El nuevo informe sobre inversión en defensa publicado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte dibuja un escenario radicalmente distinto al que ha caracterizado la política de seguridad occidental durante las tres últimas décadas. Si hasta hace apenas unos años el objetivo consistía en alcanzar un gasto equivalente al 2 % del Producto Interior Bruto, la guerra de Ucrania, el deterioro de la seguridad europea, la creciente rivalidad con Rusia y China y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca han provocado un cambio de paradigma que obliga a los aliados a preparar el mayor esfuerzo presupuestario en defensa desde el final de la Guerra Fría.
El documento, elaborado con datos facilitados por los propios ministerios de Defensa nacionales y actualizado hasta el 3 de julio de 2026, certifica que la Alianza ha entrado en una nueva etapa de rearme acelerado cuyo horizonte ya no es el 2 %, sino el compromiso de destinar el 5 % del PIB anual a capacidades militares y a inversiones relacionadas con la seguridad antes de 2035.
En ese nuevo escenario estratégico, España aparece como uno de los países cuya transformación deberá ser más profunda. No tanto porque su gasto militar haya permanecido estancado —de hecho, ha experimentado un crecimiento sostenido durante los últimos años—, sino porque parte de una posición comparativamente baja respecto al resto de aliados y porque la distancia que deberá recorrer hasta alcanzar los nuevos objetivos continúa siendo una de las mayores de toda la organización.
Los datos del informe reflejan que España prevé destinar durante 2026 alrededor de 26.300 millones de dólares (a precios constantes de 2021) al denominado «gasto básico de defensa», la magnitud utilizada por la OTAN para comparar el esfuerzo militar entre aliados. Esa cifra supone aproximadamente 26.900 millones de dólares a precios corrientes y representa el volumen más elevado registrado por España desde su incorporación a la Alianza Atlántica.
Sin embargo, el dato adquiere una dimensión completamente distinta cuando se pone en relación con el tamaño de la economía española. El informe sitúa el gasto español en defensa alrededor del 2 % del PIB en 2026, porcentaje que permite al país alcanzar por primera vez el objetivo histórico fijado por la OTAN hace más de una década, pero que queda todavía muy lejos del nuevo compromiso aprobado por los aliados durante la cumbre de La Haya.
El cambio de escala resulta enorme. El compromiso político adoptado por los jefes de Estado y de Gobierno ya no consiste únicamente en dedicar un 3,5 % del PIB al gasto estrictamente militar, sino en añadir otro 1,5 % destinado a infraestructuras críticas, resiliencia civil, industria de defensa, ciberseguridad, innovación tecnológica y otras inversiones vinculadas a la seguridad nacional, hasta alcanzar un esfuerzo agregado equivalente al 5 % del PIB antes de 2035.
Para España ello implica multiplicar de forma muy significativa el ritmo de crecimiento de sus presupuestos de defensa durante la próxima década.
El mayor incremento presupuestario desde la Transición
Aunque el debate político suele centrarse exclusivamente en el porcentaje del PIB, el informe permite observar otra realidad menos conocida: España lleva más de diez años incrementando de forma continuada su inversión militar.
Tomando como referencia los precios constantes —que eliminan el efecto de la inflación—, el gasto español prácticamente se ha duplicado desde 2014 hasta las previsiones para 2026. El crecimiento acumulado supera ampliamente el 100 %, situándose entre los aumentos más importantes registrados por las grandes economías europeas.
La aceleración resulta especialmente intensa desde 2022, coincidiendo con la invasión rusa de Ucrania y el giro estratégico experimentado por prácticamente todos los miembros de la Alianza. A partir de ese momento, el presupuesto español abandona definitivamente la tendencia de incrementos moderados y entra en una fase de expansión muy superior a la registrada durante la década anterior.
El informe también muestra que el crecimiento no responde únicamente a un incremento coyuntural motivado por un ejercicio presupuestario concreto. Las previsiones elaboradas por el Ministerio de Defensa español para 2025 y 2026 contemplan mantener esa trayectoria ascendente, lo que indica que el rearme español ha adquirido un carácter estructural y no excepcional.
