En los últimos años, España, y especialmente grandes ciudades como Madrid, se ha convertido en un escenario habitual de eventos multitudinarios: macroconciertos, festivales musicales, competiciones deportivas y celebraciones al aire libre que congregan a decenas de miles de personas cada fin de semana. Detrás de esta aparente normalidad se esconde, sin embargo, una compleja maquinaria administrativa y técnica que durante mucho tiempo ha operado sin un marco normativo específico para gestionar uno de los mayores riesgos asociados a este tipo de actos: las multitudes.
Así lo explica José Carlos Pérez, jefe de Servicio de Seguridad y Proyectos Prestacionales del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, al analizar un fenómeno que ha obligado a replantear de raíz cómo se autorizan, diseñan y supervisan estos eventos. Pérez compartió sus conocimientos al respecto en la reciente jornada Día del Fuego convocada en Madrid por Tecnifuego.
La magnitud del problema se aprecia en los datos: solo en los últimos años, la Dirección General de Edificación del Ayuntamiento de Madrid ha tramitado solicitudes de licencia para eventos que, en conjunto, suman cerca de siete millones de espectadores. Esta cifra da cuenta de una presión creciente sobre los servicios municipales y de la necesidad de aplicar criterios homogéneos de seguridad. Sin embargo, hasta fechas recientes, la principal dificultad era la ausencia de una normativa específica que regulase la gestión de eventos multitudinarios al aire libre, un vacío legal que obligaba a las administraciones a aplicar criterios pensados originalmente para edificios cerrados.
Ante esa carencia, el control administrativo se realizaba de forma fragmentaria, apoyándose en normativa de prevención de incendios y en documentos técnicos concebidos para el ámbito edificatorio. Pero, como subraya Pérez, los riesgos que plantea una multitud al aire libre poco tienen que ver con los de un edificio: no se trata solo de fuego, sino de avalanchas, caídas, pánico colectivo, agresiones, golpes de calor o colapsos en accesos y salidas, con miles de personas potencialmente implicadas en cuestión de segundos. La falta de herramientas específicas para evaluar estos riesgos dejaba a técnicos y responsables ante una situación de enorme incertidumbre.
Esa incertidumbre se convirtió en evidencia tras los incidentes ocurridos en 2023 en uno de los más populares eventos celebrados en Madrid: el festival Mad Cool que, pese a contar con licencia, presentó graves deficiencias organizativas que pusieron en riesgo la seguridad de los asistentes. Las autoridades municipales decidieron entonces analizar en profundidad qué había fallado para evitar que se repitieran situaciones similares. El diagnóstico se apoyó tanto en estudios técnicos especializados en eventos musicales como en los testimonios difundidos por los propios asistentes en redes sociales.
Las conclusiones fueron contundentes. Se detectaron colas kilométricas en accesos no habilitados, esperas interminables bajo condiciones meteorológicas extremas, diseños interiores que impedían la visibilidad del escenario pese al elevado precio de las entradas, y una distribución deficiente de servicios básicos. La concentración de baños en un único punto provocó bloqueos y tensiones, mientras que la coexistencia de varios escenarios con programaciones simultáneas generó flujos cruzados y situaciones de congestión. Todo ello «desembocó en episodios de inseguridad y frustración generalizada», dijo.
Los problemas no terminaron dentro del recinto. Las salidas, tanto internas como hacia el exterior, resultaron «claramente insuficientes» para absorber el flujo de personas al finalizar los conciertos. Una vez fuera, la «falta de planificación» en la dispersión del público por la ciudad generó nuevos embotellamientos. A ello se sumaron las olas de calor propias del verano madrileño, que provocaron desmayos, hipotermias por calor y una intervención constante de servicios sanitarios y de bomberos, que incluso tuvieron que refrigerar colas de asistentes para evitar consecuencias más graves.
