España tiene convenios de extradición con varios países que aplican la pena de muerte, pero no concede la extradición si existe el riesgo de que la persona sea condenada a muerte. Esto se debe a que la Constitución Española, en su artículo 15, y sus leyes prohíben la pena de muerte y protegen el derecho a la vida.
El principio clave es que España exige garantías diplomáticas de que no se aplicará la pena de muerte antes de conceder la extradición a esos países.
Los países con pena de muerte y y que tienen firmados tratados de extradición con España son, entre otros, Estados Unidos, Japón, Egipto, Marruecos, China (aunque con restricciones prácticas), Tailandia e Irán, donde, aunque no hay tratado bilateral, puede haber cooperación en casos específicos.
Antes de autorizar la extradición a uno de estos países, el gobierno español suele pedir que el Estado solicitante garantice por escrito que no se impondrá ni ejecutará la pena de muerte. Si no se obtiene esa garantía, España puede denegar la extradición.
En los últimos años, España ha extraditado a personas a países con los que mantiene convenios de extradición, incluso cuando estos países aplican la pena de muerte. Aunque la legislación española prohíbe la extradición si existe riesgo de que la persona sea condenada a muerte o sufra torturas, en la práctica se han producido casos controvertidos.
Estos son algunos ejemplos destacados. Respecto a las Extradiciones a China, a pesar de las advertencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y de organizaciones como Amnistía Internacional sobre las condiciones de las cárceles chinas, España ha autorizado nueve extradiciones a China entre 2023 y 2024.
De hecho, España es el único gran país europeo que continúa deportando presos al gigante asiático, argumentando que cada caso debe analizarse individualmente y exigiendo garantías escritas del respeto a los derechos humanos por parte de China.
Otro caso destacado es el de Ali Aarrass (Marruecos), un ciudadano de origen marroquí y nacionalizado belga, fue extraditado por España a Marruecos en 2010, donde sufrió graves torturas, según informes de Naciones Unidas. En 2024, el Tribunal Constitucional español concedió amparo a Aarrass, reconociendo que su extradición violó sus derechos fundamentales, ya que no se evaluó adecuadamente el riesgo de tortura.
En marzo de 2022, España deportó al activista argelino Mohamed Benhalima, quien había solicitado asilo alegando persecución política. Tras su deportación, Benhalima fue condenado a muerte en Argelia por cargos relacionados con terrorismo y difusión de información falsa. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que su expulsión se tramitó de forma urgente, impidiendo que el activista se defendiera adecuadamente.
En febrero de 2025, la Audiencia Nacional española denegó la extradición de un ciudadano iraní acusado de estafa, al considerar que existía una alta probabilidad de violación de sus derechos humanos debido a su conversión religiosa. Los magistrados destacaron que Irán no ofreció garantías de que la integridad de esta persona sería respetada y señalaron que el sistema judicial iraní carece de independencia y emplea castigos constitutivos de tortura.
Uno de los casos más sonados ha sido el de Daniel Sancho (Tailandia), ciudadano español, fue condenado a cadena perpetua en Tailandia en 2024 por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Aunque inicialmente enfrentaba la pena de muerte, su condena fue reducida debido a su colaboración en la investigación. Sancho podría solicitar ser trasladado a España para cumplir su condena, gracias a un convenio de 1983 entre ambos países.
La reversión de una extradición
Estos casos reflejan las complejidades y desafíos que enfrenta España al aplicar sus principios legales en materia de extradición, especialmente cuando se trata de países con prácticas cuestionables en derechos humanos. Y sí, la justicia española puede revocar o bloquear una extradición que haya sido acordada o tramitada por el Ministerio del Interior o el Gobierno, especialmente si vulnera derechos fundamentales.
¿Cómo funciona el proceso en estos casos? Jueces y fiscales, principalmente de la Audiencia Nacional, estudian primero si la extradición cumple los requisitos legales. Si la Audiencia Nacional aprueba la extradición, la decisión final queda en manos del Gobierno (Ministerio de Justicia o Interior). Pero incluso si el Gobierno da luz verde, la extradición puede ser impugnada judicialmente.
Las vías de control judicial arrancan con el Tribunal Constitucional, que puede revocar extradiciones si vulneran derechos fundamentales (como el derecho a no ser torturado o el derecho a un juicio justo). Ejemplo sería el mencionado de Ali Aarrass (extraditado a Marruecos en 2010 y torturado allí) obtuvo amparo del Constitucional en 2024, al considerar que se violaron sus derechos.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), por su parte, puede ordenar la suspensión o anulación de una extradición si hay riesgo real de tortura o pena de muerte. El TEDH puede emitir medidas cautelares urgentes si considera que la extradición sería contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos.
En definitiva, los tribunales españoles, incluido el Tribunal Constitucional, y los internacionales como el TEDH, pueden revocar o frenar una extradición incluso si ya ha sido acordada por el Gobierno, si consideran que viola derechos fundamentales.
