Por Carlos Hugo Fernández-Roca, profesor del Máster en Seguridad, Defensa y Geoestrategia de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) desde 2019. Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Carlos III de Madrid, es además capitán del Ejército del Aire en situación de excedencia, lo que le aporta una sólida perspectiva desde el ámbito militar y académico en cuestiones de defensa y seguridad nacional. En su trayectoria política, ha ejercido responsabilidades de alto nivel, destacando su labor como portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional en el Congreso de los Diputados. También ha sido adjunto en las Comisiones de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea, y vocal en la Comisión de Defensa, participando activamente en el desarrollo de políticas estratégicas relacionadas con la seguridad y la proyección internacional de España. A lo largo de su carrera, ha impartido conferencias y seminarios en instituciones académicas y especializadas como la Universidad CEU San Pablo, la Sociedad de Estudios Internacionales (SEI) y la propia UDIMA. Asimismo, colabora habitualmente como analista en medios de comunicación nacionales, donde aporta su visión experta sobre cuestiones de Geoestrategia, defensa y política internacional.
Resumen
El análisis aborda la falta de soberanía energética en España como una vulnerabilidad estratégica ante los desafíos del siglo XXI. Examina cómo la elevada dependencia de recursos energéticos externos compromete la seguridad del suministro nacional, especialmente en situaciones de crisis internacional. A través del caso del gran apagón del 28 de abril de 2025, se evidencia la fragilidad del sistema eléctrico español y la limitada capacidad de respuesta ante perturbaciones.
El texto critica la política energética actual por priorizar la descarbonización sin garantizar un respaldo firme y fiable, y advierte del error estratégico que supone cerrar las centrales nucleares sin alternativas sólidas. Asimismo, denuncia una creciente dependencia tecnológica vinculada a la transición ecológica, basada en materiales críticos mayoritariamente importados. Se argumenta la necesidad de una política energética realista y autónoma, basada en la diversificación del mix, el refuerzo de infraestructuras nacionales y la reincorporación de la energía nuclear. En definitiva, se concluye que la soberanía energética no es una opción ideológica, sino un requisito esencial para el bienestar, la seguridad y la independencia estratégica de España.
Seguridad energética
La soberanía energética se refiere a la capacidad de un Estado para garantizar el abastecimiento energético de su población y su economía con la mayor autonomía posible, minimizando dependencias externas. Está estrechamente vinculada al concepto de seguridad energética, entendido clásicamente como la capacidad para asegurar un suministro suficiente de energía a precios razonables. En el contexto de la Unión Europea, el Tratado de Lisboa reconoce “la soberanía de los Estados para elegir tanto las fuentes energéticas como los países de suministro que componen su perfil de consumo[1]”, lo cual subraya la dimensión geoestratégica de las decisiones nacionales en cuanto al mix energético.
España ha presentado históricamente una elevada dependencia energética exterior, importando la mayor parte de los recursos que consume. En 2017, por ejemplo, la dependencia energética se situaba en torno al 74 %, una cifra muy superior a la media europea[2]. Esta situación conlleva una vulnerabilidad estructural: cualquier disrupción en los flujos internacionales de petróleo, gas natural u otras fuentes puede comprometer el suministro interno y afectar negativamente a la economía nacional.
El apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 —el más grave en la historia reciente de España— puso en evidencia esta fragilidad. Millones de ciudadanos en la península ibérica (incluido Portugal) quedaron sin luz durante horas, lo que provocó el colapso de las comunicaciones, el transporte y otros servicios esenciales, además de generar interrogantes sobre la capacidad de respuesta y adaptación del sistema energético nacional ante perturbaciones extremas.
