Durante décadas, Hispanoamérica ha sido considerada por muchos como un escenario periférico en los grandes conflictos de Oriente Medio. Sin embargo, la realidad demuestra que el continente ha estado lejos de ser ajeno a las tensiones y operaciones de grupos como Hezbollah y, en menor medida, Hamás. Sus huellas se encuentran en atentados sangrientos, en redes de financiación opacas y en una presencia logística que, aunque no siempre visible para la opinión pública, preocupa de manera constante a los servicios de inteligencia y a las agencias de seguridad de Estados Unidos, Israel y varios gobiernos latinoamericanos.
Hizbulá
Hamás
La memoria de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 todavía pesa sobre el Cono Sur. Ambos ataques dejaron decenas de muertos y cientos de heridos, y marcaron un punto de inflexión: por primera vez, se reconoció con claridad la penetración de Hezbollah en la región con apoyo directo del Estado iraní. Treinta años después, en abril de 2024, la justicia argentina reafirmó esta autoría, recordando que América no es solo un refugio para el crimen organizado, sino también un campo de acción de grupos terroristas con agenda global.
Desde entonces, el mapa de actividades de Hezbollah y Hamás en el continente ha sido heterogéneo: recaudación de fondos en la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay; vínculos diplomáticos y logísticos con regímenes aliados de Irán en Venezuela, Nicaragua y Cuba; operaciones encubiertas de reconocimiento en puntos estratégicos como el Canal de Panamá; y planes desbaratados en Brasil en 2023 contra objetivos judíos. No se trata de una presencia uniforme ni de grandes ejércitos clandestinos, sino de una red de nodos financieros, logísticos y de influencia política que se adapta al contexto latinoamericano, en especial a las debilidades institucionales, la corrupción y la economía informal.
En este artículo intento realizar un análisis de la huella de Hezbollah y Hamás en el continente americano, sus métodos de financiación, el apoyo que reciben de Estados aliados, los países donde tienen mayor actividad y la manera en que se mueven bajo la superficie. El propósito no es solo describir hechos aislados, sino mostrar la tendencia de largo plazo: cómo Oriente Medio y sus conflictos han encontrado un espacio de resonancia en América, y cómo esto supone un reto directo para la seguridad, la gobernanza y la soberanía regional.
El Cono Sur y la Triple Frontera: un epicentro financiero
La región de la Triple Frontera, conformada por el punto limítrofe entre Argentina (Ciudad del Este, Puerto Iguazú), Paraguay (Ciudad del Este) y Brasil (Foz do Iguaçu), se ha consolidado a lo largo de tres décadas como uno de los enclaves más sensibles del continente en materia de financiación ilícita y redes transnacionales. Esta zona, que en teoría debería ser un motor de integración económica, se ha visto históricamente desbordada por la ausencia de controles fronterizos efectivos, la corrupción local y la presencia de organizaciones criminales transnacionales.
Desde mediados de los años noventa, Hezbollah ha establecido en la Triple Frontera una base de operaciones financieras, utilizando principalmente redes de comercio, contrabando y lavado de dinero para canalizar fondos hacia el Líbano. Informes de la CIA, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la propia inteligencia argentina han señalado que esta región ha permitido el flujo de millones de dólares anuales mediante estructuras comerciales pantalla, como casas de cambio, galerías comerciales, empresas de importación de electrónica y tabaco, además de remesas encubiertas.
El caso Barakat es emblemático. La familia Barakat, de origen libanés, lideró durante años una de las redes más importantes de recaudación de fondos para Hezbollah desde Ciudad del Este. Assad Ahmad Barakat, arrestado en Brasil en 2018 tras años prófugo, fue considerado el principal operador financiero de Hezbollah en Sudamérica, con conexiones que iban desde Paraguay hasta Estados Unidos. Sus empresas eran utilizadas para mover dinero proveniente del contrabando de cigarrillos y productos electrónicos, generando un flujo ilícito estimado en 10 a 15 millones de dólares anuales destinados a la organización.
Este fenómeno no es aislado. Estados Unidos ha sancionado desde 2004 a varias estructuras de la región, incluyendo la Galería Page, un centro comercial de Ciudad del Este que servía de fachada para mover grandes sumas. El Departamento del Tesoro de EE. UU. también ha identificado la utilización de hawala, un sistema informal de transferencia de fondos, como mecanismo clave para enviar dinero a Medio Oriente sin pasar por los circuitos bancarios tradicionales.
