Este domingo dos trenes de alta velocidad colisionaron y descarrilaron en Adamuz, en la provincia de Córdoba, en lo que se ha convertido en una de las peores tragedias ferroviarias de la historia reciente de España. En el accidente han fallecido al menos 41 personas y más de 150 han resultado heridas de diversa consideración, muchos de ellos graves.
Desde las primeras horas tras el siniestro, la Guardia Civil ha establecido un amplio operativo en la zona cero del accidente, con presencia masiva de efectivos sobre el terreno.
El dispositivo del instituto armado incluye más de 220 agentes desplegados en Adamuz y sus entornos para coordinar las labores de rescate, seguridad, control del perímetro y apoyo al resto de servicios de emergencia; equipos de Seguridad Ciudadana y Tráfico de la Guardia Civil, presentes para gestionar accesos, regular el tráfico en las vías colindantes y garantizar la protección del sitio; Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), unidad especializada que apoya en situaciones de gran magnitud y que desde este lunes contribuye a las tareas de orden y apoyo logístico; y apoyo aéreo con helicópteros y drones, que permiten obtener imágenes aéreas y facilitar las labores de localización de víctimas y análisis inicial de la escena del accidente.
Además, la Guardia Civil ha habilitado oficinas en la Comandancia de Córdoba para que los familiares de los afectados puedan denunciar, aportar información, coordinar datos de ADN y facilitar la identificación de víctimas, al mismo tiempo que se realiza la recogida de pruebas forenses y huellas.
Aunque la Guardia Civil está desplegada sobre el terreno y realizando labores operativas (seguridad, protección, apoyo forense y coordinación con servicios de emergencia), la investigación técnica de las causas del accidente no depende exclusivamente de una unidad de Criminalística de la Guardia Civil, sino también de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente adscrito al Ministerio de Transportes, que es el principal organismo que se encargará formalmente de dilucidar las causas del siniestro.
Esta comisión tiene competencia técnica para examinar los hechos, evaluar la infraestructura, los sistemas de señalización, los trenes implicados y los factores humanos o materiales que pudieran haber intervenido. Está compuesta por expertos en infraestructuras ferroviarias, señalización, telecomunicaciones, seguridad y explotación ferroviaria.
Su cometido es elaborar informes técnicos imparciales que analicen con detalle las causas del accidente y formular recomendaciones para evitar siniestros similares en el futuro. La investigación de la CIAF puede durar semanas o meses, dada la complejidad del caso y la cantidad de datos que hay que recopilar y cruzar. Este tipo de comisiones ha sido clave en incidentes anteriores en la red ferroviaria española y su informe suele guiar posteriores decisiones jurídicas, técnicas y de seguridad.
Paralelamente a la investigación técnica, una investigación judicial ha sido abierta por el Juzgado de Montoro (Córdoba). Según fuentes judiciales, la Sección Civil y de Instrucción número 2 de este juzgado —que estaba de guardia en el momento del siniestro— ha asumido las diligencias de investigación de este accidente ferroviario.
Este componente no sustituye la labor técnica de la CIAF, pero es habitual en accidentes de gran magnitud, ya que permite el levantamiento de cuerpos, análisis de posibles responsabilidades penales o administrativas y la coordinación con la Guardia Civil en la recogida de pruebas relevantes que puedan tener implicaciones legales.
También ayuda a articular las actuaciones judiciales vinculadas a derechos de las víctimas, reclamaciones y el eventual esclarecimiento de si existió negligencia o incumplimiento de normas.
Coordinación entre Guardia Civil, CIAF y otras instituciones
El papel de la Guardia Civil en el accidente de Adamuz es multidimensional. Así, se ocupa de la seguridad y control perimetral, evitando el acceso no autorizado al lugar de los hechos; apoyo a la identificación de víctimas y recopilación de pruebas forenses, en coordinación con expertos en ADN, técnicos de huellas y otros especialistas; asistencia logística a los equipos de búsqueda y rescate, incluyendo la presencia de drones y apoyo aéreo; colaboración con la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, proporcionando todo el material, testimonios y documentación que requiera el órgano técnico para su análisis exhaustivo, y contribuyendo al componente judicial de la investigación facilitando los elementos que puedan ser necesarios para las diligencias que tramita el juzgado competente.
