Cuando una entrada masiva permite penetrar a personas con antecedentes de terrorismo yihadista, el problema deja de ser migratorio y se convierte en una amenaza grave de seguridad nacional.
Hay situaciones en las que la utilización de determinadas palabras no es una exageración, sino una obligación. Lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026 no debería seguir siendo analizado exclusivamente como una crisis migratoria, humanitaria o fronteriza. Tampoco debería quedar reducido a una discusión sobre el número de personas que entraron, cuántas han regresado a Marruecos o cuántas continúan todavía en la ciudad.
El verdadero problema es otro. España sufrió una brecha extraordinaria de seguridad en una de sus fronteras exteriores y, dentro de esa brecha, han aparecido personas que no solamente no tenían derecho a entrar en territorio español, sino que además estaban vinculadas anteriormente a actividades terroristas yihadistas y tenían prohibida su entrada y eso cambia completamente la naturaleza del problema.
El pasado 11 de septiembre la Guardia Civil detuvo en Ceuta a un ciudadano marroquí condenado por terrorismo yihadista, con antecedentes derivados de una operación antiterrorista desarrollada en Cataluña en 2015 y con una prohibición firme de entrada en España. Los investigadores consideran que el mismo accedió a Ceuta durante la entrada masiva “invasión territorial” de finales de julio.
No estamos, por tanto, ante una hipótesis académica sobre lo que podría ocurrir si una frontera queda descontrolada. Tenemos un caso concreto que demuestra algo mucho más grave: una persona que España ya había identificado como vinculada al terrorismo y a la que se había prohibido entrar consiguió, presuntamente, aprovechar una situación de desbordamiento fronterizo y mala gestión de la seguridad nacional para encontrarse dentro del territorio nacional. Y eso obliga a hacerse preguntas que van mucho más allá de la inmigración.
¿Cuántas personas de riesgo pudieron entrar? ¿Cuántas fueron identificadas inmediatamente? ¿Cuántas abandonaron Ceuta antes de ser identificadas? ¿Cuántas pudieron llegar a la Península? ¿Alguna pudo desplazarse posteriormente a otro Estado de la Unión Europea? ¿Cuántas de las personas que siguen siendo objeto de identificación presentan antecedentes criminales o vínculos con redes radicales? Y, sobre todo, ¿cuánto tiempo necesitará España para saberlo?
Porque en seguridad antiterrorista el problema no consiste solamente en descubrir a un individuo peligroso. El problema consiste en “impedir que llegue a convertirse en una amenaza operacional”.
EL DATO QUE LO CAMBIA TODO: ESPAÑA SABÍA QUE PODÍA PRODUCIRSE UNA ENTRADA Y, SIN EMBARGO, LA MAGNITUD DE LA BRECHA FUE EXTRAORDINARIA
La parte más difícil de aceptar de toda esta crisis no es que decenas de miles de personas consiguieran entrar. Lo verdaderamente grave es que existían señales previas y que los documentos desclasificados por el Gobierno permiten reconstruir una cronología que resulta difícil de ignorar.
El 28 de julio, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía ya había analizado el riesgo de posibles entradas irregulares en Ceuta el día 30 y había contemplado incluso la posibilidad de una relajación temporal del control fronterizo marroquí como mecanismo de presión política. El 29 de julio la situación adquirió otra dimensión, a las 13:52 horas, el CNI comunicó a la Delegación del Gobierno en Ceuta que en redes sociales circulaban llamamientos para realizar un asalto a la ciudad por tierra y por mar al día siguiente, coincidiendo con la Fiesta del Trono de Marruecos, 1 minuto después, el CNI contactó con la Guardia Civil.
Horas más tarde, una nota de alerta temprana del propio servicio de inteligencia documentaba la existencia de convocatorias para realizar entradas a nado y a través de la valla. Uno de los grupos de Facebook tenía más de 160.000 miembros y otro más de 22.000, detectándose también un grupo denominado «Asalto a la valla de Ceuta».
