Este martes, en una reunión de gabinete celebrada en la Casa Blanca, Donald Trump anunció que su administración prepara “muy pronto” ataques terrestres en territorio venezolano contra lo que describió como “cárteles del narcotráfico”. Según sus palabras, los ataques por tierra, tras una ola ya de operaciones aéreas y navales en el Caribe y el Pacífico, serían la siguiente fase del plan. “Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto”, declaró Trump, usando un lenguaje duro y directo.
Pero su advertencia no se limitó a Venezuela. En la misma comparecencia, Trump dijo que países que produzcan y exporten drogas hacia Estados Unidos “están sujetos a ataques” — y señaló explícitamente a Colombia. “He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación … y luego nos venden cocaína. Cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela”, afirmó.
De esta forma, Colombia, tradicional aliado de Estados Unidos en la lucha antidrogas, quedó en la mira de lo que podría ser una ampliación del conflicto militar en la región hispanoamericana. El anuncio marca una escalada significativa en retórica y amenaza militar: hasta ahora, las operaciones se habían concentrado en bombardeos a embarcaciones en altamar, atribuidas a tráfico de estupefacientes; ahora se plantea llevar la lucha al “corazón” de países soberanos.
Las declaraciones de este martes se enmarcan en una ofensiva militar en curso por parte de Estados Unidos. Desde septiembre de 2025, su flota ha llevado a cabo ataques a embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe y en el Pacífico. Según fuentes estadounidenses, esas acciones habrían provocado decenas de muertes, aunque los detalles, la identidad de los atacados y la veracidad de las acusaciones siguen siendo objeto de controversia internacional.
En ese contexto, Trump considera que el traslado a operaciones “terrestres” es una medida inevitable: “Por tierra es mucho más fácil”, dijo, alegando que tienen mapeadas las rutas, residencias y localización de los supuestos “malos”. La justificación oficial es la guerra contra las drogas y la protección de la seguridad interna de EE.UU., según la visión de la Casa Blanca.
Las reacciones en Colombia: soberanía, dignidad y advertencias
La respuesta al discurso de Trump, desde Bogotá, no se hizo esperar. El presidente colombiano, Gustavo Petro, reaccionó con dureza ante lo que consideró una amenaza directa a la soberanía nacional. En medios colombianos y declaraciones oficiales se rechazó “cualquier amenaza de agresión externa que vulnere la dignidad, la integridad del territorio y la soberanía del pueblo colombiano”.
Petro, además, recordó los esfuerzos de su Gobierno: aseguró que Colombia ha destruido, sin recurrir a misiles ni bombardeos, decenas de miles de laboratorios de cocaína; dijo que si alguien quiere “venir a Colombia” a participar en esa destrucción, que lo haga, pero que no amenace al país. “Invito a que lo hagan, pero no nos amenacen, porque despertará el Jaguar”, alertó el mandatario, usando un lenguaje simbólico para dejar claro que Colombia no aceptará imposiciones militares ni agresiones.
A su vez, el Gobierno colombiano denunció que la estrategia estadounidense, centrada en intervenciones militares unilaterales, contraviene las normas del derecho internacional, y puso el foco en la necesidad de soluciones multilaterales, diplomáticas, con respeto a la soberanía.
Este rechazo se da en un contexto de tensión acumulada: las recientes medidas de EE. UU. contra Colombia, recortes de ayuda, acusaciones directas al presidente y amenazas de sanciones, ya habían deteriorado las relaciones bilaterales. Ahora, con la posibilidad de operaciones militares, la alarma se extiende a toda la región.
Riesgos de una guerra regional y consecuencias humanitarias
La escalada propuesta por Trump no sólo implica riesgos diplomáticos: una intervención militar en Venezuela, con posibles efectos colaterales en Colombia, y en toda la región latinoamericana, abre un escenario de inestabilidad, desplazamientos masivos, violaciones al derecho internacional y crisis humanitarias. Analistas advierten que usar el combate al narcotráfico como pretexto para intervenir militarmente en Estados soberanos podría desencadenar conflictos graves, con consecuencias impredecibles.
Además, la historia reciente muestra que los ataques a embarcaciones, aunque presentados por Washington como acciones antidroga, han tenido víctimas civiles, lo que ya ha generado condenas internacionales por su probable carácter extrajudicial. Para muchos en Hispanoamérica, esta ofensiva representa la reactivación de viejos fantasmas de intervenciones externas, y pone en tela de juicio el respeto al principio de soberanía nacional y la posibilidad de soluciones regionales concertadas, en lugar de intervenciones unilaterales.
Más allá de lo militar, este enfrentamiento refleja también una estrategia de criminalización del narcotráfico y del poder político hispanoamericano. Trump no duda en acusar directamente a líderes nacionales de ser parte del problema, lo que en el caso de Colombia y Petro ha añadido un matiz de confrontación personal, con amenazas explícitas. Para Petro, esa criminalización no es una cuestión de combate al narcotráfico: es una ofensiva política, que busca debilitar gobiernos independientes, erosionar instituciones democráticas, y justificar intervenciones externas.
La retórica de Trump sobre la premisa de “si trafican drogas, serán atacados”, pone al narcotráfico como causa suficiente para una guerra. Pero, como advierten expertos y gobiernos hispanoamericanos, los problemas estructurales del narcotráfico, pobreza, desigualdad, demanda internacional y debilidad institucional, no se solucionan con misiles, sino con políticas sociales, cooperación regional y respeto al derecho internacional.
Con estas amenazas en marcha, Hispanoamérica enfrenta una encrucijada. Si EE.UU. decide avanzar con su ofensiva terrestre, la región podría ver una escalada militar, reconfiguración de alianzas, desplazamientos de población, crisis humanitarias y una ruptura de la soberanía de varios Estados. Ante ello, voces regionales y organismos internacionales deben actuar: promover el diálogo, exigir respeto al derecho internacional, evitar que la guerra contra las drogas se transforme en guerra contra los pueblos.
Para Colombia, y su Gobierno con Gustavo Petro al frente, la decisión será clara: defender soberanía, exigir respeto, y rechazar cualquier intervención que vulnere la dignidad del país. Para Venezuela, ya en estado de tensión, significará prepararse para una posible ofensiva abierta. Y para toda Hispanoamérica será un momento definitorio: elegir entre la guerra y la diplomacia, entre la soberanía y la dependencia.