La Triple Frontera se ha convertido así en un nudo crítico de convergencia: en el mismo espacio geográfico conviven carteles de narcotráfico regionales (como el PCC brasileño), estructuras de contrabando local, redes de corrupción política y agentes de Hezbollah que utilizan este ecosistema para camuflar sus operaciones financieras.
El impacto regional es evidente. Argentina sufrió directamente las consecuencias con los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994, ambos atribuidos a células vinculadas a Hezbollah y apoyadas por Irán. Estos ataques no solo dejaron centenares de víctimas, sino que expusieron el hecho de que la Triple Frontera no era un refugio lejano, sino un engranaje central en la maquinaria de financiamiento y planificación operativa.
En el plano actual, gobiernos de la región han tomado medidas más duras. Paraguay y Argentina designaron a Hezbollah como organización terrorista en 2019, alineándose con EE. UU. e Israel, lo que permite el congelamiento de activos y la cooperación judicial internacional. Sin embargo, la porosidad de las fronteras, la debilidad institucional y los intereses económicos en torno al contrabando siguen dificultando un control efectivo.
En conclusión, el Cono Sur y la Triple Frontera representan mucho más que un espacio periférico: son un epicentro financiero y logístico que conecta el crimen organizado regional con la financiación del terrorismo internacional. Mientras la zona siga caracterizándose por su informalidad económica y corrupción endémica, Hezbollah —y potencialmente otras organizaciones extremistas— continuarán viendo en ella un puente estratégico hacia Occidente.
Venezuela y el nexo iraní: un nexo estratégico para Hezbollah en América
Si la Triple Frontera se ha consolidado como el gran centro financiero de Hezbollah en América del Sur, Venezuela se ha convertido en el epicentro político y logístico de la penetración iraní en el continente. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, Caracas y Teherán han tejido una alianza que ha ido mucho más allá de los discursos antiimperialistas: se ha traducido en un entramado de cooperación política, económica, militar y clandestina que ha abierto las puertas de América Latina a Hezbollah bajo el paraguas protector del Estado venezolano.
La relación comenzó como una afinidad ideológica frente a lo que ambos gobiernos denominaban el “imperialismo norteamericano”, pero rápidamente se consolidó en un pacto de conveniencia. Chávez encontró en Irán un aliado estratégico para desafiar a Estados Unidos en su propio hemisferio, mientras que Teherán identificó en Venezuela una plataforma ideal para expandir sus tentáculos en la región. De esa simbiosis surgieron más de doscientos acuerdos bilaterales en sectores como energía, infraestructura, banca y seguridad. Sin embargo, detrás de los convenios oficiales se ocultaban redes de inteligencia, rutas aéreas opacas y un flujo constante de recursos que vinculaban a Caracas con Damasco, Teherán y Beirut.
Uno de los episodios más reveladores de este engranaje fueron los vuelos Caracas–Damasco–Teherán, operados por Conviasa e Iran Air entre 2007 y 2010, conocidos popularmente como los “vuelos de la muerte” o “aeroterror”. Estos trayectos se realizaban sin controles migratorios ni aduaneros, permitiendo el traslado de agentes iraníes, miembros de la Guardia Revolucionaria y presuntos operativos de Hezbollah. Diversos informes de inteligencia occidentales documentaron que estas rutas aéreas no solo movilizaban personal, sino también armas, dinero en efectivo y tecnología sensible, constituyendo una línea aérea al servicio de un proyecto geopolítico que desbordaba el mero intercambio comercial.
El papel de figuras como Tareck El Aissami resulta crucial en esta ecuación. De ascendencia sirio-libanesa, El Aissami ha sido señalado en repetidas investigaciones como facilitador de pasaportes venezolanos a operativos de Hezbollah y de Irán, además de su participación en redes de narcotráfico. En 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó formalmente por narcotráfico internacional y por brindar apoyo a organizaciones terroristas de Medio Oriente, lo que evidenció hasta qué punto un funcionario del más alto nivel podía operar como nexo directo entre el chavismo y la red islamista.
Venezuela no solo ha servido de refugio político, sino también de plataforma de narcotráfico y lavado de dinero. El país ha sido pieza clave en el entramado del llamado narcoterrorismo, que une a carteles colombianos, facciones de las FARC y estructuras de Hezbollah. Desde puertos y aeropuertos venezolanos se ha documentado la salida de cargamentos de cocaína hacia África Occidental y Europa, mientras que los beneficios eran canalizados a través de bancos venezolanos y redes financieras que terminaban alimentando a Hezbollah en el Líbano. El caso de Ayman Joumaa, un narcotraficante libanés vinculado a Hezbollah, es paradigmático: su red lavó cientos de millones de dólares a través de instituciones financieras venezolanas, lo que confirmó la complicidad estructural de organismos del Estado en este esquema.