La pregunta clave surgió de inmediato: ¿qué habría ocurrido si, en ese contexto, se hubiese producido una emergencia real? Para responderla, la Dirección General de Edificación realizó una simulación computacional de evacuación, modelizando el comportamiento de más de 60.000 personas distribuidas en distintas zonas del recinto. Los resultados fueron alarmantes: tiempos de evacuación que se disparaban hasta los 30 minutos —frente a los ocho recomendados por estándares internacionales— y densidades de ocupación que alcanzaban las seis personas por metro cuadrado, muy por encima de los límites de seguridad aceptables.
Estos datos confirmaron que el problema no era anecdótico, sino estructural. La gestión de multitudes debía convertirse en el eje central de la seguridad en eventos temporales. Sin normativa estatal, autonómica ni municipal específica, los técnicos buscaron referencias en el ámbito internacional. Así llegaron a guías como la Green Guide y la Purple Guide, así como a la familia de normas ISO 13200, centradas en instalaciones para espectadores, que ofrecen un enfoque integral basado en cálculos objetivos y planificación anticipada.
El principio fundamental de estos estándares es el cálculo de la capacidad segura de un recinto, determinado no por el aforo teórico, sino por el valor más restrictivo de cuatro factores: la capacidad de ocupación segura, la capacidad de entrada, la capacidad de salida en condiciones normales y la capacidad de evacuación en emergencia. Aplicados a los eventos analizados, estos cálculos revelaron una brecha enorme entre el aforo autorizado y el aforo realmente seguro, obligando a replantear por completo el diseño y la autorización de futuros eventos.
Uno de los cambios más significativos fue la revalorización del plan de movilidad como documento central del proceso. Ya no se trata de un anexo secundario, sino del punto de partida que determina cómo llegan los asistentes, cómo se distribuyen, cómo permanecen en el recinto y cómo lo abandonan. El diseño del espacio debe responder a ese plan, garantizando áreas de amortiguación, accesos suficientes, servicios básicos distribuidos y una salida fluida hacia la ciudad.
Este nuevo enfoque cristalizó en octubre de 2024, cuando el Ayuntamiento de Madrid aprobó una instrucción pionera a nivel nacional que regula la tramitación de licencias para eventos multitudinarios e incorpora un protocolo específico de gestión de multitudes. El documento establece criterios claros sobre accesos, control de aforo en tiempo real, visibilidad del escenario, suministro gratuito de agua, servicios higiénicos, evacuación, simulaciones computacionales obligatorias y planes de emergencia climática.
Además, introduce una figura clave: el director de gestión de multitudes, responsable de aplicar el plan antes y durante el evento, y de garantizar que la seguridad no se vea comprometida por improvisaciones. La instrucción también refuerza la accesibilidad, con medidas específicas para personas con discapacidad, y contempla incluso puntos de atención ante situaciones de violencia de género.
Los primeros resultados han sido positivos. Tras un 2023 marcado por incidentes, los eventos celebrados en 2024 bajo este nuevo marco normativo mostraron una mejora notable en organización y seguridad. Festivales como Mad Cool corrigieron errores, escucharon al público y ofrecieron ediciones mejor planificadas. Aunque 2025 no ha estado exento de incidencias técnicas, como fallos de suministro eléctrico, la gestión del público ha evitado situaciones de riesgo grave.
En paralelo, el sector ha iniciado un proceso de profesionalización acelerada. Promotores y proyectistas ya no pueden improvisar: la seguridad y la gestión de multitudes deben integrarse desde la fase de concepción del evento. El foco ha cambiado. Si antes primaban los intereses comerciales, ahora el centro de atención se sitúa claramente en el ciudadano y en su derecho a disfrutar de eventos seguros, accesibles y dignos.
La experiencia reciente demuestra que la seguridad en eventos multitudinarios no depende solo de reaccionar ante emergencias, sino de anticiparlas con planificación, datos y rigor técnico. En un contexto de crecimiento constante de grandes concentraciones humanas, la gestión de multitudes se consolida como uno de los grandes retos urbanos del presente y del futuro inmediato.
