Análisis del nuevo marco legal de seguridad pública en México y su aproximación al modelo bolivariano

Introducción: La ilusión de una seguridad prometida

A lo largo de las últimas décadas, México ha vivido una de las crisis de seguridad más graves del continente americano. El narcotráfico, la corrupción institucionalizada, la impunidad, la militarización progresiva y el debilitamiento de las instituciones civiles han conformado un coctel devastador. En este escenario, el Senado mexicano aprobó recientemente este 2025 una batería de leyes y reformas en materia de seguridad pública que, a mi parecer, lejos de resolver el problema, lo harán más profundo a no tardar.

Se trata de un conjunto normativo que incluye dos nuevas leyes:

• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
• Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.

Y con ellas cambios sustanciales, modificaciones y reformas a otras parejas:

• Ley de la Guardia Nacional.
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
• Ley Nacional del Régimen de Detenciones.
• Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

Aunque estas reformas se han presentado como necesarias para combatir al crimen organizado, la evidencia y un análisis detallado muestran una peligrosa deriva hacia un modelo autoritario, centralista y militarizado que recuerda inquietantemente al proceso bolivariano de Venezuela, donde las Fuerzas Armadas dejaron de ser un instrumento de defensa nacional para convertirse en el núcleo del poder político.

México 2025: radiografía de un Estado asediado

1. Violencia e impunidad persistente

México vive una crisis estructural de violencia e impunidad que no cede. Tan solo en 2024 se cerró con más de 30.000 homicidios dolosos, lo que supuso un aumento del 1,2% respecto 2023, siendo está cifras alarmantes (SESNSP, 2025).

A pesar de los discursos oficiales, más del 92% de los delitos no se acaban denunciando o no se investigan (INEGI) y el 95% de los homicidios quedan impunes, según los datos y las estimaciones que baraja Impunidad Cero. Existen más de 114.000 personas desaparecidas, y muchas de esas desapariciones vinculadas a fuerzas del orden (RENAPO, 2025).

Peor aún, la Fiscalía General de la República tiene una tasa de judicialización inferior al 6%, lo que evidencia una institución capturada, ineficiente o cómplice. Mientras tanto esos cientos de miles de desaparecidos siguen sin justicia y las víctimas son revictimizadas por un sistema que protege más a los poderosos que a los ciudadanos.

El narco sigue operando en amplias regiones del país, donde sustituyen al Estado, controlan economías locales y secuestran comunidades. México no solo padece violencia: padece normalización de la impunidad en dichas zonas y resto del país.

2. Militarización: de excepción a norma

Desde 2019, más del 80% de las tareas de seguridad pública están en manos de la Guardia Nacional, un cuerpo con estructura y cadena de mando militar bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

En 2024, el presupuesto de SEDENA superó por primera vez los 150 mil millones de pesos, mientras el de la Fiscalía General apenas llegó a 17 mil millones.

La SEDENA administra obras civiles, aeropuertos, aduanas y proyectos de infraestructura, como el Tren Maya y el AIFA, consolidando un modelo de “Estado dentro del Estado”.

Datos comparativos internacionales

Vamos a mostrar algunos datos internacionales de la región e incluir a España en la misma comparativa, para poder visualizar mejor algunos aspectos de la seguridad pública en México que nos den mejor idea de la gravedad que se consolida tras las reformas legislativas de 2025 y así, es por tanto indispensable situarlo en ese contexto comparativo.

Fuentes: World Justice Project (WJP), Reporteros sin Fronteras (RSF), Global Impunity Index, World Bank, Centro de estudios Latinoamericanos, IEP, ONUDD, HRW, Open Society Fundations, cifras oficiales y verificadas por ONG y medios independientes. *Venezuela no cuenta con registros oficiales confiables.

*Aumentado en este ciclo presupuestario.

Análisis profundo del paquete legislativo

1. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2025)

Aspectos clave:

• Se concentra la planificación estratégica, financiera y operativa en un Secretariado Ejecutivo controlado por el Ejecutivo federal.
• Los gobiernos estatales y municipales quedan subordinados a la federación para obtener recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
• Se permite la interoperabilidad de bases de datos de seguridad (biométricos, movilidad, vigilancia) sin filtros judiciales.

