El Reino Unido ha designado formalmente por primera vez a tres organizaciones como amenazas para la seguridad nacional en virtud de los nuevos poderes introducidos por la National Security (State Threats) Act 2026, una medida que amplía la capacidad del Estado para actuar contra grupos considerados vinculados a actividades que pueden poner en peligro la seguridad británica.
La decisión afecta a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), al Islamic Movement of Companions of the Right (IMCR) y al GRU Volunteer Corps, una organización vinculada a los servicios de inteligencia militar rusos. La designación fue aprobada por el Parlamento después de que el ministro del Interior británico presentara la correspondiente orden el pasado 13 de julio.
La nueva clasificación tiene consecuencias penales directas. Desde la entrada en vigor de la medida, expresar apoyo a cualquiera de estos grupos puede constituir un delito. La legislación contempla la persecución de quienes glorifiquen o fomenten actividades de las organizaciones designadas cuando estas representen una amenaza para la seguridad del Reino Unido.
También se considera delito prestar asistencia a estos grupos o aceptar u obtener de ellos beneficios materiales, incluidos pagos. Las personas condenadas por estas conductas pueden enfrentarse a penas de hasta 14 años de prisión.
La medida supone un cambio relevante en la arquitectura británica de seguridad nacional porque permite actuar contra determinadas organizaciones que, sin estar necesariamente incluidas en el régimen tradicional de proscripción de organizaciones terroristas, son consideradas por las autoridades como instrumentos o estructuras vinculadas a amenazas estatales.
El Gobierno británico ha señalado que los tres grupos son los primeros designados mediante estos nuevos poderes y que ya han sido incorporados a la lista oficial de organismos designados en el Reino Unido. La decisión se produce en un contexto de creciente preocupación de las autoridades occidentales por las actividades de actores estatales y grupos vinculados a gobiernos extranjeros en territorio europeo.
La inclusión de la Guardia Revolucionaria Islámica sitúa en el centro de la decisión a una de las principales estructuras de poder militar y de seguridad de Irán. El IRGC desempeña un papel central en la política de seguridad iraní y cuenta con una importante capacidad de actuación exterior a través de estructuras y organizaciones asociadas a la estrategia regional de Teherán.
La designación británica no se limita, sin embargo, a una sola organización vinculada a un Estado. La relación de grupos incluye también una estructura asociada a Rusia y otra identificada por las autoridades británicas como vinculada a China. La medida refleja la evolución del concepto de amenaza a la seguridad nacional, que ya no se limita a la posibilidad de un ataque militar convencional.
El sabotaje, la interferencia, las operaciones encubiertas, la presión sobre infraestructuras estratégicas y la utilización de redes de apoyo forman parte de un entorno de seguridad cada vez más complejo. El Reino Unido, como otras potencias europeas, ha reforzado en los últimos años sus instrumentos legales para perseguir actividades que considera vinculadas a campañas de influencia o acciones clandestinas de Estados extranjeros.
La nueva legislación permite, además, que quienes cometan otros delitos en nombre de estas organizaciones puedan ser perseguidos por la normativa británica de seguridad nacional. En el caso de actos como el sabotaje, las penas previstas pueden llegar a la cadena perpetua, de acuerdo con las disposiciones de la National Security Act 2023.
La decisión tiene también una dimensión operativa. La designación facilita a las autoridades británicas identificar jurídicamente determinadas redes y establecer consecuencias penales para quienes proporcionen apoyo, recursos o asistencia a los grupos incluidos en la lista. El objetivo es dificultar que estas organizaciones puedan utilizar territorio británico para desarrollar actividades consideradas contrarias a la seguridad nacional.
El alcance práctico de la medida dependerá, no obstante, de la capacidad de las autoridades para demostrar la existencia de vínculos, apoyo o colaboración. La prohibición de expresar apoyo introduce igualmente una dimensión especialmente sensible en el ámbito de la libertad de expresión, por lo que la aplicación de la normativa tendrá que distinguir entre la mera expresión de opiniones y las conductas que la ley considere apoyo, glorificación o promoción de las actividades de los grupos designados.
La medida llega en un momento de creciente atención internacional hacia las llamadas amenazas híbridas. Estas combinan, en distintos grados, instrumentos políticos, económicos, diplomáticos, cibernéticos y de inteligencia. Su principal característica es que pueden desarrollarse por debajo del umbral de un conflicto armado abierto, pero producir efectos sobre la seguridad de un país.
En ese escenario, las organizaciones vinculadas a estructuras estatales pueden actuar como intermediarios, redes de apoyo o instrumentos de presión. La respuesta de los gobiernos occidentales ha consistido en reforzar los mecanismos de sanción, vigilancia y persecución penal, aunque la identificación de responsabilidades puede resultar compleja cuando las organizaciones operan a través de estructuras informales o redes transnacionales.
El Gobierno británico ha presentado la decisión como una herramienta para proteger la seguridad del país y hacer frente a grupos cuyas actividades considera potencialmente peligrosas. La designación también envía una señal política y jurídica a las organizaciones afectadas y a quienes puedan colaborar con ellas dentro del Reino Unido.
En términos prácticos, el nuevo régimen establece una línea roja más clara para determinadas actividades. El apoyo financiero, la prestación de asistencia o la obtención de beneficios materiales de los grupos designados pueden generar responsabilidad penal. La posibilidad de penas de hasta 14 años busca actuar como elemento disuasorio frente a quienes puedan facilitar sus operaciones.
La decisión también refleja una tendencia más amplia en las democracias occidentales: la revisión de los instrumentos jurídicos utilizados para responder a las amenazas procedentes de actores estatales extranjeros. La guerra de Ucrania, el incremento de las operaciones de influencia, las campañas de sabotaje y la preocupación por las actividades de inteligencia han impulsado una evolución de las políticas de seguridad.
Un precedente ante nuevas actuaciones
El Reino Unido ha optado ahora por utilizar por primera vez los poderes específicos de la National Security (State Threats) Act 2026. La designación de estas tres organizaciones constituye, por tanto, una prueba inicial del nuevo marco legal y permitirá observar cómo se aplica en la práctica y qué efectos produce sobre las actividades de sus redes de apoyo.
El reto para las autoridades británicas será equilibrar la necesidad de proteger la seguridad nacional con las garantías propias de un Estado de derecho. La eficacia de la medida dependerá no solo de la capacidad para perseguir conductas de apoyo material o colaboración, sino también de la precisión con la que se delimiten los comportamientos que pueden ser considerados delictivos.
Con esta decisión, Londres amplía su respuesta legal frente a amenazas que considera vinculadas a actores estatales extranjeros y establece un precedente para futuras designaciones. La medida refuerza la tendencia hacia una concepción más amplia de la seguridad nacional, en la que el riesgo no procede únicamente de organizaciones terroristas convencionales, sino también de redes y estructuras que pueden operar mediante espionaje, sabotaje, influencia o apoyo encubierto.
La designación de la IRGC, el IMCR y el GRU Volunteer Corps abre así una nueva etapa en la política británica de seguridad. El Gobierno dispone ahora de una herramienta adicional para perseguir a quienes colaboren con estos grupos, mientras que las autoridades deberán determinar en cada caso si las conductas investigadas constituyen apoyo, asistencia o participación en actividades contrarias a la seguridad del Reino Unido.
