Carta abierta a S.M. Don Felipe VI, Rey de España

Majestad,

Con el respeto sincero que os profesa este leal servidor, ferviente seguidor de nuestra Monarquía histórica, me atrevo a dirigiros la presente misiva, convencido de que mis palabras hallarán eco en el corazón de otros tantos que, como yo, sienten un amor profundo por España y abrazan la monarquía constitucional como la forma más noble y adecuada de su ordenamiento cívico y jurídico.

Es público y notorio que España transita, desde marzo de 2004, por una senda de incertidumbre, sacudida en su alma colectiva por aquellos atroces atentados que nos dejaron atónitos y perplejos. A día de hoy, la niebla no se ha disipado: seguimos sin saber, con certeza, qué ocurrió ni quién estuvo realmente detrás de aquella tragedia que nos desgarró como nación.

Pero marzo de 2004 no fue el origen de nuestros males, sino la manifestación tangible de un mal latente que nos corroe desde mucho antes. Ya en 1978, al votar la Constitución, creímos sellar, de forma pacífica y definitiva, las heridas abiertas por las querellas fratricidas de 1936 a 1939. Aquel pacto nacía con vocación de reconciliación: aspiraba a cimentar la convivencia entre españoles, encauzar sus legítimas ambiciones individuales y colectivas, y abrir un horizonte de progreso, entendimiento y prosperidad. Pero quizá, en el fondo, no supimos o no quisimos ver las fisuras que ya entonces amenazaban con resquebrajar aquel frágil edificio.

Si la comparamos con la Constitución de 1876 —que debió haberse revisado cuando aún era posible, entre los albores del siglo XX y 1914, en aquellos tiempos de mutación acelerada de las estructuras sociales y de ebullición ideológica, con el auge del liberalismo, el socialismo, el comunismo o el anarquismo— o con la de 1931 —ambas, promulgadas al estilo antiguo del “¡Trágala!”, contra una parte sustancial de la nación: la primera, de espaldas a los carlistas; la segunda, contra monárquicos y católicos—, la de 1978 emerge como un hito distinto: fue redactada por consenso, pensada a favor de todos y en contra de nadie.

Intentos hubo antes de consensuar, aunque sin fortuna. El valeroso Conde de Romanones, Don Álvaro de Figueroa y Torres, no logró impulsar la reforma de la de 1876 por carecer del respaldo del Rey y de sus émulos de la época. La de 1931 corrió una suerte parecida: nació herida de muerte por el sectarismo de muchos de los juramentados del Pacto de San Sebastián de 1930. Se perdió así una ocasión histórica —extraordinaria— que fue dilapidada en cuestión de semanas, tras los vítores apresurados con que se proclamó la Segunda República.

Aquella Constitución de 1978, todavía vigente, tenía innegables fallas por donde ha hecho agua, y tenía una indudable fortaleza: se puede modificar, pero para hacerlo hay que alcanzar tantos consensos o más que los que la dieron a la luz.

El problema no radica tanto en las grietas inherentes al texto constitucional, cuanto en la deslealtad con la que ha sido aplicado. Y, sin duda, en las reservas no confesadas —herencia soterrada de tiempos convulsos— que albergaban muchos de los partidos que respaldaban a los padres constituyentes tras la súbita y, a la vez, asombrosamente ordenada desaparición del régimen franquista entre 1975 y 1978.

En cierto modo, asistimos a una reedición de los propósitos —o despropósitos— de los constituyentes de 1931, tras el abandono de la Corona precipitado por los resultados de aquellas elecciones municipales del 12 de abril. Entonces, ante nuestro paso del franquismo a la democracia, se nos dijo que éramos ejemplo para el mundo: la prueba viviente de que una transición política era posible sin morir en el intento.

