Aunque durante las primera horas, y luego bastantes días más de lo deseable, la atribución del apagón que dejó boquiabiertos a los españoles la pasada primavera no dejaba de tener en cuenta a ciberatacantes como posible causa, entre otras, lo cierto es que, finalmente eso no fue así, pero en el marco de la respuesta recién aprobada por el Gobierno para que algo así no vuelva a suceder la ciberseguridad se ha colocado en el pódium de las prioridades gubernamentales en este escenario.
El análisis digital descarta que el incidente tuviera origen en un ciberataque. No se detectaron, en efecto, accesos no autorizados, movimientos laterales entre redes IT y OT, ni actividad maliciosa en los sistemas analizados. Sin embargo, el informe advierte sobre la existencia de vulnerabilidades y carencias habituales en la configuración de medidas de seguridad, especialmente en entidades pequeñas y medianas, y recomienda reforzar la autenticación, la segregación de redes y la gestión de logs y vulnerabilidades.
El informe concluye con un extenso paquete de recomendaciones. En el ámbito eléctrico, se propone la aprobación urgente de un nuevo servicio de control de tensión que permita la participación de instalaciones renovables, la incorporación de tecnologías como compensadores síncronos y sistemas FACTS en la red, y la revisión de la normativa para exigir mayor cumplimiento y supervisión. Se insta también a acelerar la constitución de un regulador energético especializado y a reforzar las interconexiones con Europa.
En particular en cuanto a ciberseguridad, se recomienda la rápida transposición de las directivas europeas NIS 2 y CER, la ampliación de la normativa a entidades de menor tamaño y la implantación de medidas de gestión de riesgos, autenticación multifactor, segmentación de redes y planes de respuesta a incidentes, entre otras.
El informe elaborado por el Comité para el Análisis de las Circunstancias que concurrieron en la Crisis de Electricidad del 28 de abril de 2025, al que ha tenido acceso Delta13News, supone un documento exhaustivo que desglosa las causas, el desarrollo y las lecciones aprendidas tras el histórico cero de tensión que dejó sin suministro eléctrico a la península ibérica durante varias horas. El informe, elevado al Consejo de Seguridad Nacional y con participación de los principales organismos del sector energético y de ciberseguridad, representa la investigación más detallada hasta la fecha sobre el mayor apagón sufrido en España y Portugal en décadas.
El 28 de abril de 2025, a las 12:33:30, la península ibérica experimentó un colapso total del sistema eléctrico, desconectándose también del sistema interconectado europeo. El incidente, que superó los umbrales de pérdida de carga y energía no suministrada previstos en los planes de emergencia, obligó a declarar una crisis de electricidad conforme al Reglamento (UE) 2019/941 y a activar el protocolo de comunicación con la Comisión Europea y los países vecinos. El Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, constituyó de inmediato un comité especializado para analizar lo ocurrido y proponer medidas de refuerzo.
El informe detalla la creación de dos grupos de trabajo: uno centrado en la operación del sistema eléctrico (GTOSE) y otro en ciberseguridad y sistemas digitales (GTCSD). Ambos equipos recopilaron información de operadores, empresas generadoras, distribuidores y centros de control, analizando tanto la documentación técnica como los registros de actividad digital, y realizando visitas in situ. Se recabaron más de 133 GB de datos y se realizaron más de 1.200 horas de trabajo técnico para reconstruir la cronología y las causas del incidente.
La investigación se estructuró en cinco fases, desde la inestabilidad previa en las tensiones, pasando por oscilaciones y pérdidas de generación, hasta el colapso total y la posterior reposición del suministro. El informe también incluye análisis de contexto, conclusiones diferenciadas por ámbito (eléctrico y digital), propuestas de mejora y reflexiones para el ámbito europeo.
Cronología del incidente: de la inestabilidad a la reacción en cadena
El documento describe cómo, tras una mañana de inestabilidad atípica en las tensiones y varias oscilaciones amortiguadas, el sistema entró en una fase crítica a partir de las 12:30. Un incremento sostenido de la tensión, sumado a la reducción de exportaciones eléctricas y la insuficiente absorción de energía reactiva por parte de la generación convencional, provocó las primeras desconexiones de generación renovable por sobretensión. Estas pérdidas iniciales desencadenaron una reacción en cadena: cada desconexión aumentaba la tensión, lo que provocaba nuevas desconexiones, hasta llegar al colapso total en apenas segundos.