Más recientemente, el episodio del Boeing 747 de la aerolínea venezolana Emtrasur volvió a mostrar la dimensión de esta alianza. Retenido en Argentina en 2022 con tripulación venezolana e iraní, entre los cuales se encontraba un miembro vinculado a la Fuerza Quds, el avión fue finalmente incautado por Estados Unidos en 2024 tras determinarse que había violado los controles de exportación y que formaba parte de la logística clandestina entre Caracas y Teherán. Este hecho no solo simbolizó la cooperación entre ambos países, sino que confirmó que Venezuela sigue siendo un eslabón clave en el engranaje operacional de Irán y Hezbollah en la región.
En el plano diplomático, Venezuela ha brindado un apoyo abierto y constante a Irán. Ha defendido el programa nuclear iraní en foros internacionales, ha votado sistemáticamente contra sanciones y ha permitido visitas de alto perfil de funcionarios iraníes buscados por la justicia internacional. Uno de los casos más escandalosos se produjo en 2022, cuando Mohsen Rezaee, excomandante de la Guardia Revolucionaria y acusado por la justicia argentina de participar en el atentado contra la AMIA, fue recibido en la región sin que Caracas ni sus aliados hicieran caso de las órdenes de captura de Interpol.
El impacto regional de este vínculo es profundo. Desde Venezuela se ha facilitado la penetración de Hezbollah en el Caribe, Centroamérica y Sudamérica, ampliando sus redes de apoyo y operación clandestina. Para el Comando Sur de Estados Unidos, el eje Caracas–Teherán ha reforzado la capacidad de Hezbollah para mover recursos humanos, financieros y logísticos en todo el hemisferio, aprovechando no solo la debilidad institucional de países aliados como Nicaragua, Bolivia y Cuba, sino también la cobertura diplomática y financiera que el régimen chavista ofrece sin reservas.
En definitiva, Venezuela no es un socio circunstancial de Irán, sino el verdadero pivote de su estrategia en América Latina. A diferencia de la Triple Frontera, que actúa como un gran centro financiero, el territorio venezolano funciona como un nodo político, diplomático y logístico que ofrece pasaportes, aerolíneas estatales, puertos, bancos y cobertura oficial a Hezbollah y a la Guardia Revolucionaria iraní. La convergencia entre el chavismo y Teherán no solo desafía a Estados Unidos y a sus aliados en la región, sino que representa un desafío directo a la seguridad hemisférica, consolidando en América un puente operativo de alcance global para el terrorismo islamista.
Centroamérica y el Caribe: corredores estratégicos
Mientras la Triple Frontera se consolidaba como epicentro financiero y Venezuela como nodo político y logístico del eje iraní en América, Centroamérica y el Caribe se fueron configurando como corredores estratégicos indispensables para el despliegue de Hezbollah en el continente. Esta franja geográfica, marcada por su posición intermedia entre Sudamérica y Norteamérica, su cercanía a Estados Unidos y su alta vulnerabilidad institucional, se convirtió en terreno fértil para la penetración de redes de narcotráfico, contrabando y crimen organizado transnacional, que Hezbollah supo aprovechar en alianza con actores locales.
El Caribe, con su mosaico de islas pequeñas, su dependencia del turismo y del comercio marítimo, y sus débiles sistemas de control fronterizo, ha sido históricamente utilizado como puente para el contrabando y el narcotráfico. Hezbollah encontró allí la posibilidad de insertarse en los mismos circuitos utilizados por carteles colombianos y mexicanos para movilizar cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Países como Trinidad y Tobago, Surinam y la propia República Dominicana han sido señalados en informes de seguridad como puntos donde simpatizantes o células de apoyo logístico de Hezbollah han establecido contactos con redes criminales locales. En Trinidad y Tobago, además, se detectó la radicalización de jóvenes musulmanes que llegaron a viajar a Siria e Irak para combatir junto a ISIS, lo que muestra cómo la región no solo se convirtió en ruta de paso, sino también en espacio de captación ideológica y reclutamiento, con conexiones que inevitablemente confluyen en el entramado islamista internacional.
Centroamérica, por su parte, ha sido tradicionalmente el espacio donde confluyen las rutas del narcotráfico que suben desde Sudamérica hacia México y Estados Unidos. En países como Nicaragua, Honduras y Guatemala, antes igualmente El Salvador, los niveles de corrupción institucional, la penetración de las maras y la falta de control efectivo en las fronteras han abierto la puerta a que estructuras vinculadas a Hezbollah participen en esquemas de lavado de dinero, tráfico de armas y protección de cargamentos de droga.
