Los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil han reaccionado con fuerte oposición al anuncio del traspaso de competencias de fronteras a Cataluña. Varias organizaciones han criticado la medida, considerándola un «ataque a la unidad del Estado» y una «cesión inadmisible» ante el independentismo. Además, han advertido de posibles movilizaciones y han exigido explicaciones al Gobierno.
De entrada, el anuncio ha logrado dividir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que también integran los Mossos, los únicos que ven con cierta satisfacción el acuerdo entre el Gobierno y Junts a fin de garantizar la estabilidad parlamentaria. También existe divergencia entre las fuerzas estatales y la Ertzaintza, cuerpo que acaba de recibir las competencias de control de los puertos vascos.
JUPOL (Justicia Policial), sindicato mayoritario de la Policía Nacional, calificó la medida como «inadmisible» y «un ataque a la unidad del Estado». Su portavoz señaló que esto pone en riesgo la seguridad nacional y que supone «una cesión política que perjudica la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
Por su parte, JUCIL (Justicia para la Guardia Civil) expresó su «total rechazo» a la medida, advirtiendo que podría derivar en una pérdida de efectivos de la Guardia Civil en Cataluña. «Nos están apartando de nuestras funciones para contentar a los independentistas», afirmó un portavoz de la asociación.
El histórico SUP (Sindicato Unificado de Policía) alertó sobre la «desprotección de las fronteras» y aseguró que esta decisión «merma la capacidad operativa de la Policía Nacional en un área clave para el control migratorio y la seguridad».
Así mismo, asociaciones de la Guardia Civil, como la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles), han señalado que esta cesión pone en peligro la neutralidad de los controles fronterizos y que podría debilitar la cooperación entre cuerpos de seguridad estatales y autonómicos. Además, tanto sindicatos como asociaciones han anunciado que estudian movilizaciones en protesta por esta decisión y han exigido una reunión urgente con el Ministerio del Interior para aclarar el alcance del traspaso.
Por contra, en Cataluña, los Mossos d’Esquadra han recibido el anuncio del traspaso de competencias de fronteras con una mezcla de satisfacción y cautela. Fuentes del cuerpo han señalado que este movimiento refuerza su papel dentro del sistema de seguridad en Cataluña y lo consideran un paso adelante en su reconocimiento como policía integral. Sin embargo, también han expresado preocupaciones sobre los recursos y la formación necesarios para asumir esta nueva responsabilidad de manera efectiva.
Algunas asociaciones dentro del cuerpo han mostrado su apoyo, destacando que permitirá mayor autonomía en la gestión de la seguridad en Cataluña. No obstante, también han advertido que necesitarán un aumento de efectivos y recursos para poder desempeñar adecuadamente esta función sin sobrecargar a la plantilla actual.
Así, el principal sindicato de los Mossos d’Esquadra, SAP-FEPOL (Sindicat Autònom de Policia – Federació de Professionals de la Seguretat Pública de Catalunya), ha acogido el anuncio del traspaso de competencias de fronteras con la referida cautela y ya han advertido que la medida debe ir acompañada de más recursos, formación específica y un aumento de efectivos para poder asumir la nueva responsabilidad sin sobrecargar a la plantilla actual.
Desde el sindicato han insistido en la necesidad de una negociación clara con el Gobierno y el Departamento de Interior para garantizar que los Mossos puedan llevar a cabo el control fronterizo de manera efectiva y sin afectar otras funciones de seguridad en Cataluña.
Explicaciones sin más demora
Pero es entre los cuerpos policiales estatales donde es mayor el malestar y la preocupación. JUCIL, asociación mayoritaria en la Guardia Civil, ya ha solicitado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que presida la próxima reunión del pleno del Consejo de la Guardia Civil y explique en detalle las consecuencias del acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts sobre la gestión de la inmigración en Cataluña.
En un escrito dirigido al gabinete del ministro del Interior, el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, pide formalmente al titular de esta cartera que no delegue, como es habitual, la presidencia del próximo Consejo de la Guardia Civil, el órgano formalmente establecido para debatir las principales cuestiones que afectan al Instituto Armado.
“JUCIL solicita expresa y formalmente que sea V.E., quien presida el próximo Consejo de la Guardia Civil, sin delegación alguna, como máxima Autoridad del Ministerio y presidente del Consejo, e informe de los extremos anteriormente mencionados”, señala la comunicación emitida en relación a la propuesta legislativa que promueve la delegación de competencias en inmigración en el ámbito de Cataluña.
