Un estudio reciente de la Universidad de California, Berkeley advierte de un problema creciente en Estados Unidos: los bajos salarios y la escasa formación de los vigilantes de seguridad no solo afectan a los trabajadores, sino que pueden poner en riesgo a la ciudadanía. La investigación apunta a un modelo laboral que combina precariedad, alta rotación y responsabilidades cada vez más complejas.
La figura del vigilante de seguridad se ha vuelto omnipresente en la vida cotidiana. Desde hospitales y centros comerciales hasta obras públicas y campus universitarios, estos trabajadores son a menudo la primera línea de respuesta ante incidentes. Sin embargo, detrás de esta presencia constante se esconde una realidad menos visible: condiciones laborales precarias que, según advierte un estudio reciente, pueden tener consecuencias directas sobre la seguridad pública.
La investigación, difundida ahora, concluye que los bajos salarios y la insuficiente formación de los vigilantes constituyen un riesgo estructural. El problema no es solo laboral, sino sistémico: afecta tanto a la calidad del servicio como a la capacidad de prevenir y gestionar situaciones de riesgo.
Un sector esencial, pero infravalorado
El estudio parte de una premisa clara, el hecho de que los vigilantes de seguridad desempeñan funciones críticas. No solo controlan accesos o supervisan instalaciones, sino que también intervienen en conflictos, gestionan emergencias y actúan como primeros actores en situaciones de crisis.
Sin embargo, sus condiciones laborales no reflejan esa responsabilidad. En Estados Unidos, el salario medio del sector se sitúa en torno a los 17 dólares por hora, una cifra significativamente inferior a la media del sector privado.
A esta realidad se suma la falta de beneficios laborales. Cerca del 40% de los trabajadores no dispone de seguro médico proporcionado por su empleador, lo que evidencia una precariedad estructural en un sector que emplea a más de un millón de personas.
Uno de los puntos más críticos del estudio es la formación. A pesar de que los vigilantes deben enfrentarse a situaciones que requieren habilidades específicas —desde la desescalada de conflictos hasta la gestión de emergencias—, los requisitos formativos son, en muchos casos, mínimos, según el estudio.
En algunos estados, basta con unas pocas horas de formación para acceder al puesto. Esta falta de preparación contrasta con la creciente complejidad de las funciones asignadas, especialmente en entornos sensibles como hospitales o infraestructuras críticas.
El resultado es un desfase entre lo que se espera de estos trabajadores y las herramientas que se les proporcionan para cumplir su labor. Según los investigadores, esta brecha puede traducirse en errores de actuación, decisiones inadecuadas o una menor capacidad de prevención.
Alta rotación: un problema estructural
La precariedad salarial y la falta de desarrollo profesional tienen una consecuencia directa: la alta rotación. El sector de la seguridad privada registra tasas superiores al 50% anual, muy por encima de la media de otros sectores.
Esta rotación constante dificulta la acumulación de experiencia y conocimiento. Los trabajadores abandonan el puesto antes de adquirir las competencias necesarias, lo que obliga a las empresas a formar continuamente a nuevos empleados. Además, la falta de estabilidad afecta a la calidad del servicio. Un vigilante recién incorporado no conoce en profundidad el entorno en el que trabaja ni los protocolos específicos del lugar, lo que reduce su capacidad de respuesta ante incidentes.
Uno de los factores que explica esta situación es el modelo de subcontratación. En Estados Unidos, tres de cada cinco vigilantes trabajan para empresas contratistas, no directamente para las organizaciones que protegen. Este sistema permite reducir costes, pero a menudo lo hace a costa de los salarios y las condiciones laborales. Las empresas contratistas compiten en precio, lo que presiona a la baja las retribuciones y limita la inversión en formación.
El estudio de Berkeley señala que este modelo no solo afecta a los trabajadores, sino que también puede comprometer la seguridad. La externalización diluye responsabilidades y dificulta la implementación de estándares homogéneos de calidad.
Consecuencias para la seguridad pública
Las implicaciones de este escenario van más allá del ámbito laboral. Según los investigadores, la combinación de bajos salarios, escasa formación y alta rotación crea un entorno en el que los riesgos aumentan. En situaciones de emergencia, la falta de preparación puede traducirse en respuestas ineficaces o incluso peligrosas. En contextos cotidianos, como la vigilancia de espacios públicos, puede derivar en fallos de supervisión o en la incapacidad de detectar comportamientos sospechosos.
Además, los propios vigilantes están expuestos a mayores riesgos. La falta de formación adecuada aumenta la probabilidad de sufrir agresiones o accidentes laborales, lo que refuerza el círculo de precariedad.
El estudio también pone de relieve el perfil demográfico del sector. Una parte significativa de los trabajadores son personas inmigrantes o pertenecientes a minorías, lo que introduce una dimensión social en el análisis. Las condiciones laborales no afectan de manera uniforme, sino que inciden especialmente en colectivos ya vulnerables. Esto plantea interrogantes sobre la equidad del modelo y sobre el papel de las políticas públicas en la regulación del sector.
Los investigadores apuntan a varias líneas de actuación para mejorar la situación. Entre ellas, destacan el aumento de los salarios, la implantación de estándares mínimos de formación y la regulación del modelo de subcontratación. Experiencias previas muestran que mejorar las condiciones laborales puede tener efectos positivos. En algunos casos, incrementos salariales han reducido drásticamente la rotación y mejorado la calidad del servicio. Asimismo, la introducción de estándares de formación más exigentes podría contribuir a profesionalizar el sector y a reforzar su papel en la seguridad pública.
El informe de Berkeley se suma a un debate más amplio sobre el papel de la seguridad privada en las sociedades contemporáneas. A medida que crece la demanda de estos servicios, también aumenta la necesidad de garantizar su calidad. La cuestión de fondo es si un sector clave para la seguridad puede sostenerse sobre un modelo basado en bajos costes laborales. Para los investigadores, la respuesta es clara: sin inversión en salarios y formación, los riesgos no solo afectan a los trabajadores, sino a toda la sociedad.
