¿Qué está pasando con Sánchez?
Para sus detractores, Pedro Sánchez se ha convertido en el símbolo de un poder que ya no se sostiene sobre la autoridad institucional, sino sobre la pura capacidad de aguantar mientras el suelo político se resquebraja bajo sus pies. En ese relato, el presidente aparece como un dirigente que ha sustituido la transparencia por la estrategia, la rendición de cuentas por el cálculo y la responsabilidad política por una resistencia obsesiva a abandonar el cargo.
Cada investigación que roza a su entorno —aunque siga abierta y sin conclusiones judiciales— se interpreta como una pieza más de un mosaico de opacidad, y cada gesto público como una maniobra para ganar tiempo, desactivar críticas o deslegitimar a quienes cuestionan su integridad. La narrativa crítica lo dibuja como un líder atrincherado, que responde a la erosión de confianza no con explicaciones exhaustivas, sino con un discurso de confrontación que presenta cualquier señalamiento como un ataque orquestado. En este clima, la sensación de desgaste se multiplica: para quienes lo observan desde esa óptica, Sánchez ya no gobierna, sino que sobrevive; no lidera, sino que se defiende; no despeja dudas, sino que las desplaza. Y esa percepción —más allá de lo que determinen los tribunales— se ha convertido en un factor político de primer orden, capaz de condicionar su futuro tanto como cualquier resolución judicial.
Qué está pasando con la corrupción de Sánchez y del PSOE
El PSOE atraviesa uno de los momentos más corrosivos de su historia reciente, cercado por un rosario de investigaciones que, aunque con distinto alcance y estado judicial, han alimentado la percepción de un partido atrapado en una espiral de deterioro ético. La detención de Koldo García, antiguo asesor de José Luis Ábalos, abrió una grieta que no ha dejado de ensancharse: contratos inflados, comisiones, intermediarios y un esquema que la UCO investiga como una red organizada para lucrarse durante la pandemia. A partir de ahí, el foco se extendió hacia Ábalos, cuya caída política ha sido tan abrupta como el silencio incómodo que ha dejado en la dirección socialista.
Las pesquisas han salpicado también a figuras como Santos Cerdán o responsables de empresas públicas, mientras el nombre de la exsecretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, aparece en el radar mediático por su papel en adjudicaciones bajo su mandato, aunque sin imputación formal. Paralelamente, el caso de la esposa de Pedro Sánchez —centrado en contratos, actividades profesionales y supuestos conflictos de interés— ha añadido un componente explosivo: por primera vez en décadas, la pareja del presidente se ve envuelta en una investigación judicial preliminar, lo que ha multiplicado la presión política y mediática.
A ello se suman viejos fantasmas del pasado, como los casos que afectaron al PSOE en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero —ERE de Andalucía, cursos de formación, Invercaria— que resurgen ahora como recordatorio de una herida que nunca terminó de cerrarse. El resultado es un paisaje devastador para el partido: una concatenación de causas, diligencias y sospechas que, aun sin resoluciones firmes, proyectan la imagen de un ecosistema donde la frontera entre poder político y redes de influencia se ha vuelto peligrosamente difusa. Para los críticos, el PSOE ya no lidia con casos aislados, sino con la percepción de un patrón; para sus defensores, se trata de una ofensiva judicial y mediática amplificada para desgastar al Gobierno. En medio de ese choque de relatos, lo que sí es indiscutible es el desgaste: cada nuevo nombre que aparece en un sumario, cada empresa pública bajo escrutinio y cada declaración de la UCO alimentan la sensación de que el partido se enfrenta no solo a una crisis política, sino a una crisis de credibilidad estructural.
Qué pasa con los medios adictos, subvencionados por Sánchez
La crítica más dura hacia los medios considerados afines al Gobierno sostiene que una parte del ecosistema mediático español ha terminado funcionando como un cinturón de protección narrativa alrededor de Pedro Sánchez, especialmente en los momentos de mayor desgaste político. Según ese relato, estas cabeceras —dependientes en mayor o menor medida de subvenciones públicas, publicidad institucional o decisiones regulatorias del Ejecutivo— actúan como un amortiguador informativo, minimizando escándalos, amplificando el argumentario gubernamental y descalificando de antemano cualquier investigación incómoda.
