La Audiencia Nacional ha ordenado paralizar provisionalmente la ejecución del proyecto para instalar un dispositivo temporal de acogida de migrantes en el Puerto de Ceuta, después del recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que había reclamado la suspensión inmediata de la actuación por motivos de seguridad. La decisión judicial impide, de momento, que el Ministerio de Transportes continúe ejecutando la resolución que permite utilizar unos 16.000 metros cuadrados del puerto para habilitar un espacio con capacidad aproximada para un millar de personas.
La resolución del tribunal tiene carácter provisional y no supone todavía una decisión definitiva sobre la legalidad o continuidad del campamento. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha ordenado que no se ejecute la resolución administrativa mientras estudia la medida cautelar urgente solicitada por el sindicato policial. Para ello, ha requerido al Ministerio de Transportes que remita con carácter urgente la resolución que habilita la instalación y el resto de la documentación incorporada al expediente administrativo.
El origen del conflicto se encuentra en la decisión adoptada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el pasado 5 de septiembre, mediante la que se autorizó la utilización de aproximadamente 16.000 metros cuadrados de la ampliación de Poniente del Puerto de Ceuta para instalar el dispositivo temporal de acogida. La actuación se produjo después de que la Autoridad Portuaria de Ceuta no autorizara inicialmente la utilización de los terrenos.
El SUP alegó riesgos para una infraestructura crítica
El Sindicato Unificado de Policía había anunciado el 15 de septiembre su recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional y había solicitado la adopción de medidas cautelarísimas para detener inmediatamente la instalación. El SUP argumentaba que antes de poner en funcionamiento el campamento debían acreditarse las condiciones de compatibilidad portuaria, protección, emergencias y prevención de riesgos laborales.
Uno de los principales argumentos del sindicato es la ubicación elegida. El SUP considera especialmente preocupante concentrar a alrededor de un millar de personas dentro de una infraestructura crítica y señala que en el entorno del emplazamiento existen instalaciones vinculadas a combustibles, energía y otros servicios esenciales. La organización afirma que no había tenido acceso a los informes técnicos y de seguridad que justificasen la elección de este espacio.
El sindicato también había puesto sobre la mesa los riesgos relacionados con los incendios, la evacuación y la respuesta ante emergencias, después de los incendios registrados en distintos asentamientos de Ceuta. Según el SUP, estas circunstancias obligan a evaluar previamente tanto la seguridad de las personas acogidas como la de los trabajadores y usuarios del puerto y la de los propios agentes policiales que pudieran intervenir.
El SUP insiste en que su oposición se dirige a la ubicación y a las condiciones de seguridad, no a la atención humanitaria. «No cuestionamos la atención humanitaria. Cuestionamos que se improvise una ubicación de estas características sin acreditar previamente todas las garantías de seguridad», sostiene la organización policial.
El campamento queda en suspenso
La decisión de la Audiencia Nacional supone que, hasta que el tribunal resuelva la medida cautelar urgente, el Ministerio de Transportes no puede ejecutar la resolución administrativa que ampara la instalación. De esta forma, el proyecto queda temporalmente en suspenso mientras los magistrados analizan la documentación aportada por la Administración y los argumentos del recurso del sindicato.
La medida afecta a un proyecto diseñado para aliviar la presión existente en Ceuta tras la entrada masiva de personas registrada a finales de julio. El Gobierno había planteado el espacio portuario como una infraestructura temporal de acogida, mientras que el SUP sostiene que la utilización de ese emplazamiento requiere garantías específicas debido a su carácter portuario y a la presencia de instalaciones y servicios estratégicos.
La paralización judicial se produce además cuando ya se habían realizado trabajos para preparar parte de las instalaciones. Según informaciones publicadas por medios de comunicación, en una zona del recinto se habían levantado varias decenas de carpas destinadas a acoger a cientos de personas.
La decisión conocida ahora, por tanto, no equivale a una prohibición definitiva del campamento. La Audiencia Nacional deberá pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada por el SUP después de examinar el expediente administrativo remitido por Transportes. Hasta entonces, la instalación y puesta en funcionamiento del dispositivo en los términos afectados por la resolución quedan paralizadas.
El SUP, por su parte, sostiene que la vía judicial constituye la respuesta a la falta de garantías que, a su juicio, existen en torno al emplazamiento. La organización recuerda que también ha reclamado refuerzos policiales estables en Extranjería, Fronteras y Seguridad Ciudadana, la actualización de las plantillas y compensaciones económicas para los agentes desplegados ante la situación extraordinaria en Ceuta.
La organización sindical también ha planteado como alternativa de acogida la utilización temporal de un buque-hotel, con el objetivo de reducir la presión sobre la ciudad y evitar, según su planteamiento, que el dispositivo de acogida se sitúe dentro de una infraestructura portuaria.
En estos momentos, la cuestión queda pendiente de la decisión de la Audiencia Nacional sobre la medida cautelar. El tribunal deberá determinar si mantiene la suspensión provisional mientras se resuelve el recurso o permite que la Administración continúe con el proyecto.
