El Tribunal Supremo acogió este jueves, 10 de septiembre, el acto solemne de apertura del Año Judicial 2026-2027, presidido por el Rey Felipe VI, en una ceremonia que reunió a las principales autoridades del Estado y de la Justicia en uno de los momentos de mayor tensión institucional de los últimos años.
La presidenta del Alto Tribunal y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, protagonizaron dos intervenciones centradas en la defensa del Estado de Derecho, la independencia de las instituciones judiciales y la necesidad de mejorar el funcionamiento de una Justicia sometida a una creciente carga de trabajo.
La apertura del Año Judicial volvió a convertirse en un escenario de especial relevancia política y jurídica. Ante magistrados del Supremo, vocales del CGPJ, fiscales, representantes del Gobierno, de las Cortes Generales y otras altas autoridades, Felipe VI presidió el tradicional acto con el que oficialmente comienza el curso judicial tras el verano, una ceremonia cargada de simbolismo institucional que este año estuvo condicionada por el debate público sobre las resoluciones judiciales, las críticas cruzadas entre responsables políticos y miembros de la judicatura y la reciente crisis vivida en Ceuta.
La intervención de Isabel Perelló fue la más contundente de la jornada. La presidenta del Tribunal Supremo defendió la independencia judicial y advirtió de que cuestionar públicamente la imparcialidad de los jueces atribuyéndoles motivaciones políticas supone un grave deterioro de la confianza en el sistema democrático. Perelló sostuvo que las resoluciones judiciales pueden y deben ser objeto de crítica, pero insistió en que esa crítica debe realizarse dentro del respeto institucional y sin convertir a los jueces en objetivo de campañas de deslegitimación.
La presidenta del Poder Judicial rechazó especialmente la utilización del concepto de lawfare para desacreditar decisiones adoptadas por los tribunales cuando no existen pruebas de actuaciones irregulares. En su discurso recordó que atribuir a un magistrado que dicta una resolución por intereses políticos equivale, en la práctica, a imputarle una conducta delictiva, una acusación que consideró incompatible con el respeto debido a quienes ejercen la función jurisdiccional. Al mismo tiempo, reivindicó que la independencia de los jueces constituye uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho y una garantía para todos los ciudadanos, independientemente de sus posiciones ideológicas.
Perelló también aprovechó su intervención para poner sobre la mesa uno de los problemas estructurales de la Justicia española: la lentitud de los procedimientos y la incapacidad del sistema para absorber el volumen creciente de asuntos. Según los datos expuestos durante la apertura, los tribunales resolvieron en 2025 más de siete millones de asuntos, pero el número de expedientes pendientes continuó aumentando hasta situarse en torno a los 4,7 millones.
La presidenta alertó de que algunos órganos judiciales ya están señalando vistas para fechas tan lejanas como 2030 y reclamó reformas organizativas, más medios personales y tecnológicos y un incremento de la planta judicial para acercar España a los estándares europeos.
Especial preocupación mostró por la situación de la Sala Primera del Tribunal Supremo, especializada en asuntos civiles y mercantiles, donde se acumulan cerca de 28.000 recursos pendientes. Perelló defendió la necesidad de adoptar soluciones legislativas y organizativas que permitan reducir ese atasco y recordó que la eficacia de la Justicia constituye también una exigencia constitucional, porque los retrasos terminan afectando directamente al derecho de los ciudadanos a obtener una tutela judicial efectiva en plazos razonables.
La fiscal general reclama una Fiscalía más autónoma
La segunda gran intervención correspondió a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, quien presentó la Memoria Anual del Ministerio Fiscal y realizó un amplio repaso de la evolución de la criminalidad y de los principales desafíos que afronta la Fiscalía.
Peramato defendió que la actuación de los fiscales debe estar guiada exclusivamente por el principio de legalidad y rechazó que la crítica legítima pueda confundirse con una descalificación sistemática de la institución o de sus miembros en función de las posiciones procesales que adopten en cada procedimiento.
Durante su discurso, la fiscal general subrayó que en 2025 se incoaron 1.770.201 diligencias previas, un 4,9% más que el año anterior, reflejo del incremento de la actividad judicial y del volumen de investigaciones desarrolladas por el Ministerio Fiscal. Los delitos contra la vida y la integridad física representaron el grupo más numeroso de diligencias, seguidos por los delitos contra el patrimonio, mientras que la delincuencia relacionada con Internet continúa consolidándose como una de las principales preocupaciones de la Fiscalía, especialmente por su incidencia sobre menores y colectivos vulnerables.
Dedicó además una parte relevante de su intervención a la lucha contra la corrupción, recordando el impacto que este fenómeno tiene sobre la credibilidad de las instituciones democráticas. La fiscal general defendió el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción y reclamó mayores herramientas para garantizar investigaciones eficaces, al tiempo que insistió en la conveniencia de impulsar una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que refuerce su autonomía funcional y adapte su estructura a los nuevos retos del sistema penal español.
La responsable del Ministerio Público también hizo referencia a la situación vivida recientemente en Ceuta, trasladando un mensaje de apoyo a los ciudadanos de la ciudad autónoma y reclamando que cualquier respuesta institucional combine el restablecimiento de la normalidad con el estricto cumplimiento de la legalidad y el respeto a la dignidad de las personas, especialmente de los menores que puedan encontrarse en situación de vulnerabilidad.
Una Justicia bajo presión por los retrasos y la falta de recursos
Uno de los mensajes comunes de la apertura judicial fue la necesidad de abordar con urgencia los problemas estructurales que condicionan el funcionamiento cotidiano de los juzgados y tribunales españoles. Tanto Perelló como la fiscal general coincidieron en señalar que el aumento de la litigiosidad, la complejidad creciente de los procedimientos y la insuficiencia de recursos humanos y materiales están provocando un importante incremento de los tiempos de respuesta de la Administración de Justicia.
Los datos difundidos por la Fiscalía reflejan igualmente el elevado volumen de actividad de los órganos judiciales. Además de las más de 1,7 millones de diligencias previas iniciadas, durante 2025 se registraron más de 207.000 procedimientos abreviados y miles de causas ordinarias, mientras que la suspensión de numerosos juicios continúa representando uno de los principales obstáculos para agilizar la respuesta judicial.
La Fiscalía y el CGPJ consideran que la modernización tecnológica y la implantación efectiva de los nuevos Tribunales de Instancia deberán ir acompañadas de una adecuada dotación presupuestaria para evitar que las reformas organizativas pierdan eficacia por falta de medios.
La presencia del Rey Felipe VI volvió a poner de relieve el carácter solemne de una ceremonia que simboliza el inicio oficial del curso judicial y la colaboración institucional entre los distintos poderes del Estado dentro del marco constitucional. El monarca presidió el acto en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo acompañado por las principales autoridades judiciales y políticas, manteniendo el papel de árbitro institucional que la Constitución atribuye a la Corona en este tipo de ceremonias de Estado.
La apertura del Año Judicial 2026-2027 deja así un mensaje claramente definido: la defensa de la independencia judicial como condición indispensable para preservar el Estado de Derecho, la necesidad de proteger a jueces y fiscales frente a campañas de deslegitimación y la urgencia de acometer reformas que permitan ofrecer una Justicia más rápida y eficaz a los ciudadanos.
En un contexto de fuerte polarización política y de creciente presión sobre los tribunales, el discurso de Isabel Perelló situó la autonomía del Poder Judicial en el centro del debate institucional, mientras Teresa Peramato reivindicó una Fiscalía fortalecida para afrontar desafíos como la corrupción, la ciberdelincuencia y la protección de los colectivos más vulnerables.