La documentación desclasificada demuestra, por tanto, que España conocía el riesgo de una entrada. El propio CNI ha reconocido que informó de esa campaña, aunque sostiene que no anticipó la magnitud y naturaleza final de lo que sucedería y esta precisión es importante. Pero tampoco puede afirmarse que el Gobierno de España no tuviera ninguna información previa porque la tenía, había llamamientos concretos, había fechas, había lugares y formas de paso, había redes de comunicación, había grupos con decenas de miles de integrantes y existía además el precedente de una presión migratoria creciente que incluso fue informada por la propia Delegación del Gobierno y las autoridades de la Ciudad autónoma.
Lo que sucedió después fue, sencillamente, extraordinario. Más de 80.000 personas, si bien las cifras nunca se sabrán realmente, entraron en una invasión perfectamente planificada, dirigida y orquestada, en Ceuta en un episodio que desbordó las capacidades ordinarias de control, identificación y acogida.
El propio Gobierno, casi un mes más tarde y tras disfrutar de vacaciones veraniegas sin hacer absolutamente nada y pese a que se le había solicitado antes de los hechos, terminó declarando el 25 de agosto la “situación de interés para la Seguridad Nacional”. El Real Decreto 681/2026 reconoció oficialmente que la afluencia masiva del 30 de julio había generado una presión inédita sobre las capacidades de control fronterizo, identificación, asistencia y seguridad ciudadana y que había superado las capacidades ordinarias de las administraciones.
Esto es fundamental porque cuando el propio Estado reconoce que una situación ha superado sus capacidades ordinarias de seguridad, estamos ante algo mucho más serio que una mala jornada fronteriza, estamos ante una crisis de seguridad nacional, motivada por una malísima gestión, desde el principio, de lo que nunca debió suceder.
Y aquí comienza el problema que considero más grave. La consecuencia inmediata de una entrada de esta magnitud no es solamente que aumente el número de personas que hay que alojar. La consecuencia es que se rompe temporalmente la capacidad del Estado para establecer con certeza quién está dentro de su territorio y eso tiene una importancia enorme en cualquier país. Pero adquiere una dimensión completamente diferente cuando hablamos de terrorismo.
España no combate el terrorismo únicamente persiguiendo atentados después de producirse. Una parte fundamental de la lucha antiterrorista consiste precisamente en impedir que determinados individuos puedan acceder al territorio, establecerse, contactar con redes, obtener documentación, financiarse, desplazarse o desarrollar actividades clandestinas. Por eso las fronteras exteriores son un componente de la arquitectura antiterrorista y así la Unión Europea lo reconoce expresamente.
La agenda europea de lucha contra el terrorismo de 2026 considera que las fronteras exteriores son la primera línea de defensa frente a los desplazamientos terroristas y subraya la necesidad de impedir la infiltración de personas vinculadas a organizaciones terroristas desde las primeras fases de su entrada en la Unión, como ya ha sucedido. Es decir: Europa considera que controlar quién entra forma parte de la prevención del terrorismo.
Ceuta acaba de demostrar lo que ocurre cuando esa capacidad queda temporalmente desbordada. Y lo peor es que no estamos hablando únicamente de una amenaza hipotética. El 11 de septiembre apareció el primer ejemplo que debería hacer saltar todas las alarmas, si bien estas ya fueron activadas con antelación a dichos acontecimientos y el mismo día que sucedieron.
La pregunta no debería ser solamente cómo lo detuvieron. La pregunta verdaderamente importante es: ¿Cómo consiguió estar dentro? Porque si un individuo con una prohibición de entrada vigente y antecedentes terroristas pudo aprovechar aquella situación, el episodio demuestra una vulnerabilidad muy grave y concreta del sistema. Y esa vulnerabilidad puede haber tenido una dimensión mucho mayor ya que no sabemos realmente cuántas personas potencialmente peligrosas entraron, no sabemos cuántas fueron identificadas inmediatamente, no sabemos cuántas pudieron abandonar Ceuta antes de ser detectadas, no sabemos si todas las personas que abandonaron la ciudad fueron sometidas al mismo nivel de comprobación y no sabemos, por tanto, si el problema de seguridad terminó en Ceuta o pudo desplazarse hacia otros territorios.