La asociación profesional de la Guardia Civil considera que existen contradicciones entre las declaraciones del ministro en sede parlamentaria y la proposición de Ley Orgánica de delegación en la Comunidad Autónoma de Cataluña de competencias estatales en materia de inmigración registrada este martes en el Congreso de los Diputados por los grupos parlamentarios del PSOE y Junts.
En respuesta a una pregunta del diputado de Junts Josep Maria Cruset, el pasado 18 de septiembre, Fernando Grande-Marlaska, aseguraba que “el control de fronteras y los flujos de migración irregular son competencia exclusiva del Gobierno central”. Y añadió: “No son susceptibles de ser transferidos ni delegados”.
Sin embargo, JUCIL pone en evidencia que en el documento firmado por ambos partidos se habla de “delegación de competencias”. Y también asegura que “en materia de inmigración Catalunya podrá desarrollar un modelo propio, una política integral, dado que en todas las fases de la relación de los inmigrantes con la administración las instituciones catalanas tendrán una posición determinante en el marco de la legislación internacional europea y del estado español”.
Actualmente hay desplegados en Cataluña 3.000 efectivos de la Guardia Civil, a los que habría que sumar otros 600 si se cubriesen las plazas contempladas en el catálogo de puestos de trabajo. Este déficit de personal, denuncia la asociación, contrasta con la ampliación de la plantilla de los Mossos d’Esquadra a 26.800 efectivos aprobada el pasado 24 de febrero por la Comisión Bilateral y la Comisión Mixta de Transferencias que integran el Gobierno de España y el de la Generalitat de Cataluña.
A esta ampliación se sumará otra de 1.800 efectivos para dar cumplimiento al acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts. “Estas cifras dejan meridianamente al descubierto la estrategia de ambos gobiernos respecto a la naturaleza del despliegue de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña”, reza la nota de JUCIL.
En paralelo, la otra asociación representativa de agentes de la Guardia Civil, AUGC, denuncia y rechaza de manera tajante el último acuerdo entre el Gobierno y Junts para el control de las fronteras de España en Cataluña. En un comunicado expresan que “el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la ministra de Defensa, Margarita Robles, son partícipes directos de esta situación. En su posición está presentar la dimisión de manera inmediata para intentar frenar este atropello a las competencias del Estado y al desmantelamiento de la Guardia Civil”.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) considera el pacto “un nuevo mercadeo político a costa de la seguridad pública y de la integridad de España. Con esta cesión, el Gobierno vuelve a actuar de espaldas a los ciudadanos y de los profesionales de la seguridad pública, entregando competencias exclusivas del Estado a la Generalitat a cambio de apoyos parlamentarios”, juzga.
AUGC lleva denunciando la pérdida de competencias de la Guardia Civil en diversas regiones de España, resultado de “decisiones políticas que favorecen a las policías autonómicas en detrimento de la seguridad pública nacional”. “Este fenómeno”, advierte, “amenaza con debilitar la seguridad pública estatal y precarizar las condiciones laborales de los guardias civiles”.
En Navarra, sin ir más lejos, el traspaso de las competencias de Tráfico a la Policía Foral ya es una realidad. Esta decisión ha generado una “grave incertidumbre laboral entre los guardias civiles que desempeñaban esas funciones”, se lamenta la asociación.
Sin olvidar el plan diseñado desde el Ministerio del Interior que “entrega al País Vasco el control de sus fronteras en los puertos y aeropuertos”, “donde la Ertzaintza pasa a ejercer competencias no solo sobre la zona pública de los puertos y aeropuertos (algo que ya hacían, al estar en su demarcación territorial y haberse cedido en su día las competencias de seguridad ciudadana) sino también en la zona de acceso restringido, con lo que su control sería también total”, apunta. Y todo esto ocurre en un marco en el que en los últimos 10 años la plantilla de la Guardia Civil en el País Vasco se ha reducido un 20%.
