Llegado que fue el nombramiento de sucesor, Franco eligió el 20 de julio de 1969 a Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, quien en ese momento era Príncipe de España. A título de Rey, Juan Carlos adquiriría los poderes del dictador tras su fallecimiento. Dos días después, el 22 de julio, las Cortes franquistas refrendaron este nombramiento, marcando así el inicio de la Transición que se aceleraría en 1976 tras la muerte del Caudillo el 20 de noviembre de 1975.
En el contexto de acontecimientos y cambios del vertiginoso año 1976, hay que reseñar en mayo el nacimiento del diario El País, perteneciente al Grupo Prisa, cuyo propietario era Don Jesús Polanco Gutiérrez (1929-2007), su director era Don Juan Luis Cebrián Echarri (1944), que venía de ser Redactor Jefe del Diario Pueblo (periódico supuestamente fascista, voz del régimen franquista) y Director de Informativos de TVE, la televisión pública, naturalmente perteneciente al régimen en desaparición, y la tendencia “política” de estos dos personajes que tanto habían medrado en el franquismo, supuestamente socialista. Hicieron desde el primer momento una asociación férrea con el PSOE y a su secretario general Don Felipe González Márquez y a estos dos personajes se les conoció como la “Santísima Trinidad”. El PSOE fue conocido como PRISOE.
Tras el nombramiento de Don Adolfo Suárez González como presidente del Gobierno el 3 de julio de 1976, luego de la dimisión forzada el día 1 de Don Carlos Arias Navarro, se promulgó la Ley para la Reforma Política, la cual fue refrendada por una amplia mayoría de españoles, como hemos visto. Durante la Semana Santa de 1977, se legalizó al Partido Comunista de España (PCE), liderado por Santiago Carrillo. Tras las primeras elecciones constituyentes de ese mismo año, se redactó por consenso la Constitución Española de 1978, que fue refrendada el 6 de diciembre por el 87.78% de los votantes, representando el 58.97% del censo electoral. Esta fue la primera Constitución concebida a través de un amplio acuerdo político y refrendada en las urnas por el pueblo español.
Después de las elecciones generales de 1979, con la Constitución ya en vigor, el partido ganador fue la Unión de Centro Democrático (UCD) y Don Adolfo Suárez formó un gobierno plenamente legítimo y constitucional. España vivió una época muy agitada debido a los crímenes de la banda terrorista ETA y otros grupos de menor importancia que operaban en aquel momento. Esto condujo al famoso golpe de estado del 23 de febrero de 1981, en circunstancias nunca completamente aclaradas. El objetivo principal del golpe era sacar de la Presidencia del Gobierno a Don Adolfo Suárez, algo absurdo, porque este ya había dimitido el 29 de enero. Tras la resolución del golpe en la madrugada del 24 de febrero, se llevó a cabo una votación en el Parlamento que resultó en el nombramiento de Don Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo como presidente del Gobierno, también perteneciente a la coalición de partidos de la UCD.
El 28 de octubre de 1982, las urnas dieron la victoria al PSOE, que obtuvo 202 diputados, y Don Felipe González Márquez fue nombrado presidente del Gobierno por el Parlamento español, a propuesta de S.M. el Rey Don Juan Carlos I. Este cambio marcó un hito importante en la historia política de España y tuvo un impacto significativo en la dirección del país. Entre otras cosas, Juan Carlos I aprovechó para blanquear su nombramiento como sucesor a título de Rey por Franco, al presentarse como el Jefe de Estado que podía convivir de modo normalizado con el partido político responsable del golpe de Asturias de 1934 y principal operador político del Frente Popular en la Guerra Civil de 1936-1939.
Desde el inicio operativo de este gobierno, se ha marcado un período en la historia de España que ya dura más de 40 años, caracterizado por el falseamiento de la historia, la corrupción, el crimen de estado (como la guerra sucia contra ETA y la creación de los Grupos Antiterroristas de Liberación, GAL), y la asociación con partidos que son desleales a la Constitución de 1978, todo con el objetivo de perpetuarse en el poder mediante un modelo de dictadura moderna, como describe Curzio Malaparte en «Técnica del Golpe de Estado» (1931). Este modelo ha llevado a la absorción de todos los poderes del estado de derecho, haciendo que el partido dirigente (PSOE) se convierta en juez y parte en todos los aspectos de la vida nacional. Para lograr esto, el partido no ha dudado en relajar los lazos constitucionales, permitiendo toda clase de deslealtades y abusos por parte de sus socios naturales, los mismos que formaban parte del Frente Popular durante la Guerra Civil (1936-1939).
