Desde el 29 de agosto de 2024, Daniel Sancho cumple una condena de cadena perpetua en Tailandia por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, cometido en la isla de Koh Phangan en agosto de 2023. La sentencia del Tribunal Provincial de Samui descartó la pena de muerte, que había planeado inicialmente la fiscalía, y fijó además una indemnización económica para la familia de la víctima. Ese mismo día se ordenó su traslado desde la prisión de Koh Samui a la penitenciaría central de Surat Thani, un centro de máxima seguridad en el sur del país al que van los reclusos con condenas largas.
Dos años después de su arresto, el caso continúa abierto en la vía de recursos. El pasado mes de julio, la defensa presentó un recurso de apelación en el que cuestiona el elemento de premeditación y pide repetir el juicio o celebrar una nueva vista con nuevos testigos. Entre los puntos alegados figura que la supuesta confesión inicial de premeditación no quedó grabada conforme a la ley y que han aparecido testimonios posteriores que matizan la versión policial.
El Tribunal de Apelaciones tiene la última palabra en esta fase, y, si la confirma, la defensa aún podría acudir al Tribunal Supremo tailandés. Mientras tanto, la familia de la víctima sostiene que no existe ninguna prueba que avale la inocencia del condenado, y los abogados en Tailandia de la acusación particular han llegado a pedir el restablecimiento de la pena capital en su propio recurso, presentado meses antes.
En las últimas semanas, al cumplirse dos años de su detención, el 5 de agosto de 2023, Sancho ha hecho llegar mensajes de que se encuentra “adaptado” a la vida en prisión y de que mantiene la “esperanza” de ganar la apelación. Sus declaraciones, difundidas por agencias y prensa, insisten en que con el recurso “se haga justicia” y “se llegue a la verdad”. Estas manifestaciones se producen en un clima mediático muy intenso, con cobertura permanente tanto en España como en Tailandia y Colombia.
La prisión que acoge a Sancho
El día a día en Surat Thani ilustra una paradoja frecuente en las cárceles tailandesas: seguridad alta, disciplina estricta y notoria masificación. El centro superó los 4.600 reclusos en los últimos recuentos publicados, con módulos diferenciados para detención, condenados definitivos, alta seguridad y educación.
En la sección donde se ubican presos con largas condenas —más de 25 años— conviven más de 500 internos; los extranjeros son una minoría. A los presos foráneos se les permite, con más holgura que a los tailandeses, realizar videollamadas y alargar visitas presenciales, una fórmula con la que las autoridades suavizan el aislamiento cultural y lingüístico. En ese régimen, Daniel Sancho mantiene contactos periódicos con sus padres y con su equipo legal, y ha podido sostener sesiones de videollamada de más de una hora en determinados días, según fuentes de su defensa.
El panorama jurídico de fondo no es sencillo. Aunque la cadena perpetua en Tailandia equivale, de entrada, a pasar el resto de la vida en prisión, la legislación de cumplimiento permite reducciones por buen comportamiento y festividades reales, y el sistema conserva la figura del indulto o conmutación por gracia del monarca.
Además, existe un acuerdo bilateral entre España y Tailandia para la ejecución de sentencias penales y mecanismos de traslado de personas condenadas: no operan mientras la condena no sea firme, y suelen exigir haber cumplido un mínimo de años en Tailandia, el pago íntegro de la indemnización civil y el visto bueno de ambas partes. Distintas fuentes jurídicas señalan horizontes mínimos que oscilan entre 8 y 10 años antes de activar una eventual solicitud de traslado; en cualquier caso, se trata de decisiones discrecionales y excepcionales.
En paralelo, el Estado español mantiene las cautelas habituales de protección consular. Exteriores ha explicado que la presencia de personal diplomático en el juicio y en gestiones posteriores es una práctica ordinaria —no una injerencia—, y que los consulados pueden prestar apoyos logísticos y, en casos de necesidad, una ayuda económica limitada para gastos básicos en prisión cuando la familia no puede cubrirlos.
Esa ayuda, según han detallado fuentes oficiales puede alcanzar un tope mensual reducido y se canaliza a través del peculio de la prisión. Este tipo de asistencia no interfiere en las decisiones de los tribunales tailandeses ni sustituye a la defensa privada.
La estrategia de la defensa se ha concentrado en impugnar la premeditación —clave para la severidad de la pena— y en reconstruir la secuencia de los hechos del 2 de agosto de 2023, alegando una pelea que desembocó en una muerte no planificada.
La sentencia, sin embargo, dio por probado que hubo preparación previa, apoyándose en compras realizadas los días previos (cuchillos, guantes, bolsas, productos de limpieza y un kayak) y en el posterior descuartizamiento y ocultación del cuerpo. La acusación privada, por su parte, ha reivindicado la solidez de esas evidencias y el sufrimiento continuado de la familia Arrieta. El recurso de apelación reabre ese debate probatorio, si bien el listón para revocar una condena firme en el segundo escalón judicial es alto.
En términos penitenciarios, el foco inmediato está en la estabilidad del régimen en Surat Thani. A diferencia de Bang Kwang (Bangkok), conocida por albergar a internos de máxima peligrosidad y por sus condiciones especialmente duras, la prisión del sur permite cierta elasticidad con extranjeros y, de momento, la administración no ha realizado movimientos para un cambio de destino. Con todo, nada impide que, si la apelación confirma la perpetua, el Departamento de Prisiones tailandés reevalúe su ubicación, como ya adelantaron distintas crónicas tras la lectura de la sentencia.
Mientras se dirime la apelación, el relato público del caso permanece muy polarizado. Cada nuevo hito —un escrito, una declaración desde el penal, una entrevista a los abogados de una y otra parte— vuelve a sacudir el interés informativo. La defensa insiste en la tesis de una muerte accidental en el marco de una pelea; la acusación mantiene que se trató de un crimen cuidadosamente planificado.
La resolución del Tribunal de Apelaciones, cuando se produzca, no sólo fijará el marco definitivo de cumplimiento para Daniel Sancho, sino que también calibrará hasta qué punto ese primer juicio resistía el escrutinio de garantías procesales invocado por la defensa. Lo que nadie discute es que, a día de hoy, Sancho es un preso con condena de por vida en Tailandia, alojado en Surat Thani, y que su horizonte cercano está atado a un recurso que puede confirmar la perpetua, rebajarla o, en hipótesis minoritaria, ordenar repetir el juicio.
Cronológicamente, el caso nació con el hallazgo de restos humanos en Koh Phangan a comienzos de agosto de 2023, la detención de Sancho el día 5, un sumario de enorme repercusión mediática y un juicio celebrado en la primavera de 2024. El veredicto de agosto de ese año dio por probada la premeditación, evitó la pena de muerte y dictó cadena perpetua, con la consiguiente indemnización. Desde entonces, los plazos han venido marcados por la preparación de recursos, por el seguimiento consular y por una vida carcelaria que, pese a la “adaptación” que el propio reo asegura haber alcanzado, transcurre en las condiciones restrictivas propias de un centro tailandés de alta seguridad.
En el horizonte, como vías extraordinarias y siempre inciertas, figuran la conmutación de pena y la eventual transferencia a España cuando concurran los exigentes requisitos binacionales. Hasta que haya una resolución firme de la apelación, su situación jurídica seguirá definida por esa cadena perpetua dictada en 2024 y por el régimen de alta seguridad y gran masificación de Surat Thani, donde ha dicho sentirse adaptado pero donde, como el resto de los reclusos, vive sometido a la disciplina estricta del sistema penitenciario tailandés.
