Coincidiendo con la polémica generada por el robo en el Museo del Louvre, en París, el Museo Nacional del Prado acaba de iniciar los trámites para adjudicar un importante contrato de “Servicio de atención al visitante y seguridad” cuyo valor estimado ronda los 19 millones de euros. Según la información revelada en primicia por El Independiente, el museo pretende licitar este servicio con efecto a partir del próximo 15 de diciembre, con una duración inicial de 12 meses y posibilidad de prórroga por otros doce.
El pliego de condiciones, al que ha tenido acceso el rotativo digital y que ha sido denunciado por un sindicato, indica que el contrato no solo abarcará la vigilancia y protección de las instalaciones —incluidos los edificios que conforman el “Campus” del Prado—, sino también la atención al público: taquilla, recepción, consigna y control de acceso.
Entre los requisitos técnicos se exige que la empresa adjudicataria opere y monitorice los diferentes sistemas y dispositivos de seguridad instalados en el museo: circuitos cerrados de televisión (CCTV), centrales de alarmas, controles electrónicos de acceso, rondas de inspección de seguridad. Según siempre el referido diario, el contrato exige también la entrega de tres equipos nuevos de inspección por rayos X (modelo Detescan XR6040 o XR5335 o similar) para el control de visitantes.
La plantilla prevista para este servicio asciende a 104 vigilantes de seguridad, que ya forman parte del personal actualmente subrogado. En el detalle salarial, 12 de ellos cobran un plus de peligrosidad de 2.620 euros, otros 351 euros de complemento fijo, 77 tienen pluses de antigüedad, y nueve figuran como jefes de equipo con un extra de 1.353 euros.
Respecto al presupuesto, la licitación considera una cifra máxima de 19,27 millones de euros sin impuestos, lo que representa un aumento significativo frente al contrato anterior del museo, que era en torno a 15,4 millones de euros. El aumento responde, según el museo y según la información de El Independiente, al fuerte crecimiento de visitantes —en 2024 se registraron 3,46 millones— y al consecuente refuerzo en los medios de seguridad y atención al público.
Durante el proceso, el sindicato Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera de Madrid (FTSP-USO Madrid) ha presentado un recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, impugnando los pliegos por entender que infringen el artículo 145 de la Ley de Contratos del Sector Público y que adolecen de ausencia de criterios claros de calidad en la adjudicación.
Por su parte, el Ministerio de Cultura y Deporte ha anotado que este contrato figura entre los pilares del plan de actuación 2022-2025 del Prado, que subraya como eje estratégico la “excelencia en la atención al visitante” y la protección de los bienes culturales. En su nota oficial del 28 de marzo de 2023 aparece el valor estimado en 15,417 millones de euros, lo que da contexto al incremento que ahora se propone.
La licitación se dirige a varias empresas con experiencia acreditada en entornos de protección de alto valor cultural. Según El Independiente, las candidatas, cuatro UTE, que han presentado ofertas incluyen a: UTE Casva Seguridad S.L.–Casva Control S.L.; UTE CMM Guard S.L.–Arciha de Servicios S.L.; UTE Salzillo Seguridad S.A.–Salzillo Servicios Integrales S.L.; y UTE Imán Seguridad S.A.–Alianzas y Subcontratas S.L.
El museo ha enfatizado que el servicio debe garantizar la protección tanto de las personas como de las obras artísticas depositadas en sus salas. Expertos consultados señalan que en los museos de gran afluencia como el Prado, combinar una experiencia de público abierta con un alto nivel de seguridad plantea desafíos: desde control de flujos de visitantes, identificación de comportamientos inusuales, hasta vigilancia de obras que pueden ser objeto de robo o vandalismo. De hecho, en 2022 su director afirmaba que “ni siquiera un policía por cada visitante impediría un ataque a una obra”.
Según el Museo del Prado, la adjudicación del contrato permitirá una adecuada transición y coordinación entre el antiguo y el nuevo servicio. Si todo va según lo previsto, el nuevo proveedor iniciará el servicio el próximo 15 de diciembre, tras la resolución del proceso administrativo.