Este artículo analiza, desde una perspectiva académica y crítica, la falta de soberanía energética en España. En primer lugar, se define el concepto de soberanía energética y se describen las lecciones derivadas del apagón de abril de 2025. A continuación, se examina la estrategia energética vigente, identificando sus debilidades para garantizar un suministro robusto y autónomo. Se argumenta a favor de reincorporar la energía nuclear como elemento clave para reforzar la seguridad de suministro, al tiempo que se advierte sobre los riesgos de dependencia externa para el acceso a recursos estratégicos. Asimismo, se consideran el marco legal español —como la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética— y las directivas europeas en materia de energía y seguridad de suministro. Finalmente, se proponen medidas para fortalecer la soberanía energética nacional, apostando por la diversificación del mix y el refuerzo de fuentes gestionables dentro de un enfoque sostenible y seguro.
El término soberanía energética alude al grado de control que un país ejerce sobre sus fuentes de energía y su capacidad para garantizar el suministro sin depender de decisiones externas. A diferencia del enfoque de la seguridad energética, que busca asegurar cantidades suficientes de energía a precios accesibles, la soberanía energética enfatiza la autonomía en la toma de decisiones y la independencia de proveedores externos[3]. Un país con alta soberanía energética puede cubrir sus necesidades básicas mediante recursos propios o fuentes diversificadas bajo su control, lo que reduce su exposición a presiones geopolíticas o a las fluctuaciones del mercado.
En términos prácticos, la soberanía energética puede evaluarse mediante indicadores como la tasa de dependencia exterior (porcentaje de energía consumida proveniente de importaciones) o la diversificación del mix de generación. En el caso de España, como ya se ha mencionado, la dependencia exterior ha sido tradicionalmente muy elevada, superando el 70 % durante las últimas décadas[4]. Esto implica que una parte significativa del petróleo, gas natural y otros combustibles utilizados son adquiridos en el extranjero. Tal situación debilita la capacidad nacional de gestión ante crisis: una soberanía energética baja conlleva riesgos reales de escasez o encarecimiento inmediato ante cualquier alteración externa.
El suceso del 28 de abril de 2025 evidenció que, más allá de sus causas —aún en proceso de investigación—, el sistema eléctrico español carecía de mecanismos sólidos de adaptación y reacción ante una interrupción de gran escala. Según Red Eléctrica de España, a las 12:32hde ese día se registró “una oscilación muy fuerte en los flujos de potencia” tras una pérdida súbita de generación[5]. En cuestión de segundos se perdieron 15 GW de potencia, equivalentes al 60 % de la generación eléctrica activa en ese momento, lo que provocó la desconexión de emergencia del sistema español de la red europea interconectada[6]. Este hecho resaltó la necesidad de contar con un sistema capaz de afrontar contingencias sin recurrir de inmediato a mecanismos externos, como fue el caso con la activación de reservas estratégicas de petróleo para alimentar generadores de respaldo.
En definitiva, una mayor soberanía energética implica una capacidad reforzada del Estado para prevenir, responder y recuperarse ante eventuales crisis de suministro. Esto exige un mix energético diversificado, sustentado en fuentes fiables como la energía nuclear o la hidráulica, que garanticen un mínimo de generación firme, así como infraestructuras interconectadas y robustas.
El gran apagón funcionó como un stress test no planificado para el sistema energético español. Las crónicas periodísticas y técnicas coinciden en calificarlo como “el peor apagón […] de España” en tiempos recientes[7], con entre 4 y 12 horas de interrupción eléctrica generalizada en la península ibérica. Más allá de las enormes molestias a los españoles —ciudades paralizadas sin semáforos ni transporte, comunicaciones móviles e internet caídos, servicios esenciales operando precariamente con generadores[8]—, el suceso reveló fallos sistémicos preocupantes.
Por un lado, mostró la falta de capacidad de reserva instantánea suficiente en el sistema eléctrico nacional. La desaparición repentina de 15.000 MW degeneración, debido a paradas automáticas de centrales para protegerse ante las oscilaciones de red no pudo ser compensada rápidamente[9]. En teoría, una red bien preparada ante emergencias debería activar en segundos reservas rodantes, almacenamiento o importaciones de apoyo. Sin embargo, la magnitud de la pérdida (60% de la generación en un instante) superó con creces cualquier plan de contingencia estándar, provocando un colapso en cascada. Este hecho sugiere que el margen de seguridad operativa era insuficiente. De fondo subyace la siguiente pregunta: ¿Dependemos en exceso de energías renovables sin respaldo equivalente?
