El triunfo electoral de Keiko Fujimori abre una nueva etapa para Perú marcada por una promesa central: recuperar la seguridad ciudadana y reforzar las capacidades del Estado frente al crimen organizado. La inseguridad fue el principal asunto de la campaña electoral, por encima incluso de la economía y de la crisis política que el país arrastra desde hace casi una década.
El aumento de las extorsiones, el sicariato, el narcotráfico y la expansión de organizaciones criminales nacionales e internacionales convirtieron la seguridad en la principal preocupación de los peruanos y fueron el eje sobre el que la nueva presidenta construyó buena parte de su programa de gobierno.
En este contexto, la política de seguridad que se espera del nuevo Ejecutivo estará inspirada en un modelo de «mano dura», con un importante protagonismo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los servicios de inteligencia. La futura administración considera que el Estado ha perdido capacidad para controlar determinadas zonas del país y pretende recuperar el monopolio de la fuerza mediante un incremento de la presencia policial y militar en los territorios más afectados por el crimen organizado.
Uno de los primeros objetivos será combatir las redes de extorsión que afectan diariamente a pequeños comerciantes, empresas de transporte, colegios privados y miles de trabajadores autónomos. Durante los últimos años este fenómeno ha crecido hasta convertirse en uno de los principales desafíos para la estabilidad económica y social del país. La futura presidenta ha prometido desplegar unidades especializadas de inteligencia, reforzar las investigaciones financieras contra las mafias y endurecer las penas contra quienes participen en estas organizaciones criminales.
Otro de los pilares será la lucha contra el sicariato, que ha experimentado un incremento sin precedentes. El nuevo Gobierno pretende acelerar la capacidad de respuesta policial, incrementar las operaciones preventivas y mejorar la coordinación entre fiscales, jueces y fuerzas de seguridad para evitar que los detenidos recuperen rápidamente la libertad por fallos procesales. También se plantea modernizar los sistemas de investigación criminal mediante herramientas digitales e inteligencia artificial.
La reforma penitenciaria aparece igualmente como una prioridad. Keiko Fujimori ha defendido la construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad para aislar a los líderes de las organizaciones criminales y evitar que continúen dirigiendo delitos desde el interior de los centros penitenciarios. Entre sus propuestas figura un establecimiento inspirado en el modelo salvadoreño del CECOT, acompañado de un régimen penitenciario mucho más estricto y de programas de trabajo obligatorio para determinados reclusos.
En el ámbito policial, el Ejecutivo pretende aumentar el presupuesto destinado a la Policía Nacional del Perú, renovar vehículos, equipamiento, sistemas de comunicaciones y capacidades tecnológicas. El programa también contempla ampliar la videovigilancia urbana, desarrollar centros regionales de control dotados de inteligencia artificial y crear plataformas integradas para compartir información entre las distintas agencias del Estado.
Contra el marco, también los militares
Respecto a las Fuerzas Armadas, los analistas esperan una mayor participación en tareas de apoyo a la seguridad interior, especialmente en operaciones contra el narcotráfico, la minería ilegal y el control de fronteras. Aunque la Constitución peruana reserva estas funciones principalmente a la Policía, el nuevo Gobierno considera imprescindible una colaboración más intensa entre ambas instituciones para hacer frente a amenazas cada vez más complejas y transnacionales.
La protección de las fronteras será otra prioridad estratégica. Perú comparte miles de kilómetros de frontera con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, muchas de ellas atravesadas por rutas utilizadas para el tráfico de drogas, armas, oro ilegal y migración irregular. Keiko Fujimori ha anunciado un fortalecimiento del control fronterizo mediante una mayor presencia militar, nuevas tecnologías de vigilancia y una cooperación más estrecha con los países vecinos.
El combate contra el narcotráfico seguirá concentrándose en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), donde aún operan remanentes de Sendero Luminoso vinculados al negocio de la cocaína. El nuevo Gobierno pretende reforzar las operaciones militares y policiales en esta región, intensificar la inteligencia y combinar las acciones de seguridad con programas de desarrollo económico para reducir la dependencia de los cultivos ilícitos.
En materia de defensa nacional, no se prevén cambios radicales en la política exterior peruana, pero sí una apuesta por modernizar gradualmente las capacidades militares. El Ejecutivo podría impulsar la renovación de equipos, mejorar la preparación de las Fuerzas Armadas y fortalecer las capacidades de vigilancia marítima, aérea y terrestre, especialmente frente a amenazas híbridas como el crimen organizado transnacional, los ciberataques y el terrorismo.
La cooperación internacional ocupará un lugar destacado. Perú buscará estrechar la colaboración con Estados Unidos y con otros socios regionales en inteligencia, formación militar, lucha antidroga y control fronterizo. Asimismo, continuará participando activamente en mecanismos de cooperación sudamericana destinados a combatir las redes criminales que operan simultáneamente en varios países.
Otro ámbito que previsiblemente cobrará importancia será la ciberseguridad. La creciente digitalización de la administración pública y del sistema financiero obliga a reforzar la protección frente a ataques informáticos. El programa de gobierno contempla el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas para proteger infraestructuras críticas y mejorar la coordinación entre organismos civiles y militares especializados en seguridad digital.
Sin embargo, el enfoque de seguridad de la nueva presidenta también genera importantes interrogantes. Diversas organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición temen que algunas de las medidas de endurecimiento penal, el protagonismo creciente de las Fuerzas Armadas y determinadas restricciones puedan derivar en excesos o afectar a las garantías democráticas, recordando el legado autoritario asociado al gobierno de su padre, Alberto Fujimori. Keiko Fujimori ha respondido asegurando que su administración respetará plenamente el Estado de derecho y las instituciones democráticas.
A estas dificultades se suma la fragmentación política del Congreso. Aunque Fuerza Popular contará con una representación relevante, no dispondrá de una mayoría suficiente para aprobar en solitario todas sus reformas, por lo que deberá negociar con otras fuerzas parlamentarias. Esa realidad condicionará tanto las reformas legislativas en materia de seguridad como los presupuestos destinados a defensa y modernización institucional.