Para los sectores más críticos, no se trata solo de afinidad ideológica, sino de una relación de dependencia estructural: medios que sobreviven gracias a inyecciones de dinero público o a contratos de organismos estatales y que, a cambio, ofrecen un tratamiento editorial indulgente, cuando no abiertamente militante. En este marco, la cobertura de los casos que afectan al PSOE —desde las investigaciones sobre contratos públicos hasta las polémicas que rodean a figuras del entorno del presidente— se percibe como un ejercicio de contención: titulares suavizados, énfasis desplazado hacia supuestas conspiraciones judiciales o mediáticas, y un esfuerzo constante por presentar al presidente como víctima antes que como responsable político. El resultado, según esta visión, es un ecosistema mediático desequilibrado, donde una parte de la prensa actúa más como departamento de comunicación ampliado del Gobierno que como contrapoder democrático, contribuyendo a un clima en el que la crítica se caricaturiza, la investigación se sospecha y la opinión pública se fragmenta entre quienes reciben información filtrada por lealtades políticas y quienes buscan fuentes alternativas para entender qué está ocurriendo realmente.
¿Qué está pasando con la Corona?
La Corona atraviesa un momento incómodo y cada vez más cuestionado, atrapada en una coreografía pública que muchos interpretan como una renuncia silenciosa a su papel constitucional. La imagen repetida del monarca compartiendo risas, confidencias y gestos de camaradería con Pedro Sánchez —en actos donde la tensión institucional debería exigir distancia, sobriedad y neutralidad— ha alimentado la percepción de una connivencia impropia entre la Jefatura del Estado y el poder ejecutivo. Para los críticos, estas escenas no son simples anécdotas protocolarias, sino el síntoma visible de un deterioro más profundo: un rey que parece haber reducido su función a la de figura ornamental, limitado a cortar cintas, posar en recepciones y leer discursos sin filo, mientras evita cualquier gesto que recuerde su obligación de “cumplir y hacer cumplir la Constitución”.
En este relato, la Corona aparece como una institución que ha optado por la comodidad del silencio frente a la exigencia del arbitraje, renunciando a ejercer el peso simbólico y moderador que la Constitución le otorga. El resultado es una erosión lenta pero constante: cada sonrisa compartida con el presidente, cada gesto de cercanía en momentos de crisis política, cada aparición pública desprovista de contenido sustantivo alimenta la sensación de que la monarquía se desliza hacia una irrelevancia funcional, cuando no hacia una peligrosa identificación con el Gobierno de turno. Y en un país donde la legitimidad de la institución ya es frágil, esta percepción no solo desgasta al monarca, sino que pone en riesgo la propia continuidad de la Corona, que parece haber olvidado que su supervivencia depende menos de la simpatía y más de la distancia, la ejemplaridad y la firmeza institucional.
¿Qué está pasando con la oposición del PP?
La oposición del Partido Popular vive atrapada en una paradoja que sus críticos no se cansan de subrayar: se presenta como alternativa de Estado mientras actúa como un socio dócil del socialismo en Bruselas, un adversario tibio de Pedro Sánchez en Madrid y un negociador eternamente indeciso en las comunidades autónomas. El contraste es tan evidente que ha alimentado la sensación de que el PP se ha especializado en gesticular oposición sin ejercerla, en denunciar al Gobierno mientras vota con él en Europa, y en cargar contra Vox en España con más vehemencia que contra el propio PSOE. En este relato, el partido aparece paralizado por un cálculo político que nadie termina de descifrar: ¿temor a asumir el coste de una confrontación real?, ¿dependencia de los equilibrios europeos?, ¿o simple comodidad en un statu quo que le permite criticar sin arriesgar?
La sombra de Bruselas —y especialmente el peso político de la Comisión Europea— añade un matiz inquietante: para algunos sectores, la alineación del PP con las directrices comunitarias lo convierte en un actor más preocupado por no incomodar a la maquinaria europea que por plantar cara a un Gobierno español debilitado por escándalos y desgaste. Mientras tanto, en España, el partido parece incapaz de articular acuerdos rápidos y útiles en los territorios donde gobierna, atrapado en negociaciones interminables que proyectan una imagen de indecisión crónica. El resultado es una oposición que, según sus detractores, no se plantea seriamente tumbar a Sánchez, ya sea por cálculo, por miedo o por una dependencia política que nadie admite en público. Y en ese vacío, la sensación de que el PP actúa como una oposición a medio gas —más pendiente de gestionar su propio equilibrio interno que de liderar un cambio político real— se ha convertido en una crítica recurrente que erosiona su credibilidad como alternativa.
¿Qué está pasando con la oposición de Vox?