Las autoridades, tras el apagón, insistieron en la necesidad de que “esto no puede volver a pasar jamás” y anunciaron reformas[10]. Es previsible que se refuercen los protocolos de respuesta rápida y se revisen los criterios de operación segura del sistema eléctrico. También se ha puesto sobre la mesa el debate sobre ciberseguridad en infraestructuras críticas, dado que inicialmente se especuló con un posible ciberataque coordinado[11] (aunque luego se inclinó la balanza hacia un fenómeno técnico-natural como causa). En cualquier caso, la lección clave es clara: España debe reforzar su capacidad interna de respuesta ante emergencias energéticas. Esto implica disponer de medios de respaldo —como generadores de emergencia, plantas de arranque rápido o sistemas de almacenamiento—, así como contar con planes de operación en modo isla que permitan restablecer el suministro sin depender por completo de apoyo externo.
España ha adoptado en los últimos años políticas centradas en el marco del fanatismo climático, y lo ha hecho con una preocupante falta de realismo estratégico y sin una visión integral que garantice la seguridad del suministro energético. La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, establece objetivos de descarbonización e impulso de renovables, alineándose con las directrices del Green Deal europeo.
Esta estrategia resulta profundamente irresponsable, pues desmantela activos de generación de energía “limpia” y baja en emisiones —como la nuclear— sin haber garantizado una alternativa realista que asegure el suministro en condiciones adversas, como olas de frío sin viento ni sol.
La propia Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha advertido de este peligro: el desmantelamiento de centrales nucleares tiende a ser compensada con un incremento del uso de gas o incluso carbón, lo que contradice los objetivos de descarbonización y debilita la seguridad energética[12]). La política energética española, por tanto, no solo resulta incoherente, sino potencialmente contraproducente: destruye fuentes estables y fiables antes de que exista una infraestructura sólida que las sustituya.
En segundo lugar, la estrategia energética nacional no ha resuelto la cuestión del almacenamiento a gran escala ni de la gestión de la demanda de forma contundente. Aunque se contemplan proyectos de baterías, bombeo hidráulico y un futuro desarrollo del hidrógeno verde, estas soluciones aún no están disponibles a la escala requerida. Mientras tanto, el equilibrio entre la oferta y la demanda eléctrica sigue dependiendo de las centrales de ciclo combinado (gas) y de importaciones puntuales de electricidad desde Francia. Esto deja al sistema expuesto a la volatilidad del mercado gasista internacional y a posibles cortes de suministro externos.
En tercer lugar, la política energética española ha oscilado en función de cambios de gobierno y no siempre ha ofrecido la estabilidad regulatoria deseable para inversiones de largo plazo en generación firme. La moratoria nuclear de décadas pasadas, los vaivenes en la retribución renovable, o la ausencia de una decisión clara sobre posibles nuevas tecnologías (como reactores nucleares modulares, captura de carbono, etc.) son ejemplo de indefinición estratégica. La soberanía energética no sólo trata de recursos físicos, sino también de mantener y desarrollar know-how y capacidad industrial en tecnologías clave.
Por ejemplo, España fue pionera en energía nuclear en los años 60-80 y desarrolló tecnología puntera; hoy, al haber renunciado a nuevas centrales nucleares, ese tejido técnico-industrial se ha reducido. De igual modo, en renovables España tenía una industria solar fotovoltaica incipiente que sufrió debido a políticas erráticas. Dependemos ahora de paneles solares y baterías mayormente importados de Asia, lo que supone otra forma de dependencia (tecnológica y de materias primas críticas).
