El Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, integrado por las organizaciones sindicales y empresariales del sector en España APROSER, ASECOPS, FeSMC–UGT, CCOO del Hábitat y FTSP–USO, ha publicado recientemente un extenso documento de posicionamiento estratégico reivindicando la modernización del sector, su reconocimiento como un pilar esencial de la seguridad ciudadana y la actualización urgente del marco normativo que lo regula.
Sus propuestas llegan en un contexto marcado por el aumento de los riesgos a la seguridad, la transformación tecnológica, la presión en el mercado laboral y la necesidad de fortalecer la colaboración público-privada para garantizar servicios de calidad y proteger infraestructuras críticas.
La primera gran reivindicación del Observatorio es el reconocimiento formal y legal de la seguridad privada como un sector esencial y estratégico dentro del modelo de seguridad pública español. Los profesionales de la seguridad privada han demostrado durante crisis recientes, como la pandemia, su valor para la protección ciudadana, la continuidad de servicios básicos y el apoyo a emergencias. Sin embargo, a menudo su trabajo no ha gozado del reconocimiento institucional adecuado.
El Observatorio pide que se explicite este carácter esencial en la legislación, en los planos de seguridad nacionales y autonómicos, y que se refuerce su papel como aliado imprescindible de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente en entornos urbanos y sensibles, así como en infraestructuras de interés estratégico.
Actualización normativa: una necesidad urgente
Uno de los principales problemas señalados es el desfase entre la Ley de Seguridad Privada 5/2014 y su reglamento de desarrollo, aún anclado en un Real Decreto de 1994. «Esta desactualización limita la capacidad del sector para hacer frente a amenazas emergentes como la ciberseguridad, el uso de drones o la protección de infraestructuras críticas, y genera inseguridad jurídica tanto para empresas como para trabajadores», señala el Observatorio.
Así, plantea la necesidad de un nuevo reglamento, consensuado entre sindicatos y patronales, que garantice claridad y protección jurídica a los profesionales; inclusión de nuevos servicios y figura de nuevos riesgos; homogeneidad territorial en los estándares de calidad; e impulso a la profesionalización del sector y dignificación de sus condiciones laborales.
Considera, en suma, la necesidad de una legislación moderna «como condición indispensable para asegurar la viabilidad empresarial, proteger el empleo y garantizar servicios adaptados a los retos del siglo XXI».
Agilizar la habilitación y atraer talento
En este contexto, el Observatorio señala que el sector atraviesa «graves dificultades» para atraer y retener profesionales cualificados, debido al retraso administrativo en los procesos de habilitación —que pueden superar los cuatro meses—, la competencia de otros sectores y la transformación del mercado laboral.
El Observatorio propone en este marco dotar de más personal y medios a las unidades policiales responsables, crear autorizaciones provisionales para el ejercicio inmediato en casos urgentes, impulsar la formación profesional reglada de grado medio y fomentar la inclusión de personas con discapacidad y de otras nacionalidades mediante convenios internacionales de reconocimiento de titulaciones.
Estas medidas, sostiene el Observatorio, permitirían responder ágilmente a la demanda, garantizar la calidad y la confiabilidad del personal y facilitar la cobertura de servicios esenciales.
Por otra parte, el proceso de relación entre empresas de seguridad y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sigue siendo en muchos casos manual y basado en gestiones en papel, lo que, advierte el Observatorio, «genera ineficiencia y falta de trazabilidad». Por ello, reclama la «creación urgente» de una plataforma digital centralizada para la gestión de comunicaciones, el control administrativo, la reducción de cargas burocráticas y la mejora de la seguridad de la información. La digitalización, subraya, permitiría consolidar datos, optimizar recursos, reducir el fraude y aumentar la capacidad de supervisión de los servicios, alineándose además con los objetivos de la administración electrónica y la transición digital.
Contratación pública y sostenibilidad empresarial
Otra de las reclamaciones fundamentales afecta a la regulación de la contratación pública. El sector, dominado por servicios contratados por las Administraciones, «sufre la imposibilidad de revisar precios ante incrementos extraordinarios», principalmente del salario mínimo o de coste laboral derivados de cambios normativos.
La actual normativa de desindexación «impide el ajuste y aboca a muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas, a situaciones de inviabilidad económica tras prórrogas contractuales». Para contrarrestar esta situación, el Observatorio pide la incorporación de mecanismos automáticos (o al menos excepcionales) de revisión de precios en los contratos públicos para cubrir incrementos salariales o imprevistos normativos.
También propone reformas inspiradas en modelos europeos como el italiano o el portugués, más flexibles ante los cambios económicos. Según alerta el Observatorio, la falta de estas medidas «pone en peligro la continuidad y la calidad de los servicios fundamentales para la administración y la sociedad».
Por lo demás, el marco actual, en lo referente a la responsabilidad sobre deudas laborales y de Seguridad Social en las sucesiones de plantilla entre empresas contratadas por la administración, «genera un riesgo jurídico y económico inasumible». Esta situación, acrecentada por una jurisprudencia reciente, «restringe la competencia y pone en peligro la viabilidad de muchas empresas».
Al respecto, el Observatorio propone flexibilizar el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores para permitir excepciones pactadas en convenio colectivo, así como reforzar los mecanismos de retención o garantía y el control sobre empresas deudoras, para asegurar la solvencia y proteger los derechos de los trabajadores.
«La falta de criterios de calidad en la contratación pública, con procesos a menudo centrados en ofertar el precio más bajo, ha generado precariedad y reducido el valor añadido del sector» y contra eso defiende priorizar criterios cualitativos y objetivos —como la experiencia, solvencia técnica y capacitación del personal—, así como prohibir prácticas como la “bolsa de horas” y asegurar más transparencia en las adjudicaciones. «Solo un modelo de contratación basado en la excelencia puede asegurar servicios modernos, sostenibles y socialmente útiles», señala.
Por último, el Observatorio propone abrir el debate para el establecimiento de coeficientes reductores en la edad de jubilación de los vigilantes de seguridad, en línea con otras profesiones de riesgo, y reconociendo la naturaleza especialmente exigente y peligrosa del trabajo en este sector.