En un escenario político marcado por la erosión institucional, el desgaste del Gobierno y la parálisis estratégica del principal partido de la oposición, Vox ha logrado situarse como la única fuerza que ejerce una oposición frontal y sin matices al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Su discurso, lejos de diluirse en la ambigüedad calculada que caracteriza a otros actores, ha puesto sobre la mesa cuestiones que durante años fueron tratadas como tabú político: la presión migratoria, el aumento de la delincuencia vinculada a la inmigración irregular, la falta de control sobre la edad de los menores extranjeros no acompañados, la ausencia de mecanismos eficaces de repatriación y la reincidencia delictiva sin respuesta penal inmediata. Estos temas, que antes se despachaban como exageraciones o alarmismos, han terminado por instalarse en el debate público como problemas estructurales, reconocidos incluso por instituciones que durante años los minimizaron.
Mientras el Partido Popular oscila entre la crítica tibia y la colaboración en Bruselas, Vox ha presionado para que se abran debates que el sistema político prefería evitar. Su insistencia en revisar acuerdos internacionales que considera lesivos para España —como el pacto comercial con Mercosur o determinadas directrices migratorias de la UE— ha reforzado la imagen de un partido que no teme confrontar a estructuras supranacionales cuando percibe que perjudican los intereses nacionales. En política exterior, su defensa explícita de la alianza con Estados Unidos e Israel contrasta con la ambigüedad del Gobierno y con la incomodidad del PP, y su denuncia de las relaciones opacas del Ejecutivo con regímenes como Irán, Venezuela o actores vinculados a Hamás ha alimentado un relato de vigilancia y alerta frente a lo que consideran una deriva diplomática peligrosa.
En el ámbito interno, Vox ha intentado arrastrar al PP hacia acuerdos más definidos en las comunidades autónomas, especialmente en materia de seguridad, inmigración y protección de la soberanía nacional. Sin embargo, la resistencia del PP a asumir compromisos claros ha generado la sensación de que el partido de Abascal empuja mientras el de Feijóo se limita a calcular. Esta dinámica ha reforzado la percepción de que Vox actúa como un acelerador político, mientras el PP funciona como un freno que teme asumir el coste de un cambio real.
El resultado es un panorama en el que Vox aparece, para una parte del electorado, como la única fuerza que articula una defensa sin complejos de los intereses nacionales, que denuncia sin ambages las alianzas internacionales del Gobierno y que exige respuestas inmediatas a problemas que afectan a la seguridad, la cohesión social y la soberanía. Para sus detractores, su discurso es excesivo; para sus simpatizantes, es simplemente la verbalización de lo que otros partidos no se atreven a decir. En cualquier caso, su presencia ha alterado el tablero político español, obligando a que cuestiones antes silenciadas entren en la agenda pública y tensionando un sistema que llevaba años funcionando sobre consensos tácitos que ya no se sostienen.
¿Qué está pasando con los socios naturales de Sánchez?
El ecosistema político que durante años sostuvo a Pedro Sánchez desde su flanco izquierdo atraviesa una fase de descomposición acelerada, marcada por luchas internas, contradicciones ideológicas y un desgaste que amenaza con convertir a Sumar y Podemos en fuerzas residuales. La vicepresidenta Yolanda Díaz, antaño presentada como el relevo amable y tecnocrático del viejo populismo, ha terminado reconociendo su incapacidad para consolidar un liderazgo real, anunciando que no volverá a presentarse tras un mandato marcado por la pérdida de apoyos, la fragmentación interna y la sensación de que su proyecto nunca llegó a cuajar más allá de los platós. Podemos, por su parte, continúa atrapado en un declive que parece irreversible: el partido que en su día prometió asaltar los cielos se ha convertido en una formación marginal, lastrada por contradicciones que han erosionado su credibilidad, especialmente en materia de derechos humanos y política internacional.
En este terreno, la crítica más recurrente señala la incoherencia entre su discurso feminista en España y su silencio ante la represión de mujeres en regímenes autoritarios como Irán o ciertos países del entorno islámico. La defensa cerrada de causas identitarias en el ámbito doméstico contrasta con la ausencia de una condena clara ante violaciones de derechos fundamentales en escenarios donde la ideología pesa más que la coherencia moral. A ello se suma la polémica por su posicionamiento respecto al conflicto en Oriente Medio, donde su narrativa ha sido percibida por amplios sectores como insensible hacia las víctimas del ataque del 7 de octubre en Israel, alimentando la idea de un doble rasero que ha terminado por fracturar su base social.