El presidente Suárez —un hombre que, por contraste con lo visto en décadas posteriores, hoy deslumbraría— no destacó por su brillantez intelectual, pero sí por la claridad meridiana con la que abrazó el propósito del nuevo régimen: la convivencia pacífica entre todos los españoles y la igualdad ante la ley. En 1981, fiel a ese ideal y para no convertirse en obstáculo, se apartó del poder con gallardía y dimitió. Y aun así, padecimos un aparatoso golpe de Estado de corte militar, cuyas sombras —aunque muchos crean disipadas— siguen proyectando dudas no del todo aclaradas. Me abstengo de entrar en los pormenores, no por ignorarlos, sino por no comprometer a nadie con palabras incómodas.

El propio Don Juan Carlos I, Rey por designación de Franco, ofreció tiempo después una respuesta elocuente y desconcertante a las víctimas de los atentados de Atocha de 2004, cuando inquirieron sobre la autoría de aquellos actos brutales. Les respondió con ironía amarga: “Lo lleváis claro, a mí todavía no me han dicho qué pasó el 23-F.” Una frase que, por sí sola, resume toda una época de silencios atronadores.

Embarcados ya en aquella nueva singladura, arribó al poder Felipe González Márquez con su PSOE en 1982 —¡al que los hados confundan!—, inaugurando una era de catorce años que dejó tras de sí algunas de las escenas más bochornosas que la memoria democrática pueda recordar, al menos hasta el inquietante presente que comenzó a perfilarse con los sucesos del 1 de octubre de 2017.

No pretendo aquí hacer un inventario exhaustivo de desmanes —¡nos faltaría papel y paciencia!—, pero bastaría mencionar los GAL, la controvertida expropiación de Rumasa, la corrupción con nombre propio personificada en Luis Roldán Ibáñez, Director General de la Guardia Civil, los desmanes en la Cruz Roja, los célebres casos Filesa, Malesa y Time Sport, el escándalo Ibercorp o el affaire de Juan Guerra… En fin, una auténtica antología del dislate institucional, digna de llenar más volúmenes que la mismísima Enciclopedia Británica. Todo ello tejido en torno a una industria paralela de “carguitos” y “paguitas”, cuya sombra seguimos arrastrando alegremente, a juzgar por lo escaso —por no decir nulo— de nuestro empeño en erradicarla.

Como nada es eterno, en 1996 llegó José María Aznar López para poner fin al largo ciclo del felipismo y, según prometía, regenerar España. Pero hete aquí que el buen hombre nos salió parlanchín, y no solo eso: hablaba catalán en la intimidad, con tan mala fortuna que lo hacía precisamente con Jordi Pujol —aquel mismo al que el rey Juan Carlos, en la madrugada del 23-F, hubo de calmar con un “tranquilo, Jordi, tranquilo”, porque el honorable estaba, literalmente, cagado de miedo.

Fruto de tan estrecha intimidad se fraguó un curioso artilugio político: el Pacto del Majestic, que operaba casi como un puesto aduanero de los antiguos, una suerte de alcabala moderna donde Aznar, el audaz adalid de la regeneración y la lucha contra la corrupción, cedió más que concesiones —hasta el mismísimo borrador de La Traviata, incluidas, por supuesto, las competencias educativas. Estas pasaron así a manos de los nacionalistas catalanes, que desde entonces han moldeado a su antojo la interpretación del artículo 3.2 de la Constitución —de infausta memoria.

Mas no acabó ahí su generosidad: sus más cercanos colaboradores y su círculo de amigos íntimos —tan íntimos como beneficiados— comenzaron a disfrutar de economías inesperadas, algunas de las cuales acabaron pagando con cárcel… y otras, con la vida. El repertorio de favores, contratos, privatizaciones y prebendas tejidas desde las empresas públicas merece, sin duda, una adenda propia en aquella Enciclopedia del Ramo que ya hemos empezado a compilar. Una enciclopedia del funambulismo político patrio, escrita en tinta espesa y con los márgenes pringados de boato y descaro.