A los tribunales
En este punto, el del País Vasco, el paso más relevante lo ha dado la Unión de Oficiales (UO), de la Guardia Civil, que ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, contra los acuerdos adoptados por la Junta de Seguridad del País Vasco, recogidos en los puntos 3 y 4 del Acta de la reunión XXXVIII de la Junta de Seguridad celebrada el 24 de julio de 2024, y contra los actos de ejecución y aplicación de dichos acuerdos y por los que desde el 3 de febrero de 2025, la Ertzaintza ejerce, en todos los puertos del País Vasco incluida la lámina de agua, como policía integral.
A juicio de esta asociación profesional de mandos de la Guardia Civil, la Unión de Oficiales (UO), estos acuerdos «no tienen fuerza de Ley ni rango suficiente para modificar lo previsto en la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni en la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco».
Los gobiernos vasco y español acordaron en julio de 2024, en la Junta de Seguridad del País Vasco, el máximo órgano de coordinación bilateral entre las dos administraciones en asuntos de seguridad, delimitar las competencias en los puertos y aeropuertos de Euskadi. Así las labores policiales de la Ertzaintza se extienden desde el pasado 3 de febrero a los puertos de Euskadi, incluida la lámina de agua. Además, la Ertzaintza asume la responsabilidad policial de los planes de apoyo operativo en las infraestructuras críticas del Puerto de Bilbao, incluido el propio puerto y su zona restringida.
El Estatuto de Gernika recoge en su Artículo 17.1. que corresponden a la Ertzaintza “la protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden público dentro del territorio autónomo” así que también ejerce esas funciones como policía integral en los puertos de Euskadi.
Estas son las funciones de la Ertzaintza en los puertos: En Protección Ciudadana, la prevención del delito mediante el patrullaje ordinario, el auxilio y protección de las personas y la conservación y custodia de bienes, garantizar velar por los derechos y libertades de la ciudadanía, mantenimiento del orden público, control de las vías y emplazamientos del puerto, vigilancia y protección de las infraestructuras críticas del puerto y cumplimiento de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
En el ámbito de la Policía Judicial, investigación, persecución y esclarecimiento del delito, detección y detención de personas delincuentes, recepción de denuncias ante ilícitos penales, diligencias relacionadas con los hechos presuntamente delictivos, y la ocupación y custodia de los objetos que provinieren del delito o estuvieren relacionados con su ejecución, y prestar auxilio a la autoridad judicial y Fiscalía.
En cuanto a seguridad vial, el control de las vías y del tráfico de vehículos, los informes y atestados relacionados con la siniestralidad vial, la ejecución de las campañas preventivas impulsadas por la Dirección de Tráfico; y como policía asistencial, prestar el auxilio y atención necesaria para las personas que transitan por el puerto, colaborar con la Dirección de Atención de Emergencias en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, en tanto que como policía administrativa, colaborar con la autoridad portuaria en el cumplimiento de la legislación administrativa.
Los ámbitos de actuación son la zona de aguas marítimas de los puertos, la completa extensión de las aguas interiores, incluida la lámina de agua y espacio aéreo del puerto, el acompañamiento y/o protección de buques turísticos, de materias o sustancias peligrosas…, el control tráfico marítimo y tareas de inspección. En el espacio aéreo, le corresponde a la policía regional el control y el seguimiento desde el espacio aéreo la detección e inhibición dentro del espacio aéreo de los puertos.
La Ertzaintza cuenta con una Oficina de Atención Ciudadana tanto en el Puerto de Bilbao como en el de Pasaia. El primero está en la zona de entrada al puerto por Santurtzi que presta servicio de cara al público y entidades que operan en el mismo. Además, cuenta con zonas de atraque para las embarcaciones. El Puerto de Pasaia tiene una Oficina de Atención Ciudadana en el edificio denominado Consignatarios del puerto.
Agentes de la Ertzain-etxea de Muskiz son los que presten servicio al Puerto de Bilbao y agentes de la Ertzain-etxea de Errenteria al Puerto de Pasaia. Para ello se han reforzado ambos equipos con nuevos efectivos (20 en Muskiz, que en un mes serán 30, y 6 en Pasaia que serán 12 en el mismo plazo). Además, ambos puertos cuentan con agentes de la Unidad de Vigilancia y Rescate que también se ha reforzado con 11 nuevos efectivos que se ampliarán en un futuro próximo. La Ertzaintza también dispone de la cobertura añadida del resto de recursos operativos a disposición de las necesidades de los puertos de Euskadi.