El informe subraya que no existió un fallo único, sino una combinación de factores: insuficiente control dinámico de tensión, número reducido de grupos térmicos acoplados respecto a días previos, comportamiento atípico de algunos equipos de control de tensión y desconexiones “tempranas” de instalaciones renovables. Además, la baja demanda y la elevada penetración de generación renovable contribuyeron a la vulnerabilidad del sistema.
Tras el cero de tensión, se activaron los planes de emergencia, basados en la creación de “islas energéticas” a partir de centrales hidráulicas y el apoyo de las interconexiones con Francia y Marruecos. El proceso de reposición fue reconocido como ejemplar por expertos nacionales e internacionales: a las 22:30 del mismo día, el 50% de la demanda ya estaba restablecida y a las 7:00 del 29 de abril, el 99,95% del suministro había sido recuperado. No obstante, el informe identifica áreas de mejora, como la necesidad de reforzar la capacidad de arranque autónomo de ciertas instalaciones y la mejora de los sistemas de telemando y comunicaciones en la red de distribución.
El informe advierte que la creciente granularidad de los mercados eléctricos, la digitalización y la penetración masiva de renovables suponen retos inéditos para la estabilidad de los sistemas eléctricos. Propone trasladar a la Comisión Europea la necesidad de evaluar el impacto de la negociación cuartohoraria en los mercados y de flexibilizar los plazos de cierre de mercados interzonales, especialmente en sistemas poco interconectados como el ibérico.
En definitiva, el documento constituye una llamada de atención sobre la complejidad y fragilidad de los sistemas eléctricos modernos, la necesidad de reforzar la supervisión, la coordinación y la resiliencia tanto técnica como digital, y la importancia de aprender de los incidentes para garantizar la seguridad y la continuidad del suministro eléctrico en el futuro.
Medidas propuestas para evitar futuras crisis en el sistema eléctrico español y portugués
El informe oficial sobre la crisis eléctrica del 28 de abril de 2025 plantea un conjunto amplio de medidas para reforzar la resiliencia, la supervisión y la capacidad de respuesta tanto en el ámbito técnico-eléctrico como en el digital y de ciberseguridad. Las recomendaciones están dirigidas a todos los agentes del sistema: operadores, generadores, distribuidores, reguladores y autoridades públicas.
En primer lugar, la aprobación urgente de un nuevo servicio de control de tensión: Permitir la participación de instalaciones renovables (no solo generación síncrona) en el control dinámico de la tensión, abriendo la prestación de este servicio a tecnologías más modernas y distribuidas. También instalar los referidos compensadores síncronos, sistemas FACTS y STATCOM en la red de transporte para lograr un control de tensión más continuo y eficaz, y exigir la correcta configuración y despliegue de estabilizadores de potencia (PSS) y sistemas de amortiguamiento de oscilaciones (POD) en generación síncrona y asíncrona. También se reclama adaptar la normativa para regular no solo los niveles absolutos de tensión, sino también la velocidad de variación de la misma, y mejorar los criterios de protección del sistema eléctrico.
De igual modo, se pide intensificar la inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones de control de tensión y factor de potencia por parte de todos los agentes (generadores, distribuidores, consumidores); establecer un marco jurídico específico para las infraestructuras de evacuación compartidas, asegurando su solvencia técnica y la corresponsabilidad de los agentes conectados; y acelerar la creación y dotación de una Comisión Nacional de Energía focalizada en la supervisión técnica y regulatoria del sector.
Todo ello, sin olvidar incluir en los planes de inversión herramientas específicas para el control y monitorización de tensión, así como mejoras en telecomunicaciones y telemando; aumentar la capacidad de interconexión con el sistema europeo para mejorar la estabilidad, la competitividad y la capacidad de apoyo mutuo en caso de incidentes; e incorporar penalizaciones por incumplimiento, permitir la entrada de nuevas tecnologías y recoger las lecciones aprendidas del incidente de 2025.
En este escenario también se reclama facilitar la integración de almacenamiento y la hibridación de proyectos renovables, y aprobar la regulación del agregador independiente y del mercado de capacidad; promover la electrificación industrial y de otros usos energéticos para aumentar la demanda eléctrica, lo que ayuda a reducir las sobretensiones en contextos de baja demanda, y revisar la regulación y funcionamiento de los servicios de ajuste para asegurar su eficacia y minimizar los costes para los consumidores.