El caso nicaragüense es particularmente llamativo porque, bajo el régimen de Daniel Ortega, se ha consolidado una alianza política con Irán y Venezuela que trasciende lo meramente ideológico. En 2022, Managua recibió con honores a Mohsen Rezaee, excomandante de la Guardia Revolucionaria acusado por la justicia argentina de ser uno de los responsables del atentado contra la AMIA, en un gesto desafiante hacia la comunidad internacional y en clara sintonía con el eje chavista-iraní. Esta cercanía no es solo política: el territorio nicaragüense funciona como escala segura para diplomáticos, agentes y operativos iraníes en tránsito por la región, lo que convierte al país en un enclave geoestratégico.
Honduras y Guatemala, aunque no poseen la relación política explícita con Irán, han sido utilizados como puntos de tránsito para redes de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico. Investigaciones estadounidenses han señalado que empresas de fachada, casas de cambio y bancos locales se han usado en operaciones que mezclaban capitales del crimen organizado con fondos destinados a financiar a Hezbollah en el Líbano. Estas prácticas se insertan en el fenómeno del hawala, un sistema de transferencia informal que permite eludir la supervisión bancaria y que ha sido recurrentemente identificado en la región como canal de envío de dinero hacia Medio Oriente.
El Salvador representó un caso especial. Durante la guerra civil y posteriormente en la posguerra, el país se convirtió en un terreno donde confluyeron organizaciones internacionales y redes de armas. En la última década, las investigaciones han mostrado cómo miembros de las maras, en especial la MS-13, han estado en contacto con carteles mexicanos y colombianos, y en algunos casos, con operadores vinculados a redes internacionales que también servían a Hezbollah. Aunque estos nexos no siempre han sido estructurados de manera formal, el hecho de compartir rutas, cargamentos y sistemas de blanqueo convirtieron a los grupos locales en socios indirectos de un entramado más amplio.
El Caribe insular también juega un papel clave en la circulación de dinero. Las jurisdicciones offshore, como las Islas Caimán o las Bahamas, han sido utilizadas históricamente para ocultar capitales. En ese mismo ecosistema financiero, los fondos del narcotráfico latinoamericano han coincidido con el dinero de Hezbollah, aprovechando la opacidad bancaria y la facilidad para crear empresas pantalla. Esta convergencia convierte a muchas islas del Caribe (R. Dominicana, Bahamas…) en un espacio híbrido, donde se mezclan actores del crimen organizado, capitales lícitos y redes de financiación del terrorismo internacional.
La importancia de Centroamérica y el Caribe no radica en la existencia de grandes atentados o estructuras permanentes como en la Triple Frontera o en Venezuela, sino en su función como corredores, plataformas logísticas y eslabones críticos en la cadena de tránsito. Hezbollah, a través de la Guardia Revolucionaria y sus aliados en Caracas y Teherán, entiende que sin estos corredores la conexión entre el narcotráfico sudamericano, el lavado de dinero en Norteamérica y la llegada de fondos a Medio Oriente quedaría fracturada. La región opera como un sistema circulatorio: no genera por sí sola la fuerza política o financiera de la organización, pero garantiza la movilidad de recursos humanos, mercancías ilícitas y dinero, elementos sin los cuales Hezbollah no podría sostener su proyección internacional desde América.
En conclusión, Centroamérica y el Caribe son más que simples espacios de paso. Se han convertido en corredores estratégicos, vitales para que Hezbollah mantenga activa su red de financiamiento y logística en el continente. Mientras la inestabilidad política, la corrupción y la debilidad institucional sigan marcando a la región, será prácticamente imposible impedir que estos corredores sigan siendo utilizados como arterias invisibles que conectan el crimen organizado latinoamericano con el terrorismo islamista global.
Hamás en América: un actor secundario pero presente
Aunque el protagonismo de Hezbollah en América Latina ha sido ampliamente documentado y constituye la principal preocupación de agencias de inteligencia regionales y occidentales, Hamás también ha mantenido una presencia significativa, aunque menos estructurada y más discreta. Su inserción en el continente ha seguido dinámicas diferentes a las de Hezbollah, respondiendo a su identidad como organización palestina y a la existencia de diásporas árabes en América que, en ciertos casos, han canalizado apoyo político y económico. Sin embargo, esa menor visibilidad no implica que su influencia sea irrelevante, pues se inserta en un ecosistema de simpatías ideológicas, movimientos de solidaridad y estructuras de financiamiento que, indirectamente, alimentan la agenda de un grupo considerado terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea.
