Escocia, Gales e Irlanda del Norte han dado un paso político sin precedentes al coordinar sus fuerzas para reclamar el derecho de sus respectivos territorios a decidir democráticamente su futuro constitucional y abrir la puerta a nuevos referendos de independencia. Los líderes del Partido Nacional Escocés (SNP), Plaid Cymru y Sinn Féin tienen previsto formalizar en Cardiff un memorando de entendimiento destinado a ejercer presión sobre el Gobierno británico y Westminster.
El acuerdo reúne a John Swinney, líder del SNP y ministro principal de Escocia; Rhun ap Iorwerth, dirigente de Plaid Cymru en Gales, y Michelle O’Neill, vicepresidenta del Sinn Féin y ministra principal de Irlanda del Norte. También participa Mary Lou McDonald, presidenta de Sinn Féin. Los tres dirigentes actúan fundamentalmente en su condición de líderes políticos, no como representantes formales de sus respectivos gobiernos en la firma del documento.
La iniciativa tiene una importancia especial porque, por primera vez, las tres administraciones descentralizadas del Reino Unido están encabezadas por fuerzas políticas favorables a algún tipo de ruptura constitucional con Londres. El encuentro de Cardiff pretende convertir esa coincidencia política en una estrategia común basada en el principio de autodeterminación y en la posibilidad de que los ciudadanos de cada nación puedan pronunciarse sobre su futuro mediante las urnas.
El caso escocés constituye el principal precedente. Escocia celebró en 2014 un referéndum de independencia en el que el 55% de los votantes optó por permanecer en el Reino Unido. Sin embargo, el independentismo ha mantenido abierta la cuestión constitucional y el Parlamento escocés aprobó en mayo una petición para que Londres transfiriera a Holyrood las competencias necesarias para organizar una nueva consulta.
La posición del Gobierno británico continúa siendo contraria a la celebración de un nuevo referéndum escocés. El Ejecutivo de Andy Burnham ha reiterado que no respalda la independencia ni otra consulta sobre la separación de Escocia. En una respuesta parlamentaria fechada el 10 de septiembre, el Gobierno sostuvo que fue elegido con el compromiso de no apoyar la independencia ni un nuevo referéndum y defendió que sus prioridades deben centrarse en cuestiones como el crecimiento económico, el coste de vida, los servicios públicos y la seguridad.
Swinney, sin embargo, sostiene que existe una vía para convertir el principio del derecho a decidir en un mecanismo jurídico. El ministro principal escocés escribió recientemente a Burnham para pedirle una reunión y plantear cómo trasladar al terreno legal el criterio expresado por el primer ministro británico sobre Irlanda del Norte: que una consulta constitucional debe considerarse cuando exista un consenso claro en favor de ella. Swinney argumenta que ese mismo principio debería aplicarse a Escocia.
Gales se incorpora ahora con una posición política más definida. Plaid Cymru ha ganado peso tras las elecciones de mayo y su dirigente, Rhun ap Iorwerth, ha situado la cuestión constitucional en el centro de la agenda nacionalista galesa. Aunque el independentismo galés no tiene la misma trayectoria ni dimensión electoral que el escocés, la nueva alianza con Escocia e Irlanda del Norte pretende reforzar su capacidad de presión frente a Westminster.
En Irlanda del Norte, la situación presenta una diferencia fundamental. La cuestión no se limita a una eventual independencia respecto al Reino Unido, sino que está vinculada a la posibilidad de una reunificación de la isla de Irlanda y a la relación constitucional con la República de Irlanda. El Acuerdo de Viernes Santo de 1998 establece el principio de consentimiento como elemento central para determinar el futuro constitucional de Irlanda del Norte.
La cuestión irlandesa ha adquirido además una dimensión internacional después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, manifestara durante su visita a Irlanda su apoyo a la reunificación irlandesa. Trump afirmó que le gustaría que Irlanda del Norte y la República de Irlanda estuvieran unidas, unas declaraciones que provocaron críticas entre sectores unionistas y añadieron presión política a un debate ya especialmente sensible.
Objetivo político, de momento
La coordinación entre los tres territorios no significa, por tanto, que exista un procedimiento inmediato para la disolución del Reino Unido. El memorando no equivale a una declaración unilateral de independencia ni pone en marcha automáticamente ningún proceso de separación. Su objetivo inmediato es político: reivindicar que escoceses, galeses y norirlandeses tengan la posibilidad de decidir democráticamente su futuro y presionar a Londres para que acepte mecanismos que permitan celebrar consultas.
La cuestión jurídica es especialmente relevante en el caso de Escocia y Gales. El Parlamento británico ha señalado que el Reino Unido carece de un único documento constitucional fundacional y que su actual configuración se ha desarrollado históricamente a través de diferentes uniones y normas. La eventual secesión de una de sus partes exigiría, por tanto, un proceso político y jurídico complejo, con negociaciones sobre competencias, deuda, activos, fronteras, moneda, ciudadanía, defensa y relaciones internacionales.
La nueva alianza supone, en cualquier caso, un desafío político de primer orden para Westminster. Durante décadas, la cuestión territorial británica había sido abordada principalmente como una suma de problemas diferentes: el independentismo escocés, la reivindicación nacional galesa y el conflicto constitucional de Irlanda del Norte. La aparición simultánea de gobiernos y partidos favorables a la autodeterminación permite ahora a sus dirigentes presentar el debate como una cuestión común sobre el futuro de la estructura territorial británica.
El propio Swinney ha advertido de que el impulso hacia una transformación constitucional resulta difícil de ignorar. En el Parlamento escocés se ha defendido que, con independencia de cuál sea la posición personal de cada ciudadano sobre la independencia, debe existir la posibilidad de que la población decida sobre el futuro constitucional de su territorio.
El escenario abre así una nueva etapa para el Reino Unido. No existe una ruptura inmediata ni una fecha fijada para la celebración simultánea de referendos, pero la coordinación de Escocia, Gales e Irlanda del Norte introduce una presión política que Westminster tendrá dificultades para ignorar. La cuestión que queda planteada es si el Reino Unido será capaz de preservar su actual estructura territorial mediante una nueva fórmula de descentralización o si, por el contrario, el principio de autodeterminación acabará desembocando en una renegociación profunda de la Unión.
El encuentro de Cardiff representa, en este sentido, algo más que una alianza circunstancial entre partidos nacionalistas. Es el intento de convertir tres reivindicaciones históricas distintas en un frente común para reclamar el derecho de las naciones que integran el Reino Unido a decidir democráticamente si quieren continuar formando parte de él.