Ese es el verdadero peligro. La frontera no solamente puede haber sido vulnerada: puede haber creado una puerta de entrada cuya dimensión real todavía desconocemos.
EL PELIGRO NO ES QUE ENTRE «UN YIHADISTA»: EL PELIGRO ES QUE UNA MALA GESTIÓN HA CREADO LAS CONDICIONES PARA QUE NADIE SEPA CUÁNTOS ENTRARON
Existe una tendencia muy peligrosa a minimizar los riesgos diciendo que solamente se han detectado unos pocos casos relacionados con el terrorismo. Ese razonamiento es profundamente equivocado desde la perspectiva de la seguridad. El terrorismo no funciona estadísticamente. Una multitud de más de 80.000 personas no necesita estar compuesta por terroristas para constituir una oportunidad extraordinaria para una persona que sí lo sea.
Basta un individuo, o dos, o cinco, el problema es que, cuando el sistema de identificación queda desbordado, el Estado pierde precisamente la capacidad de separar rápidamente el riesgo del no riesgo y eso es lo que convierte una crisis migratoria en una crisis de seguridad nacional al más alto nivel de riesgo.
Europol mantiene que el terrorismo yihadista continúa siendo una de las principales preocupaciones de seguridad de la Unión Europea. Su análisis más reciente señala además la creciente participación de personas muy jóvenes en procesos de radicalización, la utilización de redes sociales y comunidades digitales y la evolución hacia actores individuales o pequeñas células. Esto significa que la amenaza actual no requiere necesariamente grandes estructuras clandestinas.
No necesitamos imaginar una organización terrorista completa entrando en bloque. Un individuo radicalizado puede actuar solo, puede recibir instrucciones a distancia, puede relacionarse con una célula pequeña, puede utilizar redes sociales, puede radicalizarse después de entrar, puede establecer contactos después de llegar, puede permanecer aparentemente integrado durante meses y precisamente por eso es tan importante conocer quién entra.
El verdadero daño de la brecha de Ceuta puede no manifestarse mañana. Puede manifestarse dentro de seis meses, de un año o incluso más adelante. Porque una persona que consigue entrar sin ser correctamente identificada no tiene por qué cometer un delito inmediatamente, puede esperar, puede desplazarse, puede construir una red de contactos, puede conseguir documentación, puede acceder a recursos económicos, puede establecer una identidad social, puede comenzar un proceso de radicalización o reforzarlo, puede convertirse en facilitador, puede actuar como enlace, puede proporcionar alojamiento, puede transportar personas, puede facilitar financiación, puede proporcionar información, puede preparar una futura acción y entonces la pregunta dejará de ser cuántas personas entraron en Ceuta.
Será: ¿cuántas oportunidades de inseguridad creó aquella entrada?
Ese es el punto que debería preocupar enormemente a España y a la Unión Europea. Porque el daño de una frontera vulnerada no se mide solamente en el momento de la entrada, se mide por las capacidades que adquieren quienes consiguen atravesarla.
La UE lleva años reforzando precisamente los sistemas de información, las comprobaciones de viajeros, la biometría y el intercambio policial porque sabe que una de las vías para impedir desplazamientos terroristas consiste en detectar al individuo antes de que se incorpore al espacio europeo. El Consejo de la UE ha insistido específicamente en la necesidad de impedir la entrada no detectada de personas vinculadas a organizaciones terroristas y Ceuta ha representado justamente el escenario contrario. Una entrada masiva “invasión planificada”, una identificación dificultada, una permanencia prolongada, una población difícil a contabilizar con exactitud y, posteriormente, la aparición de personas con antecedentes terroristas.
Eso debería ser suficiente para activar una revisión exhaustiva de seguridad nacional. Pero existe un segundo elemento todavía más preocupante. La posible dimensión marroquí. El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras entregado a la Audiencia Nacional califica, como vengo reiterando, la entrada como planificada y no espontánea y sitúa entre los organizadores o ejecutores a personas vinculadas a las fuerzas de seguridad marroquíes. También describe una actitud de «total permisividad» por parte de las fuerzas marroquíes y la presencia de agentes uniformados y no uniformados en circunstancias compatibles con la monitorización o control de lo que estaba sucediendo que incluso se siguen viendo a diario coordinando acciones dentro de territorio español.
