United States Counterterrorism Strategy (2026).
La Casa Blanca hizo público este mes de mayo el documento United States Counterterrorism Strategy (2026), un texto de dieciséis páginas que constituye la primera estrategia antiterrorista formal del segundo mandato del presidente Donald Trump. Publicado con motivo del 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre, el documento no es únicamente una hoja de ruta operacional: es, ante todo, una declaración política e ideológica que redefine de manera sustancial el concepto mismo de terrorismo y los instrumentos admisibles para combatirlo.
Estructura y contenido
El texto se organiza en torno a un prólogo presidencial de tono marcadamente triunfalista, seguido de apartados dedicados a la amenaza, los principios y prioridades estratégicas, los recursos disponibles, el análisis regional y la amenaza de las armas de destrucción masiva. El capítulo de cierre, bajo el epígrafe America First Counterterrorism, funciona como colofón doctrinal.
La arquitectura del documento es coherente con la lógica del America First: se parte de la premisa de que el terrorismo es, ante todo, una amenaza a la patria (homeland) y no un fenómeno global que requiera respuestas multilaterales. El multilateralismo aparece subordinado a la bilateralidad y a la presión de reparto de cargas (burdenshifting) sobre los aliados, especialmente europeos.
Redefinición del concepto de terrorismo
El aspecto analíticamente más relevante —y polémico— del documento es la ampliación del espectro de actores considerados terroristas. La estrategia identifica tres categorías de amenaza: narcoterroristas y bandas transnacionales, terroristas islamistas heredados (legacy Islamist terrorists) y extremistas violentos de izquierda, con mención expresa a grupos anarquistas y antifascistas. Esta tríada supone una ruptura con la tradición doctrinal de posguerra fría, que circunscribía el terrorismo a la violencia yihadista transnacional y a las organizaciones con agenda separatista o revolucionaria de alcance internacional.
La equiparación de los cárteles de la droga con organizaciones terroristas —mediante su designación formal como Foreign Terrorist Organizations (FTO)— tiene consecuencias jurídicas, operacionales y de inteligencia de primer orden. Permite activar autoridades de vigilancia ampliadas, sanciones financieras y, según se desprende del texto, el uso del aparato militar contra objetivos en el hemisferio occidental. La mención a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en el marco de la denominada Operación Absolute Resolve —presentada como éxito emblemático de esta doctrina— ilustra hasta qué punto la estrategia desdibuja la frontera tradicional entre operaciones antiterroristas y política exterior coercitiva.
La «corolario Trump» y la nueva doctrina Monroe
El documento introduce explícitamente lo que denomina el Trump Corollary, concebido como actualización de la Doctrina Monroe para el siglo XXI. Bajo este paraguas conceptual, Estados Unidos se arroga el derecho de actuar militarmente en cualquier punto del hemisferio occidental cuando entienda que un gobierno es cómplice de los cárteles o no puede o no quiere actuar contra ellos. La formulación es taxativa: «si no pueden, o no quieren, tomaremos las medidas que sean necesarias para proteger nuestro país, especialmente si el gobierno en cuestión es cómplice de los cárteles». La ausencia de umbrales precisos para la activación de este principio constituye uno de los puntos de mayor ambigüedad estratégica del texto.
La amenaza islamista y los Hermanos Musulmanes
En materia de terrorismo yihadista, la estrategia mantiene la continuidad con las líneas del primer mandato Trump, aunque con matices significativos. Se designan explícitamente cinco grupos islamistas —encabezados por Al Qaeda, con especial énfasis en AQAP, y por el Estado Islámico, en particular ISIS-K— como objetivos prioritarios de destrucción. La decisión de incluir a los Hermanos Musulmanes en la lista de FTO se presenta como un elemento central de la estrategia, dado que el documento la identifica como la raíz genealógica de todo el yihadismo moderno.
