En un contexto marcado por el debate sobre la actuación policial, la transparencia institucional y la confianza ciudadana, un nuevo modelo estadístico desarrollado por el criminólogo Greg Ridgeway plantea un cambio de enfoque en la forma en que las fuerzas de seguridad pueden evaluar el uso de la fuerza por parte de sus agentes. El sistema, impulsado desde la University of Pennsylvania, propone una metodología más precisa que los modelos tradicionales para identificar comportamientos potencialmente problemáticos en situaciones operativas reales. Sus hallazgos se publicaron en la Revista de la Asociación Americana de Estadística.
A diferencia de los mecanismos habituales —basados en contar el número de incidentes en los que un agente ha empleado la fuerza— el modelo introduce una variable clave: el contexto. Factores como la hora del día, la ubicación, el tipo de intervención o la naturaleza del incidente se incorporan al análisis para evitar comparaciones simplistas entre agentes que operan en entornos muy distintos.
De este modo, la herramienta no se limita a medir cuántas veces un policía utiliza la fuerza, sino que calcula la probabilidad de que lo haga en mayor medida que sus compañeros en circunstancias equivalentes.
El enfoque supone una evolución relevante en la gestión policial. Tradicionalmente, los sistemas de alerta temprana activan revisiones cuando un agente supera determinados umbrales —por ejemplo, más de dos incidentes en un periodo concreto—, lo que puede generar distorsiones. Un policía destinado a una zona con alta conflictividad puede acumular más intervenciones sin que ello implique un comportamiento inapropiado, mientras que otro con menos incidentes podría pasar desapercibido pese a aplicar niveles de fuerza desproporcionados en contextos similares.
El modelo de Ridgeway trata de corregir este sesgo mediante una ecuación que neutraliza las diferencias ambientales y temporales, centrándose en el comportamiento individual. Para ello, compara incidentes en los que participaron varios agentes y analiza quién recurrió a niveles más elevados de fuerza, estableciendo patrones a partir de datos reales. El objetivo no es determinar culpabilidad, sino detectar desviaciones significativas que justifiquen una revisión más detallada por parte de los supervisores.
Los resultados de esta investigación, publicados en la citada revista científica Journal of the American Statistical Association, apuntan a la utilidad práctica del sistema. En colaboración con el Seattle Police Department, el equipo analizó datos de uso de la fuerza registrados entre abril de 2014 y marzo de 2021, un periodo caracterizado por una documentación exhaustiva de las intervenciones policiales. A partir de este conjunto de datos, el modelo identificó a nueve agentes situados en el 5% superior de probabilidad de escalada de fuerza, así como a 13 en el extremo opuesto.
Uno de los casos más significativos fue el de un agente que, en nueve intervenciones compartidas con otros compañeros, fue siempre quien aplicó el nivel más alto de fuerza, y en siete de ellas el único en hacerlo. Este tipo de patrones, según los investigadores, no constituyen por sí mismos una prueba de conducta indebida, pero sí ofrecen una base objetiva para iniciar auditorías internas y examinar si las decisiones adoptadas fueron proporcionales a la situación.
El modelo no se limita a identificar posibles problemas, sino que también propone vías de actuación. Entre las medidas contempladas se incluyen formación adicional, advertencias, cambios de destino hacia funciones de menor riesgo o, en casos extremos, sanciones disciplinarias. El objetivo es preventivo: intervenir antes de que se produzcan incidentes graves y mejorar la calidad de la actuación policial mediante herramientas basadas en evidencia.
El desarrollo de esta herramienta se produce en un contexto de creciente demanda de rendición de cuentas en las fuerzas de seguridad, especialmente en Estados Unidos, donde numerosos estudios han señalado que una parte significativa de los encuentros entre policías y ciudadanos implica algún tipo de uso de la fuerza. Además, una proporción relevante de las personas afectadas percibe estas actuaciones como excesivas, lo que ha alimentado protestas sociales y ha puesto en cuestión los sistemas tradicionales de supervisión interna.
La trayectoria de Ridgeway refuerza la credibilidad de este enfoque. Además de su labor académica, ha ocupado cargos relevantes en instituciones como el RAND Center on Quality Policing y el National Institute of Justice, y ha colaborado con departamentos policiales de ciudades como Los Ángeles, Nueva York o Cincinnati. Su trabajo se caracteriza por la aplicación de métodos cuantitativos al análisis del crimen y la gestión policial, con el objetivo de trasladar la investigación científica a la práctica operativa.
Más allá del caso de Seattle, el modelo abre la puerta a su aplicación en otros cuerpos policiales, tanto en Estados Unidos como en otros países con sistemas de registro detallados. La posibilidad de comparar resultados entre diferentes departamentos permitiría identificar buenas prácticas, ajustar programas de formación y diseñar políticas basadas en datos, en lugar de percepciones o criterios arbitrarios.
Las implicaciones de este enfoque son amplias. Por un lado, ofrece a las instituciones una herramienta para mejorar la supervisión interna y reducir riesgos. Por otro, puede contribuir a reforzar la confianza ciudadana al introducir mayor transparencia en la evaluación del comportamiento policial. Sin embargo, también plantea desafíos, como la necesidad de garantizar la calidad de los datos, evitar interpretaciones erróneas y asegurar que las decisiones derivadas del análisis respeten los derechos de los agentes.
En definitiva, el modelo propuesto por Greg Ridgeway representa un paso hacia una gestión policial más basada en la evidencia, en un momento en el que la legitimidad de las fuerzas de seguridad depende en gran medida de su capacidad para actuar con proporcionalidad, eficacia y responsabilidad. Su posible adopción a gran escala podría marcar un cambio significativo en la forma en que se previenen y abordan los excesos en el uso de la fuerza, con impacto tanto en la seguridad pública como en la relación entre policía y ciudadanía.
