La experiencia del odio en California no es uniforme ni aleatoria. Un amplio estudio elaborado por el UCLA Center for Health Policy Research revela que determinados grupos sociales presentan una probabilidad mucho mayor de sufrir actos de odio, desde insultos y acoso verbal hasta agresiones físicas. Los resultados podrían extrapolarse, de algún modo, a otros territorios o países del orbe occidental.
El análisis, basado en datos de la Encuesta de Entrevistas de Salud de California (CHIS) correspondientes a 2023 y 2024, dibuja un mapa complejo en el que factores como la raza, la identidad de género, la orientación sexual, la discapacidad o la estabilidad de la vivienda condicionan de forma decisiva la exposición a este tipo de violencia.
Según el estudio, aproximadamente uno de cada once californianos mayores de 12 años —un 9%— declaró haber sufrido algún acto de odio en el año previo a la encuesta. En términos absolutos, esto se traduce en cerca de 3,1 millones de personas, una cifra que supone medio millón más que el año anterior y que confirma una tendencia al alza. Este incremento se produce en paralelo a un aumento sostenido de los delitos de odio registrados oficialmente: el Departamento de Justicia de California estima que las denuncias han crecido un 142% desde 2015.
Sin embargo, tras este promedio general se esconden desigualdades notables. El informe pone de relieve que ciertos colectivos concentran una proporción muy superior de estos incidentes. Las personas transgénero y de género no binario encabezan la lista: más de una de cada cuatro —un 26%— afirmó haber sufrido un acto de odio, lo que triplica la tasa registrada entre personas cisgénero. También presentan niveles elevados los adultos con vivienda inestable, con un 20%, así como los nativos hawaianos o isleños del Pacífico (18%) y la población negra o afroamericana (16%).
Para el analista de datos Alex Bates, autor principal del estudio, estos resultados confirman que “el odio no se experimenta por igual entre las personas en California”. El investigador subraya que comprender estas diferencias resulta esencial para abordar las consecuencias que estos actos tienen sobre la salud mental y física de quienes los sufren, así como para diseñar políticas públicas eficaces.
Racismo persistente y desigualdades estructurales
El análisis por raza y etnia revela patrones consistentes. Los isleños del Pacífico no hispanos registran la tasa más alta de victimización, seguidos de cerca por afroamericanos y personas multirraciales. También presentan cifras relevantes los colectivos de origen de Oriente Medio o Norte de África (13%) y los indígenas americanos o nativos de Alaska (13%). En niveles algo inferiores, aunque igualmente significativos, se sitúan los asiáticos (10%), los latinos (9%) y los blancos (8%).
Estos datos reflejan la persistencia de desigualdades estructurales y prejuicios históricos que afectan de forma desproporcionada a determinados grupos raciales y étnicos. Aunque el estudio no entra en causas específicas, sí apunta a la necesidad de considerar el contexto social y cultural en el que se producen estos incidentes.
Diversidad sexual y de género: un factor de riesgo elevado
Uno de los hallazgos más contundentes del informe se refiere a la identidad de género y la orientación sexual. Las personas transgénero y no binarias no solo presentan la tasa más alta de victimización, sino que además evidencian una brecha significativa respecto al resto de la población. Por su parte, las personas con diversidad sexual —incluyendo lesbianas, gays, bisexuales o pansexuales— tienen el doble de probabilidades de sufrir actos de odio que las personas heterosexuales (16% frente al 8%).
Este fenómeno pone de relieve la vulnerabilidad específica de las minorías sexuales y de género, incluso en estados como California, tradicionalmente considerados más inclusivos. Los investigadores sugieren que una mayor visibilidad y reconocimiento social de estas identidades puede ir acompañada de una mayor exposición a situaciones de discriminación o violencia.
El estudio también identifica otros factores de vulnerabilidad menos visibles pero igualmente relevantes. Las personas con discapacidad presentan una tasa de victimización del 12%, casi el doble que quienes no tienen discapacidad. Esta diferencia apunta a la existencia de barreras adicionales que afectan a este colectivo, tanto en términos de exposición al odio como de capacidad de respuesta.
La situación de vivienda emerge como otro elemento determinante. Entre los adultos que declararon vivir en condiciones inestables, uno de cada cinco sufrió actos de odio en el último año, una proporción casi tres veces superior a la de quienes cuentan con una vivienda estable. Este dato evidencia la intersección entre precariedad económica y vulnerabilidad social, y su impacto en la experiencia del odio.
El informe no se limita a describir el problema, sino que también plantea recomendaciones. Una de las principales es la necesidad de ofrecer alternativas a la denuncia policial tradicional, especialmente en comunidades donde existe desconfianza hacia las fuerzas de seguridad. Este enfoque busca facilitar el acceso a apoyo para las víctimas y mejorar la recopilación de datos sobre incidentes de odio.
La directora de investigación del centro, Susan Babey, subraya la importancia de la información estadística para orientar las políticas públicas. “Sin estos datos sería mucho más difícil dirigir recursos a las áreas y personas que más lo necesitan”, señala.
El crecimiento de los actos de odio en California plantea interrogantes sobre su origen y evolución. Aunque el estudio no identifica causas concretas, sugiere que factores como la polarización social, las desigualdades económicas o la visibilidad de determinados colectivos pueden influir en esta tendencia.
En cualquier caso, el informe pone de manifiesto que el odio no es un fenómeno marginal, sino una realidad que afecta a millones de personas y que tiene consecuencias profundas, tanto a nivel individual como colectivo. Desde problemas de salud mental hasta la erosión de la cohesión social, sus efectos trascienden el ámbito de la víctima directa.
