El pasado 27 de junio, la XIV Legislatura del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China aprobó por unanimidad la enmienda a la Ley de Sanciones de la Administración de Seguridad Pública. Esta reforma entrará en vigor el 1 de enero de 2026, marcando una revisión de fondo sin precedentes desde la entrada en vigor de la ley original en 2005.
La nueva versión consta de 6 capítulos y 144 artículos, frente a los anteriores 54. Refleja la voluntad del legislador de adaptarse a desafíos emergentes provocados por la evolución de la sociedad china y el desarrollo tecnológico. Entre los cambios más significativos destacan la incorporación de conductas contemporáneas ilícitas, como el uso no autorizado de drones (“vuelo negro”), caída de objetos desde edificios, acoso escolar, usurpación del volante de un vehículo en circulación, crímenes relacionados con fiestas privadas y circulación de información personal sin consentimiento. En caso de usurpación del volante, se contempla la detención de hasta diez días, multa de hasta 1.000 RMB (moneda china), según la gravedad.
También se contempla una regulación específica del acoso o agresión entre partes, eliminando la situación de «mutuo intercambio de golpes» que antes se consideraba “intercambio de violencia”.
Los menores podrán ser detenidos
Un pilar de esta reforma es el endurecimiento de medidas para menores. Quienes tengan entre 14 y 16 años y cometan dos infracciones en un año, o quienes sean mayores de 16 e incurran en infracciones graves, podrán enfrentar detención administrativa.
No obstante, se refuerzan las garantías procesales: el menor tiene derecho a ser escuchado por sí mismo, con representación de sus padres o tutor, y puede solicitar una audiencia o vista para ejercer su defensa.
La actualización también introduce mejoras procesales significativas como la grabación y filmación en tiempo real de interrogatorios e inspecciones para garantizar transparencia; un protocolo estricto para inspecciones de viviendas, registros físicos, incautaciones y custodia de pruebas, incluyendo la presencia de testigos, actas firmadas y listados detallados de bienes retenidos, y protección de datos personales, donde se añaden sanciones administrativas por el uso no autorizado o la venta de información personal o bases de datos sobre ciudadanos.
De igual modo, se establece un sistema de archivado y sellamiento de antecedentes por infracciones menores, permitiendo a las personas limpiar su historial tras un periodo en muchos casos.
Con las reformas se oficializa la vigilancia de conductas que habían sido tratadas de forma implícita, como el control sobre el uso indebido de drones en zonas restringidas o rutas no autorizadas; sanciones por lanzamiento de objetos desde edificios, que ponen en riesgo a transeúntes; medidas concretas contra el acoso escolar, responsabilizando a escuelas y funcionarios de gestión educativa que no lo denuncien o la penalización a los propietarios de perros que no los mantengan bajo control, en especial si ocasionan daños o riesgos .
Un cambio en la cultura legal
Este cambio, resalta la administración china, es más que una suma de nuevas prohibiciones. Implica una modernización del enfoque legal ante problemas sociales del siglo XXI, por el que se busca un equilibrio entre orden público, seguridad ciudadana y derechos individuales. Así, la reforma introduce por primera vez en esta ley disposiciones vinculadas al principio de proporcionalidad y defensa legal, como ocurre con la regulación de legítima defensa. Se fortalece la idea de gestión escalonada, donde graves delitos quedan en manos del sistema penal y faltas menores se sancionan administrativamente.
¿Por qué se produce ahora esta reforma? El actual marco legal, vigente desde 2005, había alcanzado 20 años sin reformas sustanciales. Las nuevas tecnologías, el desarrollo urbano acelerado, el resurgimiento de comportamientos colectivos mal gestionados y el fenómeno migratorio interno llevaron a que comportamientos, antes casi marginales o poco contemplados, requiriesen ahora una respuesta legal clara y efectiva.
El proceso legislativo duró dos años y se realizaron tres rondas de lectura, con más de 120.000 aportaciones ciudadanas y debates centrados en temas como los derechos de menores, el uso de drones y la legítima defensa.
Se espera que la reforma facilite la labor de la policía y reduzca vacíos normativos en casos como acoso escolar o drones; ofrezca mayor seguridad y justicia al ciudadano al establecer procedimientos claros y mecanismos para defenderse; y mejore la confianza pública en la ley, al permitir que faltas menores no persigan a las personas de por vida gracias al sellado de antecedentes.
No obstante, se plantean riesgos como el exceso de criminalización de comportamientos menores relacionados con tecnología o niños; posible abuso del sistema administrativo al no contar todos los casos con control judicial; o ambigüedad en algunos términos puede propiciar interpretaciones restrictivas por parte de las autoridades locales.