El PSOE ha estado involucrado en una serie de casos de corrupción endémica que se extienden hasta nuestros días, según «Historia Criminal del PSOE» (2022) de Javier García Isac. Estos casos incluyen episodios como Filesa, Malesa, Time Export, el Caso Roldán (donde el director general de la Guardia Civil se benefició de fondos destinados a huérfanos del cuerpo y de fondos relacionados con reformas o construcción de Casas Cuartel), el Caso Cruz Roja, el Caso Palau (involucrando a CDC y PSOE), y más recientemente el caso de los ERE en Andalucía y Extremadura. La lista es extensa y se puede consultar en las hemerotecas de todos los periódicos nacionales y regionales desde 1979.
Un caso notable fue el de Alonso Puerta, concejal del Ayuntamiento de Madrid bajo el gobierno del PSOE. Cuando se descubrió el hecho corrupto, en lugar de abordarlo adecuadamente, el PSOE expulsó al concejal Sr. Puerta por atreverse a denunciarlo. Estos acontecimientos han contribuido a una imagen de corrupción arraigada que ha marcado la trayectoria del PSOE en la política española.
Es importante destacar que el fenómeno de deshilachamiento del entramado constitucional no ha sido protagonizado únicamente por el PSOE, ya que todos los partidos asociados a él han contribuido a ello, incluido el partido de la alternancia, el Partido Popular (anteriormente Alianza Popular). No solo se trata de corrupción económica como método, en muchos casos involucrando a uno o ambos partidos y/o partidos regionales, sino también mediante el respaldo a leyes claramente contrarias a la norma fundamental, avaladas por tribunales constitucionales sospechosos de actuar fuera de la lógica y el sentido común.
Un ejemplo es el caso RUMASA, la expropiación del grupo de empresas intervenido el 23 de febrero de 1983 y privatizado en 1984 a precios favorables. Esta acción tuvo un coste para los contribuyentes de 24.000 millones de euros en la época, equivalente a unos 200.000 millones en la actualidad. La declaración de constitucionalidad de la expropiación, publicada en el BOE el 24 de febrero, pasó al presidente del Tribunal Constitucional de entonces, Don Manuel García-Pelayo y Alonso, una factura moral que lo llevó a marcharse a Venezuela, donde posteriormente falleció.
Estos casos demuestran cómo varios partidos políticos han contribuido al deterioro del entramado constitucional y a la erosión de la confianza en las instituciones, tanto a través de prácticas corruptas como mediante acciones que desafían los principios fundamentales del estado de derecho.
Como hemos mencionado, la Constitución de 1978, aunque bien intencionada y de buena fe, mostró rápidamente sus debilidades como un barco con vías de agua por las que se filtraba la deslealtad. Un ejemplo claro es el Artículo 3 de la Constitución:
-En su apartado 1 establece que “El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”.
-En su apartado 2 especifica que “Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”.
-En su apartado 3 afirma que “La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”.
Estos principios constitucionales reflejan la intención de la Constitución de reconocer y proteger la diversidad lingüística y cultural de España, otorgando al castellano el estatus de lengua oficial en todo el país y reconociendo el carácter oficial de otras lenguas en las comunidades autónomas según sus estatutos. Sin embargo, con el tiempo, algunas interpretaciones y aplicaciones de estos principios han sido objeto de controversia y han alimentado tensiones políticas y sociales en relación con la política lingüística y la autonomía regional.
Los españoles no hemos tenido diferencias étnicas, lingüísticas o culturales significativas desde hace muchos siglos, debido a que nuestra historia es el resultado de una mezcla étnica que incluye íberos, celtas, celtíberos, pueblos autóctonos de la prehistoria, fenicios, griegos, cartagineses, romanos, visigodos, árabes y emigraciones del centro de Europa durante los períodos de los Austrias y los Borbones. Este conglomerado de habitantes peninsulares ha utilizado la lengua castellana, conocida en el mundo como español, que se originó como el romance o romance paladino en los siglos X y XI, convirtiéndose en una lengua franca y vehículo de comunicación en toda la península, como lo fue el territorio en épocas anteriores.
No existen fenómenos significativos de diferenciación étnica en España, y sin embargo, algunas comunidades autónomas como el País Vasco y Cataluña han implementado políticas lingüísticas que han sido percibidas como discriminatorias y excluyentes. Se han señalado tintes racistas y xenófobos en estas políticas, como la inmersión lingüística obligatoria que se ha llevado a cabo en dichas regiones. También se han implementado políticas similares en otras comunidades autónomas como Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, con el apoyo de diversos partidos políticos como el PP y el PSOE.
Es importante destacar que la ONU y su organismo UNESCO han enfatizado la importancia de la escolarización en la lengua materna para el desarrollo óptimo de las capacidades individuales, reconociendo esto como un derecho humano fundamental. Las políticas lingüísticas deben ser implementadas con respeto a los derechos humanos y evitar cualquier forma de discriminación o exclusión basada en la lengua o la identidad cultural.