Crítica:

• Desaparece la autonomía del sistema federal en seguridad pública, eliminando contrapesos regionales.
• Se crea una pirámide centralizada donde las decisiones se toman desde la Ciudad de México, en un contexto de militarización absoluta.
• Se debilita el papel del ciudadano y del municipio como ente primario de gobernabilidad, lo cual recuerda al modelo de los “consejos comunales” venezolanos, donde la descentralización es solo aparente.

2. Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia

Aspectos clave:

• Crea una plataforma nacional de inteligencia bajo control presidencial.
• Fomenta el acopio de información biométrica, financiera y digital sin autorización judicial previa.
• Se legaliza el uso de inteligencia artificial para “perfiles de riesgo”, incluyendo manifestantes, periodistas, y opositores.

Crítica:

• Legaliza la vigilancia masiva, como ya denunció Artículo 19 en relación con Pegasus y otros sistemas de espionaje.
• Viola principios constitucionales de intimidad, debido proceso y presunción de inocencia.
• Se construye una estructura orwelliana: una panóptica digital que recuerda al sistema de “misiones cívico-militares” de inteligencia en Venezuela, donde el Estado controla todos los nodos informativos del ciudadano.

3. Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Aspectos clave:

• Se eliminan o absorben organismos autónomos como el INAI, el IFT y la CRE.
• Se crea una “Agencia de Transformación Digital” bajo control del Ejecutivo, que centraliza telecomunicaciones, datos y sistemas biométricos.
• Se integran los órganos de control interno al Poder Ejecutivo.

Crítica:

• Desaparecen los contrapesos clave del Estado democrático, institucionalizando un gobierno de poder unificado, sin supervisión externa.
• Se impide el escrutinio público y el acceso a la información sobre contratos, compras, detenciones o violaciones a derechos humanos.
• De nuevo, el paralelismo con Venezuela es evidente: se eliminan fiscalizadores independientes y se crea un “Estado opaco”.

4. Reforma a la Ley Nacional del Régimen de Detenciones

Aspectos clave:

• Legaliza la detención preventiva sin orden judicial en casos considerados “urgentes”.
• Permite la detención de migrantes o personas en situación vulnerable sin registro formal inmediato.
• Introduce figuras ambiguas como “sospecha razonada” que permiten detenciones arbitrarias.

Crítica:

• Se vulnera el principio de legalidad y el derecho a la defensa.
• Las detenciones sin orden judicial son caldo de cultivo para la desaparición forzada, una práctica ya documentada contra la Marina, el Ejército y corporaciones locales.
• Se criminaliza la pobreza, la protesta, la disidencia.

5. Reforma a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza

Aspectos clave:

• Permite uso de fuerza letal en disturbios si hay «riesgo inminente».
• Autoriza tácticas militares contra manifestantes sin evaluación proporcional o caso por caso.
• Debilita las facultades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y elimina mecanismos de control externo.

Crítica:

• • Contraviene principios internacionales como los establecidos por la ONU en el “Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”.
  • Normaliza la represión de la protesta social como política de Estado.
  • En Venezuela, leyes similares fueron usadas para justificar la represión de estudiantes, periodistas y líderes sindicales. México parece caminar por esa senda.

El modelo bolivariano Venezuela & México: militarización, propaganda y control, desaparición de contrapesos democráticos

El modelo bolivariano surgido en Venezuela tras la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 se construyó a través de una transformación radical del Estado, sustentada en tres pilares: militarización del aparato público, control ideológico y monopolización de la información, todo ello bajo la retórica permanente de “revolución popular” y lucha contra los enemigos internos. Esta fórmula, que desembocó en un régimen autoritario disfrazado de democracia participativa, sirve como marcha de advertencia frente a procesos actualmente en marcha en México.

El proceso venezolano, desde 2002, consistió en tres fases:

• • 1. Centralización del poder en el Ejecutivo.

