Saber que un terrorista de ETA, con dos condenas a sus espaldas, Ibon Meñika, es el portavoz de la organización de ataques contra la ‘Vuelta ciclista a España‘ en protesta por la actuación de Israel en la Franja de Gaza, en respuesta al ataque terrorista de Hamás de octubre de 2023, que causó (y causa) más de mil muertos, ha sorprendido a no pocos ciudadanos de buena fe que coinciden en que el ejecutivo de Netanyahu ya cruzó la línea roja con su prolongada respuesta, avalada aún por su principal aliado, Estados Unidos, entre otros.
No son cientos, ni siquiera miles las personas que están protestando por lo que ocurre en Gaza, interrumpiendo, hoy mismo, el desarrollo de esta actividad deportiva, pero sí suficientes para que el debate esté en la calle, con muchos posicionándose en modo crítico con Israel y otros tantos muchos indignándose porque los primeros están siendo llevados de la mano de quienes hasta hace pocos años participaban o alentaban los asesinatos indiscriminados de la organización terrorista ETA.
En nada ayuda el Gobierno español, cuyo líder, el socialista Pedro Sánchez, ejerce de la mano de una formación política que suma un total de once militantes o dirigentes del PSOE asesinados por ETA a lo largo de su campaña terrorista. Lo fueron Germán González López, militante del PSOE y afiliado a UGT, asesinado el 27 de octubre de 1979 en Villarreal de Urrechu (Guipúzcoa); Enrique Casas Vila, secretario de organización del PSE, senador y parlamentario vasco, asesinado el 23 de febrero de 1984 en San Sebastián; Vicente Gajate Martín, militante del PSOE y UGT, policía municipal en Rentería (Guipúzcoa), asesinado el 17 de octubre de 1984; Fernando Múgica Herzog, histórico dirigente del PSE y hermano del exministro Enrique Múgica, asesinado el 6 de febrero de 1996 en San Sebastián; Fernando Buesa Blanco, exvicelehendakari y portavoz del PSE en el Parlamento Vasco, asesinado junto a su escolta ertzaina el 22 de febrero de 2000 en Vitoria mediante coche bomba; Juan María Jáuregui Apalategui, ex gobernador civil de Guipúzcoa, asesinado el 29 de julio de 2000 en Tolosa; Ernest Lluch Martín, exministro de Sanidad y Consumo, asesinado el 21 de noviembre de 2000 en Barcelona en su garaje; Froilán Elespe Inciarte, exprimer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lasarte-Oria, asesinado el 20 de marzo de 2001 dentro de una tienda; Juan Priede Pérez, concejal del PSE en Orio, asesinado el 21 de marzo de 2002 en un bar; Joseba Pagazaurtundua Ruiz, militante del PSE y jefe de la Policía Municipal de Andoain, asesinado el 8 de febrero de 2003 en un bar de su localidad e Isaías Carrasco Miguel, concejal del PSOE en Mondragón, asesinado el 7 de marzo de 2008 en su coche aparcado cerca de su casa.
Eso sin contar con aquellas otras víctimas de ETA, hasta un millar, aproximadamente, que podrían ser simpatizantes y votantes socialistas, lo que nunca podremos saber.
El ministro de Justicia, que no es cargo menor en este marco, Félix Bolaños, lejos de afear que un terrorista de ETA condenado esté detrás de las acciones violentas de estos días en la ‘Vuelta ciclista a España’, le ha dado una vuelta a la polémica, permítaseme la licencia literaria, y se ha apresurado a pedir, con firmeza, que el equipo de deportistas israelíes que corren en esta competición la abandonen y así se acabará el problema.
¿Cabría imaginar que un alto funcionario del Gobierno de Estados Unidos en 1936 pidiera al atleta Jesse Owens que se retirara de los Juegos Olímpicos de Berlín para no molestar al führer, Adolf Hitler?
Estos días, los incidentes más relevantes son los siguientes: En la quinta etapa (Figueres, el 27 de agosto) Un pequeño grupo de activistas pro-Palestina interrumpió la contrarreloj por equipos, bloqueando el paso del equipo Israel-Premier Tech. Aunque fue un incidente aislado, generó retrasos y tensión en el recorrido.
En la etapa decisiva (Bilbao, 11ª etapa, 3 de septiembre) se registraron manifestaciones masivas en apoyo a Palestina. Grupos de manifestantes con banderas y pancartas irrumpieron en los últimos 500 metros de carrera, atravesaron barreras de seguridad y obligaron a interrumpir la etapa. Los tiempos se tomaron a 3 km de la meta, la llegada fue cancelada y no se declaró ganador. Hubo detenidos y policías heridos.
Este viernes, en la subida al mítico Angliru, en Asturias, la Guardia Civil ha tenido que intervenir por una protesta que paralizó el recorrido, haciendo que los escapados fueran alcanzados. Habrá que preguntarse cómo de enfadados estarán estos deportistas.