En este estado de cosas, España cuenta actualmente con 7 reactores nucleares operativos que aportan del orden del 20% de la generación eléctrica del país, siendo habitualmente la primera o segunda fuente individual en el mix eléctrico anual. Pese a su importancia en el suministro constante (24/7) de electricidad sin emisiones de CO₂, la política oficial española prevé el cierre de todas las centrales nucleares para 2035, al finalizar su vida útil actual. Esta decisión, tomada en un contexto de abundancia energética relativa y consenso antinuclear años atrás, ha de revaluarse a la luz de los nuevos desafíos de seguridad energética. Numerosos organismos internacionales y expertos destacan que la energía nuclear puede y debe desempeñar un papel clave en la transición energética segura.
La AIE afirma que la nuclear es una fuente segura y limpia que puede “mejorar la seguridad energética” en un contexto de creciente demanda eléctrica, no hablemos de pensar en posicionarnos favorablemente en esta Cuarta Revolución Industrial[13]. De hecho, vivimos un renacimiento nuclear internacional: más de 70 GW de nueva capacidad nuclear están en construcción en el mundo (el nivel más alto en 30 años) y unos 40 países tienen planes de expandir el papel de la nuclear en sus sistemas energéticos
A la luz de todo lo expuesto, defender la energía nuclear en el mix energético español es absolutamente imprescindible. No se trata de enfrentar la nuclear a las renovables, sino de integrarlas con inteligencia estratégica. Las energías solar y eólica deben seguir desarrollándose, por supuesto, ya que contribuyen a reducir la dependencia de combustibles fósiles y mejoran nuestra balanza comercial. Pero es profundamente irresponsable —y técnicamente insostenible— seguir propagando la ilusión de que bastan por sí solas para garantizar el suministro eléctrico continuo, fiable y asequible durante todo el año. Desmantelar centrales nucleares supone un error estratégico de proporciones históricas.
La soberanía energética no es una opción, sino una condición indispensable para garantizar el bienestar, la seguridad y la autonomía estratégica de España. En un contexto internacional de inestabilidad geopolítica, crisis de suministros y transición energética, nuestro país no puede seguir dependiendo de decisiones ajenas que ponen en riesgo el abastecimiento básico de energía. España, al no contar con grandes reservas propias de petróleo o gas, ha sostenido históricamente un modelo de dependencia estructural de terceros países. Esta realidad ha generado vulnerabilidades que no pueden ignorarse[14].
El caso del gas natural ilustra con claridad la fragilidad de la dependencia energética exterior. Desde finales del siglo XX, España ha mantenido una fuerte vinculación con el gas argelino, que llegó a representar hasta el 60% del consumo nacional en algunos momentos de la década de 2010. Aunque en 2022 Argelia fue temporalmente desplazada por Estados Unidos como principal proveedor, volvió a liderar las importaciones en 2024, alcanzando el 39% del total tras el refuerzo del gasoducto Medgaz[15]. Esta volatilidad evidencia que, en ausencia de una estructura energética nacional robusta, España seguirá expuesta a decisiones externas. Las tensiones diplomáticas con Argelia derivadas de la posición de España sobre el Sáhara Occidental en 2022 —cuando se llegó a amenazar con cortar el suministro— son un claro ejemplo de esta vulnerabilidad[16].
Diversificar proveedores mediante GNL ha sido útil, pero no suficiente. En una situación de escasez mundial, como la vivida tras la invasión rusa de Ucrania, el acceso al gas se convirtió en una competencia salvaje por precio y disponibilidad. Incluso socios estratégicos como EE.UU. podrían restringir exportaciones en función de sus prioridades internas, como ya insinuó la doctrina de “dominancia energética”[17]. España necesita no solo diversificar, sino producir y almacenar más energía.
Así las cosas, la verdadera soberanía energética implica reducir drásticamente la dependencia mediante la energía nuclear y mejora de infraestructuras nacionales de almacenamiento.
El petróleo, otro punto crítico, sigue procediendo en más de un 70% de países terceros. España cumple con la obligación de mantener reservas estratégicas equivalentes a 90 días de consumo[18], pero estas reservas son limitadas y pensadas solo para emergencias. El apagón de abril obligó al Gobierno a recurrir a ellas para sostener servicios esenciales[19]. Este episodio confirma que la autosuficiencia energética es, además de una cuestión económica, una cuestión de seguridad nacional.
