El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado emitir una orden europea de investigación dirigida al vicepresidente de la División Económica y Financiera del Tribunal Judicial de París encargado de la investigación por la infección llevada a cabo con el programa informático Pegasus con el fin de llevar a cambio un intercambio más amplio de información y así conocer el contenido que la mercantil NSO Group les facilitó sobre el control interno de dicho software, así como un detalle más amplio sobre las investigaciones técnicas llevadas a cabo por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas Informáticos (ANSSI).
De forma paralela, el magistrado ha emitido una nueva comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Israel en la que reitera la necesidad de contar con la información solicitada a NSO Group, empresa que ha desarrollado y comercializado el software Pegasus, y la declaración testifical de su chief executive order (CEO), con el fin de poder identificar a los autores de los hechos.
Calama ha acordado estas diligencias en el marco del conocido como caso Pegasus, la investigación abierta a raíz de la infección llevada a cabo con el programa informático Pegasus de los dispositivos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa, Interior y Agricultura, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, respectivamente.
En su auto, el instructor explica que los informes emitidos por el Centro Criptológico Nacional ponen de manifiesto que el análisis de la información facilitada por las autoridades judiciales de Francia no aporta ninguna novedad sobre los datos que han podido ser extraídos de los teléfonos infectados, ya que el código dañino no deja registros de actividad en el sistema más allá de la cantidad de datos extraída y enviada a sus servidores de mando y control. Es, por tanto, técnicamente imposible afirmar nada sobre la naturaleza de la información a la que hayan podido tener acceso los atacantes.
Asimismo, expresan que el uso de software de tipo spyware comercial hace prácticamente imposible la atribución e identificación del actor de la amenaza causante del ataque por medios técnicos, más allá de la coincidencia de parte de la infraestructura utilizada y el uso de un correo electrónico concreto para atacar los dispositivos objeto de estas actuaciones y los analizados por las autoridades francesas.
Con tales premisas, indica el auto, los informes del CNI concluyen que resulta imposible precisar relación alguna o vinculación de las infiltraciones a los teléfonos móviles objeto de la investigación judicial en Francia con la de los dispositivos móviles objeto de investigación en la presente causa.
En este punto, Calama considera que el avance de la investigación requiere llevar a cabo un intercambio más amplio de información con las autoridades francesas, y así conocer el contenido de la información que la mercantil NSO Group les facilitó sobre el proceso del control interno del software Pegasus, y un detalle más completo sobre las investigaciones técnicas llevadas a cabo por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI).
Comisión rogatoria a Israel
Por otro lado, el titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro ha enviado una nueva comisión rogatoria a Israel con el fin de que facilite la información requerida en una primera comisión rogatoria enviada en mayo de 2022, una posterior ampliación y un recordatorio que no han obtenido respuesta de las autoridades de aquel país.
Calama considera que resulta “imprescindible” para determinar la identidad de los autores de los hechos que Israel facilite la información requerida a la mercantil NSO Group y la declaración testifical de su CEO, quien se encuentra en territorio israelí.
El instructor indica que, en cumplimiento de los Convenios, Protocolos y Acuerdos vigentes en materia de asistencia penal, Israel debería dar cumplimiento a las diligencias interesadas o bien a exteriorizar las razones de su negativa. Por último, en una providencia, el juez acuerda dar traslado a las autoridades judiciales de Francia de los informes emitidos por el Centro Criptológico Nacional-CNI para que, a la vista de su contenido puedan interesar, en su caso, una información complementaria.
Juego de espías
El caso de espionaje con el software Pegasus ha generado una considerable controversia en España. En mayo de 2022, el Gobierno español reveló que los teléfonos móviles del presidente Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron infectados con este software en mayo de 2021, resultando en la extracción de más de 2.7 GB de datos del dispositivo de Sánchez y 9 MB del de Robles.
Este espionaje se produjo en un contexto de tensiones diplomáticas con Marruecos, lo que llevó a especulaciones sobre posibles responsables, aunque hasta la fecha no se ha identificado al autor de los ataques.
La investigación judicial, liderada por el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional, ha enfrentado obstáculos significativos. A pesar de las solicitudes de cooperación internacional, especialmente a Israel, país de origen de NSO Group, la empresa desarrolladora de Pegasus, la falta de colaboración ha dificultado el avance de la investigación. En julio de 2023, el juez archivó provisionalmente la causa debido a esta «absoluta falta de cooperación jurídica» por parte de Israel.
Sin embargo, en abril de 2024, la Audiencia Nacional decidió reabrir el caso tras recibir nueva información de las autoridades judiciales francesas. Esta documentación incluía detalles sobre investigaciones realizadas en Francia en 2021 relacionadas con infecciones de Pegasus en teléfonos de periodistas, abogados y miembros del gobierno francés. El juez Calama consideró que estos nuevos datos podrían ser relevantes para la investigación española y ordenó la reapertura del caso.
A pesar de estos esfuerzos, la identificación del responsable del espionaje sigue siendo un desafío. El juez Calama ha señalado que, debido a la naturaleza del software espía y la falta de registros claros, será «prácticamente imposible» determinar la autoría de los ataques. No obstante, ha solicitado información adicional a Francia e Israel con la esperanza de avanzar en la investigación.
Este caso ha puesto de relieve las vulnerabilidades en la seguridad de las comunicaciones gubernamentales y ha llevado a debates sobre la necesidad de reforzar los controles sobre los servicios de inteligencia en España. Además, ha generado preocupaciones sobre el uso de software espía y sus implicaciones para la privacidad y la seguridad nacional.