Y así dimos, por fin, con esos tan ansiados signos diferenciales de identidad propia en cada rincón de España… y hasta en alguna aldea con más cabras que vecinos. Desde entonces, se incorporaron a la tragicomedia titulada “España presente y futura” los célebres pinganillos: artefactos empleados en parlamentos y foros donde, curiosamente, bastaría con hablar la lengua de Cervantes para que todos nos entendiésemos. Pero no. Al parecer, lo más castizo hoy es comprendernos a través de auriculares conectados a jugosos contratos de traducción, donde decir en español lo que ya se ha dicho en lengua vernácula cuesta un egg… y la yema del otro.

Así proliferan las inmersiones lingüísticas: en Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña, Valencia, Baleares… y la fiebre ha cundido, con peticiones que asoman ya desde el Valle de Arán, Asturias, Extremadura y, más recientemente, hasta en Andalucía. En cualquier momento, pedirán pinganillo los defensores de la fabla de Cáceres y los virtuosos del silbo gomero.

Y lo más pintoresco —si no resultara tan patético— es que los más radicales, esos de entrecejo fruncido, boina calada y linaje euskaldún con 16 apellidos, terminan hablando con los de la butifarra separatista en… español. ¡Toma ya!

Consumada la tragedia del 11 de marzo de 2004 —aquella masacre que desgarró el alma del país—, y convenientemente rodeadas las sedes del Partido Popular por alegres militantes y simpatizantes del PSOE y sus adláteres, la nación quedó inmersa en un torbellino de sospechas, versiones cruzadas y verdades a medias. Durante días, los medios debatieron con vehemencia si la autoría correspondía a ETA, el sospechoso habitual, o a otras manos más turbias.

Y así, entre el humo aún fresco del atentado, la confusión sembrada y la crispación reinante, el 14 de marzo emergió como vencedor de las elecciones generales el ínclito José Luis Rodríguez Zapatero —ZP para los titulares y las pancartas—, personaje que no necesita mayor presentación en esta tragicomedia nacional. Su ascenso al poder fue, para muchos, tan fulminante como preñado de interrogantes.

El mandato de José Luis Rodríguez Zapatero —ZP, para abreviar— es recordado, entre otras cosas, por haber conducido a España al borde de una quiebra social: seis millones de parados y una economía arrastrada por la corriente de un desgobierno disfrazado de buenismo. Cuando tomó las riendas del país en abril de 2004, la deuda pública se mantenía en niveles razonables: 389.888 millones de euros, lo que representaba el 45,3% del PIB y una deuda per cápita de 9.005 euros por habitante.

Siete años más tarde, al cierre de su mandato en 2011, la deuda ascendía a 743.043 millones de euros, equivalentes al 69,5% del PIB, con una deuda por ciudadano de 15.871 euros. Un crecimiento vertiginoso: más del 90% en términos absolutos, y un salto de más de 24 puntos sobre el producto interior bruto.

Fue, sin duda, el inicio de un empobrecimiento global del país, donde las otrora robustas clases medias comenzaron a hundirse en las arenas movedizas de un régimen fiscal cada vez más confiscatorio. Y como bien enseña la historia —esa maestra que pocos escuchan—, cuando la clase media colapsa, el país entero comienza a resquebrajarse. Porque allí donde no hay equilibrio, solo queda el abismo entre la necesidad y el privilegio.

ZP no dudó en embarcarse en todos los proyectos anómalos que configuran el perfil de una sociedad en decadencia. Adscrito con entusiasmo al Grupo de Puebla y a toda suerte de agentes globalistas que, desde hace dos décadas, marcan agenda —ecologistas de salón, ambientalistas de consigna, movimientos feministas de corte radical, causas LGTBI+q multiformes, globalización sin freno, permisividad migratoria sin filtro, y esa nebulosa llamada ‘alianza de civilizaciones’—, fue tejiendo el entramado de una España desdibujada, desconectada de sus raíces y entregada al aplauso exterior.

