Las acusaciones de lawfare, término utilizado para describir el supuesto uso instrumental de los tribunales y de los procedimientos judiciales con fines políticos, se han convertido en uno de los elementos más controvertidos del debate público español en los últimos años. Diversos miembros del actual Gobierno de coalición han denunciado en repetidas ocasiones la existencia de campañas judiciales dirigidas contra representantes políticos progresistas, mientras que la oposición, asociaciones judiciales y numerosos juristas rechazan estas afirmaciones y defienden la independencia de los jueces.
El enfrentamiento ha cobrado especial intensidad a raíz de distintas investigaciones que afectan al entorno del Ejecutivo, alimentando una disputa institucional que ha situado la relación entre poder político y poder judicial en el centro de la agenda nacional. Un estado de cosas que, entre otras, lamenta el exministro de Justicia, con el Partido Popular, Rafael Catalá, a quien entrevistamos en Delta13News en el marco de uno de los últimos encuentros de La Sociedad Clave.
El Gobierno ha impulsado las llamadas leyes de eficiencia digital, organizativa y procesal que culminan con la transformación de los juzgados unipersonales en tribunales de instancia. Desde su experiencia al frente del Ministerio en su momento, ¿cree que este nuevo modelo organizativo mejorará realmente la agilidad del sistema judicial o existe el riesgo de generar más complejidad administrativa?
Yo creo que la modificación del sistema organizativo de la justicia es un asunto que está encima de la mesa de todos los ministros de justicia desde hace muchos años, desde hace décadas me atrevería a decir. Y este modelo y la mejor coordinación de las capacidades de la Administración de Justicia y del Poder Judicial lo hemos trabajado todos los gobiernos y, como digo, yo mismo; es un asunto en el que estuvimos trabajando. El resultado final, la ley orgánica 1/2025 de eficiencia de la justicia incorpora un proceso cuyo fondo creo que está bien enfocado, bien intencionado, tiene relevancia y se ha trabajado bien, pero quizás ha pecado de falta de negociación, de diálogo y de financiación para su implantación.
Cualquier proceso de transformación, cualquier transformación organizativa requiere un proceso de cambio de cultura, de comunicación a los afectados, de negociación con las administraciones públicas. No olvidemos que aquí la Administración de Justicia depende de las comunidades autónomas y también depende de la capacidad financiera para imponer recursos adicionales. Y me temo que de todo eso no ha habido. Por lo tanto, el proyecto de ley conceptualmente está bien enfocado, pero el proceso de implantación creo que ha tenido algunos déficits que están provocando que su funcionamiento esté generando tensiones y chirriando.
En materia de justicia, una de las reformas más profundas es la nueva ley de enjuiciamiento criminal que plantea que los fiscales asuman investigación penal. ¿Considera que España está preparada para ese cambio de modelo o cree que deberían reforzarse ante determinadas garantías institucionales?
La transformación del modelo de justicia e investigación penal es un elemento transcendental, nunca es un cambio de modelo y, por lo tanto, no es una ley cualquiera, no es una ley técnico-jurídica lo que está afectando al funcionamiento de la justicia penal que es un elemento fundamental en nuestro Estado de Derecho. Por eso, esa ley yo creo que requiere de un consenso político altísimo, un diálogo entre las principales fuerzas políticas, que en este momento no se da. Por otra parte, requiere también una labor extraordinaria de pedagogía a la sociedad. Creo que en este momento, con los conflictos que ha habido con la Fiscalía General del Estado, la condena al fiscal, la apropiación, por decirlo de alguna manera, de la Fiscalía por parte del Gobierno, creo que todo eso no ayuda a que este sea el momento razonable para hacer una reforma muy necesaria, muy conveniente, en la que solamente desde el punto de vista, como he dicho antes, de los conceptos jurídicos, podríamos estar muchos de acuerdo, pero que en este momento veo imposible.
Porque, como digo, requerirá mucho diálogo, mucho consenso, mucha información a la sociedad, negociación con las asociaciones judiciales, habrá que hacer una transformación para que el juez deje de investigar y pase a hacerlo el fiscal, que al final tendrá que tener recursos suficientes para ello, y habrá también que crear una categoría de juez de garantías. En definitiva, es una transformación tan estructural que al menos necesita tiempo, negociación y acuerdos entre todas las partes implicadas, y de momento eso no se da. ¿Eso podría también afectar a la percepción ciudadana sobre, digamos, la independencia del sistema judicial? Pues, lamentablemente, sí, lamentablemente algunos han dedicado demasiado tiempo a hablar de la politización de la justicia, a acusar a los jueces de hacer política desde los juzgados, algunos han dicho que los jueces son fachas con togas, cosas que no ayudan, no ayudan nada, no han ayudado nada a la imagen de la justicia, al reconocimiento de la sociedad hacia los jueces. Yo creo de verdad que tenemos una justicia independiente y cualificada, pero algunos, lamentablemente, se han encargado de transmitir lo contrario.