La presencia de comunidades palestinas en países como Chile, Honduras, El Salvador y Nicaragua ha sido un terreno natural para la actividad de Hamás. Chile, con la comunidad palestina más numerosa fuera del Medio Oriente, ha visto emerger un entorno político y social muy sensible a la causa palestina. Si bien la mayoría de estas expresiones son de carácter civil y no necesariamente vinculadas con redes terroristas, sí han existido reportes de que en el marco de estas comunidades se han organizado actos de recaudación de fondos, campañas de apoyo político y actividades culturales que, en algunos casos, han sido aprovechadas por Hamás para reforzar su influencia. La línea entre la solidaridad legítima con el pueblo palestino y la canalización de recursos hacia un grupo armado Hamas en Gaza puede resultar difusa, lo que plantea un desafío para los gobiernos y las autoridades de control financiero.
En Centroamérica, la situación es más compleja. En países como Honduras y El Salvador, donde existen comunidades palestinas influyentes, se han identificado estructuras económicas que habrían sido utilizadas en operaciones de financiamiento a Hamás. Estas prácticas han incluido el uso de empresas de importación-exportación y casas de cambio que, al igual que ocurre con Hezbollah, se apoyan en el sistema informal del hawala. Si bien la escala de estas operaciones no alcanza la magnitud de las redes financieras vinculadas a Hezbollah en la Triple Frontera, la evidencia sugiere que Hamás mantiene un flujo de recursos que contribuye a sostener su aparato en Gaza y que tiene como origen parte del continente americano.
El vínculo de Hamás con Venezuela también merece atención. Aunque el protagonismo iraní en Caracas ha favorecido principalmente a Hezbollah, el chavismo ha extendido su respaldo político a toda la constelación de actores islamistas enfrentados a Israel y a Estados Unidos, incluido Hamás. En diversas ocasiones, líderes del grupo palestino han sido recibidos oficialmente en Venezuela, y la retórica antiisraelí y antinorteamericana del régimen bolivariano ha servido de plataforma diplomática para amplificar sus posiciones en foros internacionales. Más allá del discurso, Caracas ha facilitado canales de apoyo financiero y mediático que, si bien no alcanzan la magnitud de la logística desarrollada con Hezbollah, sí representan un elemento de legitimación para Hamás en la región.
El Caribe también ha sido escenario de actividades vinculadas a Hamás, particularmente en Surinam, Guyana y Trinidad y Tobago, donde la conjunción de comunidades musulmanas locales y la permeabilidad de las fronteras han permitido establecer simpatías con la causa palestina. Aunque estas expresiones se han mantenido en niveles relativamente bajos, diversos informes de seguridad estadounidenses y caribeños han advertido sobre la posibilidad de que actores vinculados a Hamás se apoyen en las mismas rutas de narcotráfico y contrabando que ya utilizan Hezbollah y los carteles locales. La amenaza no radica en la capacidad de ejecutar atentados de gran escala en la región, sino en la posibilidad de que la zona funcione como plataforma para el tránsito de recursos y personas.
En términos generales, Hamás no ha replicado en América el mismo nivel de infraestructura clandestina ni de alianzas político-estatales que Hezbollah ha logrado a través de Irán y Venezuela. Su rol es, en comparación, secundario, pero no por ello irrelevante. Allí donde Hezbollah construye una estructura sólida de narcotráfico, lavado de dinero y presencia territorial, Hamás aparece más bien como un beneficiario indirecto, capaz de insertarse en las grietas abiertas por la diáspora palestina y por las alianzas ideológicas de gobiernos afines. Su presencia no debe medirse únicamente por la magnitud de su financiamiento o por la existencia de células operativas, sino por su capacidad de mantener viva una narrativa política, captar recursos dispersos y consolidarse como parte de un entramado mayor que, en conjunto, proyecta el conflicto de Medio Oriente hacia el continente americano.
La principal diferencia es que, mientras Hezbollah funciona en América como un brazo operacional de Irán y se apoya en redes criminales locales para financiarse, Hamás actúa como un actor parasitario y oportunista, que aprovecha los espacios abiertos por la diáspora y las simpatías ideológicas. No obstante, en el contexto actual de radicalización de posiciones en Oriente Medio, y considerando el creciente alineamiento de gobiernos latinoamericanos con agendas antioccidentales, la posibilidad de que Hamás busque reforzar su presencia en la región no puede ser descartada. De hecho, las protestas masivas en países como Chile tras la guerra en Gaza evidencian que existe un terreno social fértil que, aunque en su mayoría pacífico, podría ser instrumentalizado por redes clandestinas para canalizar apoyo más allá de lo político y lo simbólico.