Las fechorías del personaje —nuevo amo y señor del socialismo patrio— parecen no conocer límites. Entre ellas, destaca la ley 1/2004, de 28 de diciembre, pomposamente bautizada como ley de “violencia de género”, que no hizo sino consagrar la desigualdad jurídica entre hombres y mujeres, echando por tierra la igualdad proclamada por la Constitución de 1978. Un retroceso presentado como conquista.

A ello se suma una traición de mayor calado: su disposición a pactar bajo cuerda con la ETA ilegalizada —proscrita por el gobierno anterior— enviando a tal fin a su fiel escudero, Jesús Eguiguren. Y no solo pactó: también tendió puentes legales para reincorporar al sistema a los herederos ideológicos del terror, legalizando a quienes hasta entonces no habían pedido perdón ni renegado del pasado.

Todo aquel entramado, urdido durante los años de Zapatero, quedó prácticamente intacto con la llegada al poder de Mariano Rajoy Brey en 2011. Un presidente cuya indolencia fue tan proverbial como su absoluta incapacidad de romper con el pasado inmediato. Cobarde en la acción y gris en la palabra, se limitó a convalidar las políticas de su antecesor, traicionando de arriba abajo el mejor programa de regeneración que jamás había esbozado su Partido Popular. Tal fue su pasividad, que no dudó en adelantar fiscalmente por la izquierda a la propia Izquierda Unida, rubricando así su conversión en notario de lo establecido.

No conforme con ello, dio continuidad a la hoja de ruta diseñada para blanquear a ETA y a su entorno político, cerrando un capítulo con la tibieza de quien prefiere no mirar al pasado, aunque esté manchado de sangre. Y mientras tanto, se dejó salpicar por los escándalos de financiación irregular que asolaron a su partido —el caso Gürtel, el caso Bárcenas— apareciendo ante la opinión pública como un pardillo institucional, un convidado de piedra en la tragicomedia de la corrupción.

Frente al desafío del referéndum catalán del 1 de octubre de 2017, el gobierno de la nación fue incapaz de articular una explicación coherente que calmara o esclareciera a la ciudadanía. De tal magnitud fue su parálisis que obligó a Su Majestad —cuya vida guarde la fortuna por muchos años— a asumir un papel que no le correspondía: salir a los medios y brindar al país la claridad y firmeza que el Ejecutivo no supo, no quiso o no pudo ofrecer.

Y como si el desconcierto no fuera suficiente, el 27 de octubre del mismo año, el pobre infeliz que ocupaba la presidencia tuvo la ocurrencia de aplicar el artículo 155 de la Constitución Española de 1978… aunque lo hiciera en su versión más aguada: el famoso “1,55”. Una dosis homeopática de constitucionalismo, tan simbólica como ineficaz, que sirvió más para acallar remordimientos que para restablecer el orden quebrantado. Fue el punto exacto donde el deber claudicó ante la tibieza.

Su epílogo político alcanzó tintes casi simbólicos: el 1 de Junio de 2018 dejó el cargo sobre el escaño, junto a un bolso de señora a modo de testigo mudo, y se marchó a tomar copas a un bar cercano al Congreso, como si todo aquello no fuese con él. Que los dioses del ostracismo, la damnatio memoriae y el olvido se sirvan a placer de su recuerdo: apenas deja legado más allá del bostezo generalizado.

A la caída de aquel esperpento —gallego, como don Ramón María, aunque sin rastro de su genio— sobrevino, con ínfulas de redentor, la peor de nuestras pesadillas: Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Juró el cargo el 7 de junio de 2018 como nuevo presidente del Gobierno y flamante líder del PSOE, y con él se instaló en el poder una mezcla desconcertante entre Fernando Collor de Mello y Eva Perón, un guapo profesional vestido para sus “pobres”.