Aún más preocupante es la nueva dependencia que genera la transición energética. El cambio hacia renovables y movilidad transición ecológica nos hace dependientes de materias primas críticas controladas por países como China. La UE importa el 98% de las tierras raras que consume, así como porcentajes elevados de litio, cobalto o níquel[20]. España no puede permitir que la descarbonización nos conduzca a una nueva dependencia, esta vez tecnológica.
Por todo ello, es urgente que España diseñe una estrategia clara, coherente y ambiciosa para recuperar el control sobre su política energética. La Ley 7/2021 prohibió nuevas exploraciones de minerales, renunciando con ello al desarrollo nacional de uranio. Esta decisión debe ser reevaluada en clave de autonomía estratégica.
En conclusión, la soberanía energética no es un discurso ideológico, sino una necesidad real. Implica asegurar que el sistema energético nacional funcione incluso en situaciones de crisis internacional, sin quedar supeditado a actores externos. Requiere voluntad política, visión de Estado y una política energética basada en la autosuficiencia tecnológica y la cooperación con aliados fiables. Solo así España podrá afrontar con garantías los desafíos del siglo XXI.
[1]Unión Europea. (2007). Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (versión consolidada). Diario Oficial de la Unión Europea, C 306, 1–271. https://www.boe.es/doue/2007/306/Z00001-00271.pdf
[2]Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. Boletín Oficial del Estado, 121, 62009–62052. https://www.boe.es/eli/es/l/2021/05/20/7
[3]Escribano, G. (2025, marzo 12). Otra ronda de gas argelino para Europa. Real Instituto Elcano. https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/otra-ronda-de-gas-argelino-para-europa/
[4]Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. Boletín Oficial del Estado, 121, 62009–62052. https://www.boe.es/eli/es/l/2021/05/20/7
[5]Sánchez, Á., & Castelló, C. (2025, abril 28). Un apagón eléctrico masivo en España y Portugal desata el caos. El País.
[6] Ibidem.
[7]Sánchez, Á., & Castelló, C. (2025, abril 28). Un apagón eléctrico masivo en España y Portugal desata el caos. El País.
[8] Ibidem.
[9] Ibidem.
[10] Ibidem.
[11] Ibidem.
[12]Agencia Internacional de la Energía. (2021). Net zero by 2050: A roadmap for the global energy sector. International Energy Agency. https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
[13] Ibidem.
[14]Escribano, G. (2025, marzo 12). Otra ronda de gas argelino para Europa. Real Instituto Elcano. https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/otra-ronda-de-gas-argelino-para-europa/
[15]El Español. (2024, 12 de diciembre). España dispara su dependencia del gas argelino: supera las importaciones de EEUU y Rusia juntas. El Español. https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20241212/espana-dispara-dependencia-gas-argelia-supera-importaciones-eeuu-rusia-juntos/907909637_0.html
[16]Escribano, G. (2025, marzo 12). Otra ronda de gas argelino para Europa. Real Instituto Elcano. https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/otra-ronda-de-gas-argelino-para-europa/
[17]Isbell, P. (2008, junio 26). El rompecabezas de la seguridad energética (ARI 122/2008). Real Instituto Elcano. https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/el-rompecabezas-de-la-seguridad-energetica/
[18]Unión Europea. (2009). Directiva 2009/119/CE del Consejo, de 14 de septiembre de 2009, por la que se impone a los Estados miembros la obligación de mantener un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo y/o productos petrolíferos. Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0119
[19]El País. (2025, 28 de abril). Un apagón eléctrico masivo en España y Portugal desata el caos. ElPaís. https://elpais.com/economia/2025-04-28/apagon-electrico-masivo-en-espana.html
[20]Boletín Oficial del Estado. (2021, 21 de mayo). Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética (BOE-A-2021-8447). Boletín Oficial del Estado, núm. 121, pp. 60030–60084. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
