El informe de la Guardia Civil, de más de 220 páginas, elaborado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Valencia a petición de la juez de Instrucción nº 3 de Catarroja, que investiga los 228 fallecimientos (de los cuales 192 ocurrieron en municipios del barranco del Poyo) durante la DANA del 29 de octubre de 2024, y recién conocido, concluye que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a Emergencias (AVSRE) fallaron en transmitir información precisa y urgente en un contexto clave.
En el informe se pone énfasis en la ausencia de avisos oportunos por parte de la CHJ y la tardanza o poca claridad de AEMET, que afectaron la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia autonómicos y municipales.
Según el informe, la CHJ no emitió ninguna comunicación entre las 16:15 y las 18:43 horas, mientras el caudal del barranco del Poyo escalaba exponencialmente —rebasando sucesivamente los umbrales de alerta 1, 2 y 3— hasta alcanzar 1.683 m³/s. Esta falta de aviso se calificó como una aparente ausencia de control sobre el dispositivo de registro justo en el momento más crítico.
El informe plantea preguntas: ¿por qué no se emitieron avisos intermedios a medida que se superaban los niveles de alarma? ¿Por qué se esperó hasta el correo consolidado de las 18:43, que ya incluía información sobre los tres umbrales, cuando esos datos podrían haber sido útiles en tiempo real?
La Guardia Civil critica a AEMET por no proporcionar información pluviométrica en tiempo real que reflejara la intensidad del episodio —en Turís se acumularon hasta 771 l/m² en 24 horas, con récords extremos en solo una hora—. AEMET emitió un total de 19 alertas de nivel rojo, pero muchas llegaron muy cerca del fin del período previsto, reduciendo drásticamente su eficacia preventiva.
Ejemplo de ello que expone es que una alerta roja fue enviada a las 17:49 horas para un episodio comprendido entre las 17:00 y 18:00, solo 11 minutos antes del fin del plazo. Otra, a las 19:47 horas para un episodio entre las 19:00 y 20:00, apenas 13 minutos de margen. Además, se identifican solo tres avisos oficiales al litoral norte y cuatro al sur, todos de nivel rojo a través de canales oficiales, pese a la magnitud del evento.
Llamadas al 112 y geolocalización de víctimas
El análisis del informe incluye las llamadas ciudadanas al 112, donde se recibieron avisos sobre desbordamientos horas antes de emitir el mensaje de alerta masiva por el sistema ES‑Alert (enviado a las 20:11 horas). La Guardia Civil documenta que esas alertas se podrían haber utilizado para adoptar medidas anticipadas, aunque no se incorporaron adecuadamente.
La Generalitat valenciana resaltó que el informe avala su argumento de “dos horas y media de silencio letal” entre las 16:13 y 18:43 que impidieron actuar. Desde esa Administración acusan directamente a AEMET y la CHJ de falta de coordinación y abandono informativo por parte del Gobierno central.
No obstante, la Confederación del Júcar se defiende y asegura haber enviado entre 16:13 y 18:43 un total de 18 correos electrónicos con 330 referencias hidrológicas, incluyendo avisos sobre superación de umbrales, y que esa información estaba disponible a través del sistema SAIH desde las 16:00 —lo que contradice la narrativa del silencio.
Además, la vicepresidenta del Gobierno español, Teresa Ribera, afirmó que AEMET realizó 11 llamadas al 112 y envió 198 correos electrónicos, defendiendo que los organismos estatales actuaron con diligencia y que la responsabilidad real de alertar a la población recae en la Generalitat.
Lo que la Guardia Civil concluye, en resumen es que la CHJ es señalada por un silencio institucional en un periodo crítico, al no emitir alertas progresivas a medida que el caudal se disparaba, que la AEMET fue cuestionada por la trasmisión tardía o inadecuada de alertas, con escasa información en tiempo real y que la Generalitat, pese a haber activado planes de emergencia desde el 24 de octubre, no tradujo la información disponible en decisiones efectivas y alertas poblacionales oportunas.
El contraste entre lo que distintos actores aseguran haber transmitido (CHJ y AEMET) y lo percibido por la Generalitat y los servicios de emergencia revela fracturas institucionales graves en la gestión de la crisis.
El informe alimenta la instrucción por presuntos homicidios imprudentes y profundiza las investigaciones sobre la actuación tanto de los servicios autonómicos como estatales. Ya han sido citadas como investigadas figuras clave como la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, y su secretario, Emilio Argüeso. El presidente Carlos Mazón no ha sido aún llamado como investigado o testigo.
Políticamente, el PP insiste en que el informe demuestra «caos» y falta de actuación por parte del Gobierno central, mientras los socialistas defienden que la Generalitat no supo aprovechar la información recibida.