Dar marchas atrás en eso nos va a costar mucho tiempo, y aunque sea cierto que tenemos una justicia profesional y una fiscalía también de alta cualificación, algunos se han encargado de decir lo contrario. Y ahora, cuando hemos hablado mucho del lawfare o de las sentencias políticas, a ver cómo convencemos a los ciudadanos de que eso no es así, y que, por tanto, podemos confiar en una fiscalía que no es la fiscalía del presidente del Gobierno, como algún presidente ha declarado, sino que es una fiscalía al servicio de los ciudadanos. Se ha hecho muchísimo daño durante los últimos años.
El Gobierno también plantea una reforma de la carrera judicial, con la creación de 1.500 plazas en los próximos tres años. Las primeras convocatorias en este sentido acaban de publicarse en el BOE ¿Creen que estas medidas pueden contribuir a reconocer y diversificar la judicatura o deberían ir acompañadas de otros cambios estructurales?
Siempre he dicho que la reforma de la justicia tiene distintos elementos. Hay un elemento de recursos humanos, por decirlo de alguna manera, que son los jueces, los fiscales y también los funcionarios, que tienen que llevar a cabo un proceso de transformación absoluto de su función, de su papel. Otro eje es el modelo organizativo del que hemos hablado antes, de la ley de eficiencia presupuestaria. Otro eje es la financiación, la adecuada, para retribuir convenientemente y otro eje es la modernización tecnológica. Creo que hay que trabajar con todas esas visiones. La visión tecnológica, la visión financiera, la visión organizativa y la visión de recursos humanos. Poniendo solo el foco en que hacen falta más jueces, bueno… no está mal, nunca está mal. También tengamos en cuenta que, cuando, desde el punto de vista político, se hace una gran declaración, que se van a convocar 500 plazas, pues se convocarán a lo largo de unos cuantos años, el proceso de selección dura un año y medio, luego van a la escuela judicial para estar otro año y medio, luego están en prácticas… Por lo tanto, seamos realistas con todo eso y no olvidemos que la justicia funciona gracias a los jueces, a los fiscales, a los funcionarios, a los medios tecnológicos, a la organización. Si se pierde esa visión global, ninguna medida aislada surtirá efecto.
Dentro de esa reforma se plantea reforzar la especialización, por ejemplo, en violencia de género o en ámbitos como el mercantil. ¿Considera que el sistema judicial español necesita más especialización o que el problema principal sigue siendo la falta de medios y de personas?
Creo que los jueces están bien formados, bien cualificados, pero es verdad que en un juzgado mixto de instrucción y de primera instancia, le llega de todo a ese juez, que además suele ser un juez de reciente ingreso, que tiene unos asuntos complicadísimos, del orden familiar, mercantil, penal, menores, que le cae un poco de todo. Y eso es complejo. Porque también es verdad que la ley de primera instancia y los tribunales de instancia ayudan a coordinar esas funciones y de esa manera especializar.
En un mundo cada vez más complejo y con una legislación cada vez más especializada, los jueces tienen que tener también un conocimiento especializado. Tienen unas garantías profesionales, pero igual que hicimos la jurisdicción mercantil después de la ley concursal del año 2003, también creo que hay algunas materias que requieren especialización. Ya sea en familia, en materia penal, en materia de violencia de género, menores… En ese camino hay que avanzar, pero, como decíamos antes, no solamente es un tema de jueces, sino que es una cuestión de organización, de recursos y de negociación entre todos los actores implicados.
Y qué decir la elección de los vocales del Consejo General Poder Judicial. Con esa idea que tiene a veces la ciudadanía de que están elegidos a dedo y que son partidistas. Es otro de los elementos que ha contaminado la visión social de la justicia.
Pero algo de razón habrá en el sentir popular…
Creo que hay que aclarar que el Consejo General Poder Judicial, aunque sea una paradoja de frase, no es Poder Judicial, es el Gobierno del Poder Judicial. El Consejo no dicta sentencias, las sentencias las dictan cada uno de los 5.500 jueces. El Consejo General Poder Judicial tiene una labor organizativa de gobierno y, por lo tanto, importantísima. Pero no sé si la sociedad tiene clara esta diferencia. En cuanto a cómo elegir un órgano de gobierno de un colectivo de 5.500 jueces, a mí me parece que los gobernados deberían tener presencia en el modelo de elección de esos gobernantes, como decía, de alguna manera. En esos sistemas de 20 vocales del Poder Judicial que deja 8 juristas en manos del Congreso y del Senado, permitiría perfectamente que los otros 12 fuesen elegidos con un modelo participativo, abierto, transparente por los miembros de la carrera judicial, que van a ser los que van a ser gobernados por ese Consejo de Poder Judicial.