Mientras tanto, Sumar y Podemos compiten por un espacio menguante, devorados por la dinámica de un Gobierno que absorbe a sus socios cuando los necesita y los abandona cuando dejan de ser útiles. La estrategia de Sánchez —basada en mantener un equilibrio inestable entre múltiples aliados— ha terminado por diluir a sus apoyos naturales, que hoy aparecen como fuerzas sin rumbo, sin proyecto y sin capacidad de influencia real. La izquierda alternativa, que en su día se presentó como motor de cambio, se ha convertido en un conjunto de siglas exhaustas, atrapadas entre la irrelevancia electoral y la dependencia absoluta del PSOE.
El resultado es un paisaje político donde el espacio a la izquierda del socialismo se deshace a ojos vista: líderes que se retiran, partidos que no levantan cabeza, contradicciones que erosionan su credibilidad y una base social que se dispersa. Y en ese vacío, la pregunta que empieza a resonar es si Sánchez ha terminado por devorar a sus propios aliados, dejando tras de sí un territorio político arrasado que ya no sirve como contrapeso, sino como decorado.
¿Qué está pasando con los socios coercitivos de Sánchez?
El conglomerado de partidos que sostiene a Pedro Sánchez se ha convertido en un mercado persa parlamentario, donde cada votación se negocia como si fuera la última y cada socio acude con el plato en la mano para cobrar su peaje político. ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG —cada uno con su agenda particular y, en muchos casos, incompatible entre sí— han entendido que el Gobierno depende de ellos hasta el último escaño, y han transformado esa debilidad en un mecanismo de extracción constante. La legislatura avanza como un regateo interminable: concesiones territoriales, cesiones competenciales, privilegios fiscales, indultos encubiertos, reformas legales hechas a medida y un sinfín de compromisos que el Ejecutivo asume para sobrevivir una semana más. El resultado es un Gobierno que no gobierna, sino que paga, y unos socios que no apoyan, sino que cobran.
La ausencia de Presupuestos Generales del Estado es el síntoma más evidente de esta parálisis. Un Ejecutivo sin cuentas aprobadas es un Ejecutivo sin proyecto, sin hoja de ruta y sin capacidad de planificación. Pero para los socios de Sánchez, esta situación es una oportunidad: mientras no haya presupuestos, cada votación se convierte en una subasta, y cada subasta en una ocasión para arrancar nuevas ventajas. La política nacional queda así subordinada a las necesidades particulares de formaciones que, en muchos casos, no comparten ni un mínimo proyecto común para España. La fragmentación del bloque es tal que el Gobierno se ve obligado a negociar simultáneamente con partidos que buscan la independencia, con otros que buscan privilegios fiscales y con otros que buscan reescribir la arquitectura institucional del país.
En este contexto, la percepción crítica sostiene que estos socios actúan como depredadores políticos, no porque compartan una estrategia común, sino porque han olido la debilidad del Ejecutivo y la explotan sin pudor. Cada uno empuja en una dirección distinta, pero todos coinciden en algo: Sánchez no puede permitirse perderlos, y ellos lo saben. La consecuencia es un Gobierno atrapado en un equilibrio imposible, obligado a ceder para sobrevivir y a aceptar condiciones que, según sus detractores, erosionan la cohesión territorial, la igualdad entre ciudadanos y la estabilidad institucional.
La paradoja final es que este bloque, presentado como un ejemplo de pluralidad democrática, funciona en la práctica como un conjunto de fuerzas centrífugas que tiran del Estado en direcciones opuestas. Y mientras el Gobierno intenta mantener la fachada de normalidad, la realidad es que cada votación se ha convertido en un recordatorio de que la legislatura no se sostiene sobre un proyecto político, sino sobre un intercambio permanente de favores. En ese clima, la pregunta que empieza a resonar es cuánto tiempo puede sobrevivir un Ejecutivo que depende de socios que no creen en su proyecto, no comparten su visión y no ocultan que su prioridad no es España, sino sus propios intereses particulares.
¿Qué pasa con las encuestas, todas desfavorables al bloque de gobierno?
Las encuestas dibujan un panorama cada vez más sombrío para Pedro Sánchez y el entramado político que sostiene a su Gobierno: los sondeos, con metodologías distintas pero una tendencia coincidente, señalan un desgaste sostenido del PSOE, una caída en la valoración del presidente y un retroceso notable de sus socios, especialmente en la izquierda alternativa y en el bloque independentista. El mensaje de fondo es nítido: la paciencia del electorado se agota. La acumulación de polémicas, la sensación de parálisis legislativa, la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y la imagen de un Ejecutivo que negocia cada votación como si fuera una subasta han erosionado la confianza incluso entre quienes apoyaron al bloque de investidura.
