La Policía Nacional detenía este 1 de julio en Arinaga (Gran Canaria) a dos jóvenes, nacidos en 2006 y con edades comprendidas entre 18 y 19 años, identificados como Yoel O.Q. y Cristian Ezequiel S.M., acusados de filtrar datos personales de figuras públicas como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; varios ministros (María Jesús Montero, Félix Bolaños, Fernando Grande‑Marlaska, entre otros); la presidenta del Congreso Francina Armengol; líderes autonómicos (Salvador Illa, María Guardiola, Juanma Moreno, Ada Colau) y periodistas como Silvia Intxaurrondo o Jesús Cintora.
Los arrestados se identificaron con los alias @akkaspace y @Pakito. Yoel figura como principal responsable por su perfil informático, mientras que Pakito habría colaborado en la difusión de la información. Difundían grandes volúmenes de datos —DNI, domicilios, correos, móviles— a través de canales en Telegram (uno alcanzaba 90.000 usuarios, otro 32.000) y los publicaban en una web rusa y una plataforma de doxxing.
En documentos de hasta 500 páginas, incluían hasta 3.000 datos de afiliados de Podemos y PSOE, así como de exdirigentes del PP. También promocionaban una “potente herramienta” de OSINT mediante la que, supuestamente, por 200 euros permitían búsquedas automatizadas de datos sensibles.
El jefe de sala de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha levantado secreto de sumario. Se les imputan delitos contra las instituciones del Estado y de “ciberterrorismo”, ya que las filtraciones podrían estar pensadas para “subvertir el orden constitucional”.
Los delitos potenciales que se les atribuyen son los de acceso ilícito a datos personales – hasta 5 años de prisión (art. 197 Código Penal), agravable por tratarse de figuras protegidas y difusión pública; organización criminal, si la fiscalía demuestra estructura coordinada y ánimo de lucro; y ciberterrorismo, por afectar al orden institucional, previsto tras reforma del 2015, con penas elevadas que pueden incluir hasta 20 años si hay agravantes (grave riesgo institucional).
El principal hacker sería Yoel, un joven con habilidades informáticas y considerado principal ejecutor. Fue activo en redes y pudo acceder a servidores del Congreso según chats incautados. Pakito, por su parte, es amigo, sin perfil técnico, pero implicado en la difusión. Ambos mantenían conversaciones grabadas en kick/Telegram publicando amenazas y apoyo a grupos ultraderechistas. En una emisión en Kick, se mostraron desafiantes: “Al PSOE no le queda nadie…”, “guillotina a Sánchez”, “No estamos localizados ni detenidos”.
Durante los registros domiciliarios en Arinaga (avenida Polizón, Las Palmas), las autoridades decomisaron ordenadores, móviles, pendrives y cajas con material informático, además de evidencias sobre el uso de servicios automatizados, soporte web en Rusia y chats con amenazas de nuevas filtraciones.
Ambos ya han viajado a Madrid para declarar ante la Audiencia Nacional y, probablemente, entrar en prisión provisional por riesgo de fuga o destrucción de pruebas.
¿Qué penas concretas podrían imponerse? Por revelación de secretos 1–5 años, hasta 7 si se agrava (vinculación organizativa); por acceso ilícito, de 1 a 4 años (art. 197 bis/198 Código Penal); por organización criminal, de 3 a 9 años según normativa y grado de coordinación, y por ciberterrorismo, hasta 20 años, por intentar desestabilizar las instituciones.
Este caso ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar la protección de datos oficiales, mejorar sistemas de OSINT defensivo y endurecer la legislación. Algunos juristas abogan por penas específicas para el comercio de datos personales, incluso mayores que para el resto de ilícitos informáticos. El precedente también podría abrir investigaciones a quienes difundieron o compraron la “herramienta”, y a plataformas como Telegram por su rol en la difusión masiva.
