«La Convención de la ONU no solo es un escudo contra el cibercrimen, es un arma diplomática en la batalla por el control digital del futuro»
La lucha contra el cibercrimen, plasmada en instrumentos como el Convenio de Budapest (2001) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia (diciembre, 2024), no puede en modo alguno desvincularse del contexto geopolítico global. Detrás de estos marcos legales subyacen las tensiones entre bloques de poder que buscan imponer sus visiones sobre la gobernanza digital, la seguridad y los derechos humanos. Esta dinámica refleja a la vez una competencia estratégica, esta vez por el control normativo del ciberespacio, donde intereses nacionales y alianzas geopolíticas condicionan la cooperación internacional.
Para Rusia y China, la convención no es sólo un instrumento contra el cibercrimen, es una pieza importante en su pugna por redefinir el orden global. Al promover un modelo de gobernanza digital centrado en la soberanía estatal, ambos países buscan debilitar la influencia occidental mientras consolidan esferas de influencia propias. Sin embargo, este juego geopolítico tiene sus costos: la erosión de derechos digitales, la fragmentación de internet y el riesgo de una carrera armamentística cibernética. La comunidad internacional se enfrenta al desafío de equilibrar seguridad y libertades en un espacio donde las reglas las escriben quienes dominan la tecnología.
Orígenes y objetivos divergentes, una cuestión de enfoques
1.1 El Convenio de Budapest, un marco occidental.
El Convenio de Budapest, impulsado por el Consejo de Europa adoptado en noviembre de 2001, surgió en un contexto postguerra Fría que estaba dominado por la hegemonía occidental. Su objetivo principal era armonizar legislaciones nacionales para facilitar la cooperación judicial y policial en delitos como el acceso ilícito a sistemas, el fraude informático y el abuso sexual infantil. Sin embargo, su alcance regional inicial —aunque abierto a adhesiones globales— ha sido criticado por países como China, que lo consideran un instrumento «eurocéntrico» que no refleja las necesidades de todas las regiones.
1.2 La Convención de la ONU, una respuesta multipolar.
En contraste, la Convención de la ONU de 2024, propuesta originalmente por Rusia en 2017 y respaldada por estados como China, nació como una alternativa «global» al modelo de Budapest. Su texto, negociado durante cinco años, incorpora temas novedosos como la protección de infraestructuras críticas y el lavado de activos, priorizando la asistencia técnica a países en desarrollo. No obstante, organizaciones como Human Rights Watch han alertado sobre su potencial para legitimar la vigilancia masiva y la represión de disidentes, especialmente en regímenes autoritarios.
La batalla por la legitimidad normativa
2.1 Occidente vs. el eje Rusia-China.
La competencia entre bloques se manifiesta en la disputa por establecer los estándares internacionales. Mientras el Convenio de Budapest ha sido ratificado principalmente por países occidentales y aliados, la Convención de la ONU busca atraer a las naciones del Sur Global mediante cláusulas de cooperación técnica. Esta división refleja la fractura geopolítica actual, donde Rusia y China promueven un orden multipolar frente a la influencia tradicional de los EE. UU. y la UE.
Un ejemplo claro es la postura china: en 2025, su embajada en Costa Rica criticó el Convenio de Budapest por considerar que vulnera la privacidad y favorece intereses occidentales, al tiempo que elogió a la Convención de la ONU como un marco «inclusivo». Por su lado, Rusia ha utilizado su influencia en la ONU para presentar proyectos que incluyen la regulación de las criptomonedas y la persecución de los delitos vinculados a las tecnologías emergentes, buscando posicionarse como líder en la gobernanza digital.
2.2 El Papel de las potencias emergentes.
Países como India, Brasil y Nigeria —ubicados en el Índice Mundial de Ciberdelincuencia— se encuentran en una encrucijada. Su adhesión a uno u otro marco depende de alianzas económicas y estratégicas. Por ejemplo, Nigeria, quinto en el índice, ha sido receptor de asistencia técnica china en materia de ciberseguridad, lo que podría ayudar a inclinar su postura hacia la Convención de la ONU. Esta dinámica evidencia cómo los tratados se convierten en herramientas de soft power para ganar influencia en las regiones clave.
