El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley para el intercambio de información entre los servicios de seguridad y aduanas de los Estados miembros de la Unión Europea a propuesta de los ministerios del Interior y de Hacienda.
Este anteproyecto incorpora al derecho español la Directiva (UE) 2023/977 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, por lo que recoge las medidas necesarias para que puedan producirse intercambios de información, de manera rápida, entre los distintos servicios de seguridad y de aduanas de los Estados miembros de la UE con competencia en la prevención, detección e investigación de infracciones penales.
La directiva europea creó los «puntos de contacto único» en cada Estado miembro, que se encargarán de facilitar y coordinar los intercambios de información en ese país o bien entre las distintas autoridades competentes de carácter policial y aduanero.
En España, serán ‘autoridades competentes’ las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las policías autonómicas que tengan atribuidas competencias para la investigación de delitos y la Dirección Adjunta Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, se constituye como el ‘punto de contacto único’ en España.
Una vez aprobado el anteproyecto, el Ministerio del Interior va a recabar informes al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a la Agencia Española de Protección de Datos y al Consejo de Estado y abrirá un trámite de audiencia e información pública antes de volver a enviar la norma, ya en forma de proyecto de ley, al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.
Contexto y fundamentos de la Directiva Europea
La Directiva (UE) 2023/977, aprobada el 10 de mayo de 2023, establece normas armonizadas para garantizar un intercambio adecuado y eficiente de información entre los servicios de seguridad y aduanas de los Estados miembros. Este marco normativo surge como respuesta a la necesidad de mejorar la cooperación transfronteriza en materia de seguridad, especialmente frente a amenazas cada vez más complejas y globalizadas. La directiva busca sustituir y actualizar mecanismos anteriores, incluyendo disposiciones de los artículos 39 y 46 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, para proporcionar mayor seguridad jurídica y simplificar los procedimientos de intercambio de información.
Los principios fundamentales que rigen este intercambio de información son cinco: disponibilidad, acceso equivalente, confidencialidad, propiedad de los datos y fiabilidad de los datos. El principio de disponibilidad, en particular, establece que la información pertinente disponible para las autoridades de un Estado miembro también debe estar disponible, en la medida de lo posible, para las autoridades competentes de otros Estados miembros. Este enfoque representa un cambio significativo hacia una mayor integración y cooperación entre las distintas fuerzas de seguridad europeas, manteniendo siempre las salvaguardas necesarias para la protección de datos personales.
La directiva debe ser transpuesta al derecho nacional de todos los Estados miembros a más tardar el 12 de diciembre de 2024, aunque para ciertas disposiciones específicas, como las relacionadas con la Aplicación de la Red de Intercambio Seguro de Información (artículo 13), el plazo se extiende hasta el 12 de junio de 2027[6]. Esta diferencia en los plazos refleja la complejidad técnica de implementar algunos aspectos del sistema de intercambio.
Estructura y funcionamiento del Sistema de Intercambio
El elemento central del nuevo sistema es la creación de los «puntos de contacto único» (SPOC, por sus siglas en inglés) en cada Estado miembro. Estos puntos de contacto serán responsables de facilitar y coordinar el intercambio de información tanto dentro del propio país como con otros Estados miembros. En España, este rol será asumido por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, que actuará como nexo entre las diversas autoridades nacionales competentes y sus homólogos europeos.
Cada punto de contacto único deberá implementar un sistema de gestión de casos electrónico que funcionará como repositorio central para facilitar sus funciones. Este sistema debe contar con capacidades específicas, incluyendo el registro de solicitudes de información recibidas y enviadas, la documentación de comunicaciones entre puntos de contacto y con las autoridades competentes, el registro de información compartida, la realización de comprobaciones cruzadas y el seguimiento adecuado de las solicitudes para garantizar respuestas oportunas. La estructura tecnológica subyacente a este sistema busca asegurar la trazabilidad, seguridad y eficiencia en el manejo de información sensible.
Para la comunicación entre Estados miembros, se utilizará la Aplicación de la Red de Intercambio Seguro de Información, gestionada por Europol. Esta plataforma será el canal oficial para enviar solicitudes de información, proporcionar respuestas o compartir información por iniciativa propia. Esta centralización de las comunicaciones a través de una plataforma segura y estandarizada facilitará la interoperabilidad entre los diferentes sistemas nacionales y reducirá las barreras técnicas para el intercambio efectivo de datos.
Reconocimiento de las policías autonómicas
En el contexto español, el anteproyecto define claramente quiénes serán las «autoridades competentes» que participarán en este sistema de intercambio de información. Coo ya se ha apuntado, estas incluyen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), las policías autonómicas con competencias para la investigación de delitos (entre las que se encuentran explícitamente mencionadas la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra), y la Dirección Adjunta Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Esta inclusión de las policías autonómicas con competencias de investigación criminal representa un reconocimiento importante de su papel en el sistema de seguridad español y su integración en el marco europeo.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya había avanzado en la Junta de Seguridad que los Mossos d’Esquadra se integrarían en el punto de contacto único cuando se incorporaran las políticas de la directiva europea al nuevo anteproyecto de ley, y también había indicado en una respuesta en el Congreso que la Ertzaintza haría lo propio. Esta inclusión refleja la voluntad de crear un sistema comprensivo que incorpore a todos los cuerpos policiales con competencias relevantes, independientemente de su ámbito territorial.