• • 2. Militarización progresiva de la seguridad y la administración pública.

• • 3. Control total de la información y vigilancia ciudadana.

En México y desde 2018 se está replicando este mismo patrón y con estas leyes, está transitando el mismo camino:

• • • La SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional) ha recibido poderes extraordinarios: opera en aduanas, aeropuertos, líneas férreas y telecomunicaciones, controla obras, inteligencia y seguridad.

• • • El control presupuestario es desproporcionado y sólo en 2025 SEDENA administra más recursos que las Secretarias de Salud, Educación y Seguridad Pública combinadas.

• • • La Guardia Nacional, pese a sus orígenes civiles, fue integrada estructural y funcionalmente en el Ejercito, borrando la diferencia entre orden interno y defensa nacional.

• • • Con la nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2025) se refuerza este control al subordinar los Estados al esquema federal, lo que deja a las autoridades locales atadas a la voluntad castrense federal.

Esta tendencia indica claramente que las FAS han dejado de ser un instrumente neutral, como lo es en cualquier país democrático, para convertirse en un eje político-operativo del Gobierno, reproduciendo así de forma clara el modelo bolivariano, donde el generalato es el actor central de la gobernabilidad.

Por otro lado, en el modelo venezolano, la propaganda ha sido siempre clave: su narrativa es la de exaltar constantemente la imagen del líder, del pueblo como sujeto revolucionario y progresista frente al enemigo interno como conspirador o golpista. Los medios públicos y privados fueron neutralizados o absorbidos por el aparato estatal y los mensajes de sus disidentes fueron estigmatizados como antipatrióticos.

En este contexto México ha vivido desde 2018, un creciente gasto y uso en propaganda gubernamental con algunos rasgos preocupantes:

• • • Ha consolidado una narrativa en donde toda crítica es interpretada como traición, neoliberalismo o ataque al pueblo, deslegitimizando así el debate público.

• • • El control de la información avanza mediante la desaparición de organismos como la INAI y la creación de una Agencia de Transformación Digital adscrita al Ejecutivo, encargada de administrar bases de datos, redes públicas y contenidos informativos.

• • • La nueva Ley del Sistema Nacional de Inteligencia promueve el uso de la IA para mapear riesgos en redes sociales y medios, con base en perfiles de comportamiento, lo cual facilita el monitoreo de periodistas, activistas y opositores bajo el contexto de Seguridad Nacional.

Este uso del aparato de propaganda estatal para imponer una verdad oficial y controlar el relato público se aproxima con las nuevas leyes y reformas realizadas a los mecanismos chavistas para justificar detenciones, censura o cierre de medios. En lugar de generar confianza institucional, el discurso de unidad nacional se convierte en una imposición ideológica donde la disidencia y amenaza son equivalentes.

Respecto del control Ejecutivo todos tenemos claro que uno de los elementos más invasivos del modelo bolivariano fue la creación de una arquitectura de control ciudadano mediante sistemas de vigilancia y dependencia. En Venezuela, este uso se manifestó a través de:

• • • El “carnet de la Patria”, un sistema de identificación digital que centraliza los datos biométricos, electorales, médicos y económicos del ciudadano, controlado por el Ejecutivo.

• • • La militarización de la inteligencia civil, con la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) operando en espacios civiles, universidades y medios.

• • • El uso discrecional de detenciones y desapariciones para acallar protestas sociales, con un Poder Judicial subordinado al Ejecutivo.

México de igual manera ha comenzado a construir estructuras similares con sus propios matices:

• • • La plataforma de interoperabilidad del Sistema Nacional de Inteligencia permitirá concentrar datos biométricos, financieros, fiscales, migratorios y de movilidad en un solo ente, bajo la supervisión castrense y sin garantías judiciales.

• • • No se requiere orden judicial para detenciones bajo supuestos de “riesgo inminente”, como estipula la reforma de la Ley Nacional del Régimen de Detenciones. Esta figura ambigua podría ser usada contra disidentes, periodistas o activistas, como ya ha ocurrido con infiltraciones en ciertos colectivos.