Impostor de manual, capaz de mentir hasta cuando afirma no estar mintiendo, ha elevado el arte de la contradicción a categoría de sistema. Con un descaro impropio de quien está en pleno uso de sus cabales, justifica sus giros con la célebre frase: “he cambiado de opinión”, como si la inconsistencia fuese señal de virtudes democráticas. Las hemerotecas, videotecas y archivos digitales desbordan de ejemplos: infinitas ocasiones en las que ha dicho una cosa… y acto seguido, su contraria, sin sonrojo, sin pausa, sin pudor. Una retórica líquida para un poder gaseoso.

Quevedo podría escribir de nuevo aquello de “vuestra dentadura poca dice vuestra mucha edad, y es la primera verdad que se ha visto en vuestra boca”, que le dijo a la infeliz anciana, pero adaptando el texto al fulgor del actual personaje: “Vuestra palabra, tan cambiante como el viento y tan hueca como el aplauso comprado, es la primera verdad que se ha escapado de vuestra boca. Porque en decir y desdecir, tenéis más arte que en gobernar, y aun eso lo delegáis. No es la elocuencia vuestro oficio, sino el disfraz: y por cada promesa, una mentira; por cada mentira, un escaño. No sé si os miente la lengua o si la verdad os da alergia, pero ambas cosas os hacen oficio.”

Dijo que no pactaría con separatistas, y pactó. Que jamás tendería la mano a los herederos de ETA, y se la estrechó. Que con Podemos no habría acuerdo, y formó gobierno. Aseguró que no concedería indultos, y los firmó. Juró que la amnistía era inconstitucional, y la legisló. Prometió que no habría cupos extraordinarios para nuevas comunidades autónomas… y ya se están cocinando entre bambalinas.

No iba a haber de nada, y ha habido de todo. Convirtió la palabra dada en materia fungible, la hemeroteca en cementerio de promesas, y la coherencia en una antigualla para nostálgicos de la decencia política. Gobernar, dijo, era decidir… pero olvidó añadir que decidir era desdecirse sin pestañear.

Desde que el personaje renovó su mandato en noviembre de 2023 —tras el pacto con Sumar y el respaldo externo de ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria— se ha visto envuelto en una espiral de corrupción tan amplia como pegajosa, que salpica sin miramientos todo cuanto le rodea. Lo que en un principio se disfrazaba de geometría variable hoy se ha tornado lodazal fijo: una alianza de intereses que muta en red clientelar, un gobierno sustentado más en concesiones que en convicciones.

A medida que los escándalos brotan como setas tras la tormenta, se percibe ya no solo una erosión del crédito político, sino una especie de anestesia cívica, como si el país hubiese aprendido a sobrevivir entre titulares bochornosos y portadas de escándalo. La desvergüenza ha sido institucionalizada, y la corrupción, normalizada. Se gobierna a golpe de indulto, amnistía o decreto, y el debate público —cuando lo hay— es apenas el eco desvaído de una retórica agotada.

Las investigaciones recientes han generado un terremoto político en España. El informe de 490 páginas elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fechado en junio de 2025, ha revelado indicios de una presunta red de corrupción que involucra a figuras destacadas del PSOE, incluyendo a ex-ministros, asesores y empresarios vinculados al entorno del partido. Además de su hermano David Azagra (David Sánchez Pérez-Castejón) y su esposa Begoña Gómez Fernández, en proceso por diversos casos de presunta corrupción, existen otros implicados descritos en el informe de la UCO.

Principales implicados según el informe

• Santos Cerdán León: Ex secretario de Organización del PSOE, señalado como figura clave en la presunta trama. Se le atribuye la gestión de pagos ilícitos y su implicación ha provocado su dimisión, comparecencia ante el juez y prisión sin fianza.
• José Luis Ábalos Meco: Exministro de Transportes, presuntamente beneficiario de comisiones ilegales junto a su asesor Koldo García.
• Koldo García Izaguirre: Ex asesor de Ábalos, considerado intermediario en la adjudicación irregular de contratos públicos.
• Víctor Gonzalo de Aldama Delgado: Empresario que, según el informe, habría entregado pagos mensuales en efectivo a Koldo, presuntamente compartidos con Ábalos.

