Finalmente, pese a la petición de jueces y formaciones políticas como el PP, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asistió al solemne acto de apertura de año judicial que presidió el Rey Don Felipe, y en cuyo marco reconoció ser “consciente” de las que calificó como “singulares circunstancias” de su intervención, la que le lleva a dar cuenta de la memoria de la fiscalía que dirige.
“Soy consciente de las singulares circunstancias de mi intervención como consecuencia de mi situación procesal. Respeto todas las opiniones que sobre el particular puedan manifestarse, y solo haré una mención al respecto en este discurso: si estoy aquí como Fiscal General del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad”.
Asimismo, agregó que “hago un humilde llamamiento para reclamar el máximo respeto a la función de la Fiscalía española… Creo firmemente en el Ministerio Fiscal como la institución fuerte que es. Sólida, confiable, que vertebra un país y que garantiza el cumplimiento de la Ley. Una institución enérgica, activa, que no sucumbe ante los embates o ataques de los delincuentes”.
El Salón de Plenos del Tribunal Supremo acogió, como cada año, la tradicional ceremonia de apertura del nuevo curso judicial, presidida por el rey Felipe VI. En el acto intervinieron la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, junto al propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en cumplimiento del artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que impone la presentación de las memorias anuales de la institución judicial y de la Fiscalía.
La normal celebración tomó un cariz tenso ante la controversia generada por la participación del fiscal general, quien se encuentra procesado y pendiente de juicio por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con la pareja de la presidenta madrileña. No en vano, diez vocales conservadores del CGPJ y varias asociaciones profesionales de jueces y fiscales pidieron que no asistiera al acto, por entender que su presencia afectaría la institución y generaría tensión.
Frente a ello, nueve vocales de corte progresista del CGPJ emitieron un comunicado conjunto en el que apelaron a preservar la legalidad y la «normalidad institucional». Defienden el cumplimiento del artículo 181, reivindicando la participación tanto del fiscal como del ministro de Justicia, Félix Bolaños, como parte de una tradición institucional consolidada.
Por su parte, el Gobierno hizo un despliegue de respaldo hacia el fiscal general. El ministro Félix Bolaños calificó de “desconsideración al Rey y al Supremo” la decisión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de no asistir al acto, y reiteró la importancia de respetar las instituciones democráticas. Además, el presidente Pedro Sánchez defendió públicamente la presunción de inocencia de García Ortiz y afirmó su continuidad en el cargo.
Feijóo, por su parte, fue uno de los ausentes destacados del evento. Argumentó que la presencia del fiscal general, en esta situación procesal, generaba un “choque institucional sin precedentes” y afirmó que acudiría en su lugar a la inauguración del curso político del PP en Madrid, junto a Isabel Díaz Ayuso, al coincidir horarios. En otra línea, la Junta de Andalucía, vía su consejero Antonio Sanz, lamentó que el acto quedase “manchado” y pidió la dimisión del fiscal general por estar imputado y pendiente de juicio.
Además, el presidente del Senado, Pedro Rollán (también del PP), no fue al acto aduciendo motivos familiares, aunque desde su entorno se desvinculó esta ausencia de la controversia judicial. A pesar del clima político cargado, la ceremonia se desarrolló según lo previsto, con la exposición de las memorias anuales del Poder Judicial y de la Fiscalía, remarcando el funcionamiento interno y los retos de eficiencia de la justicia.
Desde el Tribunal Supremo, Isabel Perelló, presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, respondió a las recientes críticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acusó a ciertos jueces de “hacer política”. En su intervención, Perelló afirmó que “las descalificaciones a la justicia son inoportunas y rechazables”, y añadió que tales comentarios “socavan de forma directa la confianza en la justicia”.
Además, subrayó su compromiso por una justicia “imparcial”, “independiente” y en la que “la democracia no puede funcionar si los ciudadanos no confían en las instituciones”. En otra intervención, en tono conciliador, enfatizó que “no es propio del Poder Judicial entrar en polémicas ni en críticas a personas ni a instituciones”, al tiempo que afirmó que defenderá con firmeza “los principios esenciales que definen al Poder Judicial y que hacen que sea digno de este nombre”.
