El nuevo gobierno transicional de Siria, liderado por el excomandante islamista Ahmed al‑Sharaa, también conocido por su nombre de guerra como Abu Mohammad al-Jolani, ha aprobado recientemente una serie de medidas orientadas a definir la conducta y vestimenta de las mujeres en espacios públicos, particularmente en playas y piscinas.
El pasado 9 de junio, el Ministerio de Turismo emitió un decreto que ordena el uso de burkinis—traje de baño que cubre el cuerpo completo excepto el rostro—o prendas igualmente “modestas” en los accesos públicos al mar y piscinas, como forma de “respetar la decencia” y las “sensibilidades sociales”
El decreto estipula también que, al desplazarse desde la orilla hacia áreas comunes, como paseos, cafés o restaurantes, las mujeres deben cubrirse con una prenda suelta que oculte hombros y brazos. Por su parte, a los hombres se les exige llevar camiseta al salir del agua. Se permite el uso de trajes occidentales—como bikinis—únicamente en playas privadas, resorts de lujo y clubes reservados, siempre que se mantenga un nivel “de moral pública y gusto”
Estas nuevas normas han desatado un amplio debate en la sociedad siria. Defensores las justifican como una reivindicación de la cultura islámica y un intento de adaptar las playas públicas a un estilo de vida más conservador, al tiempo que preservan el atractivo del turismo mediante excepciones en hoteles de cuatro estrellas o más.
Sin embargo, críticos defienden que se trata de una medida simbólica que impone restricciones a las libertades personales, especialmente para las mujeres de menor poder económico, que no pueden costear acceso a zonas privilegiadas o privadas.
Se trata del primer código de vestimenta oficial aprobado desde la caída del régimen de Bashar al‑Assad en diciembre de 2024. El alcance legal del decreto es limitado—según el gobierno, se trata de un “conjunto de directrices” que no conlleva sanciones por infracción—y su control efectivo será escaso, salvo en el entorno de las playas municipales. Las autoridades han insistido en que no existe ánimo de aplicación punitiva, y que su intención es únicamente lúdica y decorosa, acatando las normas de seguridad playera, como la protección contra medusas o exposición solar.
En paralelo a esta medida, el gobierno de transición ha comenzado a reconfigurar la presencia de la mujer en los espacios institucionales, con avances en la representación femenina interna. A finales de 2024 se creó la Oficina de Asuntos de la Mujer, presidida por Aisha al‑Dibs, primera mujer en ocupar un cargo ministerial. En enero de 2025, Maysaa Sabreen fue nombrada gobernadora del Banco Central, y Muhsina al‑Mahithawi asumió como primera autoridad regional drusa de Suwayda.
No obstante, representantes de HTS —organización islamista cercana al nuevo gobierno—han advertido que el acceso de la mujer a puestos como los judiciales o de defensa podría quedar sujeto a “estudios más rigorosos” por razones de “limitaciones biológicas”.
Analistas y activistas feministas sirias expresan alarma, pues ven en el código de vestimenta un indicio de involución en los derechos adquiridos durante la guerra. A pesar de las críticas, el gobierno insiste en que el decreto es una norma cultural, no un mandato legal, y que la intención es relanzar un país en reconstrucción tras más de una década de guerra. Así, se presenta como parte de una agenda de “estabilidad social” y promoción del turismo, mientras continúa la transición institucional y el proceso constituyente.
En resumen, el nuevo gobierno sirio ha introducido un código moderado de vestimenta para mujeres en espacios públicos, con un foco en las playas, que refleja su orientación religiosa actual. Aunque no prevé sanciones, la medida simboliza un giro hacia la regulación del cuerpo femenino en la esfera pública. Su impacto social dependerá de cómo se controle y de la evolución de otros ámbitos de la igualdad de género, en especial la participación, representación y derechos laborales y educativos de las mujeres.
En términos generales, bajo el régimen de Bashar al-Assad, las mujeres vivieron bajo un marco jurídico relativamente más laico, aunque autoritario, que, si bien no eliminaba las desigualdades de género, sí dejaba espacios para que las mujeres trabajaran, estudiaran, aparecieran en el poder institucional, en el arte o en los negocios.
La Constitución de 2012 establecía que todos los ciudadanos eran iguales sin distinción de género, y el Baaz, el partido en el poder, reivindicaba una ideología más moderna en comparación con grupos islamistas que aparecieron posteriormente en el contexto de la guerra civil.
En cambio, con el nuevo gobierno de transición —de carácter más conservador y con grupos islamistas muy presentes en el poder— se están implementando medidas que muestran una regresión en los espacios de libertad de las mujeres, a partir de una interpretación más restrictiva de las costumbres y de la moral religiosa.
La obligación de llevar burkini o vestimenta más conservadora en espacios públicas, junto a las voces que plantean que el acceso de las mujeres a determinados espacios laborales o institucionales pueda quedar sujeto a nuevos requisitos, muestran que el marco de igualdad de género se ha debilitado.
Este retroceso, según las asociaciones de mujeres y muchos grupos de defensa de los derechos humanos, significa que el nuevo contexto pone en entredicho algunos de los espacios ganados en las últimas décadas, aumentando así el riesgo de que las mujeres sean excluidas de nuevos espacios de poder, debilitándolas tanto social como políticamente.
En definitiva, si bajo el régimen de Bashar al-Assad las mujeres vivieron bajo un orden autoritario pero relativamente laico, el nuevo gobierno significa, según los grupos feministas, un paso atrás hacia una sociedad más conservadora, que pone nuevos límites tanto en el vestir como en el acceso de las mujeres a determinados espacios laborales, institucionales y sociales. Afganistán, en el retrovisor.