España continúa entre los aliados con menor esfuerzo relativo
A pesar de ese importante crecimiento, la fotografía comparada sigue situando a España entre los países cuyo esfuerzo relativo continúa siendo inferior al de la mayoría de los socios.
Mientras numerosos aliados del flanco oriental —como Polonia, los países bálticos o Finlandia— superan ampliamente el 3 % del PIB dedicado exclusivamente a defensa, España alcanza aproximadamente el umbral del 2 %, situándose todavía por debajo de la media que previsiblemente alcanzará la organización en los próximos años.
La diferencia obedece a factores históricos y geográficos. Durante décadas, España ha considerado reducida la probabilidad de una amenaza militar convencional sobre su territorio, priorizando otros capítulos del gasto público frente al presupuesto de defensa. La invasión rusa de Ucrania, sin embargo, ha modificado profundamente esa percepción dentro de la OTAN.
Un gasto por ciudadano muy inferior al de las grandes potencias
Otro de los indicadores especialmente reveladores del informe es el gasto militar por habitante. Según las estimaciones de la OTAN, España destinará durante 2026 alrededor de 526 dólares por ciudadano a defensa, una cifra sensiblemente inferior a la registrada por Estados Unidos, Noruega, Polonia o los países bálticos y también por debajo de varias economías del norte de Europa.
Este indicador permite eliminar el efecto del tamaño poblacional y ofrece una medida bastante precisa del esfuerzo financiero que realiza cada Estado para sostener sus Fuerzas Armadas. Mientras algunos aliados ya superan ampliamente los mil dólares por habitante, España permanece todavía situada en un escalón intermedio dentro de la organización.
La transformación de las Fuerzas Armadas españolas
El informe no solo cuantifica cuánto dinero se invierte, sino también cómo se distribuye. En el caso español, una parte creciente del presupuesto se dirige hacia programas de adquisición de grandes sistemas de armas, modernización tecnológica e investigación y desarrollo, en línea con las prioridades marcadas por la OTAN. Entre ellas figuran la renovación de la aviación de combate, nuevos buques para la Armada, vehículos blindados, sistemas espaciales, capacidades de ciberdefensa y modernización de los sistemas de mando y control.
El objetivo perseguido es corregir uno de los déficits históricos de las Fuerzas Armadas españolas: el elevado peso que tradicionalmente habían tenido los gastos de personal frente a la inversión en capacidades tecnológicas.
En los últimos ejercicios esa tendencia comienza a modificarse, aumentando progresivamente el porcentaje destinado a adquisición de equipamiento militar de alta tecnología, una exigencia reiterada por la OTAN para mejorar la interoperabilidad entre aliados.
Paradójicamente, alcanzar el 2 % del PIB no supone el final del recorrido para España, sino el inicio de una etapa mucho más exigente. El acuerdo aprobado por los aliados desplaza el centro del debate hacia el objetivo del 5 %, lo que obligará a revisar profundamente la planificación presupuestaria española durante la próxima década.
Ello implicará no únicamente aumentar el presupuesto del Ministerio de Defensa, sino también incrementar las inversiones en infraestructuras críticas, industria militar, protección de redes estratégicas, ciberseguridad, innovación tecnológica, resiliencia civil y capacidades industriales relacionadas con la defensa, conceptos que la OTAN incorpora expresamente dentro del nuevo compromiso financiero.
Desde una perspectiva económica, el reto resulta extraordinario. Alcanzar el 5 % del PIB supondría movilizar recursos públicos adicionales equivalentes a decenas de miles de millones de euros cada año, una magnitud que obligará a redefinir prioridades presupuestarias, revisar el marco fiscal y acelerar la colaboración entre el Estado y la industria nacional de defensa.
Lejos de ser un simple ajuste contable, el informe de la OTAN anticipa que España se enfrenta probablemente a la mayor transformación de su política de defensa desde su ingreso en la Alianza Atlántica en 1982. El debate ya no gira en torno a si incrementar o no el gasto militar, sino sobre la velocidad con la que deberá hacerlo para mantener su credibilidad como aliado en un contexto internacional marcado por la competición entre grandes potencias y por un deterioro acelerado del entorno de seguridad europeo.
