludiendo a una “laxitud normativa” que dificulta el control local de problemas de convivencia. Tanto gobernantes autonómicos como municipios presionan al Gobierno central para que la reforma incluya mecanismos de respuesta más ágiles y efectivos.
Se trata de un debate entre preservar derechos y la necesidad de seguridad. Así, los defensores de la reforma (PSOE, Sumar, ERC, Bildu…) buscan sanear una ley que consideran restrictiva con libertades civiles. Otras formaciones, en cambio, temen que la nueva redacción rebaje las herramientas de protección ciudadana.
A pesar del acuerdo sobre 36 artículos, el veto a puntos sensibles, como el uso de pelotas de goma y las devoluciones en caliente, complica cualquier mayoría parlamentaria. La próxima ventana de votación es inminente —antes de otoño de 2025— aunque, si no se cierran acuerdos, la reforma puede volver a posponerse hasta la próxima legislatura.
A día de hoy, por tanto, existe ya un amplio consenso en revisar la Ley 4/2015, impulsado por seis partidos del Congreso, en cuyo marco las negociaciones giran en torno a reducción de sanciones, prohibición de pelotas de goma y regulación de devoluciones exprés. Una reforma que sufre tensiones entre la izquierda estatal y soberanistas, y, al tiempo, enfrenta un fuerte rechazo del PP, Vox y Cs. El desenlace depende del cierre de acuerdos antes de finales de 2025; en caso contrario, la reforma entrará en un nuevo limbo político.
Paralelamente, se desarrollan leyes complementarias como la dirigida a infraestructuras críticas, reflejo de la estrategia global en materia de seguridad. En mayo de 2025, el Ministerio del Interior presentó un anteproyecto de ley que pretende reforzar la protección de infraestructuras críticas (agua, energía, transporte, comunicación), mediante controles más estrictos a sus trabajadores y la elaboración de planes de resiliencia. Aunque se trata de una legislación distinta, refleja la prioridad del Ejecutivo en el reforzamiento de la seguridad física y tecnológica del país en un momento de mayor preocupación por amenazas diversas.