La UCI (Unión Ciclista Internacional) ha condenado todas las protestas, defendido la neutralidad política en el deporte y recalcado su papel pacificador.
No menos cierto es que en la vuelta del año pasado, poco menos de un año de la matanza de Hamás sobre ciudadanos israelíes, no se registraron protestas en contra de la organización terrorista palestina Hamás. Hubiera sido una buena ocasión para entender mejor la retahíla pro-Hamás de estos días.
Cuando ETA mataba, la Vuelta también se paraba
La Vuelta a España, espejo de un país que ha cambiado mucho en noventa años, ha sufrido incidentes de todo tipo: temporales, accidentes, boicots, amenazas y, también, protestas que han terminado condicionando, y en ocasiones impidiendo, el normal desarrollo deportivo.
Separar el grano de la paja no es trivial: abundan los retrasos, desvíos o salidas neutralizadas que no llegan a “suspensión” en sentido estricto. Pero cuando uno se ciñe a los casos documentados en los que la carrera no pudo disputarse con normalidad por acción directa de manifestantes o por violencia política, y la organización optó por anular una etapa o neutralizar su resultado, el registro histórico es nítido y, a la vez, revelador. Son tres los episodios principales.
El primero, y durante décadas el más traumático, se produjo en 1968. Aquel año la Vuelta debía cubrir la 15.ª etapa entre Vitoria y Pamplona, pero un atentado terrorista en el recorrido y el clima de altercados obligaron a anular la jornada. La organización certificó que no había condiciones de seguridad y la etapa quedó sin disputa; la carrera continuó al día siguiente rumbo a San Sebastián y Bilbao. La literatura histórica de la prueba y la crónica hemerográfica sitúan el episodio en el contexto de los primeros años de la violencia terrorista y de movilizaciones en la zona, y lo citan como uno de los momentos más oscuros de la ronda española.
Hubo que esperar diez años para el segundo hito. En 1978, con Bernard Hinault camino de su primer triunfo en la Vuelta, la carrera debía cerrar en el País Vasco con una contrarreloj final. No llegó a celebrarse. Barricadas, cortes de carretera y altercados en favor de ETA en el entorno urbano y viario llevaron a la organización a cancelar la última jornada prevista, en particular la crono de San Sebastián, tras varios avisos y amenazas previas.
Aquella decisión, inusual en una grande, marcó a fuego la relación de la Vuelta con el territorio vasco durante años y explica por qué la carrera evitó más tarde determinados escenarios. Crónicas retrospectivas y reportajes especializados recuerdan aquel final abrupto: se habla de troncos arrojados ladera abajo y de una vigilancia incapaz de garantizar la seguridad del circuito contra el reloj, de ahí la anulación.
Casi medio siglo después, la Vuelta volvió a tropezar con la política a pie de calzada. Este pasado 3 de septiembre, en Bilbao, una protesta pro-Palestina contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech irrumpió en la avenida por la que iba a resolverse la etapa. La organización neutralizó la llegada a 3 kilómetros de meta, anuló el resultado deportivo (sin ganador de etapa) y cortó la retransmisión para evitar imágenes del incidente, con el enfado consiguiente de varios corredores y un intenso debate mediático. No se trató de un mero parón o de un cambio del itinerario: la etapa dejó de tener validez competitiva desde el punto de neutralización. Es, por tanto, un caso equiparable, en términos estadísticos, a una suspensión de llegada por motivos de protesta.
Entre esos tres jalones, la historia registra episodios de alta tensión que no pasaron de retrasos o desvirtuaron la competición sin anularla. En 1990, por ejemplo, explosiones y amenazas en la etapa Logroño-Pamplona demoraron más de una hora la salida y condicionaron la carrera, pero no se suspendió la etapa ni se borró su resultado. Más recientemente, en 2023, hubo boicots con chinchetas y planes para verter aceite en carreteras catalanas, en defensa de la independencia de Cataluña, hechos que provocaron caos, pinchazos y detenciones, pero la prueba continuó con sus clasificaciones intactas. Estos casos sirven de contraste: alteran el guion, sí, pero no computan como suspensiones en sentido estricto.
Tanto en 1968 como en 1978 los incidentes que obligaron a suspender etapas de la Vuelta a España estuvieron vinculados a la conflictividad política en el País Vasco y, en concreto, al clima de apoyo o simpatía hacia ETA en sectores de la sociedad local. Hoy el apoyo es a Hamás, organización terrorista que gobierna democráticamente la Franja de Gaza, y que aún retiene, tres años después, a decenas de israelíes secuestrados, la mitad al parecer ya cadáveres.
Luis Miguel Belda es Periodista y Máster en Seguridad, Defensa y Geoestrategia
Lo curioso del asunto es que Rosa Nostra (ahora «Robemos») siempre presume de que su gobierno terminó con ETA hacia 2010, y que ganaron la guerra contra el terrorismo y ETA perdió. Y aún habrá quien lo crea.