Los casos de hantavirus detectados en un crucero, que ha causado ya víctimas mortales, y la polémica generada en torno a la llega de la nave a costas españolas, a Canarias en concreto, y posterior traslado de los pasajeros de nacionalidad española a Madrid, ha devuelto a la actualidad la preocupación social sobre eventuales contagios de enfermedades infecciosas. Y al igual que existen controles de mercancías, de nuestros equipajes, de nuestras identidades en nuestros respectivos movimientos cabe preguntarse si existe también algún tipo de regulación o control de movimientos de personas enfermas. Cuando el COVID-19, sí hubo restricciones y exigencias varias en el uso del transporte público, pero ¿qué quedó de aquello?
En España no existe actualmente una prohibición general que impida viajar en transporte público por padecer una enfermedad transmisible, salvo en situaciones excepcionales de emergencia sanitaria declarada por las autoridades. Tampoco existe, con carácter general, una obligación legal de advertir a otros pasajeros o al operador del transporte de que se padece una enfermedad contagiosa.
La regulación se articula principalmente a través de normas de salud pública y de las facultades extraordinarias de las autoridades sanitarias en casos de riesgo para la salud colectiva. Durante la pandemia de COVID-19 sí se establecieron obligaciones específicas, como el uso obligatorio de mascarilla en transporte público, medida que estuvo vigente hasta febrero de 2023.
Actualmente, tras la derogación de esas medidas, el uso de mascarilla en transporte público ya no es obligatorio en España, aunque sigue siendo recomendado cuando una persona presenta síntomas respiratorios o pertenece a grupos vulnerables.
¿Qué dice la legislación general?
La base jurídica principal está en la Ley General de Salud Pública; la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública; la normativa autonómica sanitaria y los reglamentos específicos de transporte y salud pública. Estas normas permiten a las autoridades sanitarias adoptar medidas excepcionales cuando exista un riesgo transmisible grave para la población. Eso puede incluir restricciones de movilidad, cuarentenas, aislamiento obligatorio, controles sanitarios o exigencias específicas en medios de transporte.
Sin embargo, fuera de escenarios de alerta sanitaria, no existe una regulación ordinaria que prohíba viajar por tener gripe, COVID, tuberculosis u otra enfermedad transmisible leve o moderada.
¿Existe obligación de informar de una enfermedad contagiosa?
En general, no. En España no existe una obligación legal general de comunicar a otros pasajeros una enfermedad transmisible; tampoco suele existir obligación de informar al operador de transporte. La excepción aparece en contextos muy concretos como enfermedades sometidas a vigilancia epidemiológica internacional; transporte internacional aéreo o marítimo; o cuando las autoridades sanitarias hayan dictado órdenes específicas. Por ejemplo, en aviación internacional sí pueden activarse protocolos sanitarios conforme al Reglamento Sanitario Internacional para enfermedades de alto riesgo.
Entonces, ¿puede impedirse viajar a una persona enferma? Sí, pero solo en determinados supuestos. Las empresas de transporte pueden negar el acceso a pasajeros que representen un riesgo evidente para la seguridad o la salud; aplicar protocolos sanitarios si existe normativa específica, o actuar por razones de salubridad pública.
Durante la pandemia, como ya se ha apuntado, era habitual impedir el acceso sin mascarilla. En la actualidad, salvo regulación excepcional un operador no puede discriminar arbitrariamente a una persona enferma, aunque sí podría intervenir si existe un riesgo manifiesto (por ejemplo, síntomas graves, vómitos, sangrado o incumplimiento de órdenes sanitarias).
Enfermedades concretas y medidas especiales
Algunas enfermedades sí pueden dar lugar a restricciones individuales acordadas por la autoridad sanitaria o judicial. Tal es el caso de la tuberculosis activa contagiosa, la meningitis, el ébola, determinadas variantes epidémicas o enfermedades declaradas de interés internacional. En estos casos pueden imponerse aislamientos, prohibiciones temporales de desplazamiento o controles médicos obligatorios. Eso sí, estas medidas deben estar justificadas por razones sanitarias y sujetas a control judicial cuando afecten a derechos fundamentales.
Responsabilidad civil o penal
En todo caso, aunque no exista una prohibición expresa de viajar enfermo, sí podría haber consecuencias legales en casos extremos. Por ejemplo, si una persona sabe que padece una enfermedad grave altamente contagiosa, incumple instrucciones sanitarias y genera daños deliberadamente o con imprudencia grave, podrían llegar a plantearse responsabilidades civiles o incluso penales. No obstante, esto requiere circunstancias muy concretas y no se aplica a enfermedades comunes ordinarias.