• • • Las modificaciones a la Ley del Uso de la Fuerza normalizan el empleo de técnicas militares en entornos civiles, legalizando el uso de armas letales contra protestas, como también ocurrió en Venezuela con la GNB (Guardia Nacional Bolivariana)

De esta forma, el ciudadano mexicano empieza a vivir bajo una arquitectura institucional donde ser observado, detenido o reprimido ya no requiere evidencia, sino tan solo perfilamiento y sospecha.

En Venezuela finalmente el desmontaje de la democracia formal se logró con medidas como:

• • • El desmantelamiento del Congreso mediante la creación de la Asamblea Nacional Constituyente paralela.

• • • El control total del Poder Judicial y Electoral.

• • • La eliminación o subordinación de organismos autónomos.

• • • La criminalización de partidos y medios opositores.

México de igual manera ya ha empezado ese similar camino y así:

• En 2024 y 2025 se han eliminado o vaciado de poder el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones), el INE (Instituto Nacional Electoral) y el CRE (Comisión Reguladora de Energía), que ha sido reemplazados por órganos dependientes del Ejecutivo.
• Se ha reforzado el papel del Ejercito como custodio de los procesos electorales y censores de redes sociales.
• Las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública han centralizado funciones clave del Estado en figuras designadas directamente por la Presidencia, sin controles legislativos ni judiciales efectivos.

Conclusiones: ¿Hacia un Estado autoritario bajo pretexto de seguridad?

El bolivarianismo no instauró su poder a través de un golpe de estado militar como era tradicional en estos países en otras épocas, sino a través de una serie de reformas “legales” que, paso a paso, han desactivado la democracia desde dentro. La ley se ha convertido en un instrumento del poder, no de la justicia.

En el México de hoy este proceso ya se ha puesto en marcha justo antes de la pandemia y así ya tras las leyes aprobadas y las reformas y modificaciones realizadas a otras que, se debe referir, han sido tramitadas en tiempo record y sin consultas amplias ni participación de la sociedad civil, en este 2025, otro paso más al autoritarismo se ha iniciado.

Se han utilizado, para todo ello, las ya consabidas narrativas populistas de seguridad, anticorrupción y soberanía popular para justificar reformas que socavan derechos fundamentales, la transparencia y el equilibrio institucional. Se está confundiendo mayoría legislativa, con legitimidad constitucional, ignorando que una democracia requiere algo más que votos: requiere garantías.

Estas leyes no son un avance en el combate al crimen organizado ni a la corrupción. Son instrumentos de concentración del poder, de legalización de la opacidad y de institucionalización de la represión.

¿Qué implican en términos reales?

• Que el ciudadano ya no tiene garantías frente al Estado.
• Que el poder militar, sin control civil, se convierte en árbitro político.
• Que la corrupción no solo no se combate, sino que se protege bajo la sombra de la opacidad legal.
• Que el país deja de ser una república con división de poderes y se acerca a una estructura militarista, centralista, y autocrática.

El modelo bolivariano lejos de ser una “solución latinoamericana alternativa” ha demostrado ser una fórmula para la destrucción progresiva del Estado de Derecho, bajo la apariencia de legalidad popular. Hoy México repite esa fórmula con diferencia retórica, pero con igual esencia: concentración de poder, opacidad, militarización y criminalización de la crítica.

El riesgo no es futuro, ya es presente. La defensa del Estado democrático mexicano exige una reacción inmediata de jueces, periodistas, ciudadanos y comunidad internacional antes de que la máquina legal del ejecutivo sea demasiado pesada para desmontar desde dentro.

Vicente Reig Basset es Coronel de la Guardia Civil (Retirado), DSE. Fue Jefe de la Comandancias de Huesca y Las Palmas de Gran Canaria, Director de Seguridad de Mapfre en México, Jefe de los POMLT en Afganistán y Director Proyecto de la UE de Lucha al Narcotráfico en Bolivia.