A principios de este mes de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) de México, dirigida por Alejandro Gertz Manero, confirmó la apertura de una carpeta de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. El motivo, un presunto soborno de 25 millones de dólares entregados por dos empresarios israelíes, Avishai Neriah y Uri Ansbacher, para favorecer contratos relacionados con la adquisición del famoso software espía Pegasus, desarrollado por el Grupo NSO de Israel.
Este escándalo surgió a raíz de un reportaje del diario israelí The Marker, que reveló que los empresarios habrían hecho una “inversión” multimillonaria para asegurar licitaciones gubernamentales durante el sexenio de Peña Nieto, incluyendo la compra del spyware Pegasus. El monto exacto, 25 millones de dólares, habría sido depositado con el propósito de garantizar que se les adjudicaran contratos a Sedena, PGR y Cisen para operar el software de espionaje en México.
Gertz Manero declaró que la fiscalía solicitará oficialmente, mediante la asistencia jurídica internacional, información y evidencias al gobierno israelí. El objetivo es convertir la información filtrada por los medios en elementos probatorios sólidos dentro de la carpeta de investigación. Gertz enfatizó que, a diferencia de intentos anteriores sin pruebas suficientes, esta vez cuentan con “informes específicos, claros y muy precisos” que deben integrarse en el expediente. Advirtió que si no se obtienen datos formales de Israel, el caso corre el riesgo de quedar estancado nuevamente
El propio Enrique Peña Nieto negó rotundamente las acusaciones, calificándolas como «falsas y dolosas» y acusó a los medios de “osadas afirmaciones sin sustento”. En un mensaje desde su cuenta de X, afirmó que nunca incurrió en sobornos ni intervino en la adjudicación de contratos, y que no conocía a los presuntos empresarios involucrados. A través de distintas entrevistas, reiteró que el software Pegasus fue adquirido para fortalecer las tareas de inteligencia y combatir el crimen organizado, justificando su uso por parte de Sedena y la Marina bajo su administración.
Pegasus, creado por NSO Group, ha sido señalado en múltiples ocasiones por su uso contra periodistas, activistas y opositores institucionales. Estimaciones indican que durante el gobierno de Peña Nieto se habrían intervenido hasta 15.000 teléfonos móviles en México, la cifra más alta registrada en un solo país. El software permite acceder a mensajes, registros de llamadas, ubicación e incluso activar micrófonos y cámaras sin que el usuario lo detecte.
Aunque NSO declara venderlo sólo a gobiernos para usos legítimos, su aplicación ha sido fuertemente cuestionada por organismos internacionales y colectivos de derechos humanos como Artículo 19 y R3D.
La investigación se produce en un contexto donde el gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido criticado por seguir usando tecnologías de vigilancia sin brindar suficientes garantías legales. Expertos y organizaciones civiles han demandado una investigación independiente para esclarecer responsabilidades y establecer salvaguardas contra abusos similares en el futuro.
Pese a las exigencias públicas, la FGR aún no ha presentado cargos formales y enfrenta obstáculos: la cooperación de Israel, ya limitada en otros casos como el de Tomás Zerón, sigue siendo incierta, lo que dificulta el proceso judicial.
La investigación en curso representa un paso significativo para tratar de romper el ciclo de impunidad que ha caracterizado los casos de espionaje a partir del gobierno de Peña Nieto. Si bien el expresidente niega cualquier conducta indebida, la fiscalía apuesta por formalizar indicios hasta ahora mediáticos, convirtiendo teorías de soborno en una posible indagatoria estructurada. La respuesta de las autoridades israelíes será un factor determinante: si cooperan, podría activarse el proceso judicial; si no lo hacen, el caso podría estancarse una vez más en el laberinto burocrático.
Las conclusiones del caso podrían establecer precedentes, no sólo en la relación México‑Israel, sino también en cuanto al uso de tecnologías de vigilancia avanzada en democracias. Este episodio deja claro que Pegasus no es solo un software sofisticado, es también un símbolo del desafío a la integridad institucional y de la virulencia que pueden adquirir las disputas en la esfera del poder ejecutivo.