En conclusión, Hamás es en América un actor secundario, pero su presencia no es marginal. Funciona como un engranaje complementario del dispositivo islamista global, reforzando desde la periferia la legitimidad, los recursos y la narrativa de resistencia que comparte con Hezbollah e Irán. Su discreción no debe confundirse con ausencia: en un continente marcado por la fragilidad institucional, la corrupción y la permeabilidad de sus fronteras, incluso un actor secundario puede transformarse en un catalizador de inestabilidad regional si las condiciones se alinean.
La financiación: economía gris y nexos con el crimen organizado
El éxito de la presencia de Hezbollah en América no se explica únicamente por la afinidad política con ciertos regímenes o por la diáspora libanesa que ofrece un entorno cultural y social favorable. Su verdadera capacidad de permanencia y expansión está en la extraordinaria habilidad que ha demostrado para insertarse en la economía gris, ese espacio intermedio entre lo legal y lo ilegal donde convergen actividades comerciales aparentemente legítimas con operaciones ilícitas de contrabando, narcotráfico y lavado de dinero. A diferencia de otros grupos terroristas, Hezbollah ha convertido el financiamiento en una de sus principales fortalezas globales, desarrollando un sistema flexible, adaptado a las particularidades de cada región y capaz de aprovechar tanto las debilidades institucionales como las oportunidades económicas locales.
La Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay es el ejemplo paradigmático de este modelo. En esta zona, miles de comercios controlados por descendientes de inmigrantes árabes han sido señalados en investigaciones judiciales y policiales como puntos de recaudación de fondos. Estas tiendas, dedicadas a la importación y venta de productos electrónicos, textiles o perfumes, han funcionado como fachadas para mover dinero en efectivo hacia cuentas controladas por Hezbollah en el Líbano. Se trata de un fenómeno donde lo legal y lo ilegal se entremezclan: el negocio existe y vende mercancías reales, pero al mismo tiempo sobrefactura importaciones, subdeclara ventas y utiliza sistemas de transferencia informal como el hawala para enviar recursos sin pasar por los circuitos bancarios tradicionales. El resultado es un flujo constante de capitales que financian las actividades militares, terroristas y políticas de Hezbollah en Oriente Medio.
El caso de Assad Ahmad Barakat, arrestado en Brasil en 2018, es ilustrativo. Este empresario libanés, residente en Ciudad del Este, estaba en la lista negra de Estados Unidos por ser uno de los principales recaudadores de fondos para Hezbollah en América. A través de un conglomerado de empresas y casinos, Barakat habría blanqueado millones de dólares provenientes tanto de negocios legales como de operaciones de contrabando. Su red operaba desde hace décadas, y su caída solo confirmó la magnitud de los vínculos entre el comercio fronterizo y la financiación terrorista.
El crimen organizado latinoamericano encontró en Hezbollah un socio de conveniencia. La cocaína que sale de Colombia, Bolivia, Venezuela y Perú hacia Europa y Oriente Medio ha sido una de las principales fuentes de capital. Hezbollah participa en este esquema como intermediario financiero y logístico, aprovechando sus contactos globales para colocar la droga en África Occidental, un trampolín hacia el mercado europeo, y al mismo tiempo lavar las ganancias a través de bancos, casas de cambio y empresas fachada en América Latina. El caso de Ayman Joumaa, identificado en 2011 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como un narcotraficante de origen libanés vinculado a Hezbollah, reveló la magnitud del fenómeno. Según las investigaciones, Joumaa coordinaba el envío de toneladas de cocaína desde Venezuela y Colombia a México y luego a Estados Unidos, blanqueando las ganancias a través de bancos en Líbano y Venezuela. El monto estimado superaba los 200 millones de dólares mensuales, un ejemplo brutal de cómo el narcotráfico y el terrorismo convergen en un negocio transnacional y que los narco-estados existen.
La economía gris no se limita al narcotráfico. El contrabando de cigarrillos, electrónicos, textiles y medicamentos falsificados se ha convertido en otra de las fuentes constantes de ingresos. En Paraguay, la ciudad de Ciudad del Este ha sido catalogada como uno de los mayores centros de falsificación y contrabando del mundo, y es allí donde varias investigaciones han demostrado la existencia de comerciantes vinculados a Hezbollah. Los márgenes de ganancia de estas actividades, que requieren poca inversión inicial y permiten mover grandes volúmenes de efectivo, son enormes. Una parte de ese dinero, difícil de rastrear debido a la informalidad del comercio, termina canalizándose hacia el Líbano mediante redes de confianza basadas en vínculos familiares y comunitarios.