Al finalizar un período de 14 años en el poder (1982-1996), el PSOE dejó el gobierno, gravemente desgastado por sus continuos escándalos de corrupción y su sistemático deterioro de la calidad democrática. Su legado se vio empañado por el asalto al poder judicial en 1985, cuando modificó las reglas de nombramiento del Consejo General del Poder Judicial. Originalmente, este órgano era designado por elección de los propios jueces (12 miembros) y por consenso parlamentario (8 miembros), pero el PSOE invirtió esta proporción, permitiendo que el Parlamento eligiera a 12 miembros y solo 8 fueran seleccionados por los jueces. Esta acción perjudicó gravemente el funcionamiento normal del órgano rector de la judicatura, lo que dio lugar a la presencia cada vez más evidente de «jueces partidistas» en nuestro país.
Al heredar el poder tras las elecciones generales del PP de 1996, el nefasto Pacto del Majestic con Jordi Pujol en Barcelona transfirió competencias (siempre se ha comentado porqué las competencias transferidas son irreversibles, incluso cuando se vulneran derechos individuales y se utilizan de manera espuria para la desintegración de España y la pérdida de identidad de sus habitantes), se inició un periodo en el que se cuestionaron las transferencias de competencias que nunca debieron haberse realizado, como en el caso de la Educación, que sometió definitivamente a Cataluña a la inmersión lingüística para el 100% de la población, independientemente de su lengua materna. Además, Aznar se vio envuelto en graves polémicas con el Grupo Prisa (según «El negocio de la Libertad» de 1999, escrito por Jesús Cacho) y finalmente intentó crear un grupo mediático afín con Telefónica y algún periódico de centro derecha, aunque sin éxito. Además, desde 1992, Antena 3 de Radio se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para el Grupo Prisa al superar en audiencia a la Cadena Ser.
El Grupo Prisa, según un informe de Libertad Digital del 3 de mayo de 2022, adquirió Antena 3 de Radio con la intención de fusionarla o cerrarla. Sin embargo, el Tribunal de Defensa de la Competencia se opuso a esta concentración. Un grupo destacado de periodistas, entre ellos Martín Ferrand, Antonio Herrero y Federico Jiménez Losantos, se opuso a esta medida y el Tribunal Supremo les dio la razón el 9 de junio de 2000. A pesar de esto, Aznar no tomó ninguna acción para revertir la situación.
El 19 de noviembre de 2002, ocurrió el desastre del Prestige, un barco petrolero que se partió en dos y derramó residuos de petróleo en las costas de Europa Occidental. Naturalmente, la campaña de críticas de la izquierda contra Aznar y su gobierno fue intensa. El 20 de noviembre de 2002, Aznar descalificó al franquismo y elogió a Manuel Azaña, quien fue jefe de Gobierno y presidente de la II República. La Historia, la hemeroteca y los compañeros de gobierno describen a Azaña como un individuo cobarde (físicamente temeroso de ser agredido) y demagogo hasta el extremo. Extremadamente sectario, su actuación como presidente del Gobierno o ministro de algunos gobiernos de la II República siempre dejó mucho que desear.
Tras este lamentable suceso, Aznar completó la demolición del discurso de la Transición, que había sido forjada por consenso entre los dos bandos de la guerra civil, respaldando la versión distorsionada que hemos soportado durante más de 60 años: la demonización de Franco como un psicópata comparable a Hitler y la idealización de la II República como un oasis de libertades y democracia virginal derrocada por un golpe de derechas y de los militares. El PP, por su parte, se consolidó como la cara B del régimen de 1978, creando una suerte de moneda única PP/PSOE.
La participación de España en la segunda guerra de Irak, a pesar de no haber ocurrido, fue presentada de manera engañosa en los medios, y Aznar se convirtió en el chivo expiatorio de todos los ataques de la izquierda. La icónica foto de las Azores (con Antonio Guterres de Portugal, Tony Blair del Reino Unido, George Bush Jr. de Estados Unidos y Aznar) fue emblemática en esa época.
Luego, el fatídico atentado del 11 de marzo de 2004 fue gestionado de manera torpe por el Gobierno de Aznar, su ministro del Interior Ángel Acebes y el juez de instrucción Juan del Olmo, un incompetente que bien podría haber optado al premio al peor desempeño judicial del año. Como resultado, el PSOE utilizó este acontecimiento para derrotar al PP en las elecciones del 14 de marzo, llevando a José Luis Rodríguez Zapatero a la presidencia del Gobierno.
Por A.M. Sánchez, psicólogo licenciado por la UNED y observador políticamente incorrecto durante los últimos 50 años
Agradecimientos por sus valiosos aportes a:
1931 Curzio Malaparte, “Técnica del Golpe de Estado”.
1948 George Orwell, “1984”.
1977 Niceto Alcalá-Zamora, “Mis Memorias”
2022 Javier García Isac, “Historia Criminal del Partido Socialista”