Contenido del informe de la UCO

• El documento detalla una estructura jerarquizada de presunta corrupción, con indicios de organización criminal, cohecho y manipulación electoral interna en las primarias del PSOE de 2014.
• Se mencionan pagos de comisiones por adjudicaciones de obra pública, especialmente vinculadas a la empresa Acciona.
• El informe también recoge audios comprometedores y mensajes de WhatsApp entre los implicados, que refuerzan la hipótesis de una red organizada y sostenida en el tiempo.

Repercusiones políticas

• La sede del PSOE en Ferraz fue registrada por la UCO, y el propio presidente Pedro Sánchez ha comparecido públicamente para pedir perdón por haber confiado en algunos de los implicados.
• El caso ha provocado una crisis interna en el PSOE, con dimisiones, reestructuración de la ejecutiva y tensiones con sus socios parlamentarios.
• Aunque el informe no imputa directamente al presidente del Gobierno, la oposición y parte de la opinión pública han señalado la gravedad de que su entorno más cercano esté bajo sospecha

Tras el desastre de la DANA del 29 de octubre de 2024 —que arrasó el Levante y dejó tras de sí la ruina de toda una comarca y más de doscientas vidas segadas por el agua—, las escenas de rechazo popular al presidente Sánchez fueron tan elocuentes como inevitables. Tuvo que abandonar precipitadamente la zona, mientras Sus Majestades, firmes en el barro y sin aspavientos, se ganaban ese día el respeto de los españoles, el sueldo y el título.

Y como si la tragedia no bastara, el 28 de abril de 2025 sobrevino el apagón: diez horas de oscuridad que paralizaron el país y dejaron al descubierto la fragilidad de un sistema que presume de modernidad pero se tambalea ante lo imprevisto.

A todo ello se suma el alud de escándalos de corrupción que envuelve al gobierno y a su entorno más próximo, como una niebla espesa que ya no se disipa ni con ruedas de prensa ni con promesas recicladas. El prestigio del Ejecutivo y de su presidente se ha desplomado sin remedio, y su nombre —Pedro Sánchez— resuena ya en todos los rincones del planeta, aunque no precisamente por méritos que enorgullezcan a la nación.

Ante el aluvión que se cierne sobre su figura y su entorno, Pedro Sánchez ha optado por la huida hacia adelante, decidido a salir indemne de cuanto ha acontecido desde el día en que tomó posesión del cargo. La presunta trama corrupta —cuyo germen, según diversas investigaciones, habría brotado en Navarra incluso antes de su ascenso a la Secretaría General del PSOE— se ha extendido, con su llegada, como una mancha de aceite por todo el territorio nacional.

El horizonte penal que enfrentan numerosos miembros de esa supuesta organización para delinquir —y quién sabe si el propio presidente— ha empujado a este a emprender acciones desesperadas, orientadas a blindar su posición, conservar el apoyo de sus socios parlamentarios y, sobre todo, mantener su condición de aforado. No parece dispuesto a tirar la toalla; más bien, da la impresión de que está dispuesto a arrasar con todo lo que se interponga en su camino: el Estado de Derecho, la separación de poderes… incluso la propia monarquía, si se tercia.

Para ello, ha impulsado una controvertida reforma del Código de Enjuiciamiento Criminal, actualmente en trámite, que contempla el traspaso de la instrucción penal de los jueces a los fiscales —estos últimos jerárquicamente dependientes del Gobierno—, así como la posibilidad de acceso a la judicatura de licenciados en Derecho sin oposición, lo que supondría una alteración profunda del modelo de justicia meritocrática.

Todo ello se produce tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que ha avalado la Ley de Amnistía —redactada y votada por los propios beneficiarios de la medida—, en una decisión que muchos juristas consideran insólita en los anales del Derecho comparado.

