El Comité de Inteligencia del Parlamento de Estados Unidos, presidido por el congresista Rick Crawford, ha emitido una dura advertencia a España tras conocer que el Ministerio del Interior ha adjudicado contratos a Huawei por valor de unos 12,3 millones de euros para gestionar el almacenamiento y custodia de grabaciones judiciales, incluyendo escuchas telefónicas legales del CNI, Policía Nacional y Guardia Civil.
Según Crawford, es “casi inimaginable” que España confíe datos tan sensibles a una empresa vinculada al Partido Comunista Chino, calificando la decisión como jugar con fuego y comprometer la seguridad nacional de España y de sus ciudadanos. Rick Crawford advierte que España ha dejado su soberanía y la de sus aliados expuestas al emplear a “un agente conocido del PCCh” para recopilar y almacenar “cantidades ingentes de datos sensibles”.
El comité considera que esto refuerza la victoria estratégica de China, impulsando sus ambiciones globales mediante la obtención de información crítica y la expansión de su influencia tecnológica. La declaración de Crawford surge como conclusión del comité encargado de supervisar agencias como la CIA y el FBI. Se recalca que cada país que abre su infraestructura a Huawei brinda oportunidades para que se extraigan datos que servirán a objetivos geopolíticos del régimen chino.
¿Qué se almacena?
El contrato español implica el uso del sistema Huawei OceanStor 6800 V5, instalado en centros de proceso de datos ubicados en El Escorial, Canillas y dependencias del Ministerio del Interior, para custodiar grabaciones interceptadas legalmente mediante el sistema SITEL. Según fuentes policiales, estas escuchas están relacionadas con operaciones antiterroristas, crimen organizado (como la UCO), corrupción política (caso Koldo, audios de Villarejo), y otras investigaciones críticas de seguridad nacional.
El sistema utilizado no cuenta con la certificación EAL3+ del Centro Criptológico Nacional (CCN-STIC), necesaria para tecnologías vinculadas a la seguridad del Estado. El modelo certificado fue el OceanStor El Dorado V6, distinto al ahora empleado 6800 V5. Fuentes internas de Policía y Guardia Civil expresan preocupación ante lo que consideran una “incongruencia estratégica”: mientras Huawei es excluida de infraestructuras clave como la red 5G, se le confían datos ultrasensibles relacionados con escuchas judiciales.
La relación entre Huawei y los sistemas de interceptación SITEL se remonta al gobierno de Zapatero en 2005, se interrumpió durante el mandato del PP y fue retomada tras el regreso del PSOE en 2018. Desde entonces, los contratos se han renovado periódicamente, a pesar de las alertas internacionales.
Según Crawford, al otorgar ese nivel de acceso a Huawei, España se coloca en una posición frágil frente a posibles exigencias del gobierno chino de colaboración en tareas de inteligencia o ciberespionaje. Esta decisión, según Crawford, expone no solo a España sino también a sus aliados a riesgos derivados del acceso no controlado a datos estratégicos.
El comité considera que decisiones como esta refuerzan la influencia de China al normalizar su acceso a infraestructuras críticas en países europeos. Su advertencia subraya que España “está jugando con fuego” al permitir que una empresa vinculada al régimen chino gestione datos de «muy alta sensibilidad» relacionados con inteligencia y operaciones policiales.
La ‘expansión’ china por Hispanoamérica
Con anterioridad, Rick Crawford había expresado su denuncia por el uso de Huawei en Hispanoamérica. Como miembro del Comité Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes de EE. UU., ha advertido también sobre la expansión estratégica del gigante chino en la región. Ha denunciado que Huawei y otras firmas chinas están generando dependencias tecnológicas y de datos que, según él, convierten a esos países en vulnerables ante la influencia política y de inteligencia del Partido Comunista Chino.
En sus argumentos, Crawford sostiene que la falta de inversión estadounidense ha dejado vacíos que China ha aprovechado, ofreciendo tecnologías como redes 5G y soluciones en la nube a precios bajos y con ausencia de alternativas occidentales competitivas. En su visión, esto no responde solo a una simple estrategia empresarial, sino a una lógica de poder geopolítico. Interpreta estos movimientos como parte de una expansión del «capitalismo estatal chino» que busca posicionarse en sectores clave a largo plazo.
Crawford también ha vinculado la penetración de Huawei en infraestructuras digitales, destacando desde radio redes hasta almacenamiento en la nube, con problemas de colaboración militar y de ciberseguridad. Mencionó que países que dependían de Huawei para sus redes fueron menos propensos a permitir el acceso estadounidense para colaborar en entrenamientos de defensa o compartir inteligencia.
Un ejemplo concreto que citó fue Costa Rica, un país sin ejército que sufrió un ciberataque atribuido a actores chinos y luego solicitó ayuda de EE. UU. Crawford interpreta estas situaciones como señales de cómo el uso de tecnología de empresas ligadas al régimen chino puede erosionar la confianza de EE. UU. como socio de seguridad.
España presenta una situación paradójica, pues aunque Huawei fue excluida prácticamente de los núcleos de red 5G por decisión de las operadoras y presiones internacionales, sigue contratada para gestionar el almacenamiento de grabaciones judiciales interceptadas (por ejemplo, en casos como los audios de Villarejo y operaciones del UCO) mediante sistemas como OceanStor 6800 V5. El coste de estos contratos asciende a unos 12,3 millones de euros.
Esta dualidad genera contradicción, ya que se repudia a Huawei como proveedor crítico de infraestructura 5G, pero se le concede acceso a datos judiciales sensibles. Mientras tanto, a nivel europeo, varios países como Alemania, el Reino Unido o Portugal han prohibido o restringido completamente a Huawei por motivos de seguridad, implementando planes de sustitución progresiva o listas negras de proveedores ‘de alto riesgo’. España, en cambio, no ha desarrollado aún una lista negra explícita, y el Gobierno ha evitado enfocarse directamente en compañías o nacionalidades, en parte para no perjudicar la atractiva relación comercial con China.
