La gestión de la crisis migratoria provocada por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta ha abierto un nuevo frente político dentro del propio Gobierno, después de que este martes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reiterara que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no remitió ningún informe ni aviso que permitiera anticipar una avalancha migratoria de las dimensiones registradas la pasada semana.
Sus declaraciones llegan apenas un día después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, saliera públicamente en defensa del trabajo desarrollado por los servicios de inteligencia españoles, evidenciando un contraste de posiciones en el seno del Ejecutivo.
Tras participar en la reunión extraordinaria de ministros del Interior de la Unión Europea para analizar la situación generada en Ceuta, Grande-Marlaska insistió en que «no hubo ningún informe» ni «ningún aviso» por parte del CNI o de cualquier otro servicio de información que alertara de una operación similar a la sufrida en la ciudad autónoma.
El titular de Interior sostuvo que, de haber existido una advertencia de esa naturaleza, habría sido trasladada «a las más altas instancias» del Estado y se habría convocado de inmediato una reunión de emergencia para preparar una respuesta preventiva.
El ministro quiso, no obstante, evitar que sus palabras fueran interpretadas como una crítica al Centro Nacional de Inteligencia. Al contrario, subrayó su «confianza absoluta» en el organismo y en el conjunto de los servicios de información españoles, cuya labor calificó de «prioritaria y esencial» para la seguridad nacional. Según explicó, lo sucedido en Ceuta responde a un episodio «extraordinario y excepcional», organizado por redes de tráfico de personas que aprovecharon determinadas circunstancias para promover el cruce masivo hacia territorio español.
Grande-Marlaska actualizó además el balance de la crisis migratoria, elevando a 72.000 el número de personas que accedieron irregularmente a Ceuta durante la avalancha. De ellas, aseguró que alrededor de 70.000 ya han regresado a Marruecos, mientras que el resto continúa siendo objeto de evaluación individual conforme a la legislación vigente y a los procedimientos de protección internacional y de menores. El ministro defendió igualmente que el espacio Schengen no ha resultado comprometido gracias al dispositivo desplegado por las autoridades españolas.
Las afirmaciones del responsable de Interior contrastan con el mensaje lanzado el lunes por la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien expresó públicamente su respaldo al trabajo desarrollado por el CNI y por los servicios de información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
Robles quiso agradecer de forma expresa el trabajo realizado por los profesionales de inteligencia y destacó que desarrollan su labor en condiciones especialmente complejas y, en muchas ocasiones, alejadas del foco público debido al carácter reservado de sus actuaciones.
La intervención de Robles fue interpretada como una defensa institucional del organismo que depende orgánicamente de su departamento, en un momento en el que el papel del CNI ha quedado situado en el centro del debate político. La ministra evitó entrar en la polémica sobre la existencia o no de alertas previas, pero reivindicó la profesionalidad de los servicios de inteligencia y de las unidades policiales especializadas, subrayando su contribución permanente a la seguridad del Estado.
La controversia se produce después de que diferentes informaciones periodísticas hayan apuntado a la existencia de advertencias previas sobre el riesgo de una llegada masiva de inmigrantes tras determinados cambios en el contexto jurídico y migratorio. Sin embargo, el Ministerio del Interior mantiene que nunca recibió un informe que anticipara una operación de la magnitud finalmente registrada, mientras que el propio Marlaska ha reiterado este martes que ningún servicio de inteligencia nacional o europeo fue capaz de prever un episodio de semejantes dimensiones.
El episodio ha reabierto el debate sobre los mecanismos de coordinación entre los servicios de inteligencia, los cuerpos policiales y los responsables políticos en materia de seguridad nacional. La función del CNI consiste en identificar riesgos y amenazas para la seguridad del Estado, aunque la capacidad de anticipación nunca puede considerarse absoluta cuando intervienen fenómenos dinámicos como las migraciones irregulares impulsadas por organizaciones criminales, donde confluyen factores políticos, judiciales, sociales y operativos difíciles de prever con exactitud.
Mientras tanto, el Gobierno continúa defendiendo la actuación desplegada durante la crisis y la estrecha cooperación mantenida con Marruecos para contener la situación y facilitar el retorno de la mayoría de las personas que accedieron a Ceuta. No obstante, las diferentes declaraciones realizadas desde Interior y Defensa evidencian que el debate sobre la anticipación de la mayor crisis migratoria vivida por la ciudad autónoma desde 2021 sigue plenamente abierto y previsiblemente continuará marcando la agenda política en los próximos días.