Si bien esto debe manejarse con extrema prudencia, pues no existe base suficiente para afirmar que Marruecos organizó una operación destinada a introducir terroristas en España, tampoco existe base para afirmar que los agentes marroquíes actuaran siguiendo una orden política concreta con esa finalidad. Pero sí existe base suficiente para formular una pregunta de una gravedad extraordinaria:
¿Quién controló realmente el movimiento de decenas de miles de personas hacia la frontera española y qué información tenían las estructuras de seguridad marroquíes sobre quiénes estaban cruzando?
Porque si la entrada estuvo organizada, si hubo una utilización masiva de redes sociales, si hubo personas orientando los movimientos y si agentes marroquíes estaban presentes monitorizando o facilitando determinados desplazamientos, si siguen realizando operaciones de coordinación, España necesita conocer la arquitectura completa de aquella operación. No solamente la dimensión migratoria, también la dimensión de inteligencia y aquí la cuestión se vuelve especialmente seria. Porque una entrada masiva puede ser utilizada de múltiples maneras: como presión política, como mecanismo de desestabilización, como demostración de capacidad, como instrumento de negociación, como operación de influencia, como prueba de las capacidades españolas o, en el peor de los escenarios, como una oportunidad para introducir individuos seleccionados dentro de una masa humana difícil de controlar.
No hace falta afirmar que eso sucedió para entender el riesgo, basta con reconocer que la arquitectura creada por la crisis lo habría permitido y ese es precisamente el tipo de vulnerabilidad que un Estado serio debe eliminar.
España no puede permitirse o desoír que alguien pueda utilizar una multitud de decenas de miles de personas como cobertura para cruzar una frontera que tiene prohibido cruzar, mucho menos si ese alguien ya tiene antecedentes terroristas. Todos los casos ya descubiertos de esas infiltraciones a territorio nacional deberían ser tratados como una advertencia estratégica y no como una anécdota policial, porque esas detenciones no han sido realizadas en la frontera, lo fueron tras muchos días de estancia en territorio nacional y eso significa que gracias al trabajo de la FCSE que acabó detectándo. Pero significa también que durante un periodo indeterminado estuvo dentro del territorio español cuando legalmente no debía estarlo y eso es exactamente lo que un sistema antiterrorista pretende evitar.
LA CONSECUENCIA REAL PUEDE NO HABER LLEGADO TODAVÍA: ESPAÑA PUEDE HABER EXPORTADO A EUROPA UNA VULNERABILIDAD QUE TODAVÍA NO CONOCE
La mayor irresponsabilidad ahora por nuestro Gobierno sería dar por cerrado el problema porque el número de personas que permanece en Ceuta haya disminuido. El problema no se resuelve simplemente reduciendo el número de personas presentes, las cuales se desconoce en números reales tras 2 meses desde la invasión masiva del territorio nacional. El problema se resuelve cuando se conoce la trazabilidad de quienes entraron. Porque Ceuta es territorio español y desde Ceuta existe conexión con la Península y, desde la Península, existe libre circulación hacia el resto del espacio europeo.
Por tanto, una brecha de identificación en Ceuta no necesariamente permanece en Ceuta, puede convertirse en una brecha europea y este es el aspecto que más debería preocupar especialmente a Bruselas.
La propia Unión Europea ha reforzado durante años los mecanismos destinados a impedir el desplazamiento terrorista a través de las fronteras exteriores. La estrategia europea reconoce expresamente que el terrorismo no conoce fronteras y que la cooperación entre Estados, el intercambio de información y el control exterior son elementos esenciales por lo que, si una persona vinculada al terrorismo entra en Ceuta sin ser detectada, el problema ya no es únicamente español.
Si posteriormente esa persona se desplaza hacia otro Estado miembro, el problema pasa a ser europeo. Y si esa persona establece contactos con redes radicales existentes en otro país, la vulnerabilidad se multiplica. Por eso la verdadera dimensión de lo ocurrido todavía no puede medirse.