Aunque no sea ilegal usar transporte público con gripe, COVID u otras infecciones respiratorias leves, las autoridades sanitarias siguen recomendando evitar desplazamientos innecesarios si se tienen síntomas, usar mascarilla en espacios cerrados concurridos y mantener medidas básicas de higiene y ventilación.
Esto en España ¿y en el resto del mundo?
A nivel internacional existen países que sí contemplan restricciones, obligaciones de información o facultades específicas para impedir viajar en transporte público a personas con determinadas enfermedades transmisibles, aunque la regulación varía mucho según el tipo de transporte, la enfermedad y el contexto sanitario.
No existe una norma mundial uniforme, pero sí un marco general coordinado por la Organización Mundial de la Salud a través del Reglamento Sanitario Internacional (RSI). Este acuerdo, vinculante para la mayoría de países permite adoptar medidas excepcionales frente a riesgos sanitarios internacionales, especialmente en transporte aéreo y marítimo.
El Reglamento Sanitario Internacional de la OMS permite a los Estados exigir controles sanitarios a viajeros; imponer cuarentenas; denegar embarques; solicitar declaraciones sanitarias o aislar personas potencialmente contagiosas. Estas medidas se aplican principalmente ante epidemias, enfermedades emergentes o amenazas graves para la salud pública internacional.
Durante la pandemia de COVID-19 muchos países utilizaron este marco para imponer certificados sanitarios, pruebas diagnósticas, cuarentenas, restricciones de movilidad, e incluso prohibiciones de viaje.
A la cabeza de los países con regulaciones más estrictas está Estados Unidos, donde existen normas federales que permiten restringir desplazamientos de personas con determinadas enfermedades contagiosas. Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pueden impedir embarques, ordenar aislamientos o incluir personas en listas de “Do Not Board”.
Esto se ha utilizado especialmente para tuberculosis activa, sarampión, COVID-19, o enfermedades hemorrágicas. Las aerolíneas también pueden negar el embarque a pasajeros visiblemente enfermos si consideran que existe riesgo para otros viajeros.
Por su parte, China mantiene una de las legislaciones sanitarias más intervencionistas del mundo. Durante y después de la pandemia se reforzaron sistemas de control sanitario en estaciones y aeropuertos, trazabilidad digital, códigos sanitarios y restricciones automáticas de movilidad. La legislación china permite limitar el uso de transporte público a personas sometidas a control epidemiológico.
En Japón existe una fuerte cultura social vinculada a la prevención de contagios en transporte público. Aunque muchas medidas son recomendaciones más que prohibiciones legales, las empresas ferroviarias y de transporte pueden solicitar el uso de mascarilla o recomendar no viajar si se presentan síntomas. Durante brotes epidémicos sí pueden activarse restricciones temporales más severas.
Singapur cuenta con una normativa sanitaria especialmente estricta. La legislación permite imponer cuarentenas obligatorias, vigilancia electrónica, restricciones de movilidad, y sanciones económicas o penales por incumplimiento. Durante la pandemia hubo controles estrictos sobre transporte y desplazamientos.
Tanto Australia como Nueva Zelanda aplicaron algunas de las políticas de movilidad sanitaria más duras durante la COVID-19: confinamientos territoriales, limitación de transporte, cierres fronterizos y controles de salud obligatorios. Sus leyes sanitarias permiten actuar rápidamente frente a enfermedades infecciosas.
Transporte aéreo: donde más regulación existe
El sector aéreo es el ámbito más regulado internacionalmente. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la OMS establecen protocolos sanitarios que las aerolíneas pueden aplicar. Muchas compañías incluyen en sus condiciones de transporte cláusulas que permiten denegar embarque a pasajeros enfermos; exigir certificados médicos; o solicitar evaluación sanitaria. Esto es especialmente frecuente en tuberculosis activa, enfermedades respiratorias graves, infecciones altamente contagiosas o situaciones epidémicas.
¿Existe obligación de advertir? Sí. En algunos países sí puede existir. Por ejemplo, en vuelos internacionales, cruceros o durante emergencias sanitarias puede exigirse completar declaraciones de salud o informar de síntomas. ¿Ocurrió esto en el crucero que partió de Argentina? Ocultar deliberadamente información sanitaria relevante puede incluso implicar sanciones administrativas o penales en determinados países.
Desde luego, la pandemia transformó profundamente la regulación mundial sobre salud y movilidad. Muchos países ampliaron poderes sanitarios; reforzaron mecanismos de control epidemiológico; y actualizaron protocolos en transporte público. Sin embargo, tras el final de la emergencia internacional, la mayoría ha vuelto a modelos basados en recomendaciones, responsabilidad individual y restricciones solo en situaciones excepcionales. Aun así, la COVID dejó precedentes jurídicos y tecnológicos que permiten a numerosos Estados reactivar rápidamente controles sanitarios sobre transporte si aparece una nueva amenaza epidémica.