Derechos humanos vs. seguridad nacional, un dilema geopolítico
3.1 Críticas desde la sociedad civil.
Organizaciones como la Electronic Frontier Foundation y Amnistía Internacional han denunciado que ambos convenios presentan riesgos para las libertades fundamentales. El Convenio de Budapest, pese a incluir protocolos contra el racismo y la xenofobia, ha sido utilizado, en algunos casos, para criminalizar la disidencia política bajo el pretexto de combatir «noticias falsas». Por otro lado, la Convención de la ONU carece de salvaguardas robustas contra la vigilancia arbitraria, lo que podría beneficiar a regímenes de carácter autoritario.
En un informe de 2023 del Knowmad Institut se señalaba que la Convención de la ONU facilita el intercambio transfronterizo de datos sin garantías suficientes, exponiendo a las minorías y los periodistas a represalias. Este enfoque contrasta con regulaciones como el RGPD de la UE, que prioriza la protección de los datos personales, mostrando así una brecha ideológica entre bloques.
3.2 La militarización del ciberespacio.
Los conflictos recientes, como la guerra en Ucrania, han demostrado cómo el ciberespacio se ha convertido en un campo de batalla híbrido. Loa ataques a las infraestructuras críticas ucranianas, atribuidos a grupos afines a Rusia, ilustran la conexión entre la ciberdelincuencia y las estrategias geopolíticas. En este escenario, los tratados internacionales son instrumentalizados para justificar acciones ofensivas bajo el paraguas de la «seguridad nacional».
Cooperación fragmentada y sus consecuencias
4.1 Dobles estándares en la aplicación.
Mientras los países occidentales exigen transparencia en las investigaciones de los ciberataques, realizan operaciones de espionaje masivo, como revelaron los documentos de Edward Snowden. Esta hipocresía normativa socava la credibilidad de los marcos internacionales y alimenta la desconfianza entre bloques. China, por ejemplo, ha acusado a los EE.UU. de politizar la ciberseguridad para contener su ascenso tecnológico.
4.2 El riesgo de la fragmentación.
La coexistencia de múltiples tratados —Budapest, la Convención de la ONU, y acuerdos regionales como la Convención de la Unión Africana sobre seguridad cibernética y protección de datos personales, de 2014— genera un panorama fragmentado. Esta situación complica la coordinación internacional y beneficia a los grupos delincuenciales, que aprovechan vacíos legales para operar en jurisdicciones laxas. Según un estudio de la Universidad de Oxford, el 60% de los ciberataques transnacionales involucrarían a actores con base en países no signatarios de ningún convenio.
Hacia un futuro incierto, escenarios posibles
5.1 La ascensión de los BRICS+.
La expansión de los BRICS+, con más de 40 países interesados en unirse, podría consolidar un bloque alternativo que promueva sus propios estándares de ciberseguridad. Rusia y China ya han utilizado foros como la Organización de Cooperación de Shanghai para impulsar agendas contrarias al modelo occidental, lo que puede sugerir que la Convención de la ONU podría llegar a convertirse en un instrumento de este eje.
5.2 El papel de la sociedad civil.
Otras organizaciones como el CyberPeace Institute abogan por un enfoque centrado en los derechos humanos, presionando para que los tratados incluyan cláusulas de supervisión independiente. Sin embargo, su influencia es limitada frente a los intereses de los estados. La reciente inclusión de empresas tecnológicas en las negociaciones —como en la sexta sesión del Comité Ad Hoc de la ONU— ofrece un rayo de esperanza, aunque persisten dudas sobre su capacidad para contrarrestar agendas geopolíticas.
El tablero global en transformación
La lucha entre bloques tras los convenios contra el cibercrimen no es meramente técnica, sino que es un mero reflejo de la reconfiguración del poder global. Mientras en Occidente se defiende un modelo basado en la protección de los derechos individuales y la cooperación judicial, el eje Rusia-China promueve un enfoque estatalista que prioriza la seguridad nacional sobre las libertades civiles. Esta pugna, lejos de resolverse, se intensificará conforme avancen tecnologías como la inteligencia artificial y la computación cuántica, redefiniendo los términos de la gobernanza digital en el siglo XXI. La coexistencia de ambos marcos plantea desafíos para la coherencia global en la lucha contra el cibercrimen. La comunidad internacional se enfrenta al desafío de evitar que el ciberespacio se convierta en un escenario de conflicto permanente, donde los derechos humanos pueden ser la primera víctima.
La próxima Cumbre de Hanoi, los días 25 y 26 de octubre, de 2025 será un termómetro crucial para medir el consenso global y, con él, la postura definitiva de cada una de las naciones, incluida la nuestra.
Juan Manuel Llenderrozas es General de Brigada de la Guardia Civil (R)