Puede que nunca llegue a producirse un atentado, ojalá sea así. Pero desde el punto de vista de la inteligencia y la prevención, la ausencia de un atentado no demuestra que la gestión haya sido correcta. Demuestra únicamente que no se ha producido, hasta ahora, la peor consecuencia posible y esa diferencia es fundamental porque una política de seguridad no puede evaluarse exclusivamente por la ausencia de catástrofes. Debe evaluarse por las oportunidades de riesgo que ha permitido crear y Ceuta creó una oportunidad de riesgo excepcional. Por eso resulta particularmente preocupante que el Gobierno terminara declarando formalmente la situación de interés para la Seguridad Nacional el 25 de agosto, cuando el episodio de entrada se había producido casi un mes antes y no cuando días antes de los hechos ya fue advertido y se le solicito activar mecanismos de Seguridad Nacional. El propio Real Decreto reconoce que la situación estaba alterando el funcionamiento ordinario de las administraciones y superando las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana.
No se trata de discutir si el Gobierno podía conocer exactamente que iban a entrar 80.000 o 180.000 personas. Probablemente nadie podía anticipar con precisión la cifra, la cuestión es mucho más sencilla: ¿Qué se hizo con la información que sí existía? Nada, porque el 29 de julio existía una alerta del CNI, el 28 de julio existía una evaluación policial del riesgo. Existían convocatorias públicas, existían grupos masivos, existía información sobre entradas por mar y tierra, existía un precedente gravísimo en 2021, existía una presión creciente durante los días anteriores y el 30 de julio el Ejército de Tierra llegó a comunicar que la entrada era muy probable.
Después llegaron decenas de miles, el resultado ya lo conocemos, una frontera desbordada y semanas después apareció un condenado por terrorismo yihadista que tenía prohibida la entrada y posteriormente otros más.
Ante esta secuencia, la discusión sobre si alguien podía haber predicho exactamente el tamaño de la avalancha resulta secundario. Lo verdaderamente importante es saber si el Gobierno convirtió correctamente las señales disponibles en decisiones preventivas suficientes o si su dejadez manifiesta e inacción posterior estaba decidida de antemano. Si no lo hizo, existe una responsabilidad que no puede diluirse atribuyéndolo todo a lo extraordinario del fenómeno y la actual investigación judicial lo demostrará.
La función de un sistema de inteligencia no consiste únicamente en predecir acontecimientos normales. Precisamente existe para detectar situaciones anómalas y cuando las señales muestran que puede producirse una acción masiva contra una frontera exterior, el Gobierno tiene que actuar bajo el principio de precaución y prevención. No necesita saber si serán 5.000, 20.000, 80.000 o 180.00, necesita estar preparado para que sean muchos, porque el coste de movilizar recursos, algo que no se hizo, y que finalmente no se produzca la entrada es limitado. Ya que, al contrario, el coste de no movilizarlos y que sí se produzca puede ser gigantesco. Eso es gestión elemental del riesgo y en seguridad nacional, ignorarlo puede tener consecuencias graves durante años.
La verdadera herencia de Ceuta puede ser, por tanto, una “zona gris de seguridad”. Miles de personas entraron, miles regresaron, muchas ya, no todas, ha sido posteriormente identificadas. Pero mientras todo eso sucedía, las FCSE, que no el Gobierno, ha tenido que estar reconstruyendo identidades, movimientos y antecedentes en un entorno de extraordinaria presión. Y cada día que una persona de identidad desconocida permanece dentro del territorio nacional, de territorio europeo, aumenta la dificultad de saber dónde está y con quién se relaciona y eso es lo particularmente grave cuando entre quienes han entrado aparecen personas con antecedentes terroristas.
Los casos ya existentes de condenados o con antecedentes descubiertos por yihadismo debería haber cambiado definitivamente el lenguaje con el que el Gobierno debe analizar esta crisis. Ya no se trata solamente de: «¿Cuántos migrantes quedan en Ceuta?»
