Según el informe del Foro Penal, una organización que sigue y verifica la situación de persecución política en Venezuela, a fecha de 30 de junio, el régimen comunista que preside Nicolás Maduro cuenta con 940 presos políticos, 6 más que la semana anterior, de los que 844 son hombres y 96 mujeres, a los que hay que sumar 4 adolescentes, esto es, menores de 18 años. Del total, 771 son civiles y 169 militares, entre activos y retirados. De acuerdo con esta organización, de otras 50 personas se desconoce su paradero.
En comparación con el 23 de junio, anterior fecha en que se hizo un recuento, sumaban un total de 934 los detenidos políticos, 6 menos, lo que demuestra, explica Foro Penal, que las cifras experimentan un aumento constante semana tras semana. Otro dato es que de los 85 presos con doble nacionalidad, 6 fueron arrestados en los últimos días.
Desde las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que Maduro habría revalidado su supuesto apoyo ciudadano, el número de detenciones aumentó exponencialmente. Hasta octubre de ese año, Foro Penal reportó aproximadamente 1.905 arrestos por razones políticas.
No obstante, señala la organización, muchos son liberados y otros acceden a medidas restrictivas, fenómeno conocido como el efecto puerta giratoria, donde el número de presos se mantiene constante pese a las altas cifras de detención. Un recuento histórico indica que desde 2014, se han producido más de 18.300 arrestos políticos, con más de 14.000 beneficiados por asistencia legal gratuita, aunque más de 9.000 aún están bajo medidas restrictivas.
A cierre de 2023, había unos 282 presos políticos, pero esa cifra se disparó tras la represión posterior a la citada elección de 2024, en el marco de un proceso que apenas reconoce como válidos un puñado de países.
Las detenciones no se limitarían solo a eso, sino que incluirían, en no pocos casos, malos tratos y torturas más severas. No en vano, Foro Penal, junto con organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, ha registrado múltiples casos de tortura sistemática desde 2017.
Algunos de los casos de tortura más graves tienen nombre y apellidos propios, como el de Josnars Baduel, detenido en mayo de 2020 durante la Operación Gedeón; recluido en El Helicoide y luego en Río Rodeo, y del que reportes médicos arrojan que necesitó de cuatro cirugías tras sufrir golpes, asfixia por inmersión, descargas eléctricas en genitales y suspensión forzada de brazos. Su celda, de 2 por 2 metros lo era sin comunicación, baños o agua adecuada.
Otro caso llamativo fue el de Lindomar Amaro, detenido el 29 de julio de 2024 en Cojedes. Se le trasladó a Tocorón, donde estuvo recluido en ‘celdas de castigo’ y sometido a tratos crueles y tortura psicológica. Protagonizó un intento de suicidio y finalmente falleció el 3 de mayo de 2025, oficialmente registrado como suicidio, pero denunciado como resultado de tortura y negligencia en atención médica.
El Helicoide es señalado como un centro de torturas. Sede del SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en Caracas, es conocido internacionalmente por prácticas de tortura: golpes, electroshocks, suspensión forzada, inmersión en excrementos o humillación sexual, todo ello documentado por ONU, HRW y Foro Penal.
El número de presos creció vertiginosamente tras las elecciones de 2024, contabilizándose casi 1.900 arrestos, pero la cifra oficial se estabiliza en torno a 900 a 1.000 por el referido efecto puerta giratoria.
Detención arbitraria y legalidad irregular
Muchos detenidos no han sido formalmente acusados ni presentados ante tribunales. Casos de desaparición forzada se cuentan en 50 personas sin paradero conocido, y la detención de menores, se sabe de 4 adolescentes, subrayan la arbitrariedad.
Las torturas no son casos aislados, sino parte de un patrón sistemático en centros bajo el SEBIN. Afectan la integridad física y mental de los detenidos, con consecuencias trágicas como la muerte del comentado Lindomar Amaro.
Organismos como el Alto Comisionado de la ONU han denunciado desapariciones forzadas, restricciones sistemáticas y detenciones arbitrarias. La Corte Penal Internacional ha sido instada por la OEA a investigar responsables de tortura en Venezuela. Frente a un sistema judicial politizado y centrado en silenciar disidencias, muchas víctimas enfrentan condiciones inhumanas, sin acceso a justicia ni defensa adecuada.