En Venezuela, la penetración de Hezbollah en la economía criminal ha encontrado un aliado en el propio aparato estatal. El “Cartel de los Soles”, una estructura de militares venezolanos y el propio ejecutivo vinculada al narcotráfico, ha sido señalado como socio en el envío de cocaína a África Occidental y Medio Oriente. La complicidad de funcionarios de alto nivel, sumada al control de aeropuertos y puertos por parte del régimen, ha facilitado que cargamentos enteros salgan del país con destino a África, donde redes de Hezbollah los reciben y gestionan su distribución hacia Europa. El caso del avión de Emtrasur retenido en Argentina en 2022 mostró que la cooperación entre Caracas y Teherán no se limita al terreno diplomático, sino que se extiende a una logística aérea que puede servir tanto al tráfico de bienes como al movimiento de personal y recursos financieros.
En Centroamérica y el Caribe, la convergencia con el crimen organizado se da sobre todo en el lavado de dinero. Empresas de fachada en Panamá, casas de cambio en Honduras y estructuras offshore en las Islas Caimán, R. Dominicana o las Bahamas han servido para blanquear capitales que después son enviados a Medio Oriente. La propia MS-13 en El Salvador y los carteles mexicanos que controlan las rutas hacia Estados Unidos han interactuado de manera indirecta con redes financieras utilizadas por Hezbollah. Aunque no hay evidencia de cooperación operativa sistemática, el hecho de compartir corredores de tráfico y mecanismos de lavado convierte a estas organizaciones en parte de un mismo ecosistema criminal.
Hamás, por su parte, no ha alcanzado el mismo nivel de sofisticación financiera que Hezbollah en América, pero también ha utilizado mecanismos similares en menor escala. En países con comunidades palestinas influyentes, como Chile y Honduras, se han detectado flujos financieros opacos vinculados a empresas y asociaciones que canalizan donaciones hacia Gaza. Aunque en la mayoría de los casos se presentan como ayuda humanitaria, la dificultad de trazar los fondos permite que una parte termine alimentando a Hamás.
La “economía gris” es, en definitiva, la clave de la supervivencia de Hezbollah en América. No depende de grandes bancos internacionales ni de transacciones visibles que puedan ser rastreadas fácilmente, sino de una red descentralizada de negocios legales e ilegales que se entrelazan en el mercado regional. Este modelo le ha permitido generar cientos de millones de dólares anuales sin necesidad de tener una estructura estatal formal detrás. La combinación de narcotráfico, contrabando, lavado de dinero y donaciones comunitarias convierte a Hezbollah en un actor financiero con una capacidad de resiliencia superior a la de la mayoría de los grupos terroristas del mundo.
Conclusión: Hezbollah-Hamas un desafío creciente para la seguridad regional en América
El mapa de la presencia de Hezbollah y, en menor medida, de Hamás en América revela un fenómeno mucho más complejo que el de simples “células dormidas” o redes de simpatizantes. Lo que se observa es la consolidación de una infraestructura transnacional que articula lo político, lo financiero y lo criminal en una red flexible y resiliente. En el Cono Sur, la Triple Frontera se mantiene como el gran motor financiero, donde la economía gris, el contrabando y el hawala permiten alimentar al aparato militar y político de Hezbollah en el Líbano.
En Venezuela, el nexo con Irán ha convertido al país en un verdadero santuario logístico y diplomático, que brinda cobertura estatal a actividades clandestinas y convierte al chavismo en un aliado estratégico del eje Teherán–Damasco–Beirut. En Centroamérica y el Caribe, la fragilidad institucional y la cercanía geográfica a Estados Unidos han transformado a la región en un corredor de tránsito y lavado, indispensable para cerrar la cadena que conecta a Sudamérica con el mercado internacional de drogas y al mismo tiempo con los circuitos financieros globales. Hamás, aunque con un rol secundario, logra insertarse en la diáspora palestina y en las simpatías ideológicas de gobiernos afines, aprovechando esos espacios para canalizar recursos y apoyo político que refuerzan su posición en Gaza.
Este entramado plantea un desafío profundo a la seguridad hemisférica. La convergencia entre terrorismo islamista y crimen organizado latinoamericano no es accidental, sino estratégica: mientras los carteles y las mafias locales buscan maximizar beneficios en narcotráfico, contrabando y lavado, Hezbollah encuentra en esas mismas dinámicas los canales ideales para sostener su aparato militar en Medio Oriente. La complementariedad es total: los carteles necesitan mercados y blanqueo, Hezbollah necesita financiación, y ambos se benefician mutuamente de la debilidad institucional de muchos Estados de la región.