La participación de la Dirección Adjunta Aduanera es igualmente significativa, ya que reconoce la importante dimensión económica y fiscal de muchas actividades delictivas transfronterizas. Esta colaboración entre fuerzas policiales y aduaneras permitirá un enfoque más integral para combatir fenómenos como el contrabando, el fraude fiscal o el blanqueo de capitales, que a menudo requieren de la experiencia combinada de ambos tipos de autoridades.
Procedimiento y próximos pasos legislativos
Tras la aprobación del anteproyecto, se inicia ahora un proceso de tramitación administrativa que incluirá varias etapas antes de su aprobación definitiva como ley. Como parte de este proceso, el Ministerio del Interior solicitará informes preceptivos a diferentes organismos clave: el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Estado.
Además, se abrirá un trámite de audiencia e información pública que permitirá a diferentes actores sociales, profesionales y institucionales aportar sus perspectivas y sugerencias sobre el texto del anteproyecto. Este proceso participativo busca enriquecer la norma y asegurar que responda adecuadamente a las necesidades y preocupaciones de todos los sectores implicados. Una vez completados estos trámites y tras incorporar las modificaciones pertinentes derivadas de los informes y consultas, el texto volverá al Consejo de Ministros ya como proyecto de ley para su aprobación definitiva antes de ser remitido a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria.
Es importante destacar que España debe completar este proceso legislativo antes del 12 de diciembre de 2024, fecha límite establecida por la Unión Europea para la transposición de la directiva. La Comisión Europea está vigilando activamente el cumplimiento de estos plazos y ha mostrado su disposición a iniciar procedimientos de infracción contra los Estados miembros que no transponen oportunamente las directivas comunitarias.
Uno de los aspectos más relevantes del nuevo sistema será la implementación del sistema único de gestión de casos electrónico, que cada punto de contacto único deberá desarrollar. Este sistema no es simplemente una base de datos, sino una plataforma integral con capacidades específicas definidas en la directiva. Entre sus funcionalidades debe incluir: registrar las solicitudes de información recibidas y enviadas, documentar las comunicaciones entre puntos de contacto y con las autoridades competentes, registrar la información compartida, realizar comprobaciones cruzadas con la información disponible, y garantizar el seguimiento adecuado y rápido de las solicitudes.
La directiva establece que este sistema debe funcionar como un repositorio central que permita al punto de contacto único desempeñar eficazmente sus funciones. La interoperabilidad entre los diferentes sistemas nacionales se garantizará mediante la utilización de la Aplicación de la Red de Intercambio Seguro de Información gestionada por Europol. Esta plataforma común facilitará la comunicación entre los diferentes puntos de contacto y asegurará que la información se transmita de manera segura y estandarizada.
Estos avances tecnológicos se enmarcan en un contexto más amplio de digitalización de la justicia y la seguridad en la Unión Europea, como refleja el documento estratégico de la Comisión de diciembre de 2020 sobre «La digitalización de la justicia en la UE«. Asimismo, guardan relación con otras iniciativas europeas como el futuro Centro Aduanero de Datos de la UE (EU Data Hub), que centralizará y validará toda la información relacionada con las aduanas en la UE.
Implicaciones para la seguridad y la lucha contra el delito
La implementación de este sistema de intercambio de información tendrá importantes implicaciones positivas para la seguridad tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea. La mejora en la rapidez y eficiencia del intercambio de información permitirá una respuesta más ágil y coordinada frente a amenazas criminales transfronterizas, desde el terrorismo y el crimen organizado hasta los delitos económicos y el tráfico de personas.
Este sistema complementará otras iniciativas recientes en materia de seguridad, como el anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad, aprobado también por el Consejo de Ministros en enero de 2025. Mientras que este último se centra en la protección de redes y sistemas de información frente a ciberamenazas, el anteproyecto de intercambio de información policial y aduanera aborda la dimensión operativa de la cooperación en materia de seguridad.
La creación de este marco normativo armonizado responde también a la necesidad de adaptarse a un entorno criminal cada vez más complejo y tecnificado. El intercambio rápido y eficiente de información es un elemento crucial para anticiparse a las amenazas y para investigar eficazmente los delitos que ya se han cometido. Al mismo tiempo, el sistema incorpora garantías para asegurar que este intercambio se realice respetando los derechos fundamentales, particularmente en lo relativo a la protección de datos personales.
La aprobación del anteproyecto de ley para el intercambio de información entre los servicios de seguridad y aduanas representa un avance significativo en la integración de España en el espacio europeo de seguridad. El establecimiento de un punto de contacto único en la Secretaría de Estado de Seguridad y la inclusión de todas las fuerzas policiales con competencias en investigación criminal, incluyendo las autonómicas, muestra la voluntad de crear un sistema inclusivo y comprensivo.
El éxito de esta iniciativa dependerá en gran medida de la implementación técnica del sistema de gestión de casos y de la capacidad para coordinar eficazmente a las diferentes autoridades competentes. También será crucial asegurar que los intercambios de información respeten los principios establecidos en la directiva y las normativas de protección de datos. El seguimiento del proceso legislativo en los próximos meses permitirá evaluar cómo se van concretando estos aspectos en el texto definitivo de la ley.
En un contexto global caracterizado por amenazas criminales cada vez más transnacionales y tecnificadas, este tipo de mecanismos de cooperación resulta indispensable. La transposición de la Directiva (UE) 2023/977 no solo representa el cumplimiento de una obligación comunitaria, sino también una oportunidad para modernizar y fortalecer las capacidades de las autoridades españolas en la lucha contra el delito en todas sus formas. España se posiciona así como un actor comprometido con la construcción de un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia cada vez más integrado y efectivo.