Resulta de interés doctrinal la autorización presidencial de delegar la facultad de ordenar ataques cinéticos contra objetivos terroristas en los mandos combatientes (Combatant Commanders), revertiendo la práctica del período Biden de centralizar dichas decisiones en la Casa Blanca. Esta delegación, que ya caracterizó el primer mandato, reduce los tiempos de respuesta operacional, pero plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión y el riesgo de escalada no deseada.
Europa y el concepto de amenaza híbrida
El capítulo dedicado a Europa es, desde la perspectiva de un lector español o europeo, uno de los más llamativos. El texto reconoce a los aliados europeos como socios antiterroristas preferentes a largo plazo, pero formula una crítica directa a sus políticas migratorias, a las que atribuye haber convertido el continente en un «entorno operativo permisivo» para grupos terroristas. La advertencia es inequívoca: Europa debe aumentar «de inmediato» su esfuerzo antiterrorista o verá limitada la cooperación estadounidense.
Resulta también significativo el reconocimiento explícito de las amenazas híbridas —sabotajes, operaciones de influencia, asesinatos atribuibles a actores estatales— como categoría específica de actuación, en sintonía con el marco conceptual desarrollado por la OTAN y por centros como el Hybrid CoE de Helsinki. La mención a la cooperación con socios europeos para «contrarrestar la acción estatal encubierta» sugiere que, pese a las tensiones transatlánticas en otros ámbitos, el espacio de colaboración en inteligencia y contraterrorismo se mantiene como vector de relación bilateral.
Armas de destrucción masiva (ADM)
La sección dedicada a las ADM refuerza la consideración del fentanilo y sus precursores como armas de destrucción masiva, siguiendo la lógica de la designación FTO de los cárteles. Aunque esta categorización puede tener un efecto retórico y jurídico de movilización de recursos, no deja de generar fricciones conceptuales con la definición técnica y jurídico-internacional de las ADM. La estrategia reitera el compromiso de actualizar las directivas presidenciales NSPM-35 y NSPM-36 sobre atribución y respuesta a amenazas nucleares, en un contexto marcado por los ataques a las instalaciones nucleares iraníes descritos en el texto.
Valoración crítica
El documento contiene algunas debilidades analíticas que merecen ser señaladas. En primer lugar, la instrumentalización política del pasado reciente —la referencia sistemática a los «cuatro años de debilidad» de la Administración Biden— socava la credibilidad del texto como documento estratégico y lo aproxima al género del manifiesto electoral. En segundo lugar, la ambigüedad intencional en torno a los umbrales de activación de la fuerza —especialmente en el hemisferio occidental— genera incertidumbre estratégica, que puede ser tanto una herramienta de disuasión como una fuente de errores de cálculo por parte de terceros actores.
La inclusión de los extremistas violentos de izquierda en el mismo plano que el yihadismo transnacional o los cárteles plantea, además, interrogantes sobre la aplicación de los poderes antiterroristas en el ámbito doméstico, con implicaciones directas para las libertades civiles que el propio documento afirma querer proteger. El texto intenta blindarse ante esta crítica insistiendo en que las capacidades antiterroristas no se emplearán con fines políticos, pero la ausencia de mecanismos institucionales de control independiente hace que dicha garantía descanse exclusivamente en la voluntad del ejecutivo.
Conclusión
La United States Counterterrorism Strategy de 2026 es un documento de lectura obligada para los analistas de seguridad, no solo por lo que dice, sino por lo que revela sobre la evolución de la doctrina estratégica estadounidense bajo el segundo mandato Trump. Su enfoque de «paz mediante la fuerza», la ampliación del concepto operativo de terrorismo, la reactivación de la Doctrina Monroe y la presión sobre los aliados para asumir mayor carga en la gestión de amenazas compartidas configuran un marco que tendrá consecuencias directas sobre la arquitectura de seguridad transatlántica y, en particular, sobre la política antiterrorista española y europea en los próximos años.
Reseña elaborada a partir del texto íntegro del documento oficial publicado por la Casa Blanca en mayo de 2026.