Y, lo dicho, en cuanto a la ciberseguridad, la transposición urgente de las directivas europeas NIS 2 y CER, de modo que se amplíe el alcance normativo a entidades de menor tamaño y reforzar la gestión de riesgos, autenticación multifactor, segmentación de redes y planes de respuesta a incidentes; realizar análisis periódicos de riesgos, centralizar registros de actividad (logs) y reforzar la segregación entre redes IT y OT; fomentar la cultura de ciberseguridad entre empleados y responsables, y realizar ejercicios periódicos de simulación de incidentes; y establecer canales ágiles y coordinados de notificación y respuesta ante ciberincidentes, especialmente para operadores críticos y de servicios esenciales.
En este contexto, la coordinación entre España y Portugal es fundamental para la prevención de futuras crisis eléctricas en la península ibérica por varias razones técnicas, operativas y estratégicas. España y Portugal comparten el sistema eléctrico peninsular, que funciona como una única entidad física y operativa. Un fallo o desequilibrio en un país puede afectar de inmediato al otro, como se evidenció en la crisis del 28 de abril de 2025, donde ambos países sufrieron simultáneamente el colapso del suministro eléctrico.
Las interconexiones entre ambos países permiten el intercambio de energía y la gestión conjunta de reservas, lo que refuerza la estabilidad y la capacidad de respuesta ante incidentes. Tras un apagón, la reposición del suministro requiere la creación de “islas energéticas” y la sincronización de operaciones entre ambos países. La experiencia reciente demostró que la colaboración permitió restablecer el servicio de forma más rápida y segura, minimizando el impacto social y económico.
La existencia de protocolos conjuntos facilita la toma de decisiones rápidas y la implementación de medidas de emergencia coordinadas, esenciales en situaciones de crisis. Además, como pone de relieve el informe, la coordinación permite optimizar el uso de infraestructuras críticas, como centrales de generación, redes de transporte y sistemas de almacenamiento, maximizando la eficiencia y la resiliencia del sistema peninsular.
Un enfoque conjunto también mejora la capacidad de anticipar, detectar y mitigar riesgos, como oscilaciones, sobretensiones o ciberincidentes, que pueden propagarse rápidamente a través de la red compartida.
Refuerzo de la resiliencia peninsular y efecto en la red europea
Las medidas propuestas para el sistema eléctrico español y portugués, como la mejora de los servicios de control de tensión, la incorporación de tecnologías avanzadas (compensadores síncronos, FACTS, STATCOM) y la regulación más estricta sobre la operación y supervisión de la red, no solo fortalecerán la estabilidad de la Península Ibérica, sino que también aportarán robustez al sistema eléctrico europeo en su conjunto. Al reducir la probabilidad de un colapso en la península, se minimiza el riesgo de desconexión o desestabilización de la red continental, dado que la península forma parte del sistema interconectado europeo.
El informe subraya la necesidad de aumentar la capacidad de interconexión con el resto de Europa. Esto permitirá compartir reservas y recursos de respaldo, facilitar la gestión de emergencias transfronterizas, mejorar la flexibilidad y la capacidad de respuesta ante fluctuaciones de generación renovable, y, en última instancia, reducir la vulnerabilidad de toda la red europea ante incidentes locales. Una mayor interconexión también ayuda a cumplir los objetivos de la UE en materia de mercado único de la energía y transición energética.
El refuerzo de la coordinación entre España, Portugal y Francia, así como la adopción de protocolos de emergencia comunes, permitirá una respuesta más ágil y eficaz ante incidentes, evitando contagios de inestabilidad a otros países. La experiencia y las lecciones aprendidas se compartirán con los socios europeos, mejorando la preparación y la resiliencia de la red continental.
Las recomendaciones que recoge el informe incluyen la revisión de la normativa europea sobre el funcionamiento de los mercados eléctricos, especialmente en lo relativo a la granularidad de la negociación (mercados cuartohorarios) y los plazos de cierre. Esto es relevante para sistemas poco interconectados como el ibérico, pero puede servir de referencia para otros mercados periféricos o insulares de Europa, promoviendo una mayor armonización y adaptabilidad de la regulación a las características técnicas de cada región.
Y, como ya se ha apuntado, la rápida transposición de directivas europeas como NIS 2 y CER y la extensión de las obligaciones de ciberseguridad a todos los agentes, incluso los de menor tamaño, elevarán el estándar de protección digital en toda la red. Dado que los ciberataques pueden propagarse entre países, una mayor protección en la península contribuye a la seguridad de la infraestructura crítica europea.