Sumar y Podemos aparecen en los sondeos como fuerzas en declive, fragmentadas y sin capacidad de ilusionar; ERC, Junts y otros socios territoriales muestran síntomas de fatiga y desmovilización, atrapados entre sus agendas particulares y el desgaste de sostener a un Gobierno percibido como débil. Al mismo tiempo, crece el número de indecisos y de votantes que se declaran huérfanos de representación, un indicador de desafección que apunta a un ciclo político en fase terminal. Las encuestas no son una sentencia, pero cuando durante meses repiten el mismo patrón —retroceso del PSOE, caída de sus aliados, aumento de la volatilidad y percepción de inestabilidad— dejan de ser ruido demoscópico para convertirse en un diagnóstico de fondo: el proyecto político de Sánchez ya no convence, y el bloque que lo apuntala se resquebraja también en la mente de los ciudadanos.
¿Qué está pasando con los agentes internacionales: OTAN, UE, USA, Israel, Marruecos?
En el tablero internacional, la posición de España bajo el Gobierno de Pedro Sánchez se ha vuelto más ambigua y difícil de descifrar para sus principales aliados, que observan con creciente inquietud la mezcla de fragilidad interna, giros diplomáticos y falta de definición estratégica que proyecta el Ejecutivo. En la OTAN, la percepción dominante es que España sigue siendo un aliado formalmente comprometido, pero políticamente dubitativo: el país continúa lejos del objetivo del 2 % de gasto en defensa —un compromiso que Sánchez ha reiterado sin ofrecer una hoja de ruta creíble— y la Alianza interpreta esta distancia como un síntoma de prioridades internas que pesan más que las obligaciones colectivas. La sensación es que España acompaña, pero no lidera; participa, pero no impulsa; y que su política de defensa está condicionada por equilibrios parlamentarios que dificultan cualquier avance sustantivo.
En la Unión Europea, la lectura es más compleja: Bruselas valora la estabilidad que España aporta en ciertos expedientes, pero observa con preocupación la fragilidad del Gobierno, la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y la dependencia de socios parlamentarios con agendas territoriales y políticas divergentes. La Comisión Europea ve a España como un socio fiable en lo técnico, pero imprevisible en lo político, y teme que la inestabilidad interna pueda traducirse en retrasos, incumplimientos o cambios bruscos de posición en asuntos clave. La falta de claridad estratégica en temas como la política energética, la reforma fiscal o la gobernanza económica europea alimenta la sensación de que España está más centrada en su supervivencia interna que en su papel en el proyecto comunitario.
Estados Unidos, por su parte, mantiene una relación funcional con España, pero sin la profundidad ni la confianza de etapas anteriores. Washington observa con recelo la ambigüedad española en asuntos estratégicos, desde la política hacia Israel hasta la aproximación del Gobierno a regímenes como Venezuela o Irán. La Casa Blanca percibe que España ha adoptado una diplomacia más condicionada por sus equilibrios internos que por la coherencia con sus aliados tradicionales, lo que ha enfriado una relación que antes se daba por sólida. Para Estados Unidos, España sigue siendo un socio necesario por su posición geográfica y su papel en la OTAN, pero ya no es un aliado políticamente previsible.
Israel vive la etapa Sánchez con una mezcla de desconfianza y abierta irritación. Las declaraciones del Gobierno español sobre el conflicto en Gaza, la falta de alineamiento con los principales socios occidentales y la percepción de que España ha adoptado una postura más cercana a los discursos críticos con el Estado israelí han deteriorado una relación que ya era frágil. En Jerusalén se interpreta que el Ejecutivo español ha priorizado su agenda interna y sus alianzas parlamentarias sobre la coherencia diplomática, lo que ha llevado a un enfriamiento sin precedentes entre ambos países. La distancia no es solo política, sino simbólica, y ha dejado a España en una posición incómoda dentro del bloque occidental.
Marruecos, en cambio, observa a Sánchez desde una posición de ventaja estratégica. La política exterior española ha quedado condicionada por la necesidad de mantener la calma en el Estrecho y en Ceuta y Melilla, lo que ha otorgado a Rabat un margen de presión inédito. La percepción marroquí es que el Gobierno español está dispuesto a ceder más de lo habitual para evitar crisis migratorias o diplomáticas, y esa lectura ha reforzado la sensación de que la relación se ha desequilibrado en favor de Marruecos, que actúa con creciente seguridad y sin temor a tensiones públicas. La ambigüedad española respecto al Sáhara Occidental y la falta de una estrategia clara han consolidado la idea de que Rabat marca el ritmo y Madrid reacciona.