La pregunta correcta es: «¿Cuántas personas que entraron durante la brecha siguen sin estar plenamente identificadas y qué riesgo representan?» Y existe otra todavía más importante: «¿Cuántas han abandonado ya Ceuta antes de completar los procesos de identificación y dónde se encuentran ahora?»
Hasta que estas preguntas no tengan respuestas suficientemente sólidas, la crisis no puede considerarse cerrada desde el punto de vista de la seguridad nacional y aquí debe hacerse una crítica especialmente severa a la gestión política, porque la obligación de un Gobierno no consiste únicamente en evitar el sufrimiento inmediato, hablar de humanismo y crear centros de acogida pagados con el dinero de todos los españoles, mientras nuestra propia pobreza infantil es la más alta de la UE, consiste también en proteger a la propia sociedad frente a las consecuencias futuras de las escasas y nulas decisiones adoptadas durante una emergencia de este calibre contra la seguridad nacional que exige pensar siempre mucha más allá no solo de las próximas 24 horas, pues el problema de hoy puede ser el atentado de mañana. La persona no identificada hoy puede convertirse en el facilitador de una célula dentro de meses. El individuo con antecedentes que hoy simplemente permanece oculto puede desplazarse mañana hacia otro Estado europeo. La red que hoy aprende que una frontera puede ser desbordada puede intentar reproducir el procedimiento en otro momento y quienes observan desde fuera la respuesta española pueden haber obtenido información muy valiosa sobre nuestras capacidades, tiempos de reacción y vulnerabilidades.
Ese es el auténtico precio de una brecha de seguridad. No se paga necesariamente el día que ocurre. Puede pagarse mucho después.
CONCLUSIONES: EL PROBLEMA NO ES CUANTOS LLEGARON A ENTRAR, ES QUIÉN ENTRÓ, PORQUE ESPAÑA PERDIÓ, DURANTE EL INICIO DE UNA GRAVE CRISIS DE SEGURIDAD NACIONAL, LA CAPACIDAD DE SABER CON CERTEZA QUIÉN ESTABA ENTRANDO.
Ceuta debería quedar registrada como una de las mayores advertencias de seguridad nacional de los últimos años. No porque todos los que entraron fueran una amenaza y no porque la inmigración sea sinónimo de terrorismo, aunque indirectamente lo es. Y tampoco porque pueda afirmarse hoy que los individuos vinculados al yihadismo ya detectados posteriormente fueran parte de una operación terrorista organizada, ya que eso no lo dirá el tiempo pues hoy no existen evidencias suficientes para afirmarlo.
El problema es mucho más concreto y, precisamente por eso, mucho más grave. España tenía información previa sobre una posible entrada masiva, su Gobierno no hizo nada por impedir el desbordamiento y la infiltración masiva. La frontera quedó sometida a una presión que superó sus capacidades ordinarias. La identificación individual quedó extraordinariamente dificultada y posteriormente han aparecido dentro de Ceuta, personas condenadas y vinculadas o con antecedentes por terrorismo yihadista que tenían prohibida la entrada en territorio nacional y que aprovecharon precisamente esa invasión masiva para entrar.
Ese conjunto de hechos no permite mirar hacia otro lado. Tampoco permite afirmar que exista una amenaza terrorista masiva entre quienes entraron. Pero sí nos obliga a reconocer algo mucho más importante: “la brecha existió y permitió que personas que España había decidido excluir por razones de seguridad penetraran en territorio nacional”.
Y todavía no sabemos si son las únicas, esa es la cuestión que debería obsesionar a los responsables de seguridad nacional y mucho más a un Gobierno coherente en sus decisiones. Porque en terrorismo, una brecha no se mide por el número de personas peligrosas que sabemos que han entrado. Se mide también por el número de personas peligrosas que podrían haber entrado sin que todavía lo sepamos.
Ahí está el verdadero problema. Y ahí está también la responsabilidad. La seguridad nacional no funciona con la esperanza de que quienes cruzan una frontera sean personas inofensivas. Funciona identificando, verificando y filtrando, porque cuando ese filtro falla, el Estado pierde una de sus principales barreras preventivas. Y si además la entrada se produce en una frontera exterior de la Unión Europea, la vulnerabilidad deja de ser exclusivamente española, para convertirse en europea. Por eso Ceuta no debería interpretarse como un episodio terminado. Debería interpretarse como una brecha que exige una auditoría completa de seguridad nacional.
