En una decisión que ha provocado intensas reacciones tanto en Italia como en el resto de Europa, el gobierno de Giorgia Meloni ha aprobado una nueva ley que penaliza con hasta dos años de cárcel la ocupación ilegal de viviendas. Considerada por sus detractores como una medida populista y represiva, y por sus defensores como una acción de «orden y justicia», esta legislación marca un punto de inflexión en la gestión de la emergencia habitacional en el país.
Italia, como muchos países europeos, arrastra desde hace años una grave crisis habitacional. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (ISTAT), más de 50.000 inmuebles están ocupados ilegalmente en el país, principalmente en ciudades como Roma, Milán, Nápoles y Turín. Al mismo tiempo, más de 700.000 viviendas permanecen vacías, en gran parte por motivos especulativos o legales.
Los llamados «okupas» –personas que ocupan viviendas deshabitadas sin autorización legal– conforman un grupo heterogéneo: desde familias sin recursos, inmigrantes y solicitantes de asilo, hasta colectivos anarquistas y organizaciones de vivienda alternativa.
El problema ha sido históricamente ignorado o tratado de forma ambigua por los sucesivos gobiernos. Sin embargo, la coalición de derecha liderada por Meloni ha hecho de la lucha contra la ocupación ilegal un pilar discursivo central, en nombre de la «propiedad privada» y la «seguridad ciudadana».
La nueva legislación fue aprobada en el Senado italiano el 28 de mayo de 2025 y ratificada por la Cámara de Diputados este pasado 3 de junio. Los puntos clave de la ley son una pena de prisión de hasta 2 años de cárcel para quienes ocupen ilegalmente una vivienda, con posibilidad de aumentarla hasta 4 años si hay uso de violencia, amenaza o pertenencia a organizaciones.
También se contempla la expulsión inmediata. Las fuerzas del orden podrán desalojar a los ocupantes sin orden judicial, si el propietario presenta denuncia y hay «flagrancia de ocupación». Se recogen, igualmente, sanciones económicas, con multas de hasta 10.000 euros para quienes instiguen, faciliten o apoyen la ocupación de inmuebles. En paralelo, asociaciones que proporcionen agua, electricidad o alimentos a viviendas ocupadas podrían ser sancionadas.
El gobierno sostiene que la medida busca «proteger a los ciudadanos honestos y poner fin a la impunidad de los delincuentes que usurpan lo ajeno». Sin embargo, la nueva ley ha generado una ola de críticas por parte de la oposición (Partido Democrático, Movimiento 5 Estrellas, y otras formaciones de izquierda), así como de organizaciones no gubernamentales, sindicatos y asociaciones de vivienda.
Varias manifestaciones han tenido lugar en ciudades italianas. En Roma, miles de personas marcharon frente al Parlamento con pancartas que decían «Vivienda digna, no prisión» y «La casa es un derecho, no un privilegio«. El Vaticano, tradicionalmente moderado en sus pronunciamientos políticos, expresó su preocupación a través de la Conferencia Episcopal Italiana, que señaló que «la criminalización de la necesidad extrema contradice el principio evangélico de asistencia al necesitado».
Juristas y académicos han cuestionado la constitucionalidad de la nueva norma. El artículo 42 de la Constitución italiana protege la propiedad privada, pero también establece una función social de la misma. El artículo 3 garantiza igualdad de derechos y no discriminación. Los críticos señalan que desalojar sin orden judicial contradice el principio de debido proceso. Además, la criminalización de la ayuda humanitaria a los okupas puede violar tratados internacionales sobre derechos humanos. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han pedido una revisión urgente de la ley.
Italia no está sola en su cruzada contra la ocupación. España, Francia y Alemania también han registrado un aumento de la presión contra estos colectivos, pero la dureza de la ley italiana ha sorprendido incluso a gobiernos conservadores del continente. El Parlamento Europeo ha debatido una posible resolución sobre el respeto a los derechos fundamentales en el contexto de esta legislación, y la Comisión Europea ha solicitado a Italia explicaciones sobre su compatibilidad con el Derecho comunitario.
Por contra, los defensores de la ley argumentan que la ocupación ilegal es una forma de violencia contra propietarios legítimos, especialmente pequeños propietarios que han sido víctimas de mafias okupas. Sin embargo, los datos muestran que la mayoría de los ocupantes ilegales no están organizados, sino que son personas o familias sin alternativa habitacional. Para ellos, la cárcel no representa disuasión, sino una nueva forma de exclusión.
Expertos en políticas sociales critican que la ley no venga acompañada de un plan robusto de vivienda pública. Italia invierte solo el 0,02% de su PIB en vivienda social, uno de los niveles más bajos de Europa occidental. No en vano, el número de viviendas sociales ha disminuido un 30% en la última década. Sin programas de apoyo, reubicación o integración, la ley puede agravar el problema que pretende resolver.