El resultado es un panorama internacional donde España aparece como un actor cuya política exterior está condicionada por su fragilidad interna, su dependencia parlamentaria y su dificultad para cumplir compromisos estructurales como el gasto en defensa. Sus aliados tradicionales observan con recelo esta deriva, sus socios regionales aprovechan la debilidad y la percepción general es que el país ha perdido claridad estratégica en un momento en que la geopolítica exige definiciones firmes. En este contexto, la cuestión que empieza a plantearse en los círculos diplomáticos es si España podrá recuperar una posición de liderazgo y previsibilidad o si seguirá atrapada en una política exterior marcada por la improvisación y la supervivencia interna.
Conclusiones
En amplios sectores del debate público se ha instalado la idea de que Pedro Sánchez gobierna España bajo una lógica de resistencia personal que desborda los cauces habituales de la política democrática. Según analistas independientes como Luis del Pino, de Radio Libertad, Sánchez está en modo Sansón, dispuesto a arrasarlo todo antes de su caída definitiva. La percepción crítica sostiene que el presidente actúa como si su permanencia en el cargo fuera un fin en sí mismo, incluso a costa de tensar los equilibrios institucionales que sostienen el sistema.
La erosión del poder judicial, la presión constante sobre los órganos de control, la utilización del Parlamento como un mero instrumento de trámite y la creciente irrelevancia de la Corona como poder moderador alimentan la sensación de que el país avanza hacia un modelo donde la arquitectura constitucional queda subordinada a la supervivencia del Ejecutivo. La ausencia prolongada de Presupuestos Generales del Estado, la dependencia de socios parlamentarios con agendas incompatibles y la sucesión de reformas legales hechas a medida han reforzado la impresión de que el Gobierno opera en un estado de excepcionalidad permanente, donde cada decisión se justifica por la necesidad de resistir un día más.
España aparece como un país que no previó la deslealtad constitucional y que carece de mecanismos de equilibrio suficientemente robustos para frenar los excesos de un Ejecutivo decidido a estirar los límites del sistema. La fragmentación del Parlamento, la debilidad de los contrapesos internos y la falta de una cultura política orientada al control del poder han creado un terreno fértil para que el Gobierno avance en una estrategia de concentración institucional sin precedentes desde la Transición. La sensación de que el presidente está dispuesto a llevar la estabilidad institucional al límite —y que incluso podría explorar vías para retrasar procesos electorales o condicionar su desarrollo— forma parte de un clima político donde la desconfianza se ha convertido en el eje central del debate.
La crítica más dura sostiene que Sánchez ha convertido la política española en un escenario donde la lógica del “todo vale” se impone sobre la responsabilidad institucional. La presión sobre el Consejo General del Poder Judicial, la colonización de organismos independientes, la utilización del Parlamento para aprobar reformas exprés y la dependencia de socios que exigen contrapartidas crecientes han alimentado la percepción de un Ejecutivo que opera sin frenos efectivos. En este contexto, la estabilidad institucional se percibe como un daño colateral asumible, la separación de poderes como un obstáculo a sortear y la alternancia democrática como un riesgo que debe aplazarse mediante ingeniería parlamentaria.
El resultado es un país donde la política se ha convertido en un ejercicio de resistencia personalista, donde el Gobierno parece dispuesto a tensar cada resorte institucional con tal de mantenerse en pie, y donde la ciudadanía observa con creciente inquietud cómo los equilibrios que sostienen la democracia se erosionan en nombre de la supervivencia política. La pregunta que emerge, cada vez con más fuerza, es si España dispone de los mecanismos necesarios para reconducir esta deriva o si el sistema seguirá deslizándose hacia un modelo donde el poder se ejerce sin contrapesos reales y donde la permanencia en el cargo se convierte en el único horizonte político. El pulso es claro: Sánchez contra todos. Y ello a pesar del enigma sobre su estado de salud, punto de la agenda que es obvio a ojos vistas, pues basta con mirar sus apariciones audiovisuales. Pero también en este tema el hermetismo y la resistencia han tomado forma en la psique del zombi.
Antonio Miguel Sánchez, psicólogo licenciado por la UNED, políglota y observador políticamente incorrecto durante los últimos 50 años