Tras todo lo dicho, hemos asistido a una alegre reunión institucional en Sevilla, que más que un acto de estado parecía una charanga entre matrimonios vecinos bien avenidos, que podríamos describir del siguiente modo:

El reciente encuentro en Sevilla entre los Reyes y el matrimonio Sánchez, en el marco de la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, fue todo menos discreto. Celebrado en el majestuoso Real Alcázar, el evento reunió a más de 30 jefes de Estado y 12 presidentes de Gobierno, entre ellos Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, quienes protagonizaron una anécdota protocolaria que no pasó desapercibida.

El doble saludo y el revuelo protocolario

• Pedro Sánchez y Begoña Gómez fueron los primeros en saludar a los Reyes, pero tras el apretón de manos, se retiraron sin posar para la foto oficial, como sí hicieron el resto de mandatarios.
• El jefe de protocolo de la Casa Real detectó el desliz y pidió que volvieran a repetir el saludo, esta vez con sonrisa incluida y colocación correcta para la instantánea.
• El momento fue captado por las cámaras y se viralizó rápidamente en redes sociales, donde algunos lo interpretaron como un nuevo tropiezo en la ya nutrida colección de errores de protocolo del presidente.

Una cena con sonrisas y diplomacia

• Durante la cena, Sánchez se sentó a la izquierda de la Reina Letizia, mientras que Begoña Gómez ocupó el lugar junto al Rey Felipe VI, compartiendo mesa con figuras como Ursula von der Leyen.
• A pesar del traspié inicial, el ambiente fue distendido, con bromas entre los cuatro protagonistas que ayudaron a rebajar cualquier tensión.

En resumen, fue un encuentro cargado de simbolismo, elegancia y, cómo no, un toque de comedia involuntaria que ya forma parte del anecdotario institucional.

Y así llegamos al meollo de esta misiva: una reflexión abierta al juicio de Su Majestad y de quienes, con criterio sereno y desapasionado, le asisten en la alta tarea de velar por la unidad y dignidad de la Nación.

Porque no está el horno para bollos. No después de lo ocurrido con la DANA, que dejó muerte y desolación en el Levante; ni tras el apagón nacional del pasado abril, que puso en jaque los sistemas que debían protegernos. Y, mucho menos, tras la marejada de casos de presunta corrupción que estremece los cimientos del Estado. Una corrupción que, según el último informe de la UCO, revestiría estructura de organización criminal, y cuyo epicentro político —aunque aún envuelto en la presunción de inocencia— coincidiría con la cúspide del Gobierno de España.

Todo esto sucede, además, en un contexto en el que quienes protagonizaron el desafío secesionista de 2017 pretenden ahora consumar su programa máximo —no con urnas en las plazas, sino con votos amnistiados en el Congreso— mientras se dinamita, sin disimulo, la arquitectura constitucional que nos sostiene.

No está el horno para bollos como para que Sus Majestades compadreen, siquiera por cortesía, con quien muchos consideran —y no sin fundamento— el presunto enemigo público número uno, al que incluso sus propios acólitos aluden en conversaciones grabadas con inquietante familiaridad.

Los pueblos que nos precedieron lucharon codo con codo con sus reyes contra los tiranos, en los siglos convulsos de los Reinos Medievales, y juntos conquistaron independencia y libertad. Los españoles, en general, han sido generosos con sus monarcas, a quienes han amado con liberalidad y entrega, aunque no siempre hayan sido correspondidos con la misma lealtad.

Su Majestad ganó su Corona —recogida del arroyo, como bien se dijo— con el histórico discurso del 3 de octubre de 2017, cuando supo alzar la voz en defensa del orden constitucional y la unidad de España. No pongamos ahora en riesgo la Institución, creyendo que una sonrisa en la foto con el adversario basta como seguro de permanencia. La historia, implacable maestra, nos recuerda que los mapas están llenos de residencias de exiliados.

Antonio Miguel Sánchez, psicólogo licenciado por la UNED, políglota y observador políticamente incorrecto durante los últimos 50 años