Hay que reconstruir las entradas, que identificar a quienes permanecen, que localizar a quienes abandonaron Ceuta sin identificación completa, hay que cruzar información con bases policiales, judiciales y europeas, hay que analizar teléfonos, redes de comunicación y estructuras de organización cuando legalmente proceda, hay que determinar quién coordinó los movimientos, hay que aclarar el papel real de las estructuras de seguridad marroquíes y hay que determinar si existió alguna selección deliberada de individuos dentro de la multitud. Pero, sobre todo, hay que aprender una lección.
Una frontera exterior no puede convertirse en una puerta abierta durante horas y a posteriori pretender que las FCSE reconstruyan la seguridad como consecuencia de las malas decisiones de gestión de todo un Gobierno.
La prevención funciona antes, la identificación funciona antes, la inteligencia funciona antes, el contraterrorismo funciona antes, después empieza otra cosa: la investigación del daño. Y España no debería conformarse con investigar el daño, debe determinar exactamente cómo se produjo la brecha que lo hizo posible.
Porque lo verdaderamente peligroso de Ceuta no es solamente que entraran más de 80.000 personas, ya que no toda persona que entró ilegalmente constituye una amenaza. Una mayoría de quienes participaron en el cruce no tienen por qué estar vinculados a actividad criminal alguna, pero han sido las ovejas que entraban tapando a los lobos. Y precisamente por eso resulta todavía más grave que el Estado no pudiera garantizar inmediatamente su identificación exhaustiva. Lo verdaderamente peligroso es que, durante una crisis de seguridad nacional de dimensiones extraordinarias, por malas actuaciones y tomas de decisión de un Gobierno, España no pudo garantizar que cada una de esas entradas quedara sometida al nivel de identificación y comprobación que exige una frontera exterior europea. Y cuando posteriormente aparecen entre esas personas condenados por terrorismo yihadista o en relación con el yihadismo y que tenían prohibida la entrada, deja de ser razonable tratar la cuestión como una mera controversia política y se convierte en una cuestión grave de seguridad nacional, en una cuestión de inteligencia, en una cuestión de prevención antiterrorista y en una cuestión de responsabilidad que hoy nadie quiere tener.
La mayor amenaza que queda después del 30 y 31 de julio no es saber cuántas personas siguen físicamente en Ceuta, es no saber todavía si todas las personas que aprovecharon aquella brecha han sido identificadas y localizadas, que ya sabemos que no. Hasta que esa respuesta sea inequívoca, la amenaza no puede darse por cerrada. Y hasta que España no conozca exacta y realmente qué ocurrió entre el 27 de julio y los días posteriores al 31 de julio, quién recibió cada alerta, quién adoptó cada decisión, qué información llegó a cada organismo y por qué la respuesta no fue proporcional al riesgo detectado, tampoco debería cerrarse la responsabilidad política y operativa. Porque un Estado-Gobierno serio puede equivocarse ante un fenómeno imprevisible, pero lo que no puede hacer es recibir señales, infravalorarlas, mirar a otro lado, sufrir la brecha y muchos días después descubrir, dentro de ella, a personas que tenía expresamente prohibida la entrada.
Eso no es simplemente una mala gestión fronteriza, es una vulnerabilidad de seguridad nacional y si esa vulnerabilidad no se corrige de inmediato, la próxima crisis podría no terminar en una avalancha migratoria, podría terminar en algo mucho peor y entonces ya no estaríamos preguntándonos cuántos entraron, estaríamos preguntándonos, ante un aviso, por qué nuevamente nadie tomó las correctas decisiones para impedir que entraran.
Vicente Reig Basset es Coronel de la Guardia Civil (Retirado), DSE. Fue Jefe de la Comandancias de Huesca y Las Palmas de Gran Canaria, Director de Seguridad de Mapfre en México, Jefe de los POMLT en Afganistán y Director Proyecto de la UE de Lucha al Narcotráfico en Bolivia.