A futuro, es previsible que estas redes no solo se mantengan, sino que se diversifiquen. El endurecimiento de sanciones contra Irán y Hezbollah en Europa y Medio Oriente obliga al grupo a buscar fuentes alternativas de ingresos, y América Latina aparece como un terreno propicio. Los indicadores apuntan a que veremos una mayor sofisticación en las operaciones de lavado, con un uso intensivo de criptomonedas, paraísos fiscales y empresas tecnológicas de fachada. Al mismo tiempo, el alineamiento político de gobiernos como los de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Cuba e incluso otros, en menor medida directa, con el eje iraní garantiza que la región seguirá siendo un espacio seguro para la logística y el tránsito de personal. El Caribe, por su posición estratégica en las rutas marítimas hacia Estados Unidos y Europa, podría adquirir un protagonismo aún mayor, especialmente en escenarios de escalamiento bélico en Medio Oriente.
Frente a este panorama, los gobiernos de la región deben adoptar una postura mucho más firme y coordinada. La primera tarea es romper con la inercia del negacionismo y el discurso de “asuntos ajenos”. Los atentados de la AMIA y de la embajada de Israel, en Buenos Aires demostraron hace ya décadas que el terrorismo internacional tiene capacidad de golpear directamente en suelo latinoamericano. La complacencia solo refuerza la penetración de estas redes. Se requiere, en consecuencia, un esfuerzo sostenido de inteligencia financiera para rastrear y cortar los flujos de dinero, especialmente en las zonas de comercio informal y en los sistemas offshore. La cooperación con organismos internacionales como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es clave, pero insuficiente si no va acompañada de voluntad política real en cada país.
Otro eje indispensable es la cooperación regional en materia de inteligencia y seguridad. Ningún país puede enfrentar este problema de manera aislada, porque las redes de Hezbollah y Hamás no reconocen fronteras. Una estrategia efectiva debe pasar por el intercambio de información, la armonización de legislaciones antiterroristas y la conformación de equipos conjuntos de investigación. La experiencia de operaciones exitosas contra redes de narcotráfico puede servir de modelo, pero requiere superar las tensiones políticas que dividen al continente.
Asimismo, es fundamental reconocer el componente político del fenómeno. Mientras existan gobiernos que ofrezcan cobertura diplomática y logística a Hezbollah e Irán, como ocurre con Venezuela, Cuba y Nicaragua, será extremadamente difícil erradicar estas estructuras. En este punto, la presión internacional, la aplicación de sanciones y la exposición pública de los vínculos entre regímenes latinoamericanos y el terrorismo islamista resultan esenciales para reducir el margen de maniobra de estas organizaciones.
El desafío no es menor: se trata de un enemigo invisible pero muy presente, que opera en la sombra de la economía informal, que se beneficia de la corrupción endémica y que se presenta bajo la fachada de comerciantes respetables, empresarios de éxito o activistas políticos. Su fuerza radica precisamente en esa capacidad de camuflaje. Por eso, cualquier respuesta estatal debe ser integral, combinando inteligencia, control financiero, diplomacia y fortalecimiento institucional.
Si los Estados latinoamericanos no actúan con decisión, el riesgo es claro: la región puede convertirse no solo en el principal centro de financiamiento de Hezbollah fuera de Medio Oriente, sino también en un posible escenario de futuros atentados o de desestabilización política en momentos de crisis internacionales. La historia reciente muestra que estas organizaciones nunca dudan en utilizar la violencia cuando lo consideran necesario y les interesa. La única forma de prevenir ese escenario es reconocer la magnitud del problema y enfrentarlo con la seriedad que exige.
En definitiva, América Latina está en una encrucijada. Puede seguir siendo un espacio de impunidad donde Hezbollah y Hamás operen con relativa comodidad, o puede transformarse en un ejemplo de cooperación regional contra el terrorismo y el crimen organizado. La decisión corresponde a sus gobiernos, pero el tiempo juega en contra: cuanto más se fortalezcan estas redes en la sombra, más difícil será desmantelarlas en el futuro.
Vicente Reig Basset es Coronel de la Guardia Civil (Retirado), DSE. Fue Jefe de la Comandancias de Huesca y Las Palmas de Gran Canaria, Director de Seguridad de Mapfre en México, Jefe de los POMLT en Afganistán y Director Proyecto de la UE de Lucha al Narcotráfico en Bolivia.
